Domingo Victor Pinto Fuentes

Expediente 159/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
159/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
06/04/2018

Partes del expediente

  • Domingo Victor Pinto Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho mediante el cual se sobreseyó el juicio de amparo fuera de audiencia, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer en términos de la certificación secretarial que antecede; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De igual modo, anótese que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar éstos en autos. Finalmente, a pesar de que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la resolución dictada en el presente juicio, se deberá publicar sin supresión de datos; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención Integral, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Asimismo, se tiene por ofrecida la documental que anexa la autoridad oficiante consistente en el oficio de número 377/2018, de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, oficio que fue girado al Comisario Cárdenas Ramírez, Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Apizaco, así entonces, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo; documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al girarse el oficio de número 377/2018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó permitir la devolución y entrega de la unidad vehicular marca Nissan línea Urvan, color blanco, con número de serie JN6BE6CS5F9013743 y placas de circulación 631497W, así entonces, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La negativa de devolución de la unidad Marca Nissan, Modelo 2015, con número de Serie JN6BE6CS5F9013743 y placas de circulación 631497W. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral, remitió copia del oficio de número 377/2018, de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, al Comisario Carlos Cárdenas Ramírez, Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Apizaco, con la finalidad de que permita la devolución y entrega de la unidad vehicular marca Nissan, línea Urvan, color blanco, con número de serie JN6BE6CS5F9013743 y placas de circulación 631497W. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que el seis de marzo de dos mil dieciocho, se acordó la devolución y entrega de la unidad vehicular, propiedad del quejoso. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por Domingo Víctor Pinto Fuentes, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, dado que no podría desvirtuar la causal de improcedencia. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos, y en atención a las certificación de cuenta de la que se advierte que el quejoso Domingo Víctor Pinto Fuentes, no dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho, en el sentido de señalar domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, en el municipio de Apizaco, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de que surtiera efecto su notificación, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que la parte de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se le hace efectivo dicho apercibimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, y en atención a la certificación de cuenta de la que se advierte que el quejoso Andrés Herrero Vázquez, no dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de quince de febrero de dos mil dieciocho, en el sentido de señalar domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal en el municipio de Apizaco, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de que surtiera efectos su notificación, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que el quejoso de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se le hace efectivo dicho apercibimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veinte de febrero de dos mil dieciocho: Vista la demanda de amparo, promovida por Domingo Víctor Pinto Fuentes, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia Investigadora en la Ciudad de Apizaco Tlaxcala, encargada de los números nones de Carpeta de Investigación. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 159/2018-V. En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo propuesta. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado el siguiente: La negativa de hacerle la devolución del vehículo, dentro de la carpeta de investigación 797/2017. Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, gírese oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. En otro orden de ideas, resérvese proveer lo relativo a la existencia terceros interesados, hasta que obre en autos el expediente generador del acto reclamado. Ahora, dado que el domicilio que señaló la parte promovente para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29, ambos de la Ley de Amparo, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este Juzgado para que se constituya por única ocasión, en el domicilio ubicado en Calle Jaime Torres Bodet, número Cuarenta y Tres, Fraccionamiento Los Pinos de la Colonia San Gabriel Cuautla, Tlaxcala, Tlaxcala, le notifique el presente proveído y le requiera para que dentro del plazo de tres días señale domicilio en esta ciudad de Apizaco, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista, atento a lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29 de la Ley de Amparo; teniéndose como autorizado con todas las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Saúl Pluma Flores por contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Isaí Torrez Díaz y Felipa López Solís, por no tener registrada su cédula en el aludido sistema. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna.

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