Domingo Jose Moreno Vivas
Expediente 1265/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1265/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Domingo Jose Moreno Vivas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiuno, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y la razón levantada por el Actuario adscrito, el veintitrés de julio del año en curso, de la cual se advierte que no le posible notificar el acuerdo de catorce de julio del año en curso, a la parte quejosa Domingo José Moreno Vivas, pues envió correo institucional a la cuenta proporcionadao en la demanda, sin embargo, no recibió ningún acuse de recibo de la parte quejosa. Atento a lo anterior, toda vez que no se proporcionó domicilio ara recibir notificaciones, sino solo la cuenta de correo, y dado que este órgano jurisdiccional tiene la encomienda de dar a conocer a las partes el contenido de las actuaciones realizadas en los autos del índice de este juzgado, correspondiendo también a dichas partes estar atentos a ser notificados; por ende, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena se realice a la parte quejosa la notificación del citado y las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese y por lista el auto indicado a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Domingo José Moreno Vivas, en contra del acto que reclama del Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, que hizo consistir en: La integración de una carpeta de investigación formada en su contra sin citarlo a ella. Fórmese expediente, regístrese con el número 1265/2021-I, que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al numeral 103, fracción I, de la Carta Magna, interpretado a contrario sensu, porque tales actos no le causan perjuicios a la parte quejosa. Para efectos del presente estudio, conviene precisar que el artículo 5° de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico...". De la anterior trascripción se advierte que el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo -interés jurídico- o interés legítimo, entendiéndose el primero como en el derecho que le asiste a un particular, para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de alguna autoridad, ocasionando un menoscabo a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular; mientras que el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. En tanto que, el numeral 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, numeral que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". De conformidad con las dos disposiciones indicadas es de concluirse que para la procedencia del amparo debe acreditarse la comprobación del interés jurídico o legítimo del peticionario de amparo, el cual podrá ser probado al presentarse la demanda o al tramitarse el juicio constitucional. Siendo importante aclarar que para la procedencia del juicio de amparo, el quejoso debe acreditar que el acto reclamado le afecta en su interés legítimo o jurídico, siempre y cuando le origine un perjuicio a su esfera jurídica. En efecto, tomando en cuenta el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, en relación con los numerales 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente. Lo anterior es así, porque el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acto tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional, porque los actos verificados durante esa etapa no irrogan perjuicio al gobernado para efectos del juicio de amparo, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento en el que el fiscal formula la imputación ante el juez de control e inicia la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien cuando determina el no ejercicio de la acción penal. Estimar lo contrario, esto es, que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, previa o desformalizada, que integran la carpeta de investigación le causa algún perjuicio al gobernado y, por ello, es procedente el juicio de amparo, traería como consecuencia entorpecer injustificadamente la potestad-deber conferida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales al Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que hay datos suficientes para considerar que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, la omisión de acceso o citar al quejoso para imponerse o intervenir dentro de la carpeta de investigación, que aduce se está integrando en su contra, por la manera en que está planteada su demanda, en este caso, no puede combatirse a través del juicio de amparo, dado que sus efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, de tal manera que no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado. En efecto, se afirma lo anterior porque conforme a lo ordenado en el artículo 20 apartado B, fracción VI, de la Carta Magna, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, el imputado tendrá acceso a los registros de investigación cuando se reciba su declaración ante el juez de control o entrevista realizada ante la representación social en la fase de investigación inicial, en el caso de ser citado a declarar por parte del Ministerio Público. Es así, acorde al precepto 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme". De tal numeral se advierte que el imputado y su defensor podrán tener acceso a la carpeta de investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, ya que a partir de dichos momentos no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Por su parte, el numeral 219 del código adjetivo penal invocado dispone que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Aclarándose que de ser el caso que la representación social se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el juez de control para resolver lo conducente, disposición que es del tenor literal siguiente: "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". Igualmente, de conformidad con el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aun después de la vinculación a proceso, ello, con el objeto de evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos. De igual manera, que los efectos de la omisión de darle acceso o citar al quejoso dentro de la investigación inicial para tener acceso a los registros de investigación recabados, en todo caso se anularán o contrarrestarán si eventualmente se le cita para recibírsele su declaración o entrevista ante la fiscalía, o se le detiene, o bien, si se le cita a la audiencia de la formulación de la imputación ante un juez de control; pues como ya se expuso, será en esos momentos cuando pueda consultar el quejoso junto con su defensor, los datos de prueba obtenidos en la investigación inicial y de ahí podrá controvertirlos, con datos de prueba que ofrezca en su derecho fundamental de defensa. En la medida en que cualquiera de esos casos, el peticionario de amparo tendría derecho a tener acceso a los registros de investigación y a obtener copia de los mismos, con la oportunidad debida para preparar su defensa, o en su caso, podría acudir ante el juez de control si el Ministerio Público le negara el acceso a la carpeta de investigación. Máxime que conforme al nuevo sistema penal acusatorio los actos del Ministerio Público en la investigación inicial como en la complementaria, tienden a ser revisados o controlados primeramente por los jueces penales y los actos o determinaciones de estos últimos son objeto de análisis constitucional a través del juicio de amparo, de ser procedente el mismo. Lo cual es acorde con los principios constitucionales y legales del nuevo sistema penal acusatorio, principios que deben ser considerados por este Juzgado Federal al promover sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto; en el entendido claro está que esta regla general admite excepciones que deben examinarse en lo particular, caso por caso. Luego, se estima que el amparo contra la integración de una carpeta de investigación por parte de la representación social, en que según afirma el solicitante del amparo, no ha sido llamado a declarar (emplazado o citado), no le causa un perjuicio en su esfera jurídica. Apoya lo anterior, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2015500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III Materia(s): Común, Penal, Penal Tesis: XXVII.3o.48 P (10a.) Página: 1947 CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión". En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 193379, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, sin embargo, durante la contingencia derivada del covid-19 tómese en consideración para notificar a la parte quejosa el correo electrónico que proporcionó al presentar su demanda, ya que es acorde con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020; asimismo, téngase como sus autorizados, a las personas que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Domingo José Moreno Vivas, en contra del acto que reclama del Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, que hizo consistir en: La integración de una carpeta de investigación formada en su contra sin citarlo a ella. Fórmese expediente, regístrese con el número 1265/2021-I, que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al numeral 103, fracción I, de la Carta Magna, interpretado a contrario sensu, porque tales actos no le causan perjuicios a la parte quejosa. Para efectos del presente estudio, conviene precisar que el artículo 5° de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico...". De la anterior trascripción se advierte que el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo -interés jurídico- o interés legítimo, entendiéndose el primero como en el derecho que le asiste a un particular, para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de alguna autoridad, ocasionando un menoscabo a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular; mientras que el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. En tanto que, el numeral 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, numeral que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". De conformidad con las dos disposiciones indicadas es de concluirse que para la procedencia del amparo debe acreditarse la comprobación del interés jurídico o legítimo del peticionario de amparo, el cual podrá ser probado al presentarse la demanda o al tramitarse el juicio constitucional. Siendo importante aclarar que para la procedencia del juicio de amparo, el quejoso debe acreditar que el acto reclamado le afecta en su interés legítimo o jurídico, siempre y cuando le origine un perjuicio a su esfera jurídica. En efecto, tomando en cuenta el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, en relación con los numerales 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente. Lo anterior es así, porque el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acto tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional, porque los actos verificados durante esa etapa no irrogan perjuicio al gobernado para efectos del juicio de amparo, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento en el que el fiscal formula la imputación ante el juez de control e inicia la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien cuando determina el no ejercicio de la acción penal. Estimar lo contrario, esto es, que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, previa o desformalizada, que integran la carpeta de investigación le causa algún perjuicio al gobernado y, por ello, es procedente el juicio de amparo, traería como consecuencia entorpecer injustificadamente la potestad-deber conferida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales al Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que hay datos suficientes para considerar que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, la omisión de acceso o citar al quejoso para imponerse o intervenir dentro de la carpeta de investigación, que aduce se está integrando en su contra, por la manera en que está planteada su demanda, en este caso, no puede combatirse a través del juicio de amparo, dado que sus efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, de tal manera que no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado. En efecto, se afirma lo anterior porque conforme a lo ordenado en el artículo 20 apartado B, fracción VI, de la Carta Magna, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, el imputado tendrá acceso a los registros de investigación cuando se reciba su declaración ante el juez de control o entrevista realizada ante la representación social en la fase de investigación inicial, en el caso de ser citado a declarar por parte del Ministerio Público. Es así, acorde al precepto 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme". De tal numeral se advierte que el imputado y su defensor podrán tener acceso a la carpeta de investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, ya que a partir de dichos momentos no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Por su parte, el numeral 219 del código adjetivo penal invocado dispone que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Aclarándose que de ser el caso que la representación social se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el juez de control para resolver lo conducente, disposición que es del tenor literal siguiente: "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". Igualmente, de conformidad con el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aun después de la vinculación a proceso, ello, con el objeto de evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos. De igual manera, que los efectos de la omisión de darle acceso o citar al quejoso dentro de la investigación inicial para tener acceso a los registros de investigación recabados, en todo caso se anularán o contrarrestarán si eventualmente se le cita para recibírsele su declaración o entrevista ante la fiscalía, o se le detiene, o bien, si se le cita a la audiencia de la formulación de la imputación ante un juez de control; pues como ya se expuso, será en esos momentos cuando pueda consultar el quejoso junto con su defensor, los datos de prueba obtenidos en la investigación inicial y de ahí podrá controvertirlos, con datos de prueba que ofrezca en su derecho fundamental de defensa. En la medida en que cualquiera de esos casos, el peticionario de amparo tendría derecho a tener acceso a los registros de investigación y a obtener copia de los mismos, con la oportunidad debida para preparar su defensa, o en su caso, podría acudir ante el juez de control si el Ministerio Público le negara el acceso a la carpeta de investigación. Máxime que conforme al nuevo sistema penal acusatorio los actos del Ministerio Público en la investigación inicial como en la complementaria, tienden a ser revisados o controlados primeramente por los jueces penales y los actos o determinaciones de estos últimos son objeto de análisis constitucional a través del juicio de amparo, de ser procedente el mismo. Lo cual es acorde con los principios constitucionales y legales del nuevo sistema penal acusatorio, principios que deben ser considerados por este Juzgado Federal al promover sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto; en el entendido claro está que esta regla general admite excepciones que deben examinarse en lo particular, caso por caso. Luego, se estima que el amparo contra la integración de una carpeta de investigación por parte de la representación social, en que según afirma el solicitante del amparo, no ha sido llamado a declarar (emplazado o citado), no le causa un perjuicio en su esfera jurídica. Apoya lo anterior, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2015500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III Materia(s): Común, Penal, Penal Tesis: XXVII.3o.48 P (10a.) Página: 1947 CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión". En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 193379, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, sin embargo, durante la contingencia derivada del covid-19 tómese en consideración para notificar a la parte quejosa el correo electrónico que proporcionó al presentar su demanda, ya que es acorde con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020; asimismo, téngase como sus autorizados, a las personas que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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