Domingo Garcia Sandoval
Expediente 536/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/10/2020
Partes del expediente
- Domingo Garcia Sandoval
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que en sesión ordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del suscrito Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, a este juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de octubre siguiente. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción del titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que la notificación correspondiente se realizará a las partes por medio de lista de acuerdos. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de tema: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Causa estado. Toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual, se sobreseyó en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo. En virtud de que se encuentra totalmente concluido el presente asunto, archívese y háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Orden de depuración. Toda vez que en el presente juicio se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Destrucción de incidente. Asimismo, dado que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de todos los actos reclamados, el original del cuaderno incidental se encuentra en el supuesto previsto en el inciso c) del artículo 21 del citado acuerdo, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo; por ende, glósese a los autos del presente juicio de amparo indirecto el original del incidente de suspensión. Duplicado de incidente. En atención a lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del acuerdo en cita, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre dicho plazo, remítase al legajo correspondiente. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Documentos a disposición. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por el quejoso, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, requiérase a dicha parte para que acuda al local que ocupa este juzgado de Distrito a recogerlos, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, apercibida que de no acudir por estos, en el plazo indicado, serán destruidos junto con este expediente sin ulterior acuerdo. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 536/2020, promovido por Domingo García Sandoval, por derecho propio, contra actos del Gobernador del Estado de Jalisco y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil veinte a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Domingo García Sandoval, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1o., 11 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. RESULTANDO: SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de seis de mayo de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Finalmente, cabe precisar que la suscrita se encuentra facultada para el dictado de este fallo con fundamento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, de epígrafe: "SECRETARIOS AUTORIZADOS COMO JUEZ PARA RESOLVER EN JUICIOS DE AMPARO. PUEDE VALIDAMENTE PRONUNCIAR SENTENCIAS SI PRESIDIO´ CON ESE CARA´CTER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y AU´N NO CONCLUYE SU PERIODO DE LA AUTORIZACIO´N" Lo anterior en razón de que mediante oficio CCJ/ST/601/2020, de once de febrero de dos mil veinte, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; se me autorizo´ para desempeñar las funciones de Juez de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo, se advierte que lo controvertido, en lo substancial, resulta ser: Al Gobernador del Estado de Jalisco: Las medidas de aislamiento obligatorio generado por el acuerdo Ejecutivo Covid 19, así como la emisión y aplicación del Plan Covid 19 establecimientos con actividades esenciales. Al Director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco: La orden de inspección, multa o clausura del negocio dedicado a la venta de flores al público en general. Al Jefe o Encargado de Inspectores adscritos a la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, Comisario de la Policía de Guadalajara, Comisario de la Policía de Zapopan, Comisario de la Policía Preventiva de Tonalá, Comisario de la Policía Preventiva de Tlaquepaque, todos del Estado de Jalisco: La ejecución o cumplimiento de cualquier de cualquiera de los actos reclamados que se atribuyen a las ordenadoras. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamado. No son ciertos los actos reclamados del Comisario de la Policía de Guadalajara, Jefe o Encargado de Inspectores adscritos a la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, Comisario de la Policía de Zapopan, Comisario de la Policía Preventiva de Tonalá, Director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Zapopan, Comisario de la Policía Preventiva de Tlaquepaque, todos del Estado de Jalisco, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que de autos se advierta la existencia de algún medio de convicción capaz de desvirtuar esa negativa. Por lo que en esas condiciones, procede decretar el sobreseimiento del juicio de amparo, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese contexto, es importante señalar que los elementos generadores del sobreseimiento en el juicio de amparo están previstos en el artículo 63 de la Ley de Amparo. El numeral referido establece una serie de supuestos que derivan en la terminación de la controversia planteada por el quejoso, sin hacer un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad o ilegalidad de la resolución reclamada, y de darse alguna de ellas, debe dictarse el sobreseimiento del juicio de amparo. Por consiguiente, al sobreseerse en el juicio de amparo no es dable estudiar los planteamientos que se hacen valer en contra del acto reclamado, dado que, la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio de amparo sin resolver la controversia en sus méritos, porque las causas que lo producen, indican que no es posible que el juzgador realice un análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Pues bien, conforme a la fracción IV, del numeral aludido, el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos no quede demostrada la existencia del acto impugnado a la autoridad señalada como responsable en la demanda, o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Al mismo tiempo, puede apreciarse que el motivo de sobreseimiento de mérito se sustenta en la premisa de la inexistencia de la ley o acto reclamados a la autoridad que fuese nombrada como responsable en la demanda de amparo, pues no tendría ningún sentido, entonces, la obligación impuesta por el legislador ordinario en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, que prevé que corresponde al quejoso expresar la ley o acto que de cada autoridad reclame. De modo que la existencia o inexistencia del acto impugnado no es autónomo, menos debe desligarse de la autoridad señalada expresamente como responsable en la demanda de derechos fundamentales a la cual se le atribuyó su emisión, promulgación, publicación o su ejecución, pues para evidenciar la causa de sobreseimiento en comento, el órgano de amparo debe considerar como una unidad, al acto y a la autoridad responsable. En la especie, el quejoso reprochó de las autoridades responsables, la orden de inspección, multa o clausura del negocio dedicado a la venta de flores al público en general, ubicado en Avenida Rafael Sanzio número 196, colonia La Estancia en Zapopan, Jalisco, así como la ejecución del acuerdo emitido por el Gobernador del Estado de Jalisco, por el que se declara el aislamiento social de carácter general y obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID 19), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el diecinueve de abril de dos mil veinte, materializado en la citada orden de inspección, multa o clausura del citado negocio. Sin embargo, las responsables en cuestión negaron la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no aportó algún medio de convicción del cual se desprenda su existencia. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 284, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que informa: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Esto es así, pues como ya se dijo de la interpretación del invocado artículo 63, fracción IV, en relación con los numerales 117 y 124, todos de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a la parte quejosa desvirtuar la negativa del acto atribuido a la autoridad responsable, debiendo acreditar la existencia del acto reclamado y la inconstitucionalidad del mismo. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia 308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En esa tesitura, lo procedente conforme a derecho es sobreseer en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados de las autoridades responsables en cuestión. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Gobernador del Estado de Jalisco, consistente en las medidas de aislamiento obligatorio generado por el acuerdo Covid 19, así como la emisión y aplicación del Plan Jalisco Covid 19 establecimientos y empresas con actividades esenciales, pues así lo reconoció al rendir su informe con justificación por conducto del Director de Amparos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, al haberse emitido los diversos acuerdos DIELAG ACU 013/2020, DIELAG ACU 026/2020. Además, debe decirse que en relación con el acuerdo reclamado, en el caso a estudio será el último citado, ya que era el que estaba vigente a la fecha de la presentación de la demanda, respecto del cual queda acreditada plenamente su existencia, pues por su naturaleza es del conocimiento general, al haber sido publicada en un medio oficial de difusión como lo es el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", por consiguiente, no es objeto de prueba, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo según lo autoriza el numeral 2° de este ordenamiento, así como de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, aplicada en lo conducente, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Asimismo, procede invocar el criterio que sustentó el propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." QUINTO. Naturaleza del acto reclamado. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo se advierte que el quejoso expresamente reclama el acuerdo del Gobernador del Estado de Jalisco, como una norma de carácter autoaplicativa. Al respecto, es importante destacar que las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contado a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así las cosas, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al particular, pues los preceptos adquieren, por su sola vigencia, el carácter de inmediatamente obligatorios; es decir, el principio de ejecución se realiza por la existencia de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Con ese acto legislativo y por su promulgación y publicación, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a obrar en determinada forma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter basta con que, desde su entrada en vigor, ordene a los particulares un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativas, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la ley citada. En conclusión, una norma es heteroaplicativa cuando no es de acción automática, esto es, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su promulgación y publicación, ya que con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que, para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio de algún particular, requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación. La condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o dicho acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. De tal forma, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), que proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Bajo ese tenor, la distinción entre una norma heteroaplicativa y otra autoaplicativa no se basa en que al momento de expedirse el ordenamiento de observancia general existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera cómo se ejecuta el mandamiento. Establecido lo anterior, tenemos que si en la especie la parte quejosa reclama el Acuerdo DIELAG ACU026/2020 del Gobernador del Estado de Jalisco, por el que se declara el aislamiento social de carácter general y obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID 19), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el diecinueve de abril de dos mil veinte, el cual aduce que por su sola entrada en vigor le provoca afectación en su esfera jurídica, se tiene que dicho acuerdo lo combate bajo el esquema de norma autoaplicativa y en ese sentido, será analizado el acto reclamado. SEXTO. Causa de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o no, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad de acto reclamado, pues como lo refiere la autoridad responsable, Gobernador del Estado de Jalisco, ya perdió vigencia al haberse emitido otros diversos; en esa medida, se advierte que se concreta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Para demostrar lo anterior, es menester el citar las porciones normativas que establecen la causa de improcedencia en estudio, que son del tenor siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.' "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". En el caso, los efectos del acuerdo reclamado han cesado en sus efectos, toda vez que el Acuerdo por el que se declaró el aislamiento social de carácter general y obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID 19), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el diecinueve de abril de dos mil veinte, dejó de tener vigencia. En efecto, el diecinueve de abril de dos mil veinte, mediante Acuerdo DIELAG ACU 026/2020, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el Gobernador del Estado de Jalisco, emitió diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, en el cual se estableció lo siguiente: "Primero. Se emiten las siguientes medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio en el estado de Jalisco, a efecto de prevenir y contener la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de complicaciones y muerte ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que requieran atención hospitalaria: I. Toda persona que se encuentre en el territorio del estado de Jalisco, ya sea residente o esté de tránsito, debe cumplir obligatoriamente con el resguardo domiciliario corresponsable. II. El resguardo domiciliario corresponsable aplica, de manera estricta y sin excepción, a toda persona mayor de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), así como insuficiencia renal o hepática. III. Se reitera la suspensión inmediata de las actividades definidas como no esenciales, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud del Gobierno de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020. IV. En todos los lugares, recintos y establecimientos, públicos o privados, en los que se realicen actividades definidas como esenciales, se deberán adoptar, en todo momento y de manera obligatoria, las siguientes prácticas de higiene y sana distancia: a. Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; b. Las personas al estornudar o toser deberán aplicar la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); c. No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia); y d. Mantener todas las medidas de sana distancia recomendadas por las Secretarías de Salud, tanto federal como estatal. V. Queda prohibida la realización de eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas, ya sean de carácter público, privado o social; VI. Queda suspendida toda celebración relativa a fiestas patronales, festividades cívicas o comunitarias propias de cada región, municipio o localidad del estado de Jalisco, conforme a sus usos y costumbres. VII. Queda prohibido el uso de espacios públicos como unidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural, centros barriales o comunitarios y demás análogos. VIII. Es obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público, como lo son la vía pública, los edificios públicos o el transporte público; así como en aquellos establecimientos y/o giros que se dediquen a actividades esenciales. Segundo. Las autoridades municipales serán las responsables de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria antes señaladas. Tercero. A quien incumpla con las medidas de seguridad sanitarias establecidas en el presente acuerdo le serán impuestas las sanciones establecidas en los artículos 417 y 427 de la Ley General de Salud, así como 345 y 356 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, referidas en el considerando VII. Los establecimientos y/o giros que se dediquen a actividades esenciales que no cumplan con las obligaciones y medidas definidas en este acuerdo, deberán ser clausurados de inmediato, con independencia de las demás sanciones que le sean aplicables a juicio de la autoridad municipal competente. Cuarto. Las anteriores medidas de seguridad sanitaria estarán vigentes hasta el día 17 de mayo de 2020, pudiendo ampliarse su vigencia en caso de ser necesario. Quinto. Se instruye al Secretario de Salud para que en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Transporte, así como con las autoridades federales, estatales y municipales que estime pertinente, intensifiquen y refuercen los puntos de revisión sanitaria obligatoria en aeropuertos, centrales de autobuses y puertos, así como en las vías terrestres del estado de Jalisco, particularmente en los accesos carreteros que se encuentran en los límites con los estados vecinos de Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Colima y Zacatecas. Sexto. Las medidas de seguridad sanitaria establecidas en el presente acuerdo podrán ser adicionadas o modificadas, tomando en consideración el avance, propagación o evolución del brote COVID-19, privilegiando en todo momento la protección de la salud de las y los jaliscienses. TRANSITORIO ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente el de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". No obstante lo anterior, dicho acuerdo fue adicionado mediante el diverso DIELAG ACU 027/2020 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el veinte de abril del año en curso. Luego, el diecisiete de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el diverso acuerdo DIELAG ACU 031/2020, mediante el cual se emitieron nuevas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio, y se ordenó la emisión de los Lineamientos Generales de Seguridad e Higiene en el Entorno Laboral con motivo de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. Dichas medidas fueron reiteradas mediante acuerdo DIELAG ACU 036/2020, publicado en el referido medio de difusión oficial el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, y se determinó que la Fase 0 del Plan Jalisco para la Reactivación Económica se extendería hasta el catorce de junio de dos mil veinte. Posteriormente, el once de junio de dos mil veinte, en la tercera sesión de la Comisión Interinstitucional para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco se aprobaron los siguientes puntos de acuerdo: "PRIMERO. Se da cuenta que nos encontramos en el punto de inflexión de la aceleración de contagios, como se muestra con los siguientes datos de salud: El 9 de junio se superaron los 350 casos en un día; La mitad de los 5,244 casos que tiene acumulados Jalisco, se han presentado en los últimos 10 días; Los últimos 7 días se han registrado al menos 10 defunciones diarias; En esta semana ha fallecido la misma cantidad de personas que falleció en los primeros 2 meses de la pandemia. SEGUNDO. Se aprueba que no existen condiciones para entrar a la Fase 1 del Plan Jalisco para la Reactivación Económica, por lo que se extiende la Fase Cero hasta el día 30 de junio de 2020. TERCERO. Se aprueba que, a partir del 15 de junio de 2020, inicia una etapa de responsabilidad individual, en la que cada persona tendrá que vigilar su comportamiento, ser consciente y hacerse responsable del cuidado de su propia salud y la de su familia, así como atender las medidas de seguridad e higiene sanitaria en todo espacio público. CUARTO. Se aprueba que, a partir del 15 de junio de 2020, las siguientes actividades económicas podrán iniciar con la implementación de las medidas, protocolos y compromisos establecidos en los Lineamientos Generales de Seguridad e Higiene en el Entorno Laboral con motivo de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, para su reapertura gradual, ordenada y cauta, toda vez que forman parte de los sectores más dañados económicamente, bajo las siguientes condiciones: Plazas comerciales: sin acceso a áreas comunes, con un máximo de operación del 25% de la capacidad de su estacionamiento, sin actividad sábados y domingos, y con acceso restringido a tiendas de una persona por familia o grupo. Corredores comerciales: con restricción de acceso a tiendas de una persona por familia o grupo. Hoteles: con un máximo de operación del 25% de su capacidad, con apertura de áreas comunes, sin actividades grupales. Gimnasios y clubs deportivos: con un máximo de operación del 25% de su capacidad, con acceso restringido de una persona por familia o grupo, sin actividades grupales. Estas actividades solo podrán operar previa validación del cumplimiento de las medidas, protocolos y compromisos de seguridad e higiene por parte de las autoridades municipales. QUINTO. Para el caso de Puerto Vallarta, al tratarse de un destino turístico internacional y formar parte de una zona metropolitana interestatal con el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las condiciones para la reapertura económica se establecerán de manera diferenciada. SEXTO. Los recintos religiosos podrán funcionar al 25% de su capacidad o hasta un máximo de 50 personas y se promoverá que las ceremonias, ritos o cultos duren el menor tiempo posible. SÉPTIMO. Se da cuenta que las autoridades sanitarias validaron el "COVID-19. Protocolo para el ingreso de visitantes a los Centros Penitenciarios", por lo que a partir del 15 de junio de 2020 se podrá reanudar el ingreso de visitantes a los centros penitenciarios estatales." En virtud de lo anterior, se expidió el acuerdo DIELAG ACU 041/2020, donde se determinó lo siguiente; "Primero. Se establecen las siguientes medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social en la etapa de responsabilidad individual, a efecto de prevenir y contener la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de complicaciones y muerte ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que requieran atención hospitalaria: I. Se recomienda a toda persona que se encuentre en el territorio del estado de Jalisco, ya sea residente o esté de tránsito, cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible. II. Se recomienda a toda persona mayor de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), así como insuficiencia renal o hepáticas, cumplir de manera estricta y sin excepción con el resguardo domiciliario corresponsable. En el caso del personal de salud, así como de las instituciones de seguridad pública y de los cuerpos de protección civil y bomberos, que por la emergencia sanitaria decidan prestar servicios a instituciones públicas, lo podrán hacer siempre y cuando exista una valoración médica previa respecto a que sus condiciones de salud se lo permiten. III. Se recomienda el uso de cubrebocas para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público, como lo son la vía pública, los edificios públicos o el transporte público; así como en aquellos establecimientos y/o giros que operen conforme al Plan Jalisco para la Reactivación Económica. IV. Se reitera la suspensión de las actividades no esenciales a que se refieren los Acuerdos emitidos por el Secretario de Salud del Gobierno de la República, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 31 marzo y 14 de mayo de 2020. V. Las actividades educativas, religiosas y en espacios públicos se sujetarán a lo siguiente: a) Se mantiene la suspensión de clases presenciales en los planteles de todos los niveles educativos públicos o privados. b) Queda suspendida toda celebración relativa a fiestas patronales, festividades cívicas o comunitarias propias de cada región, municipio o localidad del estado de Jalisco, conforme a sus usos y costumbres. c) Los recintos religiosos podrán funcionar al 25% de su capacidad o hasta un máximo de 50 personas y se promoverá que las ceremonias, ritos o cultos duren el menor tiempo posible. d) Queda prohibido el uso de espacios públicos como unidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural, centros barriales o comunitarios y demás análogos. e) Se reanuda el ingreso de visitantes a los centros penitenciarios estatales, bajo las condiciones establecidas por las autoridades sanitarias en el "COVID-19. Protocolo para el ingreso de visitantes a los Centros Penitenciarios". VI. La reapertura de actividades económicas será de manera gradual, ordenada y cauta, conforme a lo dispuesto en el Plan Jalisco para la Reactivación Económica aprobado por la Comisión Interinstitucional para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco y sus acuerdos posteriores. La Fase 0 de dicho Plan se extenderá hasta el 30 de junio de 2020, conforme a los Lineamientos Generales de Seguridad e Higiene en el Entorno Laboral para la Reactivación Económica con motivo de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. VII. En las actividades que sean consideradas esenciales y en aquéllas que entren en operación conforme al Plan Jalisco de Reactivación Económica, queda prohibida la realización de eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas, ya sean de carácter público, privado o social. VIII. Todas las medidas establecidas en el presente acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos. Segundo. Las autoridades municipales, así como las Secretarías de Salud y de Trabajo y Previsión Social, serán las responsables, en el ámbito de su competencia, de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria antes señaladas. Tercero. A quien incumpla con las medidas de seguridad sanitarias establecidas en el presente acuerdo, los lineamientos generales y los protocolos necesarios para el reinicio gradual de actividades que hayan sido suspendidas total o parcialmente, le serán impuestas las sanciones establecidas en los artículos 417 y 427 de la Ley General de Salud, así como 345 y 356 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco. Los establecimientos y giros que realicen actividades esenciales o se encuentren operando conforme al Plan Jalisco para la Reactivación Económica que no cumplan con las obligaciones y medidas definidas en este acuerdo, los lineamientos generales y protocolos necesarios para el reinicio gradual de actividades que hayan sido suspendidas total o parcialmente, deberán ser clausurados de inmediato, con independencia de las demás sanciones que le sean aplicables a juicio de la autoridad municipal competente. Cuarto. Se instruye al Secretario de Salud para que en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Transporte, así como con las autoridades federales, estatales y municipales que estime pertinente, intensifiquen y refuercen los puntos de revisión sanitaria obligatoria en aeropuertos, centrales de autobuses y puertos, así como en las vías terrestres del estado de Jalisco, particularmente en los accesos carreteros que se encuentran en los límites con los estados vecinos de Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Colima y Zacatecas. Quinto. Las medidas de seguridad sanitaria materia de este Acuerdo, estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2020, y podrán ser adicionadas o modificadas tomando en consideración el avance, propagación o evolución de la epidemia por COVID 19, privilegiando en todo momento la protección de la salud de las y los jaliscienses. TRANSITORIO. ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". En fecha posterior, esto el veinticinco de junio de dos mil veinte, en la cuarta sesión de la Comisión Interinstitucional para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, se aprobaron los siguientes puntos de acuerdo: "PRIMERO. Se da cuenta que los indicadores de salud con corte al día 20 de junio se encuentran de la siguiente manera: Capacidad del sistema de salud: 26.3% de ocupación hospitalaria (Indicador verde: de 0 a 40%). Casos activos: 1,691 (Indicador rojo: más de 1,500). Tasa de positividad: 27.2% (Indicador verde: de 0 a 35%). Tasa de mortalidad: 5.24 por cada 100 mil habitantes (Indicador verde: de 0 a 8). Índice de movilidad: 69% (Indicador verde: de 0 a 70%). SEGUNDO. Se aprueba homologar los criterios de reapertura establecidos en el semáforo del Gobierno Federal, con los establecidos en el Plan Jalisco para la Reactivación Económica. TERCERO. Se mantiene la etapa de Responsabilidad Individual correspondiente a la Fase Cero del Plan Jalisco para la Reactivación Económica, del día 1° hasta el día 15 de julio de 2020. CUARTO. Se aprueba que las siguientes actividades públicas y económicas podrán iniciar con la implementación de las medidas, protocolos y compromisos establecidos en los Lineamientos Generales de Seguridad e Higiene en el Entorno Laboral, para su reapertura gradual, ordenada y cauta, bajo las siguientes condiciones: Bosques urbanos y parques públicos: sin acceso a áreas infantiles, con un aforo máximo del 50% de su capacidad. Albercas y centros deportivos: para actividades deportivas individuales o restringidas a un máximo de operación de 20 personas. Cines y teatros: con un máximo de operación del 25% de su capacidad. QUINTO. Se aprueban en lo general los planes de apoyos y créditos para el reinicio de actividades empresariales y productivas. SEXTO. Se aprueba la instalación inmediata de tres mesas de trabajo de la Comisión Interinstitucional para la Reactivación Económica, para atender los temas siguientes: Atracción de inversiones y comercio exterior. Elaboración de la propuesta formal al Gobierno Federal, respecto a los apoyos que se requieren para consolidar la reactivación económica. Funcionamiento del sector educativo en general, para tomar decisiones en cuanto a su reactivación.' Con motivo de la pandemia Covid-19, el gobierno del Estado de Jalisco, instaló una Mesa Especializada de Salud integrada por el Gobernador, el Secretario de Salud, la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, el Rector de la Universidad de Guadalajara, los Directores Generales de los organismos públicos descentralizados Hospital Civil de Guadalajara y Servicios de Salud Jalisco, además de distintos especialistas en salud pública. En ese sentido, el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, emitió el acuerdo DIELAG ACU 047/2020, de uno de julio de dos mil veinte, mediante el cual se estableció: "Primero. Se establecen las siguientes medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social en la etapa de responsabilidad individual, a efecto de prevenir y contener la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de complicaciones y muerte ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que requieran atención hospitalaria: I. Se recomienda a toda persona que se encuentre en el territorio del estado de Jalisco, ya sea residente o esté de tránsito, cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo el mayor tiempo posible en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público. II. Se recomienda a toda persona mayor de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), así como insuficiencia renal o hepáticas, cumplir de manera estricta y sin excepción con el resguardo domiciliario corresponsable. En el caso del personal de salud, así como de las instituciones de seguridad pública y de los cuerpos de protección civil y bomberos, que por la emergencia sanitaria decidan prestar servicios a instituciones públicas, lo podrán hacer siempre y cuando exista una valoración médica previa respecto a que sus condiciones de salud se lo permiten. III. Se recomienda el uso de cubrebocas para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público, como lo son la vía pública, los edificios públicos o el transporte público; así como en aquellos establecimientos o giros que operen conforme al Plan Jalisco para la Reactivación Económica. IV. Las actividades educativas, religiosas y en espacios públicos se sujetarán a lo siguiente: a) Se mantiene la suspensión de clases presenciales en los planteles de todos los niveles educativos públicos o privados. b) Queda suspendida toda celebración relativa a fiestas patronales, festividades cívicas o comunitarias propias de cada región, municipio o localidad del estado de Jalisco, conforme a sus usos y costumbres. c) Queda prohibido el uso de espacios públicos como plazas y jardines municipales, centros culturales, barriales o comunitarios y demás análogos. d) Los recintos religiosos podrán funcionar al 25% de su capacidad o hasta un máximo de 50 personas y se promoverá que las ceremonias, ritos o cultos duren el menor tiempo posible. e) Se permite la reapertura de bosques urbanos y parques públicos, sin acceso a áreas infantiles, con un aforo máximo del 50% de su capacidad. f) Se autoriza realizar actividades culturales y deportivas en espacios públicos al aire libre, que no generen concentraciones de más de 20 personas. V. La reapertura de actividades económicas será de manera gradual, ordenada y cauta, conforme a lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas del gobierno federal y en el Plan Jalisco para la Reactivación Económica, previa validación de la Mesa Especializada de Salud. VI. Se reitera la suspensión de las actividades no esenciales cuya reapertura no se haya autorizado conforme a lo establecido en la fracción anterior. VII. La etapa de responsabilidad individual (Fase 0) del Plan Jalisco para la Reactivación Económica se extiende hasta el 15 de julio de 2020, conforme a los Lineamientos Generales de Seguridad e Higiene en el Entorno Laboral para la Reactivación Económica con motivo de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. VIII. En las actividades que sean consideradas esenciales y en aquéllas que entren en operación conforme al Plan Jalisco de Reactivación Económica, queda prohibida la realización de eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas, ya sean de carácter público, privado o social. IX. Todas las medidas establecidas en el presente acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos. Segundo. Las autoridades municipales, así como las Secretarías de Salud y de Trabajo y Previsión Social, serán las responsables, en el ámbito de su competencia, de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria antes señaladas. Tercero. A quien incumpla con las medidas de seguridad sanitarias establecidas en el presente acuerdo, los lineamientos generales y los protocolos necesarios para el reinicio gradual de actividades que hayan sido suspendidas total o parcialmente, le serán impuestas las sanciones establecidas en los artículos 417 y 427 de la Ley General de Salud, así como 345 y 356 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco. Los establecimientos y giros que realicen actividades esenciales u operen conforme al Plan Jalisco para la Reactivación Económica que no cumplan con las obligaciones y medidas definidas en este acuerdo, los lineamientos generales y protocolos necesarios para el reinicio gradual de actividades que hayan sido suspendidas total o parcialmente, deberán ser clausurados de inmediato, con independencia de las demás sanciones que le sean aplicables a juicio de la autoridad municipal competente. Cuarto. Se instruye al Secretario de Salud para que en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Transporte, así como con las autoridades federales, estatales y municipales que estime pertinente, intensifiquen y refuercen los puntos de revisión sanitaria obligatoria en aeropuertos, centrales de autobuses y puertos, así como en las vías terrestres del estado de Jalisco, particularmente en los accesos carreteros que se encuentran en los límites con los estados vecinos de Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Colima y Zacatecas. Quinto. Las medidas de seguridad sanitaria materia de este Acuerdo, estarán vigentes hasta el 15 de julio de 2020, y podrán ser adicionadas o modificadas tomando en consideración el avance, propagación o evolución de la epidemia por COVID-19, privilegiando en todo momento la protección de la salud de las y los jaliscienses.' En ese sentido, el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, emitió el acuerdo DIELAG ACU 053/2020, de treinta y uno de julio de dos mil veinte, mediante el cual se estableció: "(.) PRIMERO. Se da cuenta que las actividades industriales, comerciales y de servicios, materia de la reactivación económica, no son la fuente principal de los contagios, sino que la principal causa son las actividades sociales y recreativas que realiza la ciudadanía. En una revisión de 237 casos positivos en el Estado, elegidos aleatoriamente, se identificó que el principal sitio y dinámica de contagios es la casa, ya sea por un familiar enfermo o en una reunión familiar. Además, se informó que en el mismo periodo en que el número de contagios se incrementó 62%, las hospitalizaciones crecieron 12%, lo que demuestra que no existe una correlación entre el número de contagios y la capacidad hospitalaria. Lo anterior se debe a las medidas de mitigación y atención oportunas que se han implementado, entre ellas la realización de pruebas masivas, lo que ha permitido detectar contagios, aislar a los pacientes de inmediato y darles tratamiento adecuado, así como rastrear casos sospechosos con los que hayan tenido contacto. SEGUNDO. La Mesa de Salud determina que los alcances de la implementación del "botón de emergencia" serán establecidos en función de la evidencia señalada en el punto anterior, con el propósito de mantener un sano equilibrio entre la protección de la vida y la salud, y las actividades económicas que no generan riesgo de contagio. (.) Único. Se reforma el Acuerdo DIELAG ACU 047/2020, en el que se establecen diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social con motivo de la emergencia sanitaria por covid-19, para quedar como sigue: Primero a Cuarto. [.] Quinto. Las medidas de seguridad sanitaria materia de este Acuerdo, estarán vigentes hasta el 16 de agosto de 2020, y podrán ser adicionadas o modificadas tomando en consideración el avance, propagación o evolución de la epidemia por COVID19, privilegiando en todo momento la protección de la salud de las y los jaliscienses. (.)" En ese orden de ideas, se tiene que a la fecha en que esto se resuelve, el acto reclamado ha sido modificado por diversos acuerdos emitidos por la autoridad responsable Gobernador del Estado de Jalisco, siendo el último el DIELAG ACU 053/2020, de treinta y uno de julio de dos mil veinte, mediante el cual se establecieron diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social con motivo de la emergencia sanitaria por covid-19, en las cuales únicamente se hacen recomendaciones, esto es, las disposiciones ahí contenidas ya no tienen el carácter de obligatorias como sí lo eran en el acuerdo reclamado que contenía la declaración de aislamiento social obligatorio, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el diecinueve de abril de dos mil veinte. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza la causa de sobreseimiento apuntada, pues en la especie se reclama el Acuerdo por el que se declaró el aislamiento social de carácter general y obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID 19), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el diecinueve de abril de dos mil veinte, el cual tuvo vigencia hasta el diecisiete de mayo del año en curso; además, durante la tramitación del juicio, la autoridad responsable emitió los acuerdos citados en el cuerpo de la presente resolución, los cuales sustituyeron al acuerdo reclamado, destruyendo así de manera total e incondicional sus efectos, al dejar de tener vigencia. Lo anterior, máxime que el quejoso combate el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veinte, como una norma autoaplicativa, es decir, que por su sola entrada en vigor le causó perjuicio, y no por la existencia de un acto de aplicación en su contra. Finalmente, el peticionario de la demanda de amparo tampoco demostró que durante la vigencia del acto reclamado hubiera sufrido alguna consecuencia material derivada de su incumplimiento; y en ese orden, una eventual concesión del amparo carecería de efectos prácticos, de ahí que deba sobreseerse en el presente juicio de amparo. s aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, localizable en la página mil ciento siete, Libro XIX, abril de dos mil trece, tomo 2, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos.' En ese orden de ideas, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo en relación con el acto y autoridad de referencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 en relación con la fracción XXI, del diverso 61 ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo 74, fraccio´n IV, de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese
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