Domingo Manuel Romero Valencia

Expediente 464/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
464/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
18/06/2019

Partes del expediente

  • Domingo Manuel Romero Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de tres de junio de dos mil diecinueve (foja 17), en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido al promovente Domingo Manuel Romero Valencia, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 8 a 11), sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haberse dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    (SE PUBLICA CITATORIO) Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa lo actuado el 3 de junio de 2019, que dice: San Andrés Cholula, Puebla, tres de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido al promovente Domingo Manuel Romero Valencia, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 8 a 11), sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haberse dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 464/2019-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones II y IV y 114, fracciones I, II y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del plazo de cinco días computado legalmente, realice lo siguiente: PRIMERO. Aclare el acto que reclama a las autoridades responsables. Ello es así, pues en el apartado correspondiente al acto reclamado, el promovente manifestó: "(.) Manifiesto que el acto que se reclama de las autoridades señaladas se hace consistir en todos los actos de molestia que la (SIC) mencionadas autoridades responsables han ejecutado y pretendan ejecutar en agravio de la libertad personal del quejoso." Mientras que en el capítulo de antecedentes, se advierte: "(.) tuve visita de agentes dependientes de las autoridades señaladas como responsables, señalando que la razón de la búsqueda de mi persona, era con fines de ejecutar órdenes de privación de mi libertad, con motivo de la integración de un expediente en materia de delitos sexuales." De lo anterior se advierte que si bien el promovente se duele de alguna orden de privación de su libertad dictada por las autoridades ministeriales que señaló como responsables; también menciona como actos reclamados, "todos los actos de molestia" que las autoridades ministeriales han ejecutado o pretenden ejecutar tendientes a privarlo de su libertad; pero no precisa a qué actos ejecutados se refiere ni cuáles son los actos de molestia que le causan agravio, pues las autoridades que señaló como responsables tienen facultades para librar diversas órdenes o actos de molestia, tales como, citación, presentación, comparecencia, o en casos de flagrancia y caso urgente, la detención de quienes incurran en la comisión de un hecho con apariencia de delito; sin precisar a qué acto de molestia u orden privativa de libertad se refiere como acto reclamado; lo que implica que la demanda de amparo sea obscura en ese sentido y no se pueda plantear la litis de manera correcta en el presente juicio de derechos fundamentales. En tal sentido, el promovente deberá señalar con claridad y precisión en qué consiste el acto de molestia u orden privativa de libertad que reclama a las autoridades responsables, pues de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades debe señalarse con claridad y precisión, ya que esta autoridad Federal no puede presumir cuál es el acto reclamado a éstas, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales y, en la especie, resulta necesario para este órgano jurisdiccional a efecto de mejor proveer en relación a la medida cautelar solicitada. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse la norma general, acto u omisión reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. SEGUNDO. Indique quién tiene el carácter de víctima dentro de la carpeta de investigación NIC CDI/2513/2019/USD, del índice de la autoridad responsable, así como su domicilio actual y correcto; ya que en términos de lo dispuesto en la fracción III, del artículo 5, inciso c, de la Ley de Amparo, resulta un requisito procesal necesario en la presente instancia constitucional. Toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte la existencia de una carpeta de investigación radicada en la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, siendo omiso en señalar quién es la víctima en la misma y cuál es su domicilio, lo que hace imposible su emplazamiento y si bien, el promovente refiere que desconoce dicha información, lo anterior no lo realiza bajo protesta de decir verdad. Ello, porque el promovente debe señalar el nombre y domicilio de todas las partes a fin de que éstas puedan ser llamadas al juicio constitucional y tengan la oportunidad de probar y alegar en su favor sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues de lo contrario, los terceros interesados quedarían en estado de indefensión. Sustenta lo antes expuesto, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido se indican a continuación: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. De los artículos 5o., fracción III y 115 de la Ley de Amparo, se advierten las partes en el juicio constitucional, entre ellas, el tercero interesado y los elementos que debe contener el auto admisorio de la demanda, entre ellos, la orden de correr traslado a éste, con la finalidad de que sea oído en el juicio y le sea respetado su derecho de audiencia. De ahí que, si el acto reclamado deviene de una controversia judicial y el quejoso señala a quién o quiénes considera parte tercero interesada, el Juez de amparo debe tenerlos con ese carácter y llamarlos a juicio, sin que para ello, deba esperar la llegada de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, ya que en su momento, conforme a éstas puede determinar, con argumentos jurídicos, si corresponde o no el carácter de tercero interesado o, en su caso, advertir la existencia de diversos. Así, dicha calidad es una cuestión que debe ser analizada por el Juez de Distrito desde el inicio del juicio, a fin de integrar debidamente la relación procesal y no postergarlo hasta tener a la vista las constancias del juicio de origen. Sin que pase inadvertido el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).", en el sentido de que sólo el demandado emplazado en el juicio de origen tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal, lo que implica que el tercero que aún no es emplazado al juicio de origen no ha resentido afectación alguna en su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender en el juicio de amparo." Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Juez de Distrito se encuentra imposibilitado para suplir tal omisión, pues uno de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, es indicar con precisión el nombre y domicilio de la parte tercera interesada, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que subsanen las irregularidades ya precisadas, sin que ello signifique que cambien o modifiquen su demanda, ni que la amplíen. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que, de no dar cumplimiento integral a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte promovente el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Antonio García Palmeros, atento a que acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a José Manuel Ponce Valencia, por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico

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