Domingo Elizondo Martinez

Expediente 229/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
229/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
31/05/2019

Partes del expediente

  • Presidenta Municipal de Reynosa, Tamaulipas
  • Domingo Elizondo Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y en su oportunidad, archívense las actuaciones como asunto concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos del párrafo que antecede se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude la fracción V, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. L´COGM/emsg

  2. Principal

    El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, el Secretario procede a dar lectura al escrito de demanda (fojas 2 a 6), así como a las demás constancias de autos, y da cuenta al Juez con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómese en consideración el informe justificado al momento de resolver este juicio de amparo. Enseguida, el Juez declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario da cuenta con la documental que anexó la parte quejosa en su demanda (foja 7), con la documental pública de la autoridad responsable (foja 18) y con las pruebas consistentes en instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, y documental que relacionó y anexó el quejoso, en su ocurso recepcionado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 20 a 23). A lo que se acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. Acto continuo, en la etapa de alegatos, se da cuenta con los vertidos por la parte quejosa en su escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 20 a 23); también, el pedimento 183/2019 emitido por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo que se acuerda: téngase por reproducidas las manifestaciones vertidas en los mismos, que serán tomadas en consideración oportunamente. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 229/2019-1; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, Domingo Elizondo Martínez, promovió juicio de amparo contra acto de la Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, con sede en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se admitió la demanda con el número 229/2019-1, se ordenó dar los trámites administrativos comunes, pedir informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la representante social de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos que se anotan; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tendrían ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de acordar la promoción de veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Al rendir su informe justificado la Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, residente en esta ciudad, manifestó que no es cierto el acto reclamado (fojas 16 y 17). Sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada en atención a que manifestó que entre el quejoso y la autoridad, existe una relación laboral. En consecuencia, se tiene por cierto el acto reclamado. Sin embargo, no obstante la certeza del acto reclamado, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción I, del artículo 1°, (a contrario sensu), así como con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán. Ahora bien, el numeral 61, fracción XXIII, en relación con la fracción I, del artículo 1°, (a contrario sensu), así como con el artículo 5, fracción II, de la Ley de la Materia, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De lo anterior, se deduce que el juicio de garantías es procedente contra actos de autoridades que violen derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos provenientes de una autoridad que perjudiquen la esfera jurídica del gobernado, excluyendo, por ende, los actos derivados de particulares. El concepto actual de autoridad se refiere a todo órgano hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, con facultades que implican poder de decisión y ejecución, esto es, que realiza actos de naturaleza jurídica que afectan la esfera de los particulares y la de imponer a éstos sus determinaciones unilateralmente, modificando o alterando situaciones jurídicas concretas. Es aplicable, la tesis 2a. CCIV/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, del Tomo XIV, Noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 188436), que prescribe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Lo anterior lleva a considerar que "autoridad" para efectos del juicio de amparo, es la que reúne los siguientes requisitos: a) Es un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Esa relación se origina en una ley; c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Para la emisión de esos es innecesario acudir a los órganos judiciales, sin que tampoco sea necesario el consentimiento de la voluntad del afectado. Precisado lo anterior, puede decirse que la relación jurídica entablada con motivo del acto que reclama la parte quejosa, no es de aquéllas de supra a subordinación, sino de coordinación; lo que se afirma, porque las primeras (de supra o subordinación) se originan entre gobernantes y gobernados, regulándose por el derecho público, que establece los procedimientos para dirimir los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado; mientras que las relaciones de coordinación implican un plano de igualdad, en el que las partes (por lo general particulares) se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. Lo anterior es así, porque el acto reclamado deriva de una petición donde el agraviado solicitó el pago de la prima de antigüedad que se le adeuda como policía jubilado, lo cual es de naturaleza laboral, por ende no constituye acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que se origina en las obligaciones que como patrón tiene el Ayuntamiento de Reynosa; y no de un deber como autoridad de hacer el pago que pretende el quejoso. Lo anterior, de conformidad con la tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, materia común, Tesis III 4° T., visible en la página 1639, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, registro 2011298, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN.-" Dadas las razones anotadas, al actualizarse en autos de manera plena el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción I, del artículo 1°, (a contrario sensu), así como con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 229/2019-1, promovido por Domingo Elizondo Martínez, respecto del acto reclamado, autoridad responsable y por los motivos anotados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. COGM/npm

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, tres de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta; agréguese a los autos el pedimento 183/2019 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual formula alegatos, los cuales se tomarán en consideración en la etapa oportuna. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. L´COGM/emsg

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Reynosa, Tamaulipas, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, toda vez que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en proveído de diecinueve de febrero del año en curso (foja 233), se procede analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida conforme a las constancias remitidas por el apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En este asunto, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, diera cumplimiento a la ejecución del laudo de dictado en el juicio laboral 605/2009 (foja 104), en cuyo punto resolutivo tercero se estableció: "TERCERO.- Se condena al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el otorgamiento y pago al actor NELSON HINOJOSA MILLAN DE PENSIÓN POR INVALIDEZ DEFINITIVA en términos del artículo 63 y 64 de la Ley del ISSSTE un 70% del promedio de los salarios del último año de servicios, advirtiéndose que éste percibía $7,784.68 pesos por quincena, lo que deviene en una percepción diaria de $518.97 pesos diarios, y el 70% de esta cifra equivale a $363.28 pesos, que como percepción diaria se le debe otorgar al trabajador por la pensión de invalidez que reclama, la que opera a partir de la fecha de presentación de la demanda, esto es el 05 de junio de 2009, debiendo otorgar y pagar todas las prestaciones adicionales contempladas en la ley relativa, el aguinaldo anual a partir de 2009 y el servicio médico correspondiente en los términos precisados en la parte considerativa de la presente resolución." (foja 20). En cumplimiento del fallo protector, mediante oficio sin número recepcionado el diecinueve de febrero del año en curso, el apoderado legal de la autoridad responsable, remitió copia certificada de la concesión de pensión con folio 28000814020001 expedida al quejoso Nelson Hinojosa Millán con inicio a partir del seis de junio de dos mil nueve, y con salario de $363.28 (trescientos sesenta y tres pesos 28/100), así como de recibos de pago por concepto de pensión y aguinaldo; y dado que para esos efectos se concedió el amparo y protección de la justicia federal, ha de concluirse que desde el punto de vista material y jurídico, con dicho proceder la sentencia ha sido acatada. No se soslaya que en el escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve el autorizado de la parte quejosa, señaló que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida puesto que aún no se ha otorgado al quejoso el pago de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de dos mil diecinueve. En atención a lo anterior, dígase al promovente que como se anotó en esta determinación, la sentencia de amparo quedó cumplida con las actuaciones de la autoridad responsable, pues los meses que dice no han sido pagado, a la fecha que se actúa no han fenecido. En consecuencia, con apoyo en los numerales 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, el suscrito juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero, fracción V, en relación con el ordinal cuarto del mencionado acuerdo, por tanto, el presente expediente es susceptible de depuración una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones., Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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