Domingo José Vásquez Hernández
Expediente 25/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 44 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 07/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Domingo José Vásquez Hernández
- Carmela Vásquez Raymundo
- Juez de Control del Distrito Judicial Región Costa con sede en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
- Domingo José Vásquez Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que las partes quejosa y terceros interesados contaban para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido, sin que hicieran valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentido el proveído en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en este juicio de amparo se otorgó la protección constitucional al justiciable en relación con el acto reclamado, en términos de lo estatuido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del citado Acuerdo este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del arábigo 18 del propio Acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes se procederá a su depuración, por lo que deberán conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el acuerdo de dieciséis de noviembre del año próximo pasado, en donde se declaró que ese fallo causó ejecutoria, el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en donde se tuvo por cumplido el fallo protector y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
""San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo concedido a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera respecto de los informes que el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, y de todas las constancias que obran en autos asociadas con el cumplimiento del fallo protector que la citada responsable exhibió en este asunto, los cuales fueron recibidos el veintidós y el veintitrés, ambos de noviembre y el nueve de diciembre, todos de dos mil veintiuno, así como el seis de enero del año en curso, transcurrió de la forma siguiente: a) para el quejoso **** trascurrió del once al trece de enero de dos mil veintidós; b) para la tercera interesada *** del catorce al dieciocho de enero pasado; y, c) para los terceros interesados *** y Odswel Martínez Rivera, en sus calidades de Agentes del Ministerio Público adscritos a las Fiscalías Locales de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, respectivamente, del veinte al veinticuatro y del veinticuatro al veintiséis, todos de enero del año en curso, correlativamente, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo. El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia respectiva en la que se concedió la protección constitucional a Domingo José Vásquez Hernández en contra del acto impugnado al Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional. En el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró que ese fallo causó ejecutoria, porque no fue impugnado por las partes. La protección constitucional se otorgó al inconforme para que el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, realizara lo siguiente: "[.] 111.1. Deje insubsistente la audiencia que inició el veintidós de diciembre de dos mil diecinueve, y concluyó el veintiocho siguiente, celebrada en la causa penal 402/2018, a partir de la solicitud de vinculación a proceso que ***, en sus calidades de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, realizaron en contra de Domingo José Vásquez Hernández, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el injusto de feminicidio agravado previsto por el dispositivo 411, fracción III, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, perpetrado en perjuicio de ****, ilícito que se encuentra sancionado por el normativo 412, segundo párrafo, del código punitivo local citado; incluidos, el auto de vinculación a proceso dictado en esa diligencia por el mencionado antisocial, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada y la fijación del plazo para el cierre de la investigación. 111.2. Con base en lo manifestado por el imputado **** en el sentido de que habla la lengua mixteca y que entiende y habla muy poco el español, así como la indicación de que es de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, en donde precisó que vivía y mediante un nuevo cuestionamiento para saber si pertenece a algún grupo étnico dilucide si esas expresiones implican el reconocimiento de autoadscripción a un grupo indígena y con ello pueda activar la protección de los derechos de defensa adecuada y de acceso pleno a la jurisdicción del Estado conforme a lo estatuido por el ordinal 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, por lo que de ser el caso deberá nombrar, de inmediato, un intérprete que conozca su lengua y cultura y defensor en los términos señalados en este fallo con base en lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los juicios de amparos directos 47/2011, 54/2011, 1/2012, 51/2012 y 77/2012 que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 86/2013 (10a.) de rubro: "PERSONAS INDÍGENAS SUJETAS A PROCESO PENAL. ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA DESIGNAR A UN TRADUCTOR PRÁCTICO, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN.", cuyos texto y datos de localización se indicaron anteriormente. 111.3. Posteriormente, deberá reponer el procedimiento a partir del momento en el que *** y ***, en sus calidades de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, solicitaron la vinculación a proceso en contra de Domingo José Vásquez Hernández. 111.4. Hecho lo anterior, en el ejercicio de sus facultades continúe con la audiencia inicial en la causa penal de origen, pero deberá respetar en todo momento en beneficio del justiciable las prerrogativas fundamentales señaladas. [...]" II. Actos que la autoridad responsable debe llevar a cabo para cumplir el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria de amparo, el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, debía realizar lo siguiente: a) Dejar insubsistente la audiencia que inició el veintidós de diciembre de dos mil diecinueve, y concluyó el veintiocho siguiente, celebrada en la causa penal 402/2018, a partir de la solicitud de vinculación a proceso que *** y ****, en sus calidades de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, realizaron en contra de ***, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el injusto de feminicidio agravado previsto por el dispositivo 411, fracción III, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, perpetrado en perjuicio de ****, ilícito que se encuentra sancionado por el normativo 412, segundo párrafo, del código punitivo local citado; incluidos, el auto de vinculación a proceso dictado en esa diligencia por el mencionado antisocial, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada y la fijación del plazo para el cierre de la investigación. b) Con base en lo manifestado por el imputado **** en el sentido de que habla la lengua mixteca y que entiende y habla muy poco el español, así como la indicación de que es de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, en donde precisó que vivía y mediante un nuevo cuestionamiento para saber si pertenece a algún grupo étnico dilucidara si esas expresiones implicaban el reconocimiento de autoadscripción a un grupo indígena y con ello pudiera activar la protección de los derechos de defensa adecuada y de acceso pleno a la jurisdicción del Estado conforme a lo estatuido por el ordinal 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, por lo que de ser el caso debía nombrar, de inmediato, un intérprete que conociera su lengua y cultura y defensor en los términos señalados en el fallo protector con base en lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los juicios de amparos directos 47/2011, 54/2011, 1/2012, 51/2012 y 77/2012 que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 86/2013 (10a.) de rubro: "PERSONAS INDÍGENAS SUJETAS A PROCESO PENAL. ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA DESIGNAR A UN TRADUCTOR PRÁCTICO, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN. c) Posteriormente, tenía que reponer el procedimiento a partir del momento en el que *** y ***, en sus calidades de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, solicitaron la vinculación a proceso en contra de ***. d) Hecho lo anterior, en el ejercicio de sus facultades debía continuar con la audiencia inicial en la causa penal de origen, pero deberá respetar en todo momento en beneficio del justiciable las prerrogativas fundamentales señaladas. III. Acciones que el ente responsable realizó para acatar la ejecutoria de amparo. El Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, rindió diversos informes de cumplimiento del fallo protector, a los cuales anexó los comunicados PJEO/JCPN/00946/2021-J, PJEO/JCPN/00954/2021-J y PJEO/JCPN/00972/2021-J y cuatro discos versátiles digitales certificados que contienen los registros de audio y de video de la audiencia inicial celebrada el diecinueve, el veintidós, el veintiséis y el treinta, todos de noviembre del año próximo pasado, en la causa penal 402/2018, los cuales fueron recibidos el veintidós y el veintitrés, ambos de noviembre y el nueve de diciembre, todos de dos mil veintiuno, así como el seis de enero del año en curso. A las documentales descritas se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a lo señalado por su ordinal 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También cobra vigencia la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que informa: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Igualmente, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 26/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO. Los artículos 75, 119, 122, 123 y 124 de la Ley de Amparo, en atención al principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, deben interpretarse en el sentido que los avances científicos y tecnológicos pueden incorporarse como parte del acervo probatorio. Así, a las videograbaciones que las partes ofrezcan como prueba, en cualquier soporte, deberá dárseles el tratamiento de una prueba documental, al tratarse de información que se encuentra plasmada en un soporte distinto al papel pero que posee las mismas características y busca el mismo objetivo, por lo que podrán presentarse en amparo indirecto, en los términos previstos en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, con anterioridad a la audiencia constitucional, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la misma y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, en caso de que el ofrecimiento de una videograbación se haga como inspección judicial, el juzgador deberá admitirla, aclarando que se tratará como prueba documental, a efecto de garantizar el derecho a una adecuada defensa y el derecho a probar." IV. Estudio del cumplimiento del fallo protector. Del análisis de los informes de cumplimiento del fallo protector y de los cuatro discos versátiles digitales certificados que contienen los registros de audio y de video de la audiencia inicial celebrada el diecinueve, el veintidós, el veintiséis y el treinta, todos de noviembre del año próximo pasado, en la causa penal 402/2018, se advierten que el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, realizó lo siguiente: En la audiencia inicial celebrada el veintiséis y el treinta, ambas datas de noviembre del año próximo pasado, en el proceso penal 402/2018, dejó insubsistente la diversa que inició el veintidós de diciembre de dos mil diecinueve, y concluyó el veintiocho siguiente, celebrada en esa causa penal, a partir de la individualización del imputado en la fase en donde examinó la ejecución de la orden de aprehensión dictada en contra del encausado; incluidos, formulación de la imputación, la solicitud de vinculación a proceso que *** y ***a, en sus calidades de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, realizaron en contra de Domingo José Vásquez Hernández, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el injusto de feminicidio agravado previsto por el dispositivo 411, fracción III, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, perpetrado en perjuicio de Aurelia Raymundo Carro, ilícito que se encuentra sancionado por el normativo 412, segundo párrafo, del código punitivo local citado, el auto de vinculación a proceso dictado en esa diligencia por el mencionado antisocial, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada y la fijación del plazo para el cierre de la investigación. Con base en lo manifestado por el imputado *** en el sentido de que habla la lengua mixteca y que entiende y habla muy poco el español, así como la indicación de que es de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, en donde precisó que vivía y mediante un nuevo cuestionamiento para saber si pertenecía a algún grupo étnico en donde obtuvo como respuesta que el referido *** era indígena estableció que esas expresiones implicaban el reconocimiento de autoadscripción a un grupo indígena y con ello activó la protección de los derechos de defensa adecuada y de acceso pleno a la jurisdicción del Estado conforme a lo estatuido por el ordinal 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, por lo que nombró un intérprete práctico de nombre Nicolás Alavés Nicolás que conocía su lengua y cultura y defensor en los términos señalados en el fallo protector con base en lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los juicios de amparos directos 47/2011, 54/2011, 1/2012, 51/2012 y 77/2012 que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 86/2013 (10a.) de rubro: "PERSONAS INDÍGENAS SUJETAS A PROCESO PENAL. ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA DESIGNAR A UN TRADUCTOR PRÁCTICO, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN. Posteriormente, repuso el procedimiento a partir del momento en el que *** y ***, en sus calidades de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, formularon la imputación y, después, solicitaron la vinculación a proceso en contra de ****. Hecho lo anterior, en el ejercicio de sus facultades continuó con la audiencia inicial en la causa penal de origen respetando en beneficio del justiciable las prerrogativas fundamentales señaladas, por lo que resolvió su situación jurídica; en tal sentido, dictó un nuevo auto de vinculación a proceso; después, decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó el plazo para el cierre de investigación complementaria. Con base en lo anterior, es factible sostener que el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, acató la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.""
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo concedido a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera respecto de los informes que el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, y de todas las constancias que obran en autos asociadas con el cumplimiento del fallo protector que la citada responsable exhibió en este asunto, los cuales fueron recibidos el veintidós y el veintitrés, ambos de noviembre y el nueve de diciembre, todos de dos mil veintiuno, así como el seis de enero del año en curso, transcurrió de la forma siguiente: a) para el quejoso **** trascurrió del once al trece de enero de dos mil veintidós; b) para la tercera interesada *** del catorce al dieciocho de enero pasado; y, c) para los terceros interesados *** y Odswel Martínez Rivera, en sus calidades de Agentes del Ministerio Público adscritos a las Fiscalías Locales de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, respectivamente, del veinte al veinticuatro y del veinticuatro al veintiséis, todos de enero del año en curso, correlativamente, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo. El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia respectiva en la que se concedió la protección constitucional a Domingo José Vásquez Hernández en contra del acto impugnado al Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional. En el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró que ese fallo causó ejecutoria, porque no fue impugnado por las partes. La protección constitucional se otorgó al inconforme para que el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, realizara lo siguiente: "[.] 111.1. Deje insubsistente la audiencia que inició el veintidós de diciembre de dos mil diecinueve, y concluyó el veintiocho siguiente, celebrada en la causa penal 402/2018, a partir de la solicitud de vinculación a proceso que ***, en sus calidades de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, realizaron en contra de Domingo José Vásquez Hernández, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el injusto de feminicidio agravado previsto por el dispositivo 411, fracción III, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, perpetrado en perjuicio de ****, ilícito que se encuentra sancionado por el normativo 412, segundo párrafo, del código punitivo local citado; incluidos, el auto de vinculación a proceso dictado en esa diligencia por el mencionado antisocial, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada y la fijación del plazo para el cierre de la investigación. 111.2. Con base en lo manifestado por el imputado **** en el sentido de que habla la lengua mixteca y que entiende y habla muy poco el español, así como la indicación de que es de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, en donde precisó que vivía y mediante un nuevo cuestionamiento para saber si pertenece a algún grupo étnico dilucide si esas expresiones implican el reconocimiento de autoadscripción a un grupo indígena y con ello pueda activar la protección de los derechos de defensa adecuada y de acceso pleno a la jurisdicción del Estado conforme a lo estatuido por el ordinal 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, por lo que de ser el caso deberá nombrar, de inmediato, un intérprete que conozca su lengua y cultura y defensor en los términos señalados en este fallo con base en lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los juicios de amparos directos 47/2011, 54/2011, 1/2012, 51/2012 y 77/2012 que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 86/2013 (10a.) de rubro: "PERSONAS INDÍGENAS SUJETAS A PROCESO PENAL. ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA DESIGNAR A UN TRADUCTOR PRÁCTICO, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN.", cuyos texto y datos de localización se indicaron anteriormente. 111.3. Posteriormente, deberá reponer el procedimiento a partir del momento en el que *** y ***, en sus calidades de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, solicitaron la vinculación a proceso en contra de Domingo José Vásquez Hernández. 111.4. Hecho lo anterior, en el ejercicio de sus facultades continúe con la audiencia inicial en la causa penal de origen, pero deberá respetar en todo momento en beneficio del justiciable las prerrogativas fundamentales señaladas. [...]" II. Actos que la autoridad responsable debe llevar a cabo para cumplir el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria de amparo, el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, debía realizar lo siguiente: a) Dejar insubsistente la audiencia que inició el veintidós de diciembre de dos mil diecinueve, y concluyó el veintiocho siguiente, celebrada en la causa penal 402/2018, a partir de la solicitud de vinculación a proceso que *** y ****, en sus calidades de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, realizaron en contra de ***, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el injusto de feminicidio agravado previsto por el dispositivo 411, fracción III, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, perpetrado en perjuicio de ****, ilícito que se encuentra sancionado por el normativo 412, segundo párrafo, del código punitivo local citado; incluidos, el auto de vinculación a proceso dictado en esa diligencia por el mencionado antisocial, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada y la fijación del plazo para el cierre de la investigación. b) Con base en lo manifestado por el imputado **** en el sentido de que habla la lengua mixteca y que entiende y habla muy poco el español, así como la indicación de que es de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, en donde precisó que vivía y mediante un nuevo cuestionamiento para saber si pertenece a algún grupo étnico dilucidara si esas expresiones implicaban el reconocimiento de autoadscripción a un grupo indígena y con ello pudiera activar la protección de los derechos de defensa adecuada y de acceso pleno a la jurisdicción del Estado conforme a lo estatuido por el ordinal 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, por lo que de ser el caso debía nombrar, de inmediato, un intérprete que conociera su lengua y cultura y defensor en los términos señalados en el fallo protector con base en lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los juicios de amparos directos 47/2011, 54/2011, 1/2012, 51/2012 y 77/2012 que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 86/2013 (10a.) de rubro: "PERSONAS INDÍGENAS SUJETAS A PROCESO PENAL. ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA DESIGNAR A UN TRADUCTOR PRÁCTICO, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN. c) Posteriormente, tenía que reponer el procedimiento a partir del momento en el que *** y ***, en sus calidades de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, solicitaron la vinculación a proceso en contra de ***. d) Hecho lo anterior, en el ejercicio de sus facultades debía continuar con la audiencia inicial en la causa penal de origen, pero deberá respetar en todo momento en beneficio del justiciable las prerrogativas fundamentales señaladas. III. Acciones que el ente responsable realizó para acatar la ejecutoria de amparo. El Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, rindió diversos informes de cumplimiento del fallo protector, a los cuales anexó los comunicados PJEO/JCPN/00946/2021-J, PJEO/JCPN/00954/2021-J y PJEO/JCPN/00972/2021-J y cuatro discos versátiles digitales certificados que contienen los registros de audio y de video de la audiencia inicial celebrada el diecinueve, el veintidós, el veintiséis y el treinta, todos de noviembre del año próximo pasado, en la causa penal 402/2018, los cuales fueron recibidos el veintidós y el veintitrés, ambos de noviembre y el nueve de diciembre, todos de dos mil veintiuno, así como el seis de enero del año en curso. A las documentales descritas se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a lo señalado por su ordinal 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También cobra vigencia la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que informa: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Igualmente, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 26/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO. Los artículos 75, 119, 122, 123 y 124 de la Ley de Amparo, en atención al principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, deben interpretarse en el sentido que los avances científicos y tecnológicos pueden incorporarse como parte del acervo probatorio. Así, a las videograbaciones que las partes ofrezcan como prueba, en cualquier soporte, deberá dárseles el tratamiento de una prueba documental, al tratarse de información que se encuentra plasmada en un soporte distinto al papel pero que posee las mismas características y busca el mismo objetivo, por lo que podrán presentarse en amparo indirecto, en los términos previstos en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, con anterioridad a la audiencia constitucional, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la misma y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, en caso de que el ofrecimiento de una videograbación se haga como inspección judicial, el juzgador deberá admitirla, aclarando que se tratará como prueba documental, a efecto de garantizar el derecho a una adecuada defensa y el derecho a probar." IV. Estudio del cumplimiento del fallo protector. Del análisis de los informes de cumplimiento del fallo protector y de los cuatro discos versátiles digitales certificados que contienen los registros de audio y de video de la audiencia inicial celebrada el diecinueve, el veintidós, el veintiséis y el treinta, todos de noviembre del año próximo pasado, en la causa penal 402/2018, se advierten que el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, realizó lo siguiente: En la audiencia inicial celebrada el veintiséis y el treinta, ambas datas de noviembre del año próximo pasado, en el proceso penal 402/2018, dejó insubsistente la diversa que inició el veintidós de diciembre de dos mil diecinueve, y concluyó el veintiocho siguiente, celebrada en esa causa penal, a partir de la individualización del imputado en la fase en donde examinó la ejecución de la orden de aprehensión dictada en contra del encausado; incluidos, formulación de la imputación, la solicitud de vinculación a proceso que *** y ***a, en sus calidades de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, realizaron en contra de Domingo José Vásquez Hernández, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el injusto de feminicidio agravado previsto por el dispositivo 411, fracción III, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, perpetrado en perjuicio de Aurelia Raymundo Carro, ilícito que se encuentra sancionado por el normativo 412, segundo párrafo, del código punitivo local citado, el auto de vinculación a proceso dictado en esa diligencia por el mencionado antisocial, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada y la fijación del plazo para el cierre de la investigación. Con base en lo manifestado por el imputado *** en el sentido de que habla la lengua mixteca y que entiende y habla muy poco el español, así como la indicación de que es de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, en donde precisó que vivía y mediante un nuevo cuestionamiento para saber si pertenecía a algún grupo étnico en donde obtuvo como respuesta que el referido *** era indígena estableció que esas expresiones implicaban el reconocimiento de autoadscripción a un grupo indígena y con ello activó la protección de los derechos de defensa adecuada y de acceso pleno a la jurisdicción del Estado conforme a lo estatuido por el ordinal 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, por lo que nombró un intérprete práctico de nombre Nicolás Alavés Nicolás que conocía su lengua y cultura y defensor en los términos señalados en el fallo protector con base en lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los juicios de amparos directos 47/2011, 54/2011, 1/2012, 51/2012 y 77/2012 que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 86/2013 (10a.) de rubro: "PERSONAS INDÍGENAS SUJETAS A PROCESO PENAL. ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA DESIGNAR A UN TRADUCTOR PRÁCTICO, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN. Posteriormente, repuso el procedimiento a partir del momento en el que *** y ***, en sus calidades de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, formularon la imputación y, después, solicitaron la vinculación a proceso en contra de ****. Hecho lo anterior, en el ejercicio de sus facultades continuó con la audiencia inicial en la causa penal de origen respetando en beneficio del justiciable las prerrogativas fundamentales señaladas, por lo que resolvió su situación jurídica; en tal sentido, dictó un nuevo auto de vinculación a proceso; después, decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó el plazo para el cierre de investigación complementaria. Con base en lo anterior, es factible sostener que el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, acató la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.""
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de enero de dos mil veintidós. Agréguense los documentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, en atención a los requerimientos de dieciséis de noviembre y de diez de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, exhibe tres informes de cumplimiento y cuatro discos versátiles digitales certificados que contienen los registros de audio y de video de la audiencia inicial celebrada el diecinueve, el veintidós, el veintiséis y el treinta, todos de noviembre del año próximo pasado, en la causa penal 402/2018. Al respecto, se tiene a la autoridad judicial responsable por atendidos los requerimientos señalados. En otro punto, del contenido de los instrumentos exhibidos se advierte que el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo se ordena dar vista a las partes quejosa y a los terceros interesados con los informes y todas las constancias que obran en autos asociadas con el cumplimiento del fallo protector que la citada responsable exhibió en este asunto, los cuales fueron recibidos el veintidós y el veintitrés, ambos de noviembre y el nueve de diciembre, todos de dos mil veintiuno, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo, por lo que córrase traslado a esos sujetos del proceso de los citados informes, con excepción de los cuatro discos versátiles digitales certificados que contienen los registros de audio y de video de la audiencia inicial celebrada el diecinueve, el veintidós, el veintiséis y el treinta, todos de noviembre del año próximo pasado, en la causa penal 402/2018. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el citado precepto este órgano jurisdiccional resolverá si la sentencia dictada en este juicio constitucional se encuentra cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. Notifíquese personalmente.
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