Domingo Francisco Hernández Hernández
Expediente 1083/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Domingo Francisco Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso b) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó respecto de todos los actos reclamados. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por ***, con el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese con el número 1083/2020-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza a la Jueza de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." De la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: El oficio SP/DPSH/1947/2020. En la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Los preceptos, anteriores en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Del análisis del referido artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo solamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida implica que tenga que ser real y no de carácter subjetivo. Para que se actualice un agravio, este debe afectar algún derecho jurídicamente tutelado en favor del directo quejoso, es decir, de quien acude a la demanda de amparo, a efecto de salvaguardar aquel derecho; por lo que ese agravio debe concretarse en aquél y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle, habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Se arriba a la conclusión que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica; lo anterior de conformidad con lo expuesto en la fracción I, del numeral 107 de la Carta Magna. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de la documental que la parte quejosa acompañó específicamente del mismo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se trata del oficio SP/DPSH/1947/2020, signado por la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través del cual pretende dar cumplimiento a la resolución interlocutoria de diecisiete de septiembre de la presente anualidad, dictada por la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que declaró fundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, emitida en el juicio de nulidad 1268/19-27-01-5 de su índice, promovido por el aquí quejoso Domingo Francisco Hernández Hernández. Empero, a juicio de quien resuelve, el acto combatido en esta instancia constitucional, no le ocasiona una afectación personal y directa a la esfera de derechos y obligaciones de la promovente del amparo. Se sostiene lo anterior, pues así se desprende tanto de los hechos narrados por la quejosa en su escrito de demanda como de la copia simple del oficio que constituye la materia de reclamo en el presente asunto. En efecto, de tales constancias se advierte que si bien, a través del oficio combatido SP/DPSH/1947/2020, la Encargada de la Subdelegación responsable refirió dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, que declaró fundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de treinta y uno de enero de la presente anualidad, emitida en el juicio de nulidad de origen, y para ello, explicó de manera pormenorizada los cálculos correspondientes a los incrementos en la pensión del actor Domingo Francisco Hernández Hernández -aquí quejoso-, a los que fue condenada en el juicio de nulidad; lo cierto es que esa determinación aún no adquiere firmeza, ya que se encuentra supeditada a la resolución que en su caso emita la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que con base en sus facultades legales, declare si la autoridad demandada, acató el fallo de nulidad y el de queja, emitidos en el juicio de origen. Ello es así, pues de la interpretación sistemática del artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con la fracción II, de dicho precepto legal, se colige que las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encuentran obligadas a revisar oficiosamente si las autoridades demandadas acatan o no los fallos emitidos en los asuntos de su conocimiento, sin que represente obstáculo a lo anterior el hecho de que la resolución administrativa contenida en el oficio de mérito (a través de la cual la Subdelegación responsable pretende dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad correspondiente) haya sido emitida en cumplimiento a una interlocutoria que declaró fundada una queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, interpuesta por el actor. Resulta aplicable al caso, el criterio sustentado por los Tribunales Colegiado de Circuito, de la Décima Época, Materia: Administrativa, con número de registro: 2016642, visible en la página 2382, del Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SU CUMPLIMIENTO DEBE REVISARSE OFICIOSAMENTE, INCLUSIVE EN LOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA EMITA UNA NUEVA DETERMINACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA INTERLOCUTORIA DE QUEJA. El artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que las Salas, Secciones o el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrán requerir y revisar oficiosamente el cumplimiento de sus sentencias. Por otra parte, la fracción II de dicho precepto no establece expresamente que la resolución administrativa emitida por la autoridad demandada en cumplimiento a una interlocutoria que declaró fundada una queja interpuesta por el actor, sea revisada oficiosamente por dicha autoridad jurisdiccional. No obstante, esta última porción normativa debe interpretarse a la luz del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otras cosas, establece el principio de plena ejecución de las resoluciones judiciales, que implica que aquellas determinaciones que han causado estado se materialicen en su totalidad; es decir, que cabalmente se realicen las conductas de dar, hacer o no hacer ordenadas por la autoridad jurisdiccional. En estas condiciones, si bien es cierto que algunas legislaciones procesales establecen la obligación del juzgador de velar por el pleno cumplimiento de sus determinaciones, para lo cual llevará a cabo oficiosamente los actos necesarios para lograrlo, como sucede con la Ley de Amparo, también lo es que otras contienen un principio de impulso procesal de las partes, comprensible por su propia naturaleza, como sucede en los procesos mercantiles. Así, el intérprete de la norma habrá de analizar el sistema normativo correspondiente, según sus características, para determinar cuál es la situación que prevé en el caso concreto. De esta manera, la fracción I del precepto 58 citado, que establece la revisión oficiosa del cumplimiento de la sentencia de nulidad, debe servir de base para llenar la laguna normativa de la diversa fracción II. Por tanto, para hacer efectivo el principio señalado, aun cuando el actor no desahogue la vista otorgada para manifestarse sobre el cumplimiento dado a una interlocutoria de queja, ello no es impedimento para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa revise oficiosamente si la autoridad demandada acató el fallo de nulidad y el de la queja. Esto es, la omisión de desahogar la vista aludida podrá tener repercusiones como la preclusión procesal, pero, se insiste, no al grado de que la Sala, Sección o el Pleno omita analizar si se acató o no su sentencia." De ahí que, como se adelantó, el oficio reclamado no genera una afectación personal y directa a la esfera de derechos y obligaciones del promovente del amparo, en virtud a que se reitera, el actuar de la responsable se encuentra supeditado a la decisión que en su caso emita la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en relación a si el fallo de nulidad y el emitido en el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, se encuentran cumplidos o no, motivo por el que hasta que ello no acontezca, el oficio combatido se encuentra sub júdice para todos los efectos legales conducentes, pues existe la posibilidad de que la referida Sala no convenga con las determinaciones que ahí se contienen, y requiera nuevamente el cumplimiento de la sentencia a la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación Hidalgo, lo que dejaría sin efectos el oficio SP/DPSH/1947/2020, que aquí se combate. Por tanto, será hasta ese momento, y sólo en el caso de que la Sala determine que con el actuar contenido en el oficio de mérito se encuentra cabalmente cumplida la sentencia de nulidad dictada en el juicio natural, cuando se produzca la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, toda vez que hasta este momento el promovente no encuadra dentro de la hipótesis prevista en el citado artículo 5°, fracción I de la Ley de la materia, toda vez que el acto que reclama debe producir una afectación real y actual en su esfera jurídica, lo que en la especie no acontece. En consecuencia, conforme a lo expuesto, se materializa de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo cual, con fundamento en el precepto 113 de la legislación en cita, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo intentada. Ahora, no obstante que se estima que los argumentos anteriores resultan suficientes para desechar de plano la demanda de amparo intentada, derivado de lo anterior este Juzgado Federal estima que también se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, preceptos que, en lo atinente, disponen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". En efecto, de las disposiciones mencionadas se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos después de concluido el juicio, siempre que dicho acto se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, siendo ésta: a) La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; o b) Declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o c) Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. - Caso concreto En ese contexto, como ya se adelantó, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el oficio SP/DPSH/1974/2020, de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, signado por la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través del cual pretende dar cumplimiento a la resolución interlocutoria de diecisiete de septiembre de la presente anualidad, dictada por la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que declaró fundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, emitida en el juicio de nulidad 1268/19-27-01-5 promovido por el aquí quejoso Domingo Francisco Hernández Hernández. Consecuentemente, es evidente que el acto que ahora combate el impetrante de derechos fundamentales, no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución -en que se encuentra el juicio de nulidad de origen- porque es claro que ahí no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se ordena el archivo definitivo del expediente, por lo cual, el acto combatido en esta instancia federal el accionante del amparo podrá alegarlo como violación intraprocesal, una vez que se dicte la resolución que ponga fin a la etapa de ejecución, es decir, aquella que tenga por cumplida la sentencia emitida en el juicio de nulidad 1268/19-27-01-5, o en su caso indique la imposibilidad para tenerla por cumplida. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 32/2001, con número de registro 190035, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31 del Tomo XIII, Abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de texto y rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Sin que pase inadvertido a este Juzgador, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional del País, en el sentido de que, aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes a través del juicio de amparo indirecto, sin esperar a la última resolución que se emita en dicha etapa, siempre y cuando: 1) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y 2) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; pues en el caso, el oficio reclamado fue emitido precisamente en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen, por tanto, aun cuando el aquí quejoso se encuentre inconforme con los cálculos de los incrementos a su pensión (a los que fue condenada la autoridad demandada en el juicio natural) realizados por la Subdelegación responsable, al no ser tal actuar ajeno a lo sentenciado en el juicio de origen, debe esperar a la última resolución que dicte la Sala del conocimiento (en el sentido de aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado, declarar la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordenar el archivo definitivo del expediente), y en todo caso, de ser contraria a sus intereses, acudir al juicio de amparo en contra de dicha determinación. Por tanto, en atención a las razones expuestas y al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Domingo Francisco Hernández Hernández, contra el acto que reclama de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Lo anterior, máxime que las causas de improcedencia advertidas no son susceptibles de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con el propio acto reclamado y los términos de su demanda, lo anterior con el objeto de que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En el entendido de que la demostración de los motivos indudables y manifiestos de improcedencia advertidos en el presente asunto, se tienen por acreditados además de las constancias que obran en autos, con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del promovente de amparo, expresadas en la demanda, las cuales constituyen una confesión que para este Juzgador es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado como domicilio el que refiere en su escrito y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con registro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Notifíquese personalmente.
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