Domingo Ortega Butrón

Expediente 1080/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 32 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1080/2022
Año
2022
Actuaciones
32
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Domingo Ortega Butrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dos de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación secretarial, se advierte que ha fenecido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera recurso de revisión en contra del auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIA. Devuélvase al Juez Penal de Control del Primer Circuito Judicial, adscrito al Distrito Judicial de Pachuca de Soto, la copia auténtica de la causa penal 707/2021, así como los discos ópticos que contienen las audiencias relativas a dicho proceso penal; sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo, en virtud de que, para tal efecto, bastara con la constancia respectiva que acredite su entrega. ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente físico, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de derechos. DESTINO Y VALORACIÓN DE LOS CUADERNOS INCIDENTALES. Asimismo, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es depurable, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada en su aspecto definitivo. Por otro lado, el duplicado del incidente de suspensión en comento es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo cuerpo normativo....M-V

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; cuatro de noviembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Se tiene por rendido el informe justificado con relación al acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en audiencia inicial de diecisiete de junio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 707/2021, Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrita al Distrito Judicial de Pachuca de Soto; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Asimismo, téngase a la jueza responsable remitiendo copia auténtica de la audiencia celebrada el diecinueve de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 707/2021, así como de la totalidad de las constancias que integran el referido procedimiento penal y seis discos digitales, las que se tienen por admitidas y desahogadas, atendiendo a su especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la citada legislación. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. De igual forma, se tiene a la referida jueza de control facilitando la siguiente cuenta de correo electrónico oficial administración.pachuca@pjhidalgo.gob.mx, como medio de notificación, de conformidad con el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, en casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la eficacia de la notificación. Por otro lado, también se le tiene señalando como número telefónico el siguiente 771 148 5427 para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación no procesal. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Ahora bien, del contenido de las documentales allegadas por la referida responsable se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualizan dos causales de improcedencia notorias, manifiestas e indudables, que con ningún medio de prueba pueden desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Primero, es importante precisar que los actos reclamados en el actual juicio de amparo son los siguientes: a) El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la continuación de audiencia inicial. b) La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. c) La negativa de modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Todos, contenidos en la causa penal 707/2021. Ahora bien, de las referidas constancias remitidas por la autoridad responsable, las que merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se advierte que la Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrita al Distrito Judicial de Pachuca de Soto, en audiencia celebrada el diecinueve de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 707/2021, autorizó la suspensión del proceso de manera condicional a favor del aquí quejoso ***, bajo las condiciones establecidas en las fracciones I, II, VIII y IX del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo tanto, ordenó su inmediata libertad. Lo anterior evidencia que, respecto del acto reclamado indicado en el inciso a), fue consentido por la parte quejosa; por lo que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]." De lo antes transcrito, se observa que el juicio de amparo se torna improcedente cuando, además de que exista el acto y que produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica, que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El consentimiento a que se refiere dicho numeral debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual: (i) el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, (ii) que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, (iii) que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. En efecto, la expresión del consentimiento del acto reclamado por la quejosa a que alude el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, constituye una regla de derecho conforme a la cual no resulta procedente examinar la constitucionalidad de un acto, omisión o norma general cuando ha mediado el consentimiento expreso de la parte quejosa, entendiendo por esto la conformidad que se manifiesta a través de signos externos inequívocos, responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto de autoridad, pero para ello se requiere que exista el acto y que cause perjuicio al quejoso; de lo contrario, se restringiría el acceso a la jurisdicción constitucional a la que todo gobernado tiene derecho en términos de los artículos 17, 103 y 107 de la Constitución General. El consentimiento expreso debe significar, en todo caso, una consecuencia para aquel que teniendo la posibilidad de acudir al juicio de amparo en reclamo de sus derechos, opta por someterse a los efectos perjudiciales del acto reclamado, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio se tornaría ilegítima en cuanto a que con ella se pretendería sustraer de su conducta precedente. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 del mismo ordenamiento, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, de ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo en cuanto a que éste únicamente pueda promoverse por la parte a quien perjudique la ley o el acto; en tal virtud, es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio en contra del particular. Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se desprende que el veintitrés de junio de dos mil veintidós tuvo verificativo la continuación de la audiencia inicial en la que se vinculó a proceso a ***, por hechos que la ley señala como el delito de ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte cometido en agravio de la seguridad pública y el normal funcionamiento de las vías de comunicación, así como de los medios de transporte. Luego, que en audiencia celebrada el diecinueve de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 707/2021, se autorizó la suspensión del proceso de manera condicional a favor del aquí quejoso ***, bajo las condiciones establecidas en las fracciones I, II, VIII y IX del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso en su calidad de imputado accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Así, de manera expresa la aquí parte quejosa, consintió el auto mediante el cual se le vincula a proceso, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Tomo I, Junio de 2017, página 461, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por otro lado, por lo que respecta a los actos reclamados precisados en los incisos b) y c), se acredita la causal de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]." Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable; puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En ese tenor, la parte quejosa se dolió de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como de la negativa de modificar dicha medida cautelar. Sin embargo, de las constancias que la responsable remitió a solicitud de este órgano jurisdiccional, se advierte que en audiencia de diecinueve de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 707/2021, se autorizó la suspensión del proceso de manera condicional a favor del aquí quejoso ****, bajo las condiciones establecidas en las fracciones I, II, VIII y IX del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo tanto, se ordenó su inmediata libertad. En ese sentido, resulta evidente que en la especie, los efectos del acto reclamado cesaron, ya que la Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrita al Distrito Judicial de Pachuca de Soto, al haber autorizado el mecanismo alternativo de solución de controversias en favor del imputado de mérito, decretó la suspensión del proceso penal de origen, decretando la inmediata libertad del aquí quejoso; de ahí que deba sobreseerse fuera de audiencia en el presente juicio, al haber cesado los efectos de la media cautelar de prisión preventiva justificada reclamada y por lo tanto la negativa a modificar dicha medida precautoria. En conclusión, es evidente que los actos en cuestión reclamados a la aludida autoridad judicial ha dejado de surtir efectos, por lo que la medida cautelar impuesta al quejoso ha dejado de ocasionar perjuicios en su esfera jurídica. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracciones XIII y XXI, así como con el ordinal 77, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por ***. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto la data y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. ...M-V

  3. Principal

    Previo AVISO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de 04 de NOVIEMBRE de 2022, en el/la que se determinó:...Pachuca de Soto, Hidalgo; cuatro de noviembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Se tiene por rendido el informe justificado con relación al acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en audiencia inicial de diecisiete de junio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 707/2021, Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrita al Distrito Judicial de Pachuca de Soto; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Asimismo, téngase a la jueza responsable remitiendo copia auténtica de la audiencia celebrada el diecinueve de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 707/2021, así como de la totalidad de las constancias que integran el referido procedimiento penal y seis discos digitales, las que se tienen por admitidas y desahogadas, atendiendo a su especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la citada legislación. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. De igual forma, se tiene a la referida jueza de control facilitando la siguiente cuenta de correo electrónico oficial administración.pachuca@pjhidalgo.gob.mx, como medio de notificación, de conformidad con el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, en casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la eficacia de la notificación. Por otro lado, también se le tiene señalando como número telefónico el siguiente 771 148 5427 para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación no procesal. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Ahora bien, del contenido de las documentales allegadas por la referida responsable se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualizan dos causales de improcedencia notorias, manifiestas e indudables, que con ningún medio de prueba pueden desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Primero, es importante precisar que los actos reclamados en el actual juicio de amparo son los siguientes: a) El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la continuación de audiencia inicial. b) La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. c) La negativa de modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Todos, contenidos en la causa penal 707/2021. Ahora bien, de las referidas constancias remitidas por la autoridad responsable, las que merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se advierte que la Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrita al Distrito Judicial de Pachuca de Soto, en audiencia celebrada el diecinueve de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 707/2021, autorizó la suspensión del proceso de manera condicional a favor del aquí quejoso ***, bajo las condiciones establecidas en las fracciones I, II, VIII y IX del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo tanto, ordenó su inmediata libertad. Lo anterior evidencia que, respecto del acto reclamado indicado en el inciso a), fue consentido por la parte quejosa; por lo que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]." De lo antes transcrito, se observa que el juicio de amparo se torna improcedente cuando, además de que exista el acto y que produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica, que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El consentimiento a que se refiere dicho numeral debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual: (i) el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, (ii) que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, (iii) que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. En efecto, la expresión del consentimiento del acto reclamado por la quejosa a que alude el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, constituye una regla de derecho conforme a la cual no resulta procedente examinar la constitucionalidad de un acto, omisión o norma general cuando ha mediado el consentimiento expreso de la parte quejosa, entendiendo por esto la conformidad que se manifiesta a través de signos externos inequívocos, responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto de autoridad, pero para ello se requiere que exista el acto y que cause perjuicio al quejoso; de lo contrario, se restringiría el acceso a la jurisdicción constitucional a la que todo gobernado tiene derecho en términos de los artículos 17, 103 y 107 de la Constitución General. El consentimiento expreso debe significar, en todo caso, una consecuencia para aquel que teniendo la posibilidad de acudir al juicio de amparo en reclamo de sus derechos, opta por someterse a los efectos perjudiciales del acto reclamado, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio se tornaría ilegítima en cuanto a que con ella se pretendería sustraer de su conducta precedente. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 del mismo ordenamiento, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, de ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo en cuanto a que éste únicamente pueda promoverse por la parte a quien perjudique la ley o el acto; en tal virtud, es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio en contra del particular. Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se desprende que el veintitrés de junio de dos mil veintidós tuvo verificativo la continuación de la audiencia inicial en la que se vinculó a proceso a ***, por hechos que la ley señala como el delito de ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte cometido en agravio de la seguridad pública y el normal funcionamiento de las vías de comunicación, así como de los medios de transporte. Luego, que en audiencia celebrada el diecinueve de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 707/2021, se autorizó la suspensión del proceso de manera condicional a favor del aquí quejoso ***, bajo las condiciones establecidas en las fracciones I, II, VIII y IX del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso en su calidad de imputado accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Así, de manera expresa la aquí parte quejosa, consintió el auto mediante el cual se le vincula a proceso, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Tomo I, Junio de 2017, página 461, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por otro lado, por lo que respecta a los actos reclamados precisados en los incisos b) y c), se acredita la causal de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]." Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable; puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En ese tenor, la parte quejosa se dolió de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como de la negativa de modificar dicha medida cautelar. Sin embargo, de las constancias que la responsable remitió a solicitud de este órgano jurisdiccional, se advierte que en audiencia de diecinueve de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 707/2021, se autorizó la suspensión del proceso de manera condicional a favor del aquí quejoso ****, bajo las condiciones establecidas en las fracciones I, II, VIII y IX del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo tanto, se ordenó su inmediata libertad. En ese sentido, resulta evidente que en la especie, los efectos del acto reclamado cesaron, ya que la Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, adscrita al Distrito Judicial de Pachuca de Soto, al haber autorizado el mecanismo alternativo de solución de controversias en favor del imputado de mérito, decretó la suspensión del proceso penal de origen, decretando la inmediata libertad del aquí quejoso; de ahí que deba sobreseerse fuera de audiencia en el presente juicio, al haber cesado los efectos de la media cautelar de prisión preventiva justificada reclamada y por lo tanto la negativa a modificar dicha medida precautoria. En conclusión, es evidente que los actos en cuestión reclamados a la aludida autoridad judicial ha dejado de surtir efectos, por lo que la medida cautelar impuesta al quejoso ha dejado de ocasionar perjuicios en su esfera jurídica. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracciones XIII y XXI, así como con el ordinal 77, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por ***. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto la data y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. ...M-V

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de octubre de dos mil veintidós. AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA. Se tiene a la autoridad responsable Jueza Penal de Control del Primer Circuito Judicial, adscrita al Distrito Judicial de Pachuca de Soto, informando que en audiencia celebrada el diecinueve de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 707/2021, se autorizó la suspensión del proceso de manera condicional a favor del aquí quejoso ***, bajo las condiciones establecidas en las fracciones I, II, VIII y IX del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo tanto se ordenó su inmediata libertad, e indicando que para sustentar lo anterior, remite copia del audio y video de la referida diligencia; sin embargo, de la revisión a la comunicación recepcionada se desprende que no fue adjuntada constancia digital alguna. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable en comento para que, en el término de tres días, remita copia auténtica completa, legible y cronológicamente ordenada de las actuaciones que acrediten lo que tuvo a bien comunicar a este órgano de control constitucional, así como del medio digital que contenga copia auténtica del registro audiovisual de la audiencia celebrada el diecinueve de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 707/2021. Lo anterior, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de incumplir con dicho requerimiento. DIFERIMIENTO. Finalmente, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración.

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