Domingo Lizarraga Virgen
Expediente 839/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 839/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Domingo Lizarraga Virgen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de los que se obtiene que en esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo 839/2021, del que deriva el incidente en que se actúa y, que en dichos cuadernos incidentales, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados. Por consiguiente, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el cuaderno original del incidente de suspensión es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo. De igual forma, en atención al diverso numeral 20, fracción II, inciso a), del citado ordenamiento, el duplicado del incidente en mención deberá ser destruido, una vez que cuente con más de seis meses de haberse ordenado el archivo del juicio de amparo indirecto del que éste deriva.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia dictada por este juzgado, el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa y la autoridad responsable fueron notificadas el dieciocho siguiente, quedando comprendido dicho lapso del diecinueve de los citados mes y año al tres de diciembre del año en curso. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso a), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, se ordena realizar la valoración documental en el incidente de suspensión deducido de este sumario, para los efectos legales conducentes.
- Principal
De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio 279/2021, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Contra la Familia de la Región Sur, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
- Incidental
Audiencia incidental. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del tres de noviembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga lugar esta audiencia en el incidente de suspensión 839/2021. El licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido por la licenciada Karín Patricia Rodríguez Morán, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin comparecencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el módulo de "Agenda de Visita a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de éstas haya generado cita para comparecer a esta audiencia ni solicitaron estar presentes por medios remotos. Asimismo, la secretaria da cuenta al titular de este órgano jurisdiccional: con el oficio 277/2021, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Contra la Familia de la Región Sur, con residencia en esta ciudad, registrado con el folio. 14884 Enseguida, se procedió a dar lectura a las constancias que obran en autos: copia simple del escrito inicial de demanda; acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el que se concedió la suspensión provisional solicitada. Acto seguido, el juez acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el ordinal 144 de la aludida ley de la materia, rendido el informe previo de cuenta. Abierto el período de pruebas: la secretaria hace constar que el quejoso ofreció pruebas documentales. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el precepto 143, del ordenamiento legal en cita, se tienen admitidos y desahogados en razón de su propia naturaleza, los anotados medios de convicción. Al no haber pruebas pendientes que desahogar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos: la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimentos, con lo que se concluye la anotada etapa. No habiendo diligencia pendiente que desahogar, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar la resolución. Visto para resolver, el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto número 839/2021, promovido por Domingo Lizárraga Virgen; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda recibida en este juzgado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, Domingo Lizárraga Virgen solicitó la suspensión provisional y ulterior definitiva de los actos atribuidos al Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Contra la Familia, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS CONTRA LA FAMILIA REGIÓN SUR. En calidad de ordenadora se reclama LA NEGATIVA DE ACCEDER A LA CARPETA DE INVESTIGACION YA QUE ME ENCUENTRO IMPOSIBILITADO PAA RESPODENR ACUSACIONES CUYO CONTENIDO NO CONOZCO." SEGUNDO. Suspensión provisional. En proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la medida cautelar solicitada y se solicitó el informe previo a las autoridades responsables. El día de hoy tuvo verificativo la audiencia incidental, la que se desahogó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Son ciertos los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Contra la Familia, con residencia en esta ciudad, no obstante la negativa que sobre el particular sostuvo, pues así se desprende de las manifestaciones realizadas en su informe previo. Al resolver la contradicción de tesis 17/2018 el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, sentó criterio, el cual se estima orientador para resolver la medida cautelar solicitada, en el siguiente sentido: Los artículos 20, apartado B, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 113, fracción VIII, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizan en favor del imputado, el derecho a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, destacándose que tendrá acceso a los registros de la investigación cuando: (1) se encuentre detenido, (2) pretenda recibírsele su declaración o entrevistarlo y (3) previamente a su primera comparecencia ante el Juez podrá consultar los registros, con la oportunidad debida para preparar su defensa; es decir, se privilegia en dicho numeral el derecho del imputado a ejercer una defensa adecuada, lo que es acorde además, con lo que establece el artículo 8, punto 2, inciso "c)", de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No obstante, no puede establecerse que la palabra "acceso", de forma automática limite al imputado o a su defensor, a tener únicamente a la vista los registros de investigación, pues dicha connotación es más amplia e implica no sólo tenerlos a la vista, sino poderlos retener a través de una reproducción como una fotografía o copia fotostática, pues existen ciertos delitos como los financieros o de carácter fiscal, cuya carpeta de investigación debe contener cantidad de documentos cuyo contenido no se puede retener y necesariamente tendrán que reproducirse para una adecuada defensa; es decir, la palabra acceso, significa "el acercamiento a un fin o a algo", de tal manera que el acceso a la carpeta de investigación es el acercamiento a los registros de investigación, a fin de que el imputado esté en condiciones de conformar su teoría del caso, con lo cual se le garantiza el derecho a una defensa adecuada. Además, como lo establece dicho numeral, al actualizarse los supuestos reseñados, los registros de investigación dejan de tener el carácter de reservado para el imputado o su defensor, y por tanto, no existe motivo para negarle a estos últimos una reproducción de dichos registros. Por tanto, debe entenderse que la palabra "acceso" a los registros de investigación conlleva la posibilidad de que se obtenga copia, o se permita el registro fotográfico; máxime que, no es dable señalar que la obtención de una reproducción de los registros de investigación, implique necesariamente la posibilidad de un mal manejo de la información, pues (en su caso), ello pudiera ocurrir desde el mismo momento en que las partes tienen acceso a ésta. Sin embargo, partiendo de la premisa de que la víctima u ofendido tienen derecho al resguardo de su identidad y demás datos personales, en los casos establecidos por la propia ley; es una obligación primordial del Ministerio Publico tomar las medidas necesarias para preservar la reserva y testar los datos que considere pertinentes, a efecto de cumplir con el anterior mandato legal; máxime que, no se podrá tener acceso, ni obtener una reproducción, respecto de aquella información que el Juez de Control expresamente determine como reservada. Consecuentemente, es de concluirse que si bien el acceso a los registros de la investigación, conlleva la posibilidad de que el imputado o su defensor obtenga copias o se le permita el registro fotográfico, habrá de tenerse especial cuidado en excluir los registros que no estén vinculados directamente con la imputación formulada, salvaguardando siempre la reserva que debe existir respecto de los registros de investigación atinentes a otras personas, y en los supuestos ya reseñados previstos por la ley, con el fin de preservar el sigilo y éxito de la indagatoria correspondiente; reserva que, no debe soslayarse, de conformidad con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplica también respecto de la víctima u ofendido, así como el asesor jurídico, en los supuestos establecidos en el anterior ordenamiento citado, y demás disposiciones aplicables. El criterio en cita, se contiene en la jurisprudencia PC.I.P. J/53 P (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1155, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el imputado y su defensor podrán tener "acceso" a los registros de la investigación cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter (imputado), o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, no es dable señalar que el "acceso" a los registros de la investigación se limite a permitir que el imputado o su defensor los tengan a la vista, pues ello resulta insuficiente para garantizar una defensa adecuada, toda vez que para el goce efectivo de ese derecho fundamental debe permitírseles obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico, lo que es acorde con los principios del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, relativos a la igualdad y al equilibrio procesal de las partes. Además, el artículo 219 del código mencionado establece que el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia de ella cuando sean citados a la audiencia inicial, lo cual debe interpretarse como una garantía más en favor de aquél, a efecto de gozar de una defensa adecuada, dada la especial trascendencia de dicha audiencia y, en consecuencia, no debe interpretarse como una regla restrictiva del momento a partir del cual pueden obtener las copias, pues el propio numeral, inmediatamente después, dispone que en caso de que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, se podrá acudir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente. Por tanto, debe entenderse que la palabra "acceso" conlleva la posibilidad de que se obtenga una copia o el registro fotográfico de los registros de la investigación en la etapa de investigación inicial ante el Ministerio Público, excluyendo siempre los registros no vinculados directamente con la imputación formulada, salvaguardando también la reserva contenida en el artículo 109, fracción XXVI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de la identidad y los datos personales de la víctima u ofendido, en los supuestos previstos por dicho numeral." Como puede verse, la posibilidad de que el quejoso Domingo Lizárraga Virgen, pueda tener acceso anticipado a los registros de investigación, desnaturaliza el sigilo y condiciones establecidas en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello que tampoco se puede impedir a la responsable que solicite la judicialización de la carpeta de investigación hasta en tanto el impetrante pueda imponerse de los registros que la conforman, pues precisamente para que no se limite su derecho a una defensa adecuada y pueda acceder a los registros que requiere es necesario que se ubique en los siguientes supuestos: (1) se encuentre detenido, (2) pretenda recibírsele su declaración o entrevistarlo y (3) previamente a su primera comparecencia ante el Juez. A lo que se suma el hecho de que en el cuadernillo inicial sin detenido 210/2021, ha sido citado para formular imputación en su contra y dada su inasistencia, no ha sido posible celebrar la audiencia requerida por la representación social. Es por ello que al no encontrase reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo y los diversos 162, 163 y 166 de dicha legislación, no es factible otorgar la suspensión definitiva solicitada por el quejoso. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a Domingo Lizárraga Virgen, la suspensión definitiva solicitada contra los actos que reclamó de la autoridad responsable por las razones expuestas en el considerando único de esta resolución.
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