Domingo Cruz Paramo

Expediente 361/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
361/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • Domingo Cruz Paramo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Apoderado Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele cumpliendo a lo ordenado en autos y por ende dando cumplimiento a lo relativo a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Asimismo, en aras de cumplir con la medida cautelar otorgada, mediante notificación personal que al efecto se practique, dígasele al quejoso ********************que deberá comparecer a las instalaciones del Hospital General de Uruapan, Michoacán, los días martes, jueves y sábado de cada semana a las 6:30 horas a fin de que reciba sus sesiones de hemodiálisis que fueron autorizadas. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual manifiesta que actualmente el quejoso no se encuentra recibiendo las tres sesiones de hemodiálisis por semana, que requiere para mantener su estado de salud estable. Por tanto, en atención a su solicitud REQUIÉRASE a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS realice gestiones correspondientes y necesarias para garantizarle al quejoso las tres sesiones de hemodiálisis que requiere como tratamiento para su padecimiento de insuficiencia renal crónica; APERCIBIDAS que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una MULTA de cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación publicado el diez de enero de dos veintitrés, y publicado el uno de febrero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Además, haciéndole de su conocimiento que la desobediencia del auto de suspensión de plano se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    veinticinco de agosto de dos mil veintitrés Acto continuo, el Secretario hace constar que en los presentes autos obra: Escrito de demanda de amparo. Auto de dos de junio de dos mil veintitrés, por el cual se admitió a trámite la demanda de amparo. Notificación en la que se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. En ese tenor, continuando con la relación de constancias, se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable siguiente: No Autoridad responsable Sentido 1 Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con residencia en Uruapan, Michoacán Niega con manifestaciones De igual forma, el Secretario hace constar que la siguiente autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, pese a estar debidamente notificada para ello: NO. AUTORIDAD 1 Secretaria de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia Finalmente, se hace constar que la parte quejosa no manifestaron si se oponían o no, a que se publiquen sus datos personales. A lo anterior la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que anteceden para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el recuadro que antecede en primer lugar. Se declara abierto el período probatorio: El Secretario hace constar que la parte quejosa ofreció en copia como medios de prueba las documentales siguientes: Resumen médico de la Clínica "Unidad Renal Ambulatorio S. C." Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas relacionadas con anterioridad; y por perdido el derecho de las demás partes de ofrecer pruebas, con lo que se cierra esta etapa, con lo que se cierra esta etapa. Y se ordena abrir la etapa de alegatos. Abierto el periodo de alegatos: El Secretario certifica que el acto que se reclama en el presente asunto es: "A) La omisión de proporcionarme la atención médica y el tratamiento adecuado para la enfermedad de insuficiencia renal crónica que padezco". Acto reclamado que ES de los señalados por el artículo 15 de la ley de amparo; asimismo, se hace constar que las demás partes no formularon durante el juicio alegatos por escrito. Al efecto la Jueza acuerda: con las certificaciones anteriores, y toda vez que el acto que se reclama en ese juicio de amparo es de los establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de las partes para formularlos al no haberlos presentado por escrito y no haber comparecido a la presente audiencia, cerrándose así este período. Acto seguido, el Secretario HACE CONSTAR: Que hasta este momento ninguna de las partes comparecieron a este Órgano Jurisdiccional al desahogo de la audiencia constitucional, pese haber sido citados oportunamente. La Jueza acuerda: Al haberse concluido las etapas de pruebas y de alegatos, se procede a dictar la siguiente sentencia: Vistos; para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 361/2023, que promovió ********************contra actos del Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con residencia en Uruapan, Michoacán y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil veintitrés y turnado a este Juzgado el mismo día, ********************contra actos que reclama del Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con residencia en Uruapan, Michoacán y otra autoridad, que serán debidamente precisados en el considerando respectivo. SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. La demanda de amparo indirecto de que se trata, fue turnada a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, de la que se le concedió al quejoso la suspensión de oficio y de plano al quejoso de los actos reclamados, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; luego, la audiencia constitucional, se llevó a cabo en términos del acta respectiva. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción en el lugar donde radica una de las autoridades señaladas como responsables y donde tiene ejecución el acto reclamado (Uruapan, Michoacán). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar cuáles son los actos reclamados. Para lograr ese propósito, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer los actos reclamados, como son: Analizar en su integridad el escrito de demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, Prescindir de los calificativos relacionados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan de los actos reclamados. Apoya lo anterior las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los rubros, siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Ahora, de la lectura íntegra del escrito de demanda de amparo se advierte que el quejoso refiere padecer insuficiencia renal crónica; que tiene su domicilio particular en Avenida Valle Real, número 172, colonia San Francisco Uruapan, en Uruapan, Michoacán, y que las autoridades responsables le han negado la atención medica que requiere, con el argumento de que no cuentan con la infraestructura necesaria para realizarle las sesiones de hemodiálisis que requiere. Por lo tanto, el acto reclamado se fija como la falta de tratamiento, medicamento y atención médica necesarios para el debido tratamiento que la parte quejosa requiere para vivir, ya que padece insuficiencia renal. TERCERO. Existencia del acto reclamado. SON CIERTOS los actos reclamados de las autoridades responsables siguientes: Director del Hospital General de Uruapan, "Dr. Pedro Daniel Martínez". Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán. Ello es así, pues no obstante que la autoridad indicada en primer lugar al emitir su informe de ley, negó la existencia del acto que se le reclama y por lo que ve a la diversa autoridad fue omisa en rendir su informe de ley; sin embargo, dicha negativa y omisión se encuentra desvirtuada y deben tenerse por ciertos los actos que se les atribuyen. Lo anterior, porque aun cuando la autoridad responsable Director del Hospital General de Uruapan, "Dr. Pedro Daniel Martínez" expresó que no es cierto el acto reclamado, ya que no es posible que exista una omisión al derecho de la salud, en virtud de que en dicha institución según indica, se ha brindado atención medica que requiere el quejoso cada vez que éste ha acudido a solicitarla. No obstante, lo anterior implica, que previo a la presentación de la demanda de amparo, existía el acto reclamado, falta de atención médica de parte de las autoridades responsables; sin que resultara indispensable que la parte quejosa demostrara en forma específica la negativa que dice, recibió de dichas responsables de prestarle atención médica, pues lo que importa en realidad es que se logre la atención de los problemas de salud que presenta actualmente, lo que es necesario, para que se cumpla con el contenido de los artículos 1 y 4 de la Constitución en la vertiente de garantizar el derecho humano a la salud, de modo que si en este juicio, las autoridades responsables, no demostraron que la parte quejosa recibe el servicio médico gratuito a través de dichas autoridades, o por ser derechohabiente de algún otro sistema de salud como podría ser el Instituto Mexicano del Seguro Social o algún otro, es evidente que debe de considerarse adecuado que en el presente juicio de amparo se le garantice ese derecho y se considere que, la falta de atención médica a la parte quejosa antes de la promoción del amparo, justifica la existencia del acto reclamado. CUARTO. Procedencia. Se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, ninguna de las partes manifestó la actualización de causales de improcedencia, ni se advierte alguna que se actualice, y al no existir precepto que ordene plasmar en la sentencia las razones por las que no se concreta alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no hay obligación del juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los motivos de disenso contenidos en su escrito de demanda, los cuales no son necesarios reproducir, pues no constituye un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni en alguna otra disposición; basta hacer el estudio de los mismos, como en derecho corresponda, acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Suplencia de la deficiencia de la queja. De los autos se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que "no cuento con ningún servicio de salud ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ni ningún otro", además de que refirió ser de escasos recursos; circunstancia que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, para que este Juzgado proceda a suplir la queja deficiente a su favor, pues es evidente que por su condición económica y social, se encuentra en desventaja para su defensa y el debido acceso a la justicia. Se llega a esta conclusión, pues acorde con las consideraciones dadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 41/2006, al diferenciar entre los términos de pobreza y marginación, sostuvo que la última se define como el fenómeno estructural que se expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios. Por lo tanto, para que se actualice el supuesto previsto en la fracción VII, del artículo 79 de la Ley de Amparo, no se requiere que se trate de personas en condiciones de pobreza (económica) o pobreza extrema ni tampoco que se trate de una marginación social en términos absolutos; menos aún que se le pida a la parte peticionaria que pruebe su situación de desventaja social; sino que ese término es entendido en una intelección más amplia, y debe atenderse a los objetivos de fondo que persigue esta institución procesal respecto de personas que por sus condiciones se encuentran en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Esta circunstancia que en la especie está evidenciada por la condición multifactorial de la parte quejosa por su situación económica que le impide procurarse la debida atención médica; de ahí que es procedente el estudio de los conceptos de violación en suplencia de la deficiencia de la queja en toda su amplitud, en términos del penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Estudio. Los conceptos de violación suplidos en su deficiencia resultan fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada. La parte quejosa se duele de la vulneración de los artículos: 1º, y 4° constitucionales, porque las autoridades responsables se han negado a proporcionarle la atención médica que requiere para su padecimiento de insuficiencia renal crónica; lo cual, transgrede su derecho a la salud. El referido motivo de disenso es esencialmente fundado, porque el acto reclamado vulnera el derecho a la salud de la parte quejosa de acuerdo con los estándares normativos internacionales y nacionales -contenidos en Constitución y ley-, así como jurisprudenciales. En efecto, a nivel internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos -en lo que interesa- refiere que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En tanto, el numeral 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho. Por su parte, en el ámbito regional, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En la misma línea de protección al derecho a la salud, el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de Federación y entidades federativas en materia de salubridad general.; además, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. De esta manera, en la norma constitucional se prevé que toda persona tiene la protección al derecho a la salud, incluyendo a quienes no cuenten con seguridad social, respecto de lo cual, prevé que, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita; pero también se advierte, la obligación de concurrencia en materia de salubridad, de la Federación y las entidades federativas para el respeto al derecho a la salud. Así, la ley a la que hace referencia el texto constitucional, es la Ley General de Salud, la cual, definirá un sistema de salud para el bienestar de las personas que no cuenten con seguridad social, a fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, para la atención integral y gratuita. Ahora, en el artículo 1º de la Ley General de Salud, se reitera la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general; y, se prevé que dicha normativa es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Además, en el numeral 2º se señala que una de las finalidades del derecho a la protección de la salud, es el disfrute de servicios de salud y de asistencia social, y tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación de los servicios, medicamentos e insumos asociados será gratuita. En tanto, el artículo 4 de la Ley General de Salud reconoce de manera expresa como autoridades sanitarias, entre otras, a los gobiernos de las entidades federativas; y el diverso 5º indica cómo está constituido el Sistema Nacional de Salud, por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud, y dicho Sistema, tiene por objetivo -entre otros- proporcionar servicios de salud a toda la población y colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social. Entendiéndose por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud. De manera, la Federación y las entidades federativas llevarán a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social, para lo cual se formulará por sí o por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar un programa estratégico en el que se defina la progresividad, cobertura de servicios y el modelo de atención, de conformidad con las disposiciones reglamentarias. Para ello, se prevé que el Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución de la prestación gratuita, por ende, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas. Asimismo, se indican los requisitos para ser beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, entre otros, contar con Clave Única de Registro de Población, o de no tenerla, podrán presentarse acta de nacimiento, certificado de nacimiento o los documentos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias. Ahora, es de destacar uno de los criterios más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vinculado con el derecho a la salud, en el cual, determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento de forma oportuna, permanente y constante; tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos; máxime cuando se trate de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia 1a. XIII/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1225, que es de título y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad. Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño." Teniendo presente la anterior premisa normativa y jurisprudencial en el caso, es de precisar que el quejoso refiere que es una persona que no está inscrita en alguna institución de seguridad social, por lo cual, reclama de las autoridades responsables la omisión de brindarle atención médica, para atender la insuficiencia renal crónica diagnosticada que padece, esto es, el tratamiento médico y medicamento, de forma gratuita y cercano a su domicilio ubicado en Avenida Valle Real, número 172, colonia San Francisco Uruapan, en Uruapan, Michoacán. Para demostrar tales aseveraciones, el peticionario anexó a su demanda de amparo: Resumen médico de la Clínica "Unidad Renal Ambulatorio S. C." A la anterior documental privada se le otorga valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197, 202, 203, 204 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; en tanto que hace prueba en favor de la parte quejosa y contra las autoridades responsables, en razón de que no las objetaron. De las relatadas pruebas se advierte que la parte quejosa cuenta con el padecimiento de insuficiencia renal crónica, requiriendo de tres sesiones de hemodiálisis. No pasa inadvertido que la Administradora del Hospital General Dr. Pedro Daniel Martínez, con residencia en Uruapan, Michoacán, informó que se le brindan a la parte quejosa dos sesiones para su tratamiento de hemodiálisis de manera subrogada, gratuita e ininterrumpida los días martes y viernes, a las nueve horas, en la clínica Unidad Renal Ambulatoria "UREA", con domicilio en Paseo de la Loma Larga número 1239, Colonia Lomas del Valle Norte en esta Ciudad. Sin embargo, si las autoridades responsables no demostraron que garantizan el derecho a la salud de la parte quejosa de forma oportuna, permanente -definitiva- y constante, así como de manera gratuita y cercano a su domicilio, se llega a la conclusión de que el acto reclamado es inconstitucional e ilegal por vulnerar el derecho a la salud de la parte quejosa. Lo anterior, pues la restitución al derecho a la salud acontecerá, cuando se verifique una actuación concreta de las autoridades, con la cual se asegure a la parte quejosa, de manera continua y permanente -definitiva- la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, que requiere para tratar la insuficiencia renal crónica que padece; además de que se le proporcione en lugar cercano a su domicilio. Sin que, para las autoridades responsables, represente un obstáculo para cumplir con el derecho a la protección a la salud del quejoso, el que no esté afiliado en alguna institución de seguridad social, en razón a que, como se evidenció en párrafos previos, en términos de la Ley General de Salud, el derecho a la salud es una obligación para el Estado Mexicano que de manera solidaria debe cumplir por la federación y las entidades federativas, en términos de la Ley y sus disposiciones reglamentarias. En consecuencia, al quedar acreditada la vulneración al derecho a la salud del quejoso, resultan fundados los conceptos de violación y lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL para los efectos que enseguida se precisarán. OCTAVO. Efectos de la concesión. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, recaben la opinión del médico especialista respecto de los padecimientos de insuficiencia renal crónica que refiere el quejoso y dicten un acuerdo administrativo o establezcan la mejor opción para ordenar a quien corresponda, se realicen las medidas necesarias para otorgarle, de manera continua y permanente -definitiva- la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos que requiera; además de que se le proporcione en lugar cercano a su domicilio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************contra los actos reclamados al Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con residencia en Uruapan, Michoacán y Secretaria de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia, para los efectos precisados en el considerando octavo de esta resolución. NOTIFÍQUESE; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, manifiesta que el nefrólogo tratante determinó la necesidad de que el quejoso reciba tres sesiones de hemodiálisis por semana, tal y como lo acredita con las notas que al efecto anexa. Por tanto, en atención a su solicitud REQUIÉRASE a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS realicen las gestiones necesarias para garantizarle al quejoso las tres sesiones de hemodiálisis que requiere como tratamiento para su padecimiento de insuficiencia renal crónica; APERCIBIDAS que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una MULTA de cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación publicado el diez de enero de dos veintitrés, y publicado el uno de febrero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Además, haciéndole de su conocimiento que la desobediencia del auto de suspensión de plano se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, con la documental que adjuntó la parte quejosa al escrito que se provee, dese vista a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE.

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