Domingo Martinez Patlan
Expediente 1054/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Domingo Martinez Patlan
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, por lo que pasados los tres años que refiere el referido artículo, deberá destruirse el presente cuaderno y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Asimismo del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos presentados de manera electrónica, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "Destruible", en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Cuernavaca, Morelos, mediante el cual rinde su informe justificado y ofrece pruebas. Con fundamento en los arábigos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas a favor dicha parte procesal, las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las documentales exhibidas por la autoridad oficiante, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Cuernavaca, Morelos, el cual hizo consistir en: a). La omisión de certificar que no queda prueba pendiente por desahogar en el juicio laboral 969/2021. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable oficiante, se advierte que el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, certifico que no quedaba prueba pendiente por desahogar en el juicio laboral de origen. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión de certificar que no queda prueba pendiente por desahogar en el juicio laboral 969/2021, y el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, hizo dicha certificación, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional, por lo que, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por lo anterior expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca Morelos a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa********************mediante el cual subsana la prevención efectuada por auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés; en tales condiciones********************este Juzgado Federal al respecto provee.****************************************Admisión de la demanda.****************************************Por otra parte********************con apoyo en lo establecido por los artículos 103********************fracción I********************y 107********************fracciones I********************VII y XV de la Constitución General de la República********************1°********************fracción I********************33********************fracción IV********************35********************107********************108********************112********************115********************116 y 117 de la ley de la materia********************se admite la demanda de amparo promovida por Domingo Martínez Patlan********************por propio derecho********************respecto de la autoridad y acto siguiente:****************************************I. De la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Cuernavaca********************Morelos********************reclama:****************************************a). La omisión de certificar que no queda prueba pendiente por desahogar en el juicio laboral 969/2021.****************************************Del incidente de suspensión.****************************************Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia********************no se ordena la apertura del incidente de suspensión por haberlo no solicitado la parte quejosa.****************************************Requerimiento de informe justificado. ****************************************De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento********************requiérase a la autoridad responsable su informe justificado********************que deberá rendir dentro del término de quince días********************siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita********************y con la debida anticipación********************que permita su conocimiento a la parte quejosa********************es decir********************al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos********************de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación********************remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder********************relacionadas con el acto reclamado********************apercibida que de no rendirlo********************o que lo haga fuera del plazo concedido********************se le impondrá en la sentencia respectiva********************una multa de cien Unidades de Medida y Actualización********************con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo********************en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado.********************Se exhorta a la responsable para que remita su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación********************o bien********************a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx********************escaneado de manera clara y legible********************y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria********************en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal********************que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo".********************En el entendido de que********************de presentarse promociones o recursos a través de esos medios********************sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba********************podrán ser desechados********************de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.)********************del Pleno del Decimoséptimo Circuito********************cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS********************PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL********************DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)".******************** Asimismo********************hágase del conocimiento de la autoridad responsable********************que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad********************podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita.****************************************De la audiencia constitucional.****************************************Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS********************para la celebración de la audiencia constitucional.********************De la parte tercero interesada.****************************************Por otra parte********************atendiendo a las particulares de este asunto en el que se reclama diversa omisión en el juicio laboral********************no resulta necesario ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada********************es decir********************la contraparte del quejoso en el juicio de origen********************porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la parte quejosa -que subsista tal omisión-********************lo que sería********************en su caso********************la razón toral de su participación en el juicio de amparo en términos del artículo 5********************fracción III********************inciso b)********************de la Ley de la Materia y********************en contrapartida********************su búsqueda podría retrasar el dictado de la resolución de este juicio.****************************************La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA********************EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO"********************en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales********************de conformidad con la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-********************debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. ****************************************Sin embargo********************su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-********************considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual********************porque ahora el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete)********************establece "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes********************el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos en forma de juicio********************las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales".****************************************En ese tenor********************atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional********************se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte de la quejosa********************a quien le resulta el carácter de parte tercero interesada********************pues no podría legítimamente defender en el juicio de amparo el que subsista la omisión reclamada -si en el fondo la hubiera-********************aunado a que ello no le causaría perjuicio********************dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa********************con lo que finalmente también le acarrearía un beneficio dentro del proceso del que es parte. ****************************************Con otras palabras********************la calidad de tercero interesado que otorga el inciso b)********************fracción III********************del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente********************busca tutelar un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa; por consiguiente********************la subsistencia de la omisión laboral que se impugna de ninguna manera lesiona dicho derecho subjetivo; por el contrario********************la eventual sentencia que conceda el amparo no podría causar perjuicio alguno a la contraparte de la quejosa********************ya que los efectos de tal concesión sólo se limitarían********************en su caso********************a obligar a la autoridad responsable a subsanar la omisión que se le atribuye********************sin que se le pueda indicar el sentido de su determinación********************amén de que el dictado de la sentencia que en su caso concediera el amparo********************beneficiaria también a la parte tercera interesada********************en virtud de que el artículo 17 constitucional establece el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción para ambas partes (actora y demandada).****************************************De las pruebas.********************Por otra parte********************conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo********************se admiten las pruebas presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones********************mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza********************sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva.****************************************Vista al Ministerio Público Federal.****************************************Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado********************la intervención legal que le confiere el artículo 5°********************fracción IV********************de la Ley de Amparo.********************Obligaciones de las partes.****************************************Además********************hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64********************párrafo primero********************de la citada ley********************se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y********************de ser posible********************acompañarán las constancias que la acrediten********************en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización********************de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta.****************************************Transparencia y acceso a la información pública.********************La parte quejosa no hizo uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental********************abrogada********************conforme al artículo 2 transitorio********************de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública********************publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis********************relativo a la oposición de sus datos personales.****************************************No obstante que se abstuvo de ejercer ese derecho********************suprímanse los datos sensibles que contenga el acuerdo o la sentencia que resuelva el presente asunto********************a efecto de que este a disposición del público para su consulta********************una vez que haya causado estado o ejecutoria********************conforme al procedimiento de acceso a la información********************de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada.****************************************De las notificaciones a las partes.****************************************Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional********************se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional********************incluidas a las autoridades responsables******************** toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo********************en su fracción I********************prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía********************las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo********************el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción********************de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado********************al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26********************fracción III********************de la ley de la materia.****************************************Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables********************habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada********************pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones********************los actos encaminados a la integración del juicio********************su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes********************es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26********************fracción I********************de la Ley de Amparo********************por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional.****************************************Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal********************visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Libro XVI enero 2013********************Tomo 2********************página 1253********************Materia común********************cuyo rubro es el siguiente:****************************************"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."****************************************Disponibilidad del Portal de Servicios en Linea del Poder Judicial de la Federación.**************************************** Se exhorta a las partes del presente asunto********************para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea"********************consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/********************esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito********************lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea********************mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación********************conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL")********************proporcionando el nombre del usuario. **************************************** En la inteligencia que********************quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar********************por sí o por conducto de sus representantes legales********************a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea********************el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas********************de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26********************fracción IV********************de la Ley de Amparo. ********************Notifíquese.****************************************Así lo acordó y firma Isidro Fierro Villanueva********************Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos********************encargado del despacho********************en términos de los artículos 44********************140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación********************con facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la ley citada********************atento a la autorización comunicada por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal********************mediante oficio CCJ/ST/3083/2023********************de cinco de junio de dos mil veintitrés********************quien actúa con Claudia Gabriela Domínguez López********************Secretaria que autoriza. Doy fe.********************
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