Domingo Ortíz Michi
Expediente 107/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Domingo Ortíz Michi
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio con firma electrónica y evidencia criptográfica del Juez y Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, al que se adjunta el acuerdo de diecisiete de marzo del año en curso, con el que se remite el escrito signado por Domingo Ortiz Michi, por tramitarse ante este órgano jurisdiccional juicio a su nombre, lo que se constató en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que respecto de su contenido se provee: DOMICILIO Y AUTORIZADO Por otro lado, se tiene al quejoso revocando el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, así como al autorizado para tales efectos. Asimismo, señala domicilio para tal efecto ubicado en calle Virgilio Uribe, sin número, colonia Guadalupe, y como autorizados a Francisco Javier Pineda Silva, Nicolás Antonio García Hernández, y Alejandro Zavaleta Bautista, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo; revocando el señalado en su escrito inicial de demanda. SOLICITUD DE COPIAS Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expídase copia simple de todo lo actuado en el presente juicio y como autorizado para recibirla a las personas que indica. En ese sentido, atendiendo al contexto que actualmente impera en nuestro país, con apoyo en el numeral 6, fracción II, del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se hace de su conocimiento que para efectuar la entrega de las constancias, previamente deberán generar una cita para comparecer ante esta sede judicial, a fin de ser atendidos por el personal adscrito en la reproducción fotostática de las documentales que refiere, en el entendido de que, conforme a la normatividad aludida, la asistencia a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación tiene un límite de veinticinco minutos, por lo que en caso de no ser posible concluir en dicha temporalidad, tendrán que gestionar nuevamente su ingreso, y así sucesivamente, hasta que se concluya la encomienda. Finalmente, respecto a la autorización que pide de hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, dígase que por auto de diecisiete de febrero del año en curso, se proveyó lo conducente, por lo que deberá estar a lo ahí acordado. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que Domingo Ortiz Michí, no interpuso recurso de queja, contra el auto de diecisiete de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto desechado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **, por propio derecho, contra actos del 1. Juez Sexto de Distrito y 2. Actuaria adscrita a dicho Juzgado, ambas con sede en Salina Cruz. ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 107/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora, previo a acordar lo conducente, es pertinente determinar los actos que en esta instancia reclama la parte quejosa; así, de la demanda de amparo se aprecia que los mismos se hacen consistir literalmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: a).- De la Ordenadora: La ilegal y arbitraria Diligencia de Pago y/o Embargo dictada en mi contra respecto a mi propiedad consistentes en: un predio con casa habitación ubicado en la Avenida Ferrocarril Sin Número, colonia 15 de Septiembre, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. Inmueble propiedad del ahora quejoso, dicha orden de PAGO Y/O EMBARGO, dio origen de un juicio Ejecutivo Mercantil número 62/2021, por una supuesta deuda que el quejoso le debe al C. LUIS ALEJANDRO JERÓNIMO MUNGUÍA, persona está a quien bajo protesta de decir verdad no lo conozco y desconozco la deuda, así como de que deuda me reclama. b).- De la Ejecutora: la ilegal ejecución del PAGO Y/O EMBARGO dictada por la autoridad responsable que pretenden hacer valer la autoridad ejecutora, sin que el suscrito hayan cometido falta alguna que amerite tal acción, manifestando bajo protesta de decir verdad que dicho inmueble es utilizada para el desempeño de mi trabajo y sustento familiar, así como la casa habitación que me sirve de casa o vivienda junto con mi familia, y que por supuesta deuda pretenda quedarse con mi propiedad, y hago de su conocimiento que él suscrito no le debe a nadie". No obstante lo anterior, es conviene precisar que en el capítulo de "Antecedentes" la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ***************** En efecto, de los puntos marcados con antelación, se advierte que el ocho de febrero del año en curso, el Juez Sexto de Distrito de esta Ciudad, ordenó a la Actuaria de su adscripción, ejecutar la Diligencia de Embargo, Requerimiento de Pago y Emplazamiento en el Juicio Ejecutivo Mercantil 62/2021, de su índice. En ese sentido, se precisa que el acto reclamado en esta instancia constitucional, esencialmente se hace consistir en: La Diligencia de embargo, requerimiento de pago y emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil 62/2021 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca. Lo anterior es así, ya que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se obtienen del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, y atendiendo a la Jurisprudencia 2ª/J 55/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 227, Tomo VIII, agosto de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 195745, de rubro y texto: **************Precisado lo anterior, de la lectura integra del escrito de demanda se concluye que, en relación con los actos reclamados, el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causa prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." De los artículos invocados se desprende que el juicio de amparo indirecto procede cuando se promueve por personas extrañas a juicio, quienes, por regla general, no están obligadas a agotar los recursos ordinarios. En cambio, las partes que intervienen en el procedimiento en el que se produzcan los actos reclamados sí deben agotar el principio de definitividad, a menos que el acto jurisdiccional afecte la libertad del promovente o se reclame alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Así, la excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo tiene por objeto no dejar en estado de indefensión al tercero extraño al juicio, pues los recursos ordinarios sólo pueden interponerse por las partes del contencioso a excepción de la tercería. En otras palabras, persona extraña es, en principio, aquella que no figura ni está vinculada al juicio o procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; en segundo lugar, queda incluida en este concepto, la parte material que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, ya que se equipara a un tercero extraño. Bajo este contexto, la procedencia del juicio de amparo fundada en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, comprende tanto a la persona extraña al procedimiento que no tiene calidad de parte material, llámese actor o demandado; como a quien sí figura en el juicio con alguna de esas calidades, pero que fue ilegalmente emplazada y no está en aptitud de plantear incidente de nulidad dentro del procedimiento por haberse concluido. Expuesto lo anterior, debe tomarse en cuenta que el quejoso reclama la diligencia de embargo, requerimiento de pago y emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil 62/2021 del índice, del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, bajo el argumento de que desconoce la deuda, así como al actor Luis Alejandro Jerónimo Munguía, dentro de dicho juicio ejecutivo mercantil. De ahí que el accionante se ostenta como tercero extraño por equiparación, toda vez que es la parte demandada en el juicio de origen, siendo relevante señalar que, de la lectura de la demanda se desprende que el impetrante de amparo fue emplazado, al juicio ejecutivo del que deriva el acto reclamado, el ocho de febrero del presente año. En vía de consecuencia, el hecho de que el quejoso haya tenido pleno conocimiento del juicio natural antes de dictarse la sentencia definitiva, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio por equiparación, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que, como quedó puntualizado, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, soportaron un desconocimiento total del juicio. *********** En ese orden de ideas, si el quejoso se ostenta como tercero extraño, al ser la parte demandada en el procedimiento que se instruye en su contra, y de su escrito inicial de demanda se desprende que el ocho de febrero del año en curso, fue emplazado al juicio del que deriva el acto reclamado; por ende, se deduce que aún no se ha dictado la sentencia respectiva, ello genera que pierda el carácter con el que se ostenta, en la medida que tiene la oportunidad de imponerse de los autos y defender sus intereses. De ahí que el juicio de amparo en la vía indirecta es improcedente, porque no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió incorporarse a la litis de origen, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, ya que el quejoso tiene conocimiento del juicio natural y está en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa previstos en la legislación secundaria aplicable, dado que no existe sentencia definitiva, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo con base en lo que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Al caso se invoca, por las razones que informa, la tesis XXI.1o.46 C, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V(enero de 1997), página 465, Materia Civil, Novena Época, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE SENTENCIA Y EL QUEJOSO FIGURA COMO DEMANDADO EN EL JUICIO. Si el peticionario de garantías se enteró del juicio seguido en su contra antes de que se dictara la sentencia de primera instancia, tuvo la obligación de promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de la notificación hecha indebidamente, para lograr que se declarara, en caso de comprobarse la omisión del emplazamiento, la nulidad de las actuaciones posteriores a dicha diligencia, y así entonces contestar la demanda correspondiente y ofrecer sus pruebas, pero si tenía a su alcance un medio de impugnación capaz de nulificar el acto impugnado y no lo hizo valer en el momento en que se enteró del juicio, para combatir la supuesta falta de notificación que alega, consintió el acto, perdiendo la oportunidad de reclamar con posterioridad las supuestas violaciones cometidas en su contra." En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA presentada por Domingo Ortiz Michí, con apoyo en el diverso 113 de la propia legislación. DOMICILIO Téngase señalando el domicilio que se indica para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, téngase únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, en términos de lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo; lo anterior, por así haberlo manifestado expresamente. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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