Domitilo Alonso Maldonado Castro
Expediente 286/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Domitilo Alonso Maldonado Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de once de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, por medio del cual remite el escrito del autorizado de la parte quejosa, en el que solicita autorización para consultar el expediente electrónico, sin que haya lugar a emitir mayor proveído, en virtud que en auto de diez de mayo del año en curso se proveyó al respecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo. Cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable Juez de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Asimismo, informa que las Diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por ** y **, se originó en el Juzgado Quinto de lo Familiar con el número de expediente 674/2014 y que actualmente se tramita en el Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos con el número 1993/2018, por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Chihuahua de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, publicado el once de octubre de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. Ahora, del contenido del informe justificado rendido por el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y de las copias certificadas del acuerdo de siete de mayo de dos mil dieciocho, que anexa, se advierte de manera manifiesta e indudable, que en el caso, han cesado los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se pone de relieve. En el caso, quien resuelve considera que se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, **, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra actos del Juez del Quinto Familiar del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a quien le reclamó la omisión de contestar la petición que se formuló mediante escrito de veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Asimismo, por acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho se ordenó formar expediente bajo el consecutivo 286/2018-I; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado. Al rendir su informe justificado el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, indicó que mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil dieciocho se dio contestación al escrito presentado ante dicho órgano el veintidós de marzo del año en curso por el autorizado de ***, el cual se publicó el ocho de mayo de la presente anualidad en la lista del juzgado. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de las notas que remitió la autoridad responsable; documentales a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Así, lo informado por la autoridad responsable resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron en sus efectos la omisión reclamada, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues al directamente agraviado **, se le dio contestación a su escrito de veintidós de marzo de dos mil dieciocho; por ende, la omisión reclamada, ceso en sus efectos, pues de las constancias remitidas se puede advertir que a su petición le recayó un acuerdo donde le dieron contestación; en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Apoya esta conclusión la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con diez minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, mediante el cual el autorizado de la parte quejosa ******* manifiesta que su nombre de usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es *******; asimismo, solicita autorización para consultar el expediente electrónico. En atención a la solicitud expresa del autorizado en términos amplios de La parte quejosa y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta al promovente para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicarle las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Notifíquese vía electrónica al promovente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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