Domingo Solís Trujillo
Expediente 663/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 10/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juez Único de Oralidad en Materia Penal de la Región 1, residente en San Felipe, Guanajuato.
- Domingo Solís Trujillo
- Domingo Solís Trujillo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio.- Archívese como asunto concluido.- El presente expediente es destruible. Se ordena devolver a la autoridad responsable Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, residente en San Felipe, Guanajuato, un disco DVD encriptado en formato de verificación MD5, mismo que adjuntó a su informe de ley.
- Principal
VISTO el juicio de amparo 663/2015-III, promovido por Domingo Solís Trujillo, contra los actos que reclama del Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región Uno del Estado de Guanajuato; del Agente del Ministerio Público de Litigación en Trámite Común; del Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil y del Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, todos con residencia en San Felipe, Guanajuato. RESULTANDOS PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad y que por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado cuarto, Domingo Solís Trujillo, por derecho propio, solicitó el amparo contra actos de las autoridades precisadas en el proemio de esta sentencia, los que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio. En el acuerdo dictado el dieciocho del propio mes y año, este tribunal formó el expediente respectivo y lo registró con el número 663/2015-III; admitió la demanda de amparo; requirió a las autoridades responsables sus informes justificados; ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 36 de la Ley de Amparo y 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados, a partir de la lectura integral de la demanda de amparo, en su caso, de su ampliación, así como de los informes justificados, las pruebas aportadas, a fin de resolverse de conformidad con lo pedido. Es aplicable a lo anterior, la siguiente tesis: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: PLENO Tipo: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Pag. 255 [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIX, Abril de 2004; Pág. 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esos términos, de la lectura íntegra del libelo constitucional, se precisa que los actos reclamados de las responsables, son: El auto por el que se ordena citarlo a fin de que se lleve a cabo la audiencia de formulación de la imputación, solicitada por la representación social, dentro de la causa 1P3013-77; con el apercibimiento de que, en caso de no acudir, se ordenaría su aprehensión. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público de Litigación en Trámite Común, Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, todos con residencia en San Felipe, Guanajuato; en razón de que los negaron en sus informes justificados, sin que el peticionario desvirtuara dicha negativa. En tal virtud, por lo que respecta a los actos atribuidos a dichas autoridades, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región Uno del Estado de Guanajuato, actuando en la base de San Felipe; en razón de que así se desprende de la lectura íntegra de su informe justificado, lo que además así se advierte de las actuaciones y de la audiencia de formulación de imputación llevadas a cabo en la causa penal 1P3013-77, que remitió en DVD; documentales que cuentan con pleno valor probatorio, de conformidad con los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del ordinal 2° de la misma. Lo anterior, tiene apoyo en la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Improcedencia del juicio. Se sobreseerá en el juicio, pues esta juzgadora estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. La porción normativa invocada establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al promovente en el goce del derecho fundamental que se dice violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del peticionario, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de los mismos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de éstos, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al amparista en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto reclamado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los ordinales 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En el caso, el quejoso reclama el auto por el que se ordena citarlo a fin de que se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación, solicitada por la representación social, dentro de la causa 1P3013-77, con el apercibimiento de que, en caso de no acudir, se ordenaría su aprehensión. De las actuaciones que el juez responsable remitió para apoyar la constitucionalidad de su actuación, se desprenden los siguientes antecedentes del caso: 1.- La Agente del Ministerio Público en Litigación Oral de San Felipe, Guanajuato, mediante escrito presentado al Juez de Control en Turno de San Felipe, Guanajuato, mediante oficio 523/2015, solicitó que fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, en contra de Domingo Solís Trujillo y otro, por ser probables coautores en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de despojo, en agravio de Yolanda Solís Palacios, con el propósito de que se les vinculara a proceso; además, proporcionó el domicilio del primero de los nombrados; expresó que no tenía designado defensor; expuso los hechos en que sustentaba su acusación; la clasificación jurídica y el grado de intervención del indiciado; y, finalmente refirió que no fue posible llegar a una mediación entre las partes antes de la formulación de imputación. 2.- A la anterior solicitud, recayó el proveído de nueve de junio de dos mil quince, emitido por el Juez Penal del Sistema Acusatorio y Oral, de la base de San Felipe, Guanajuato, el que, en lo conducente, es del contenido siguiente: "[.] Para la respuesta, tramítese dentro del expediente electrónico 1P3013-77 y en el que conste que se procede a citar a audiencia de formulación de imputación a las 10:00 horas del 18 de junio del presente año, únicamente a Domingo Solís Trujillo en la sala única de la base San Felipe, sito en Carretera San Felipe-Ocampo kilómetro 1,5 de dicha ciudad [.], al cumplirse los requisitos de los artículos 162 y 275 fracción I de la ley del proceso penal y que son: hHaber intentado y fracasado, ante el ministerio público, la justicia restaurativa. La correcta interpretación de los artículos 28 y 162 de la ley del proceso penal del estado de Guanajuato como 6 fracción VIII de la ley orgánica del ministerio público, arroga la exigencia de un presupuesto previo para la formulación de imputación: Que el ministerio público haya intentado, sin éxito, la justicia restaurativa. [.] Para el asunto concreto acorde a la solicitud del ministerio público la justicia restaurativa se intentó pero no se consiguió y con ello se cumple el primer requisito para formular imputación. IIdentificación del inculpado. En el caso, el promovente precisó que el inculpado Domingo Solís Trujillo tiene su domicilio en calle Del Chorro número 219, así como Calle Pino Suárez número 218, ambos zona centro de esta ciudad de San Felipe Guanajuato. NNombre del defensor. El fiscal informa que el inculpado Domingo Solís Trujillo, no tiene nombrado defensor alguno, por lo que se cita al defensor público en turno, con domicilio en calle Jiménez número 408 altos, zona centro de esta ciudad [.] IV.- Precisión del delito atribuido. El minis El ministerio público fue puntual en señalar que el delito por el que se acusa al inculpado es el de despojo, contemplado en el artículo 206 fracción I y 208 del código penal del Estado de Guanajuato. IIndicación de la fecha, lugar y modo en que se cometió. De acuerdo al ocurso de la representación social los hechos que se le atribuyen al inculpado, atienden a que a finales del año 2012 Juan Antonio Meza Mares aduciendo injustificadamente haber sido contratado laboralmente por J. Ramón Castro Claudio junto con otras personas se posesionó materialmente del inmueble denominado Los Remedios ubicado en la comunidad de La Tapona de este municipio, con una superficie de 65-21-18 hectáreas a través del ingreso de vehículos de motor, siendo éstos propiedad de Domingo Solís Trujillo, quien precisamente había resultado perdidoso en contra de la misma ofendida respecto del citado predio en una acción reivindicatoria anterior, además de ingresar y colocar postas, adobes, entre otros objetos, sin el consentimiento de la propietaria ni poseedora Yolanda Solís Palacios en detrimento de su patrimonio. FNorma de intervención del inculpado. El ministerio público atribuye los hechos antes precisados a Domingo Solís Trujillo, en carácter de autor material, en términos del artículo 20 primer párrafo tercer supuesto en relación al 13 del código penal. De tal suerte, en virtud de que el fiscal cumple con las exigencias formales cítese al inculpado Domingo Solís Trujillo, a la audiencia de formulación de imputación, a la que deberá presentarse con documento que lo identifique. Se previene al inculpado que en caso de no asistir pu7ntualmente a la audiencia fijada en la fecha y hora señalada se le podrá considerar en desacato y disponer su inmediata aprehensión. Si el sindicado esté (sic) materialmente impedido para asistir deberá comunicarlo al juzgado de oralidad en el domicilio y teléfono ya precisados justificando el motivo de su inasistencia, Se hace la precisión de que el ministerio público tendrá que posibilitar el acceso a la causa ministerial y a su resumen que es la carpeta de investigación al imputado y al defensor particular [.]" 3.- Dicho proveído fue notificado al aquí quejoso el diez de junio de dos mil quince. 4.- Llegada la fecha de la audiencia de formulación de imputación, el aquí quejoso no se presentó, sin embargo, en la misma no se le declaró sustraído de la acción de la justicia, por no haber sido notificado en el domicilio correcto, por no haberse agotado la justicia restaurativa y por no habérsele convocado a la investigación preliminar, si el indiciado ya estaba identificado; por tanto, la Juez de Control dio salida definitiva a la causa como asunto concluido, hasta nueva solicitud del ministerio público. De lo anterior se aprecia, que la orden de citación a la audiencia de formulación de imputación quedó insubsistente en lo resuelto en la audiencia de dieciocho de junio del año dos mil quince, por no haberse reunido los requisitos para tal efecto, por lo que el asunto se encuentra totalmente concluido, y el Ministerio Público, en su caso, tendrá que formular una nueva solicitud para tal efecto. En consecuencia, se estima operante la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, e impera sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del propio Cuerpo de Ley. Por lo expuesto, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Domingo Solís Trujillo, contra los actos que reclama del Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región Uno del Estado de Guanajuato; del Agente del Ministerio Público de Litigación en Trámite Común, del Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil y del Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, todos con residencia en San Felipe, Guanajuato. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma la licenciada María Jesús Salcedo, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa con secretaria licenciada Rafaela Madrid Padilla, el día de hoy, once de febrero de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe. L'RMP. En la misma fecha se giraron los oficios 41394 al 41397, para notificar a las autoridades responsables.EL 12 DE FEBRERO DE 2016, SIENDO LAS 9:00 HORAS NOTIFIQUÉ LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, QUIEN ENTERADO DIJO QUE LO OYE Y SÍ FIRMA. EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. ACTUARIA JUDICIAL LIC. NORMA PATRICIA LÓPEZ PARGA.
- Principal
Notificación por medio de lista a la tercera interesada Yolanda Solís Palacios.- Se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con certificado de firma electrónica que envía el Jefe de la Unidad de Causa y Gestión de la sede de Dolores Hidalgo del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región del Estado de Guanajuato, con residencia en San Felipe, por medio del cual remite debidamente diligenciado nuestro despacho 70/2015-III-(422).
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 11,099 expedientes
- Domingo Galván Hernández391/2015
- Domingo Javier Rivera Ruiz y Otros.382/2015
- Domingo Pedro Acevedo Fuentes y Otros.95/2023
- Domingo Quiroga López616/2016
- Domingo Rodrígues Quijas1343/2016
- Domingo Rodríguez Quijas699/2020
- Domingo Solis Trujillo1146/2017
- Domitila Gutiérrez Saldaña y Otros.718/2015
- Donaciano Hernández Cedillo543/2022
- Donaciano Saldaña Flores44/2014
- Donato Millán Celis y Otros.778/2014
- Donato Millán Celís y Otros.1310/2015