Domingo Batallan Rogel
Expediente 664/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 664/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Domingo Batallan Rogel
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el treinta de octubre del año en curso, se declinó la competencia del presente asunto a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, remitiéndose a través del oficio 12600/2020, dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, sin que a la fecha se cuente con el acuse de recibo correspondiente. No obstante, de una consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se obtiene que es al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, a quien le correspondió conocer del citado asunto, el que aceptó la competencia planteada por este juzgado de Distrito, lo que se toma en consideración para emitir la presente determinación, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2° . En consecuencia, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso j), del capítulo octavo, relativo a los expedientes destruibles, se determina que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho contra actos del Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE con el número 664/2020; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al oficial administrativo encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Antes de proveer respecto de la procedencia del juicio constitucional, conviene determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. En ese orden, se advierte que de manera literal el quejoso precisó como acto reclamado el siguiente IV.- ACTO RECLAMADO.-La Resolución de fecha 25 de Octubre del 2019, dictada en el Toca Civil Numero 553/2019, cuyo considerando Tercero ROMANO y el punto resolutivo Segundo, es el que me causa agravios. Ahora bien, tomando en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de estudio preferente, derivado de un análisis integral practicado a la demanda de garantías, este juzgador de amparo, estima que es legalmente incompetente para conocer de este asunto y que a quien corresponde es a un Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, de la Independencia, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En primer término, cabe destacar que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone, en lo que aquí interesa, que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica, entre otras cosas, en aquel juzgado en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Como se aprecia, del precepto aludido, para determinar la competencia por territorio en materia de amparo, se ciñe a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado. Por lo cual, en principio, debe calificarse aquél a fin de establecer si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto que tenga efectos meramente declarativos; y, en caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, analizarse las características de ésta. Este análisis de la ejecución, debe llevarse a cabo al vincular los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se encuentre en juego y considerar las consecuencias directas que produce. En ese sentido, es factible deducir que el acto reclamado trae aparejada ejecución material, en razón que el cumplimiento de lo determinado por el tribunal de alzada en la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veinte, tiene como efecto positivo la reposición del procedimiento y dejar sin efecto parte de lo actuado en autos del expediente 39/2016, a efecto de que se lleve a cabo el emplazamiento del Director del Catastro Municipal de Teloloapan, Guerrero, y el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, así como, dejar sin efecto las pruebas que fueron desahogadas en el procedimiento de origen. De ahí que las consecuencias de la resolución combatida se trasladen directamente al expediente relativo al juicio ordinario civil 39/2016, lo cual tiene lugar actualmente en el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Aldama, con residencia en Teloloapan, Guerrero, por ser quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora. Por consiguiente, debido a que los efectos de la resolución reclamada se resienten directamente en el juicio de origen, se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de este asunto. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 25/2012 10ª, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 145, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2001236, titulada AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL Así como la tesis I.1.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 189167, de rubro COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Así como la diversa, I.15o.A.41 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 2288, Tomo XXXIII, Marzo 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 162635, titulada COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Ello de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuitos y de los juzgados de distrito, que en lo que interesa dice ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. . PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente . XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO . Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, ejercerán jurisdicción en el distrito judicial conformado por los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Apaxtla, Arcelia, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Cocula , Copalillo, Coyuca de Catalán, Cuetzala del Progreso, Cutzamala de Pinzón, General Canuto A. Neri, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Mártir de Cuilapan, Pedro Ascencio Alquisirias, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujano, Tetipac, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de la materia, remítanse las actuaciones del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Iguala, de la Independencia, Guerrero, para que la turne al órgano jurisdiccional que corresponda y éste determine lo procedente, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente el presente acuerdo al promovente en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página 55, cuyo rubro establece DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION, EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, que en lo conducente establece: ... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado. Finalmente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala, toda vez que no cuentan, con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que en caso de ser necesario la notificación se realice en días y horas inhábiles. De igual forma se le instruye para que al realizar las notificaciones que surjan de este proveído, se ajuste a los lineamientos establecidos en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a la parte quejosa para que de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea citado Acuerdo General, para lo cual deberán cumplir con los requisitos a que se refiere su diverso numeral 29. De igual forma, proponga formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, como pueden ser el correo electrónico o un teléfono móvil, entre tanto, se tiene como tal los que se adjuntan a la demanda de amparo. Además, se le hace saber que en caso de que requiera consultar físicamente el expediente, deberán generar una cita, lo que podrán realizar entrando al Micrositio de Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, disponible en el Portal de Servicios en Línea, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, del referido Acuerdo General 21/2020. Finalmente, también se hace de su conocimiento que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese. .
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