Domingo Ríos Velázquez
Expediente 91/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Domingo Ríos Velázquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa, no impugnó el proveído de ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo que promueve el quejoso Domingo Ríos Velázquez, por su propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, con independencia que no pasa inadvertido que en la demanda de amparo de que se trata existen irregularidades y omisiones, que son motivo de requerimiento, verbigracia, no señala el nombre del tercero interesado; sin embargo, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 113. Del análisis integral de la demanda de garantías se advierte el quejoso señala como acto reclamado el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, en el expediente 213/2016, relativo al juicio de divorcio sin causa o incausado, que determinó que no había lugar a admitir la demanda de divorcio sin causa o incausado, que promovió ante dicho juzgado. Pues bien, planteada así la demanda de amparo de que se trata, y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, que dice: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano", y por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la nueva Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden público, que impone desecharla de plano. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la nueva Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". .. Ahora, el quejoso en su carácter de parte actora en el juicio de divorcio incausado del que deriva el acto reclamado, se duele del auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de divorcio incausado 213/2016, en el que el Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, determinó que no ha lugar a admitir a trámite la demanda de divorcio sin causa o incausado; decisión que debe ser combatida mediante el recurso de queja que prevé el artículo 697, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que dispone que el recurso de queja tiene lugar: "Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento". En las relatadas consideraciones, el amparista, antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el aludido medio ordinario de defensa de que dispone, en cumplimiento del principio de definitividad del acto reclamado que rige en materia de amparo, dado que no es de los casos de excepción que la misma disposición de la materia prevé, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y como no interpuso el recurso de queja de que se trata antes de venir en demanda de amparo, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Como consecuencia de lo anterior, al quedar demostrada la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por no haberse preparado la acción constitucional, misma que al ser manifiesta e indudable, impone desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el artículo 113 de la Ley invocada. .. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, por ser esa la voluntad del quejoso y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Se tiene por autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Héctor Luis Jijón Fernández, Fabián Ortega Navarrete, Mario Alberto Pérez López, Vianey Maraly Ibarias Villalobos y José Alberto Peto Márquez, esto es, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no acreditan contar con cedula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaban obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia civil, aunado a que no se encontró registro alguno a su nombre en el Módulo de Cedulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, lo mismo que en los Libros de Registros de Cedulas Profesionales que se llevan en este Juzgado. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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