DOMINGO EFREN GONZALEZ ABASCAL y Otros.

Expediente 387/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
387/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • DOMINGO EFREN GONZALEZ ABASCAL y Otros.
  • Fiscal General del Estado de Puebla
  • Domingo Efren Gonzalez Abascal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, que sobreseyó en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar los seis discos versátiles digitales que remitió la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución, Región Judicial Centro, con sede en Puebla, en apoyo a su informe justificado; devuélvansele, previas fojas de sustitución que se agreguen al presente expediente, pues los mismos se encuentran agregados dentro de tres sobres. En ese sentido, requiérasele para que en el improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 387/2018, promovido por Domingo Efrén González Abascal, contra los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso tercero apartado I y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. No ha lugar a dar vista a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional de conformidad con el considerando quinto de esta determinación. TERCERO. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en su considerando último.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución, Región Judicial Centro, con sede en Puebla, sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, atento a que por acuerdo de siete de mayo de dos mil dieciocho (fojas 56 a 58), se tuvo por rendido el informe de que se trata, acordándose lo conducente. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable ofreciendo como prueba las documentales que anexa al oficio de mérito, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. De igual manera, en términos del citado numeral, se tienen como prueba los discos versátiles digitales que acompaña la autoridad responsable; sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno. Respecto a los discos versátiles digitales que remitió el juez responsable no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdense en un sobre cerrado los discos que acompaña, mismos que se glosan al expediente, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 3. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, Inspectoría Metropolitana de la Acreditable de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con el que da cuenta el secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, téngase a la autoridad responsable ofreciendo como prueba las documentales que anexa al oficio de mérito, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, por lo que hace a las manifestaciones que realiza la autoridad responsable 3. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, Inspectoría Metropolitana de la Acreditable de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, en el sentido de que se requiera al Centro de Justicia Penal de Puebla los registros videográficos, del horario comprendido entre las diecisiete horas con cuarenta minutos (17:40) del dos de mayo de dos mil dieciocho -fecha y hora en que ingresó el quejoso directo a dicho Centro de Justicia Penal- a la hora en que la actuaria Judicial de la adscripción se trasladó al mismo (veintiuna horas con treinta minutos -21:30-, de ese día), a fin de acreditar que el quejoso Domingo Efrén González Abascal, ingresó sin lesiones externas, se provee: Hágase saber a la autoridad responsable oficiante que, todos las manifestaciones o alegatos relativos a los actos de tortura, debe hacerlas valer ante la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, tal y como se le hizo saber en acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciocho (fojas 31 a 36), pues de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en relación directa con el numeral 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el presente juicio de amparo se ordenó dar vista a dicha representación social, a efecto de que, de inmediato, iniciara una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Máxime que, la tortura no es un acto reclamado destacado en el juicio de amparo en que se actúa, donde son la privación ilegal fuera de procedimiento y la incomunicación, según se advierte de la demanda presentada mediante comparecencia el dos de mayo del actual (fojas 5 y 6). Sin perjuicio de lo anterior, córrase traslado con el oficio de cuenta y sus anexos a la Agente del Ministerio Público de la adscripción, a fin de que realice lo que en derecho corresponda.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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