Domingo Jacxiel González Sánchez

Expediente 315/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
315/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
21/06/2018

Partes del expediente

  • Domingo Jacxiel González Sánchez
  • ERNESTO ORTÍZ AGUILAR y Otros.
  • ELIZ ANDREA SALINAS ISIDRO y Otros.
  • DOMINGO JACXIEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ y Otros.
  • Sarai González Sánchez
  • HILARIO NABOR BELTRÁN y Otros.
  • Eliz Andrea Salinas Isidro
  • FRANCISCA HUENCIAS RAMÍREZ y Otros.
  • Dinorah Navarrete Barraza
  • Presidente Municipal de Compostela, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo del año en curso; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia en su arábigo 2, se declara que la misma ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley en comento, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto Vigésimo Primero, del capítulo Quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto Vigésimo Primero del capítulo Quinto, pues se sobreseyó en el presente juicio de garantías, carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Luego, con sustento en los artículos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar se negó ; por ende, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, por lo que también deberá dejarse por separado. Finalmente, toda vez que en el presente sumario constitucional existen diversos recibos en original que en su oportunidad acompañó la parte quejosa, de conformidad con el punto Vigésimo del Capítulo Quinto, segundo párrafo, dése vista a la promovente del amparo, para que dentro del término de NOVENTA DÍAS, acuda a este Órgano Jurisdiccional con el objeto de recoger las citadas documentales que exhibió como pruebas dentro de los autos en que se actúa, previa razón correspondiente de su entrega; bajo apercibimiento que de hacer caso omiso dentro del plazo indicado, una vez que transcurran más de cinco años, serán susceptibles de destrucción, acorde a lo establecido en el párrafo que precede.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, siendo las nueve horas con quince minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 315/2018 promovido por ***********; la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistida del secretario Octavio Parra García que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el precepto 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el secretario hace una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: a) Escritos inicial de demanda y aclaratorios, así como pruebas documentales que se adjuntaron al primero de ellos (fojas 2 a 35, 46 a 47 y 53); y, b) Informe con justificación rendido por el Encargado del Departamento de Licencias y Reglamentos de Inspección Fiscal, Presidenta Municipal Suplente y Síndico, todos del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit y anexos (fojas 64 a 67 y 75). A lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: Se tienen por rendidos los informes justificados y por relacionadas las constancias de autos. Seguidamente se abre el período probatorio y con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas, en razón de su propia naturaleza, las pruebas documentales mencionadas en la cuenta que antecede; se cierra dicha etapa y se abre la de alegatos, sin que ninguna de las partes los formulara. Se cierra dicha etapa y se da por terminada esta diligencia, de la que se levanta la presente acta para constancia y se procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS, para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 315/2018 promovido por Domingo Jacxiel González Sánchez, Saraí González Sánchez, Dinorah Navarrete Barraza, Ernesto Ortiz Aguiar, Eliz Andrea Salinas Isidro, Hilario Nabor Beltrán, Albina Gricelda Serrano Rodríguez, Francisca Huecias Ramírez, Magdaleno Marín Lucas, Guillermo González Bautista y Marina Gutiérrez Due, contra los actos reclamados al Encargado del Departamento de Licencias y Reglamentos de Inspección Fiscal, Presidenta Municipal y Síndico, todos del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, Domingo Jacxiel González Sánchez, Saraí González Sánchez, Dinorah Navarrete Barraza, Ernesto Ortiz Aguiar, Eliz Andrea Salinas Isidro, Hilario Nabor Beltrán, Albina Gricelda Serrano Rodríguez, Francisca Huecias Ramírez, Magdaleno Marín Lucas, Guillermo González Bautista y Marina Gutiérrez Due, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades siguientes: "III.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo a quienes resulten ser PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y JEFF DEL DEPARTAMENTO DE FISCALES Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, del Ayuntamiento de Compostela Nayarit, todos los anteriores con domicilio conocido en las instalaciones del Ayuntamiento del Municipio ya mencionado, ubicados en Calle José María 24-A del Estado de Nayarit. IV.- ACTO RECLAMADO: de la autoridad que se señala como responsable, se reclama la acción por su parte, a la violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 5, 8, 16 párrafo I. 25, 103 y 123 que consagran las garantías individuales de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro perjuicio, además por considerar la misma actuó de manera unilateral. Estableciendo con precisión que el ACTO RECLAMADO del que se duelen los hoy quejosos, en relación al Artículo 1° Constitucional consiste precisamente en LA VIOLACION A LOS DERECHOS y GARANTIAS (EN GENERAL) A LAS QUE SE TIENEN DERECHO y LAS CUALES NO PODRAN RESTRINGIRCE NI SUSPENDERSE. (SE TIENE EL TEMOR FUNDADO DE QUE LES SEAN VIOLADAS SIN ESTAR AJUSTADAS A LOS CASOS Y CONDICIONES QUE NUESTRA PROPIA CARTA MAGNA ESTABLECE). En relación al Artículo 5º ajustándolo al Artículo 16 de la Constitución, nos dolernos debido a quo la autoridad señalada como responsable viola nuestras garantías establecidas, debido a que sin una determinación judicial y/o documentación legal ni mucho menos un proceso administrativo en nuestra contra, nos prohibió llevar a cabo el comercio o trabajo del cual logramos subsistir, y del que manera honrada hemos Ilevado a cabo día con día. Acto, el cual consideramos se transgredieron a todas luces los derechos fundamentales de los hoy quejosos, por violación a las garantías individuales contempladas en las normas jurídicas, tanto nacionales como tratados internacionales, propios y relacionados al derecho al trabajo y como ya lo manifestamos, esto, sin que medie resolución o sentencia alguna, más sin embargo dicho desalojo fue llevado acabo por parte de quien debiera proteger dichos derechos en favor de los hoy quejosos. Resaltamos a esta autoridad que los hechos que hoy se narran dentro del presente y que sufrimos por parte de las Autoridades locales son ciertos, mediando así, la existencia de la relación concreta de los quejosos quienes somos comerciantes, con la Autoridad hoy apuntadas como responsables. Haciendo referencia al Artículo 25 en relación al 123 Constitucional que tutelan EL DERECHO A UN TRABAJO DIGNO Y SOCIALMENTE UTIL (PROMOVEMOS NUESTRA CULTURA Y TRADICION A TRAVEZ DE ARTESANIAS DE NUESTRAS ETNIAS CORA Y HUICHOL) violación que consiste precisamente en LA OMISION POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE "ALENTAR Y PROTEGER LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE REALIZAMOS LOS PARTICULARES" DE LA CUAL LOS HOY PROMOVENTES Y NUESTROS FAMILIARES, DEPENDEMOS DIRECTAMENTE DE ELLA Y LA ACCION POR PARTE DE LA RESPONSABLE (DE QUITARNOS DE NUESTRO LUGAR DE ESTABLECIMIENTO DE VENTA SIN UNA ORDEN JUDICIAL O DETERMINACION MEDIANTE ALGUN PROCESO) VULNERANDO ASI NUESTRO DERECHO AL TRABAJO DIGNO, (auto-empleo) SIN OMITIR QUE AL QUITARNOS DEL LUGAR EN EL QUE ESTAMOS ESTABLECIDOS A SIDO TOTAL (sic) MENTE UNA FRACTURA E IRREPARABLE A NUESTRA ECONOMIA DEBIDO A QUE DEJAMOS DE OBTENER LO ECONOMICO y SUSTENTABILIDAD PARA SUBSISTIR Y SACAR ADELANTE A NUESTRAS FAMILIAS ENTRE ELLOS MENORES DE EDAD QUIENES NECESITAN ESTUDIOS, ALIMENTACION, SALUD ETC. SIENDO ESTA LA UNICA MANERA SUSTENTABLE CON LA QUE CONTAMOS. Acto hecho por la responsable ocasionando un daño grave, permanente e irreparable a nuestras vidas, ya que debido a esto, nuestras deudas día con día van en aumento, desde que se nos retiró del lugar del que sosteníamos con trabajo, (auto-empleo) Los hoy agraviados damos a conocer que el día de hoy no contamos con un lugar digno, estable y con la concurrencia de personas la cual es necesaria, donde podamos realizar nuestras actividades, que por años hemos Ilevado a cabo haciendo referencia al auto empleo al que por años como ya se mencionó nos hemos dedicado, actividad que hemos dada a conocer, razón por la cual nuestras ventas y modo de subsistir con esta acción por parte de la Autoridad, nos han agraviado ocasionando daños y perjuicios de difícil reparación, ya que nos han impedido trabajar como ya en reiteradas veces mencionamos que lo hacemos de manera honesta sin perjuicios a terceros, sin afectar a la sociedad, caso contrario llevamos a cabo una labor en beneficio y apoyo a la sociedad, realizando diferentes actividades de beneficio al municipio y sociedad, que bajo la protesta de conducirnos con verdad, no podemos documentar por el extravió y por perdida de los mismos. La actividad que hemos realizado y reiteradas ocasiones transcrito y la cual nos dedicamos es el comercio, debido a que no tenemos la preparación escolar suficiente para lograr obtener un empleo en alguna dependencia de gobierno y ante la falta de lugares o empresas en nuestro Municipio donde podamos ser empleados, razón por la cual optamos en llevar a cabo dicha actividad ensenada y enseñada por nuestros padres, la Autoridad señalada como responsable lejos de apoyar a las personas que somos pobres, con pocos o escasos recursos nos ha ocasionado un gran daño en todo aspecto, sin tomar en cuenta que de dicha actividad mantenemos a nuestros hijos, adulto (sic) mayores, y sufragamos nuestras deudas así como alimentación y cuestiones de salud, así como todas aquellas imprevistas, trabajo realizado en busca de lograr una vida digna, y justa. Violando así los preceptos Constitucionales, con perjuicio de los derechos de los hay quejosos, razón por la que hay acudimos a ante su presencia, con la finalidad de que sea realizada una extensión de las garantías conforme a los tratados internacionales y las garantías reguladas en nuestra propia Ley, valorando la necesidad y nuestra explicación, limitación o ampliación de las garantías propiamente dichas. Bajo la misma protesta de conducirnos con verdad, de igual manera nos es de importancia dar a conocer a esta autoridad que por las razones ya expuestas los suscritos no contamos con el documento idóneo para acreditar la personalidad jurídica conocida como la licencia de funcionamiento para dejar en claro la personalidad jurídica con la que comparecemos, no sin antes aclarar que somos ciudadanos con residencia en este municipio por más de veinte años haciendo mención que contamos con algunos de los recibos de pago por el derecho de piso, que los ayuntamientos nos venían cobrando en aquellos años hasta el año 2017 siendo estos los únicos documentos que al momento no tenemos a la mano, por razones de tiempo, descuidos, perdidas como ya quedo (sic) manifestado ya que nunca habíamos tenido la necesidad de salva (sic) guardarlos, debido a que jamás habíamos tenido problemas con las Autoridades pasadas, y es hasta estos tiempos que la Autoridad lejos de apoyarnos y dejarnos en el lugar donde trabajamos o reubicarnos en una zona de afluencia turística donde nuestras ventas pudieran ser exitosas. Razón por la cual solicitamos a esta Autoridad solicite la prueba documental vía informe que deberá de rendir el departamento de fiscales del lugar señalado Si somos reconocidos como contribuyentes o comerciantes, prueba que desde estos momentos hacemos propia. Como ha quedado establecido todos y cada uno de los quejosos participamos en actividades en beneficio a nuestra entidad, como mantener playas limpias, nuestro espacio en excelentes condiciones de limpieza entre algunas otras." La parte quejosa indicó como derechos violados los contenidos en los ordinales 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 315/2018. Previo cumplimiento al requerimiento de uno de marzo de dos mil dieciocho, el dieciséis siguiente se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se fijó día y hora para la audiencia constitucional la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme lo establecen los numerales 94 y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se promueve en contra de actos cuya ejecución tienen lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, en términos de los dispositivos y acuerdo de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004 y en la jurisprudencia P./J. 40/2000. Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda se observa que se reclama: La orden de desalojo de sus puestos ambulantes (venta de artesanías de las etnias Cora y Huichol), ubicados en Avenida Jacarandas entre Sol Nuevo y Avenida Jacaranda (sic), Municipio de Compostela, Nayarit y sus consecuencias, como lo son el impedimento para ejercer actos de comercio. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Encargado del Departamento de Licencias y Reglamentos de Inspección Fiscal, Presidenta Municipal Suplente y Síndico, todos del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit y anexos (fojas 64 a 67 y 75), al rendir el informe con justificación negaron los actos reclamados. Informes y constancias que poseen valor probatorio pleno dado su carácter de públicos al haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de su función pública, de conformidad con los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente juicio, por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el arábigo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De lo reproducido se infiere, que tanto la negativa del acto reclamado o cuando no se demuestra su existencia genera como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de amparo, con la salvedad de que es hasta la audiencia constitucional, en que la parte quejosa tiene la oportunidad de acreditar la existencia del acto reclamado, desvirtuar las aseveraciones efectuadas por las autoridades responsables y, en su caso, demostrar los asertos que haya hecho valer en sus conceptos de violación. También se destaca que el artículo 1, fracción I de la legislación de amparo dispone que el juicio tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la carta magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al indicar que en las sentencias que se dicten en los juicios constitucionales el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. En ese sentido, del análisis del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en armonía con los ordinales citados se concluye que los actos reclamados deben de existir al momento de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que por el contrario el juicio de amparo no tiene razón de ser, por lo que tendría que sobreseerse. La actualización de la mencionada causal de sobreseimiento se acredita en autos, ya que la parte quejosa señaló como actos reclamados la orden de desalojo de sus puestos ambulantes (venta de artesanías de las etnias Cora y Huichol), ubicados en Avenida Jacarandas entre Sol Nuevo y Avenida Jacaranda (sic), Municipio de Compostela, Nayarit y sus consecuencias, como lo son el impedimento para ejercer actos de comercio. Sin embargo, las responsables negaron dichos actos y las pruebas ofrecidas por la parte quejosa no desvirtúan la negativa expresa de las autoridades. Ello, porque a su escrito de demanda sólo adjuntaron diversos recibos originales de pago plaza, comercio fijo y semifijos, expedidos por la Tesorería Municipal de Compostela, Nayarit; así como copia simple de sus credenciales para votar, los cuales adquieren valor probatorio de conformidad con los numerales 129, 197, 202, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente (fojas 17 a 35). Además, presentaron ocho fotografías y la petición formulada por los promoventes del amparo a la Presidenta y al Síndico Municipales del Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, consistente en que se les otorgara permiso para ejercer el comercio en la vía pública, presentada ante los entes responsables el ocho de febrero de dos mil dieciocho, probanzas que adquieren valor probatorio de conformidad con los numerales 133, 197, 203 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente. No obstante el valor otorgado a esas probanzas, las mismas resultan insuficientes para demostrar que se hubiera emitido alguna orden de desalojo en contra de los quejosos, respecto de sus puestos ambulantes (venta de artesanías de las etnias Cora y Huichol), ubicados en Avenida Jacarandas entre Sol Nuevo y Avenida Jacaranda (sic), Municipio de Compostela, Nayarit, así como que se les hubiera impedido ejercer actos de comercio; por ende, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que el problema de la existencia de los actos reclamados es prioritario y de oficio por ser de orden público el estudio de las causas de improcedencia y las de sobreseimiento en el juicio de amparo, de modo que si la existencia de los actos reclamados debe apreciarse por regla general con la fecha en que se presentó la demanda, y si en el caso concreto se advirtió que los actos reclamados no existen cuando se controvirtió su constitucionalidad a través del escrito inicial, es obvio que no procede su análisis en cuanto al fondo del asunto, pues de lo contrario la sentencia que se dictara se ocuparía de actos inexistentes y distintos a los que dieron origen a la demanda. Fortalece esta decisión, la jurisprudencia 284, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y seis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y el quejoso no desvirtúa esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de amparo." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 65, 73, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******, respecto de los actos reclamados al Encargado del Departamento de Licencias y Reglamentos de Inspección Fiscal, Presidenta Municipal y Síndico, todos del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, consistentes en la orden de desalojo de sus puestos ambulantes (venta de artesanías de las etnias Cora y Huichol), ubicados en Avenida Jacarandas entre Sol Nuevo y Avenida Jacaranda (sic), Municipio de Compostela, Nayarit y sus consecuencias, como lo son el impedimento para ejercer actos de comercio, por las razones expuestas en el considerando tercero.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la constancia que antecede, levantada por la Actuaria Judicial adscrita de la que se desprende que no le fue posible hacer entrega de los oficios 19127/2018, 19128/2018 y 19129/2018, de quince del mes y año en curso (foja 79), dirigidos a las autoridades responsables denominadas Presidente Municipal, Síndico y Jefe del Departamento de Fiscales y Licencias de Funcionamiento, todos del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, a través de los cuales se les hace del conocimiento a dichas autoridades el diferimiento de la audiencia constitucional programada en el presente juicio de garantías, por los motivos expuestos en la misma. En consecuencia, con sustento en el arábigo 17 Constitucional, con el único propósito de procurar que la justicia sea pronta y expedita, a fin de no retardar la secuela de este sumario, reexpídanse los oficios de previa cita, al domicilio oficial de las autoridades de referencia, hasta en tanto señalen nuevo domicilio, a fin de que se impongan de su contenido.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el proveído de cuatro del mes y año en curso (foja 76), se advierte que se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, mismo que se notificó el siete siguiente (foja 76 vuelta), surtiendo sus efectos el posterior día hábil; por tanto, no median al menos ocho días de anticipación a la data en que se actúa, fecha en que se encuentra programada la audiencia constitucional en este juicio, toda vez que inició el nueve y concluye el dieciocho del actual mes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia de mérito y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido.

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