Domingo Esmaragdo Matías García

Expediente 1269/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1269/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Domingo Esmaragdo Matías García

Actuaciones

  1. Principal

    ° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio número 117, firmado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en este municipio, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el veinticuatro de enero de esta anualidad, en el recurso de queja número 299/2022, de su índice, de la que se advierte que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso ***, contra el acuerdo dictado por este Juzgado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó de plano, por notoriamente improcedente, su demanda de amparo; en consecuencia, acúsese recibo y hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad correspondiente.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito remitido vía electrónica signado por el licenciado ********, promoviendo con el carácter de defensor particular del adolescente ********., en atención a su contenido se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene al citado representante del quejoso, interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintiocho de octubre de esta anualidad, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo origen de este juicio. Por tanto, se ordena agregar impresión de tal ocurso a este expediente; y al efecto, ríndase informe sobre la materia de la queja. Asimismo, dado que dicho medio de impugnación se interpuso vía electrónica, únicamente remítase al , 1) dos impresiones del referido ocurso, así como 2) la certificación en la que se haga constar que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución que integran este juicio. Luego, a fin de que el Tribunal de Alzada se imponga de las constancias que integran este juicio de amparo, se ordena hacer disponible el presente expediente, a efecto de que dicho órgano jurisdiccional realice la vinculación correspondiente del expediente electrónico. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este Juzgado, para que realice las gestiones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para cumplir con lo anterior. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    ° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Registro de demanda. Con la demanda de amparo promovida por ******, promoviendo con el carácter de defensor particular del adolescente ******, contra actos del Juez de Control del Juzgado Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Oaxaca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1269/2022. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que recibe, en el entendido de que dicho precepto faculta al órgano jurisdiccional para desecharla de plano cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, la parte quejosa reclama al Juez de Control Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Oaxaca: a) El auto de apertura a juicio dictado en la audiencia intermedia celebrada el día veinticuatro de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 60/2020, que se sigue en contra del adolescente D.E.M.G., por el hecho que la ley señala como el delito de Equiparado a la Violación, en agravio de la víctima menor de edad de iniciales C. E. H. R. b) La determinación adoptada por el juez responsable en la audiencia intermedia celebrada el día veinticuatro de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 60/2020, que se sigue en contra del adolescente D.E.M.G., por el hecho que la ley señala como el delito de Equiparado a la Violación, en agravio de la víctima menor de Ministerio Publico para que ajustara el hecho materia de la acusación, al hecho fijado en el auto de vinculación a proceso." Fijación del acto reclamado Del análisis integral de la demanda de amparo se colige que, el acto reclamado destacado lo constituye: La resolución dictada en la audiencia intermedia de veinticuatro de octubre del año en curso, dictada en la causa 60/2020, en la que el juez responsable determinó que no era procedente la corrección que solicitó el hoy quejoso hiciera el agente del Ministerio Público en su acusación, ya que consideró que no hubo una modificación del hecho, porque sólo fueron unas palabras las que se agregaron al hecho, pero que de ninguna manera esta traía como consecuencia modificar el hecho materia de la vinculación a proceso y que concluyó con el auto de apertura de juicio. Por tanto, en el presente caso se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia Ahora, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, invocada por la responsable, para lo cual es necesario: 1) Que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que lo pueda modificar, revocar o nulificar y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que dicho recurso se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. Lo anterior es así pues los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Atento al contenido de los preceptos trascritos, se evidencia que en contra de la resolución emitida en la audiencia intermedia de veinticuatro de octubre en curso y que concluyó con el auto de apertura de juicio en la causa penal 60/2020 del índice del juez responsable, en la que determinó que no era procedente la corrección que solicitó el hoy quejoso hiciera el agente del Ministerio Público en su acusación, ya que consideró que no hubo una modificación del hecho, porque sólo fueron unas palabras las que se agregaron al hecho, pero que de ninguna manera esta traía como consecuencia modificar el hecho materia de la vinculación a proceso, el medio de defensa que procede para controvertir esa actuación es el recurso de revocación, y que debió interponerse antes de que concluyera la audiencia, en el caso la intermedia y debió ser resuelto de inmediato en la propia audiencia por el hoy juez responsable. En efecto, la resolución reclamada fue dictada por el Juez de Control Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Oaxaca, en la audiencia intermedia, por lo que de conformidad con el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede el recurso de revocación, del que corresponde conocer y resolver al referido juez responsable. Lo anterior, ya que no es una determinación apelable en términos del artículo 467 Código Nacional de Procedimientos Penales; de ahí que, todo lo que no es apelable será revocable. Por tanto, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revocación previsto en el citado precepto 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. De tal modo que, al proceder el recurso de revocación a que alude el citado artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra las determinaciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, es de concluirse que al no agotarse ese medio ordinario de defensa deviene improcedente el juicio constitucional, conforme a lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso el quejoso se ubique en las hipótesis de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo; es decir no se trata de un acto de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además tampoco reclama una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para que disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Finalmente, tampoco el quejoso no es persona extrañas a juicio, por las razones expuestas con anterioridad. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2021251 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 85/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 283 Tipo: Jurisprudencia RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Por otra parte, respecto del acto reclamado y que consiste en el auto de apertura a juicio dictado en la audiencia intermedia celebrada el día veinticuatro de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 60/2020, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, toda vez que fue emitido dentro de una causa penal, y no tiene efectos de imposible reparación, como se expone a continuación: Los citados preceptos, en lo conducente señalan: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Ahora bien, de acuerdo a la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, la procedencia de la acción constitucional, en tratándose de actos acaecidos dentro de un juicio, se encuentra reservada únicamente para aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación de imposible reparación, entendiendo por actos de esa naturaleza, como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos del gobernado, salvaguardados por la Constitución Política del País o en los Tratados Internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, cuya afectación no desaparece, ni en el caso de que se obtenga sentencia favorable, lo cual sí acontece respecto de aquellos actos que solo transgreden cuestión de naturaleza procesal, como es el caso. Bajo ese contexto, es posible advertir que el auto de apertura al juicio, sólo constituye violaciones procesales, las cuales pueden ser reparables en la etapa de juicio, o bien, al recurrir la sentencia si es que ésta la fuera desfavorable, inclusive, en amparo directo. En efecto, en primer orden debe destacarse que el diseño del proceso penal de corte acusatorio, lleva implícita la protección de derechos fundamentales a través de la figura del juez de control; de tal manera que el juicio de amparo no debe servir de instrumento jurídico para obstaculizar el normal desarrollo de aquél. Aunado a lo anterior, la sucesión de etapas del proceso penal facilita que posteriormente pueda ser reparada una violación procesal, pues en el momento procesal oportuno, esto es, al dictar la sentencia correspondiente. Inclusive, si las violaciones procesales de que se duele la quejosa transcendieran al resultado de una sentencia desfavorable a sus intereses, entonces estará en aptitud de interponer el recurso de apelación y, de ser necesario, promover amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, en relación con el diverso 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, el auto de apertura de juicio reclamado por la parte quejosa no puede ser considerado como de ejecución irreparable y, por lo mismo, no se materializa la hipótesis de procedencia del juicio de amparo prevista en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De ahí que, el acto reclamado por el quejoso no es impugnable en amparo indirecto, ya que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ello el que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la carta magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; en consecuencia, no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo biinstancial. En ese sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.), de la de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." En esas condiciones, al quedar actualizadas de manera notoria e indudable las causas de improcedencia advertidas de oficio por este órgano jurisdiccional, SE DESECHA DE PLANO la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizado únicamente para dichos efectos a ********, por no encontrarse registro de sus cédulas profesionales en el "sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgado de distrito"; así como por no proporcionar el número de cedula profesional que lo acredite como licenciado en derecho. Es aplicable al respecto, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 173706, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". Se autoriza consulta de expediente y notificación electrónica. Por otra parte, con fundamento en los artículos 34, 35, 36 y 98 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se le tiene por autorizado para acceder a este expediente electrónico, con el usuario "Juanrios", a fin de que dicha parte pueda realizar la consulta correspondiente y, de igual forma, se tengan por practicadas las notificaciones en este juicio de amparo, por lo cual se instruye al actuario adscrito a este Juzgado, realice las subsecuentes notificaciones por esa vía. En consecuencia, se instruye al oficial judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Acceso, consulta y notificación electrónica. Por otra parte, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Al respecto, tómese en consideración la declaración de la parte quejosa en el sentido de oponerse a la publicación de sus datos personales. Autorización de medios electrónicos y gratuidad de los servicios. Por otra parte, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano