Domingo Borja Mora

Expediente 326/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
326/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
08/04/2021

Partes del expediente

  • Domingo Borja Mora

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Jefatura de Unidad Departamental de Medicina Legal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través del cual informa el cumplimiento que ha dado a la suspensión de plano concedida el dieciséis de marzo del año en curso y exhibe las constancias con las que acredita dicha información. Ahora bien, de autos se advierte que en proveído de veinticinco de marzo de la presente anualidad, se tuvo al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México aceptando la competencia planteada por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se ordena remitir a dicho Juzgado de Distrito el oficio de cuenta, para lo que tenga a bien determinar, previa copia simple que del mismo se deje en autos para debida constancia legal. Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido el correo electrónico mediante el cual la Dirección Jurídica y Normativa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, informa que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento en tiempo y forma a la suspensión de plano concedida el dieciséis de marzo del año en curso, por las razones que indica. Ahora bien, de autos se advierte que en proveído de veinticinco de marzo de la presente anualidad, se tuvo al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México aceptando la competencia planteada por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se ordena remitir a dicho Juzgado de Distrito el oficio de cuenta, para lo que tenga a bien determinar, previa copia simple que del mismo se deje en autos para debida constancia legal. Notifíquese.

  3. Principal

    Por recibido el oficio de *****, en su carácter de perito oficial designada en este expediente, por el que solicita copia de diversas constancias que le resultan necesarias, para estar en aptitud de rendir el dictamen que le fue encomendado. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, remítanse las copias de dichas documentales que obren en el presente sumario, a la perito oficial por conducto de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República. En atención a lo solicitado, con copia del ocurso de cuenta y en términos de lo previsto en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere a la Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, remita copia certificada de las constancias a que hace referencia la citada perito. Apercibida que de ser omiso en atender lo requerido, o bien, de manifestar el impedimento legal que le asista para ello, se le impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, conforme al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En este contexto, se informa a la aludida perito que una vez que se tenga la información que solicita se le hará llegar y, hecho lo anterior, se le fijara un nuevo plazo para rendir su dictamen. Notifíquese.

  4. Principal

    Por recibida la demanda que promueve *****, por su propio derecho, contra actos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y otras autoridades. REGISTRO. Se ordena el registro en el libro de gobierno bajo el número 326/2021-VII, así como la formación de los expedientes que refiere el artículo 3° de la ley de la materia. ANTECEDENTES De la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos se advierten los siguientes hechos: 1. Que el promovente *****, es servidor público de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, adscrito a la Coordinación Territorial de Seguridad y Protección de Justicia MAC.02, desempeñando el puesto de "Médico legista". 2. El quejoso padece de Diabetes Mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia secundaria y sobrepeso, por tanto, es parte de la población vulnerable a la enfermedad causada por el virus COVID-19. 3. Que se reclaman diversos actos relacionados con la omisión de dar cumplimiento a la implementación de medidas para el personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para enfrentar la situación sanitaria generada por el virus SARSCoV2 (COVID19). Bajo tal contexto, atendiendo al criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 127/2020, resulta pertinente realizar el siguiente pronunciamiento. En ese orden, este Juzgado Federal procede a verificar si tiene competencia para conocer el presente asunto. En primer término, es pertinente señalar que, para definir la competencia de los órganos jurisdiccionales, debe atenderse a los criterios siguientes: La materia, que se establece en atención a las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo del litigio, y que se clasifica de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo. El territorio, es el ámbito espacial dentro del cual un juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. El grado, que se refiere a la posibilidad de que un juzgador de mayor jerarquía revise la decisión sobre una controversia, con el fin de que determine fue dictada con apego o no a derecho. Los criterios mencionados constituyen factores determinantes de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, dentro de un espacio territorial concreto, en una instancia determinada. De acuerdo con el artículo 94, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar la distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales de amparo, debe atenderse a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito. Los artículos 52 y 55 de la ley mencionada detallan la competencia de los Juzgados de Distrito respecto a las materias administrativa y de trabajo. Los artículos mencionados son del tenor siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Como se aprecia, la competencia para conocer de un juicio de amparo se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia del Trabajo, entre otros supuestos, cuando se promueva en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial. Cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 83/98, determinó que para fijar la competencia por materia se debe atender a la naturaleza de la acción ejercida, sin analizar la relación jurídica existente entre las partes en litigio, en tanto que dicho tema pertenece al estudio de fondo del asunto. En el mismo sentido, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS", en la que concluyó que, para determinar la competencia por materia de los asuntos sometidos a los Jueces de Distrito, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, ya que éste es el elemento que define la acción constitucional, sin que ello implique analizar los argumentos alegados. Definido el marco jurídico, corresponde analizar la naturaleza del acto reclamado en el presente sumario constitucional, en el que se advierte que el promovente reclama esencialmente lo siguiente: La imposición de prestar sus servicios como médico legista en su centro de trabajo con un alto riesgo de contagio de COVID-19; asimismo, así como la omisión por parte de la autoridad responsable de recibir documento alguno para solicitar la autorización de ausentarse de su centro de trabajo por la enfermedad crónica que padece y ser una persona vulnerable para contraer fácilmente el virus COVID-19. Lo cual se traduce en la orden verbal y/o escrita de que el promovente de amparo se presente a sus labores en su centro de trabajo. Ahora, del contexto fáctico del asunto, deriva que el treinta de enero de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Posteriormente, el once de marzo siguiente, declaró la existencia de una pandemia. En esas circunstancias, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió el "Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México las medidas preventivas en materia de salud a implementarse con motivo del virus SARS-CoV2", en el que estableció lo siguiente: Diversos mecanismos para que las trabajadoras y los trabajadores que presentaran síntomas de contagio, así como los que tuvieran a su cargo el cuidado de sus hijos, pudieran justificar sus inasistencias; igualmente, que aquéllos ubicados en grupos vulnerables y que laboraran en la instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, de salud, gestión integral de riesgos y protección civil, así como bomberos, debían solicitar la autorización de la instancia administrativa correspondiente. Se solicitó a los titulares de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades, no ejercer amonestación o represalia en materia laboral, incluido cualquier descuento por ausencia, en contra de los servidores públicos, sin importar su esquema de contratación. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19), de dicho instrumento normativo se advierte: La instrucción a los sectores público, privado y social, a evitar la asistencia a centros de trabajo de los adultos mayores de sesenta y cinco años, así como de las personas ubicadas en los grupos de riesgo, quienes conservarían derecho a recibir salario y demás prestaciones. Las medidas adoptadas se llevarían a cabo con respeto a los derechos laborales, además de que los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo correspondientes, continuarían normando las relaciones laborales, conforme a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Finalmente, el treinta de marzo de dos mil vente, el Consejo General de Salubridad, declaró a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que llevó a la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, continuando únicamente en funcionamiento las actividades necesarias para atender la emergencia sanitaria, las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, la actividad legislativa, así como los sectores fundamentales de la economía, entre otras. En ese orden, si bien los acuerdos mencionados fueron emitidos por autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de sus facultades en materia de salud pública, lo cierto es que tienen un impacto en la materia de trabajo, ya que el Estado implementó medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, instruyendo a los empleadores para evitar la asistencia a los centros de trabajo y, ordenando la suspensión total de actividades no esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria, todo ello con respeto a los derechos laborales. De ahí que, las medidas adoptadas para contener los contagios en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Conviene señalar que el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, establece que la salud en el trabajo abarca la ausencia de afecciones o enfermedades, así como la protección contra elementos físicos y mentales que afecten la seguridad e higiene en el trabajo. De esa forma, las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio derivan de una política de salud pública, y su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral, al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las y los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Ahora, es pertinente destacar que los actos reclamados en este asunto, provocan un perjuicio en la salud del quejoso y pueden atentar contra su vida, dado que refiere que las autoridades fueron omisas en dar cumplimiento al acuerdo mediante el cual se emiten los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que puedan desarrollar una complicación. En ese contexto, los actos reclamados están relacionados con las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos de salud originados por el virus SARSCoV2, por lo que tienen una naturaleza laboral, ya que su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por ello, se estima que los actos impugnados son de naturaleza laboral y los tribunales de amparo en esa materia son los competentes para conocer del asunto, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, sin importar el origen del acto reclamado; es decir, si deriva del cumplimiento a un acuerdo emitido por autoridades administrativas. Lo anterior, tiene sustento en el criterio jurisprudencial 2a./J. 42/2020 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable en el Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 588, Décima Época, con registro digital, 2022187, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto a qué Juez de Distrito correspondía conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora, las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo; al respecto, llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno decidió que el asunto era competencia de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, el otro resolvió que correspondía conocer de éste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo para conocer de las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de la negativa de aplicar en beneficio de una persona trabajadora, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo. Justificación: Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras." Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48, de la Ley de Amparo y 55, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, por lo que ordena remitir este expediente, al JUZGADO DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, al que se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. Fórmese cuaderno de antecedentes, con la certificación secretarial respectiva relativa a que las constancias que integran el presente sumario constitucional se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico. SUSPENSIÓN DE PLANO De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente solicita la suspensión para el efecto de que se suspenda su obligación de acudir a su centro de trabajo y permanecer en resguardo domiciliario por encontrarse en situación de vulnerabilidad, permitiéndole no presentarse a laborar, sin que ello implique un descuento por ausencia, garantizándose el sueldo y demás prestaciones extraordinarias. Al respecto, el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". En ese orden de ideas, resulta relevante mencionar que el pasado once de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una pandemia; por lo que ante dicho panorama, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en cuyo artículo primero estableció la obligación de todos los sectores de evitar la asistencia a los centros de trabajo, entre otros grupos, a personas que padezcan hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria, entre otros, tal como se advierte de la siguiente transcripción: "PRIMERO.- Por razones de salud pública, se instruye a las personas servidoras públicas adscritas a las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a no asistir a su centro de trabajo en los siguientes supuestos: a) En caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus (COVID-19). Dichas personas deberán aislarse en su domicilio y atender las recomendaciones médicas; b) En caso de madres o padres trabajadores, que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, cuyos centros educativos de nivel básico suspendan actividades, podrán optativamente, no asistir a trabajar presencialmente y hacerlo a distancia. Las personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la instancia administrativa que corresponda. c) En caso de contar con 68 años o más. Las personas deberán comunicarlo a su superior jerárquico. d) Pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria. Las personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la instancia administrativa que corresponda." Por tanto, este juzgado concluye que la omisión y/o negativa de las autoridades señaladas como responsables de no permitir al promovente Domingo Borja Mora, ausentarse de sus actividades laborales podría implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de salud física de la justiciable ante la situación actual de la pandemia, con lo que se le podría causar daños de difícil o, incluso, imposible reparación. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud e, incluso, en riesgo la vida de la parte quejosa, se concede la suspensión de plano respecto de la omisión y/o negativa por parte de las autoridades responsables, en el sentido de que permitan al quejoso realizar resguardo domiciliario; es decir, no asistir a su centro de trabajo sin responsabilidad jurídica alguna y se les sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se les cubren con motivo de su nombramiento, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General o las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19; dejando al prudente arbitrio de las autoridades se le asignen actividades inherentes a su cargo y que pueda llevar a cabo en su hogar, poniendo especial cuidado y consideración en el padecimiento que pone en peligro la vida del quejoso. Lo anterior es así, dado que el promovente menciona pertenece a grupo vulnerable, ya que fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia secundaria y sobrepeso. Por tanto, con independencia del lugar o las actividades que desarrolle el quejoso, corre el riesgo de contagiarse con el simple hecho de asistir a su centro de trabajo, en el que, según aduce, desarrolla el puesto de "Médico legista" adscrito a la Coordinación Territorial de Seguridad y Protección de Justicia MAC.02 dependiente de la Secretaría de Salud; pues es un hecho notorio que el nivel de contagio a nivel nacional es alto, situación que se agrava con la condición médica que indiciariamente acredita sufrir. Ello implica que la autoridades responsables deben instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE". Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que queden debidamente notificadas de esta determinación, informen a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que han dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula o no manifestar el impedimento legal que para ello tengan, se procederá en términos del artículo 262, fracción III, de la legislación citada respecto del delito ahí previsto. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". DOMICILIO De conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene el señalado en la demanda. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que se nombra en la demanda que se provee, únicamente se les tiene por facultadas para recibir notificaciones en términos de lo dispuesto en la parte in fine del segundo párrafo, del artículo 12 de la ley de la materia, debido a que este juzgado carece de competencia para conocer del asunto. DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan a efecto que los Actuarios adscritos lleven a cabo las notificaciones necesarias. Finalmente, de conformidad con el artículo 3º de la ley de la materia, se autoriza la consulta del presente juicio de amparo a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando proporcione su nombre de usuario, y no así su correo electrónico como lo pretende hacer el promovente. Notifíquese.

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