Domitilio Torres Flores

Expediente 743/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
743/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Domitilio Torres Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por la actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, del que se advierte que el presidente de dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la el quejoso Domitilo Torres Flores, en contra del auto de cinco de septiembre del año en curso, el que fue registrado como recurso de queja 185/2023 de la estadística del citado tribunal.

  2. Principal

    Visto el escrito de la parte quejosa Domitilo Torres Flores, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se tiene por interponiendo recurso de queja en contra del auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda de amparo. Por tanto, remítase vía interconexión el medio de impugnación de que se trata al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno (adjúntese el escrito de expresión de agravios para que cuente con los datos necesarios para su registro). En el entendido que, con sustento en el sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el expediente físico se integra sólo con lo que es presentado de esa forma. En tal virtud, infórmese al órgano colegiado que por turno corresponda conocer del recurso de que se trata, que se encuentra a su disposición el expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ello con la finalidad de que se encuentre en posibilidad de imponerse de la totalidad de constancias que integran este sumario, para la substanciación y resolución del recurso de queja interpuesto, incluidas aquellas incorporadas con posterioridad a esa data, mismo que ya se encuentra visible y disponible para ser vinculado con el órgano que corresponda, Lo anterior, para que esté en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. Por otra parte, infórmese al tribunal de alzada que, de estimar necesarias las constancias físicas para la sustanciación del medio de impugnación hecho valer, le serán remitidas las que obren en autos. De igual manera, ríndanse el informe a que alude el artículo 101 de la Ley de Amparo, en el sentido de que es cierto que este juzgado dictó el auto recurrido, en el cual constan los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para dictarlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que se estima no se han violado derechos humanos.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ************, contra actos que atribuye al Juzgado de Partido Único Civil de Cortazar, Guanajuato. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y regístrese con número 743/2023-4. Desechamiento. En ese entendido, este juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Conforme a la transcripción que antecede, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Este concepto se ha definido en forma genérica como la que declara cumplida la sentencia o convenio que tiene la calidad de cosa juzgada; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla. Esto implica la culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa y se observaron las formalidades esenciales del procedimiento. Acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica: a) Resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena que es cosa juzgada, o sea que tienden a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada; b) Resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; c) Interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones; d) Sentencias que resuelven una cuestión que guarda autonomía con la ejecución; y, e) Actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, sea por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o que tenga autonomía o sea preparatoria, por modificar, extinguir o crear un derecho sustantivo distinto al objeto de la controversia que tenga la calidad de cosa juzgada, es posible establecer cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que tiene naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, porque crea, modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías. En ese orden de ideas, de la lectura de la demanda que nos ocupa, se desprende que la parte quejosa pretende impugnar por la vía constitucional, la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, en autos del juicio ejecutivo mercantil M0063/2020, en el que declara que no procede el incidente de nulidad de actuaciones (anular todo lo actuado en juicio) promovido por ************, en su carácter de presunto heredero. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito de demanda, así como del instructivo que exhibió, el cual contiene la determinación combatida, se advierte que el juicio de origen se encuentra en periodo de ejecución de sentencia, pues al respecto el quejoso señaló en el capítulo de antecedentes: "(.) Por lo que solicite, bajo protesta de decir verdad: Prestaciones incidentales. 1. La declaración judicial de anular todo lo actuado en este juicio, desde el emplazamiento hasta el dictado la citación a la sentencia definitiva porque nunca ha existido en el mundo del derecho y de lo legal y el debido proceso representante de la de cujus. 2. La declaración judicial de anular la sentencia definitiva porque fue dictada sin representante legal autorizado. 3. La declaración judicial de anular la notificación de la sentencia definitiva en el presente juicio y todas las posteriores. 4. La declaración judicial de anular el procedimiento de ejecución. 5. Pago de gastos y costas. 6. Pago de daños y perjuicios. (.)" En ese sentido, es evidente que la determinación combatida, fue emitida en la etapa de ejecución de sentencia, cuenta habida que en el procedimiento de ejecución, éste tiene la calidad de cosa juzgada, al haberse sometido las partes a lo pactado en el mismo; por tanto, es evidente que la misma no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución respectivo, por lo que, ante esa eventualidad, el juicio de amparo es improcedente; por lo que será hasta que se emita la determinación que la declare cumplida o señale la imposibilidad para ello, que la parte quejosa estará en aptitud de impugnar cualquier violación acaecida. Se afirma lo anterior, cuenta habida que el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe una resolución definitiva, la decisión de rechazar un incidente no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que la parte quejosa inició para solicitar la nulidad del juicio de origen, al sostener que las actuaciones de éste no se emitieron conforme a derecho, toda vez que a él le asistía la representación de la sucesión demandada (Ma. **********), sin embargo, a razón de los amparos promovidos por dos posibles herederos dentro del diverso expediente sobre juicio sucesorio intestamentario C438/2020 del índice de este Juzgado, se ordenó la reposición del procedimiento hasta la declaratoria de herederos, lo que lleva a que nunca ha existido en el mundo del derecho la representación de la sucesión, por lo que las decisiones que se tomaron cuando el actor incidentista (aquí quejoso) era albacea son ilegales, al igual que el emplazamiento y el dictado de la sentencia definitiva; no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el controvertido de origen; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Ello, se insiste, pues como acontece en la especie, el procedimiento de ejecución está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por lo que sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que confirma el auto desechatorio de un recurso interpuesto contra la interlocutoria que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la En estas condiciones, se concluye que el acto reclamado fue emitido en la etapa de ejecución de y no se trata del último dictado en esta etapa, ya que no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, cuya síntesis es: "Se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ************, contra actos que atribuye al Juzgado de Partido Único Civil de Cortazar, Guanajuato. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y regístrese con número 743/2023-4. En ese entendido, este juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Conforme a la transcripción que antecede, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Este concepto se ha definido en forma genérica como la que declara cumplida la sentencia o convenio que tiene la calidad de cosa juzgada; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla. Esto implica la culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa y se observaron las formalidades esenciales del procedimiento. Acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica: a) Resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena que es cosa juzgada, o sea que tienden a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada; b) Resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; c) Interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones; d) Sentencias que resuelven una cuestión que guarda autonomía con la ejecución; y, e) Actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, sea por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o que tenga autonomía o sea preparatoria, por modificar, extinguir o crear un derecho sustantivo distinto al objeto de la controversia que tenga la calidad de cosa juzgada, es posible establecer cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que tiene naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, porque crea, modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías. En ese orden de ideas, de la lectura de la demanda que nos ocupa, se desprende que la parte quejosa pretende impugnar por la vía constitucional, la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, en autos del juicio ejecutivo mercantil M0063/2020, en el que declara que no procede el incidente de nulidad de actuaciones (anular todo lo actuado en juicio) promovido por ************, en su carácter de presunto heredero. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito de demanda, así como del instructivo que exhibió, el cual contiene la determinación combatida, se advierte que el juicio de origen se encuentra en periodo de ejecución de sentencia, pues al respecto el quejoso señaló en el capítulo de antecedentes: "(.) Por lo que solicite, bajo protesta de decir verdad: Prestaciones incidentales. 1. La declaración judicial de anular todo lo actuado en este juicio, desde el emplazamiento hasta el dictado la citación a la sentencia definitiva porque nunca ha existido en el mundo del derecho y de lo legal y el debido proceso representante de la de cujus. 2. La declaración judicial de anular la sentencia definitiva porque fue dictada sin representante legal autorizado. 3. La declaración judicial de anular la notificación de la sentencia definitiva en el presente juicio y todas las posteriores. 4. La declaración judicial de anular el procedimiento de ejecución. 5. Pago de gastos y costas. 6. Pago de daños y perjuicios. (.)" En ese sentido, es evidente que la determinación combatida, fue emitida en la etapa de ejecución de sentencia, cuenta habida que en el procedimiento de ejecución, éste tiene la calidad de cosa juzgada, al haberse sometido las partes a lo pactado en el mismo; por tanto, es evidente que la misma no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución respectivo, por lo que, ante esa eventualidad, el juicio de amparo es improcedente; por lo que será hasta que se emita la determinación que la declare cumplida o señale la imposibilidad para ello, que la parte quejosa estará en aptitud de impugnar cualquier violación acaecida. Se afirma lo anterior, cuenta habida que el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe una resolución definitiva, la decisión de rechazar un incidente no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que la parte quejosa inició para solicitar la nulidad del juicio de origen, al sostener que las actuaciones de éste no se emitieron conforme a derecho, toda vez que a él le asistía la representación de la sucesión demandada (Ma. **********), sin embargo, a razón de los amparos promovidos por dos posibles herederos dentro del diverso expediente sobre juicio sucesorio intestamentario C438/2020 del índice de este Juzgado, se ordenó la reposición del procedimiento hasta la declaratoria de herederos, lo que lleva a que nunca ha existido en el mundo del derecho la representación de la sucesión, por lo que las decisiones que se tomaron cuando el actor incidentista (aquí quejoso) era albacea son ilegales, al igual que el emplazamiento y el dictado de la sentencia definitiva; no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el controvertido de origen; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Ello, se insiste, pues como acontece en la especie, el procedimiento de ejecución está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por lo que sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que confirma el auto desechatorio de un recurso interpuesto contra la interlocutoria que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la En estas condiciones, se concluye que el acto reclamado fue emitido en la etapa de ejecución de y no se trata del último dictado en esta etapa, ya que no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio".

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