Domingo Pérez Carapia
Expediente 288/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2020
Partes del expediente
- Domingo Pérez Carapia
Actuaciones
- Principal
VI. Se advierte que el auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el cual se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archívese este asunto como concluido y dese cumplimiento a la circular 2/2020, con la finalidad de que se prepare el acta de (transferencia o destrucción.
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los autos, se advierte que el diecisiete de marzo de dos mil veinte se desechó la demanda, y se notificó por lista el veinte de abril anterior, tal como se observa del expediente electrónico; sin embargo, en esa fecha no se había determinado la reanudación de los plazos y términos procesales en el juicio. Se advierte también que el veintinueve de septiembre anterior se ordenó notificar por medio de lista dicho proveído, sin que se haya asentado así por el Actuario en la razón de notificación de treinta de septiembre referido. Por tanto, se ordena realizar la notificación por lista del auto de diecisiete de marzo del año en curso, en el entendido que el Actuario deberá asentar de manera expresa dicha circunstancia en la razón de notificación correspondiente. En cumplimiento a lo ordenado en auto de nueve de octubre de dos mil veinte, se notifica al quejoso el proveído de diecisiete de marzo del año en curso, que a la letra dice: "Toluca, Estado de México, a diecisiete de marzo de dos mil veinte. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Agente del Ministerio Publico de la Unidad A1 de la Fiscalía Regional de Toluca, Mesa Nueve de Trámite, por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 288/2020-VI; se comisiona al Secretario la revisión e integración del expediente. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.". (.).". La causa de improcedencia en estudio, restringe acudir al juicio de amparo cuando los actos provengan de autoridades diversas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; pero, que por su naturaleza sea susceptible de ser revisado de oficio de acuerdo a la normatividad que lo regula, o bien, en su contra proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los de la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Del escrito de demanda, se advierte que ****reclama del Agente del Ministerio Publico de la Unidad A1 de la Fiscalía Regional de Toluca, Mesa Nueve de Trámite, la negativa de dar contestación al escrito recibido el catorce de enero de dos mil veinte en la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el que solicitó copia certificada de la carpeta de investigación NIC: ****, en la que tiene la calidad de víctima. En el particular, se estima que el acto combatido en esta instancia es impugnable ante el Juez de Control, tal como lo establece el artículo 258, del Código de Nacional de Procedimientos Penales, indica lo siguiente: "Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del artículo anterior, se aprecia que las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en el artículo citado, deben ser planteadas ante el juez de control, quien tiene encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio, conforme a los principios del sistema acusatorio. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, supuestos que son enunciativos más no limitativos, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, derivadas de su facultad investigadora, que desde luego incluye aquellas actuaciones que incidan en la defensa de los derechos tanto de las víctimas u ofendidos, así como de los indiciados. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2017640, publicada en la página 943 del Tomo I, Agosto de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente:"SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." De igual forma, la jurisprudencia 27/2018 emitida por la referida Sala del Alto Tribunal, con registro 2017641, publicada en la página 945 del Tomo I, Agosto de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En ese contexto, se entiende que esas omisiones en la etapa de investigación, paralizan la función investigadora del Ministerio Público, por ello, en términos de los artículos citados, se pueden impugnar ante el juez de control, las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones o esas omisiones, que definen el curso de una indagatoria es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Precisado lo anterior, aun cuando el quejoso reclama la negativa de dar contestación al escrito recibido el catorce de enero de dos mil veinte en la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el que solicitó copia certificada de la carpeta de investigación NIC:****, en la que tiene la calidad de víctima, constituye un aspecto que debe ser impugnado, como se expuso, por el medio de defensa innominado, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Conviene precisar que dentro de la clasificación de los actos reclamados en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los segundos son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. Sobre este punto es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Porque el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. Por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." Es importante mencionar que la precisión de la existencia de un acto positivo frente a la de un acto negativo adquiere matices propios en cada caso, pues mientras la existencia del primero debe demostrarla quien afirma que existe; en cambio, no se puede imponer la misma carga a quien alega la existencia de un acto negativo por omisión, ya que no sería factible acreditar que la autoridad no ha hecho o se ha abstenido de hacer algo (acto negativo). Bajo dichas premisas, resulta factible concluir que la omisión atribuida a la autoridad responsable, se puede impugnar ante el juez de control, en razón que constituye un aspecto derivado de su facultad investigadora; máxime que el quejoso tiene la calidad de víctima en la carpeta de investigación de origen y, en ese supuesto, se encuentra obligado a agotar dicho recurso, en razón que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que atañe a los sujetos legitimados para interponer el medio de impugnación que prevé, señala únicamente a la víctima u ofendido, por lo que en ese caso, no se actualiza un caso de excepción para la promoción del juicio de amparo.Sustenta las consideraciones expuestas, la jurisprudencia PC.I.P. J/61 P (10a), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, con registro 2021064, publicada en la página 1430 del Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, del rubro y texto siguientes: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LAS DETERMINACIONES MINISTERIALES QUE SEÑALA O EN OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL IMPUTADO O QUIEN SE OSTENTE CON TAL CARÁCTER NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR TAL RECURSO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los sujetos legitimados para interponer el medio de impugnación que prevé, señala únicamente a la víctima u ofendido, por lo que ante su redacción restrictiva, el imputado o quien se ostente con tal carácter no está obligado a impugnar ante el Juez de Control las actuaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal o sus omisiones que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, al imputado o a quien se ostente con tal carácter no le es exigible agotarlo antes de promover el juicio de amparo indirecto, pues condicionarlo a ello representa imponerle una exigencia excesiva y carente de razonabilidad al no estar autorizado por el texto expreso de la ley para interponer dicho medio ordinario de defensa, aunado a que implicaría generarle cargas adicionales, como interponer otros recursos contra la eventual negativa del Juez de Control de admitir ese medio de impugnación en la vía ordinaria, lo que además pugna con el derecho fundamental de acceso a la justicia."De igual forma, se precisa que la omisión reclamada, en términos de lo que dispone el artículo 107 de la Ley de Amparo, no constituye un acto de imposible reparación que viole derechos sustantivos y amerite la procedencia del juicio constitucional. Soporta lo expuesto, al resultar un caso análogo, la jurisprudencia 2a./J.33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2019400, publicada en la página 1643 del Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia (Común, Laboral), Decima Época, que reza: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Lo anterior encuentra su razón de ser porque para que se considere que un acto tiene tal carácter, es necesario que los actos reclamados incidan en bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas y además, que la afectación sea actual, es decir, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado de la resolución con el que culmine. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juicio de amparo es improcedente contra omisiones aisladas dentro de un procedimiento, salvo que se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en el caso no sucede, debido a que el escrito cuya omisión de acordar se reclama en esta vía, se presentó ante la autoridad responsable el catorce de febrero de este año, cuya manifestación realizó el quejoso bajo protesta de decir verdad, que concatenada con la copia simple del acuse de recibo relativo que acompañó al escrito inicial una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, visible en la página 1086 del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Entonces, si el retardo alegado no excede estos cuarenta y cinco días, a partir de la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente la autoridad deberá pronunciarse en relación con la solicitud que le fue formulada, de igual forma el juicio será improcedente, porque no existirá una abierta dilación procesal en el procedimiento de origen y, por ende, no será de imposible reparación. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61 , fracción XX , de la Ley de Amparo, en virtud de que el peticionario de amparo, debió promover el medio de defensa referido, previsto por la legislación aplicable al caso, para cumplir con el principio de definitividad y entonces, acudir al juicio de amparo. En esa virtud, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1864 emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 1003743, publicada en la página 2110 del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte-TCC Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así como la jurisprudencia sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que el impetrante del amparo señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados. Resulta aplicable a lo que precede, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, tomo VIII, diciembre de 1998, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." De conformidad con la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a Oscar René Arizmendi Obregón, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a Sebastián Pavón Padilla, René Pérez Rodríguez y Daniel Hernández Pérez, hasta en tanto registren su cédula profesional en dicho sistema y lo hagan del conocimiento a este juzgado y, para oír y recibir notificaciones, valores y documentos e imponerse de autos a las demás personas mencionadas por no contar con el documento antes mencionado. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS. En ese sentido, hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA. Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información..."
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