Domingo Alonso Hernández
Expediente 1444/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1444/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Domingo Alonso Hernández
- Javier Gómez Carreño
- Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que ya concluyó el plazo de diez días con el que contaba la parte quejosa para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada en este juicio, en la que se negó la protección de la Justicia Federal, sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se negó la protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, toda vez que resulta innecesario que subsista el DVD que en su oportunidad remitió el Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado; devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que hoy se dictó un acuerdo en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, en el cual se ordenó su archivo como definitivo; por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que en este asunto se concedieron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la interlocutoria pronunciada el veintiséis de octubre siguiente y esta determinación. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1444/2022 III-B, promovido por ********************, en contra de actos del Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y otras autoridades. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO El quejoso refiere que no ha cometido delito alguno que merezca pena privativa de libertad. No obstante lo anterior, indica que se han presentado en su domicilio elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quienes le dijeron a sus familiares que pretendían ejecutar una orden de aprehensión dictada en su contra. Ante el Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se radicó la causa penal ********************, en la cual en audiencia privada de siete de junio de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, solicitó se librara orden de aprehensión en contra de ********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de robo específico, cometido en perjuicio patrimonial de ********************. Una vez que el citado representante social expuso los hechos delictivos, datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y necesidad de la cautela, el citado juzgador resolvió librar orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por el delito antes citado. Determinación que constituye el acto reclamado TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, presentó un escrito el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por cuestión de turno correspondió conocer del asunto al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, registró la demanda bajo el consecutivo 1082/2022 y la admitió a trámite; solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez recibidos los informes justificados y emplazado el tercero interesado, en auto de veintisiete de diciembre de la anualidad pasada, el Juez Tercero de Distrito en el Estado estimó actualizados los supuestos contemplados en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y remitió por conocimiento previo el mencionado expediente. En proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el mencionado expediente y se radicó bajo el número 1444/2022, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, se convalidaron las actuaciones practicadas por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se ordenó darle intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado resulta ser de naturaleza penal y se atribuye a autoridades que residen dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: Autoridad responsable ordenadora. Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Autoridades responsables ejecutoras. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía General de Control Regional. Actos reclamados. De la autoridad ordenadora: La orden de aprehensión librada en su contra, en audiencia privada el siete de junio de dos mil veintidós, en la causa penal ********************, por el delito de robo específico, cometido en perjuicio patrimonial de ********************. De las autoridades ejecutoras: La ejecución de la mencionada orden de aprehensión. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, toda vez que en audiencia privada de siete de junio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, libró orden de aprehensión en contra de ********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de robo específico, cometido en perjuicio patrimonial de ********************. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La anterior circunstancia, se corrobora con el disco versátil digital relativo al registro en audio y video de la audiencia privada de orden de aprehensión dentro de la causa penal ********************; medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, por conducto del Servidos Público designado, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, aceptaron la ejecución del mandamiento de captura reclamado. Lo anterior, al indicar que existe una orden de aprehensión librada contra el quejoso, dentro de la causa penal ******************** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. LEGITIMACIÓN ********************, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6° de la Ley de Amparo, ya que la orden de captura fue emitida en su contra, lo que a su consideración vulnera sus derechos fundamentales al considerar que no ha cometido ilícito alguno. OPORTUNIDAD Se estima que la promoción del juicio es oportuna, debido a la naturaleza de los actos reclamados, ya que al tratarse de una orden de aprehensión, cuya ejecución debe guardar sigilo, es inconcuso que el quejoso no tiene conocimiento cierto de aquélla hasta que las autoridades responsables rindan sus informes justificados y, en su caso, acepte la existencia de dichos mandamiento de captura. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ESTUDIO DE FONDO En esencia, el quejoso señala que las autoridades responsables transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que pretenden ejecutarle una orden de aprehensión de manera injusta, sin que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento y sin reunirse los requisitos establecidos en el segundo numeral invocado. También, refiere que le causa molestia que no se funde ni motive la causa legal del procedimiento, por lo que no se configura el delito que se le pretende imputar. Los motivos de disenso antes expuestos resultan infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como se adelantó, en el presente asunto se controvierte la orden de aprehensión librada por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lo que implica que la causa penal de origen se encuentra en la etapa preliminar o de investigación. Ahora bien, la orden de aprehensión al igual que todo acto de autoridad debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, previstos por el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual en observancia a tal derecho fundamental, el juez de la causa debe establecer de manera fundada y motivada si obran o no datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; en tanto que este órgano jurisdiccional, a su vez, como garante de los derechos fundamentales de los gobernados, tiene el deber de examinar que las responsables cumplan con tal obligación constitucional. Así, para justificar la calificativa de los motivos de disenso (infundados), se considera oportuno precisar que el artículo 16 de la Carta Magna, además de los requisitos de fundamentación y de motivación que todo acto de autoridad debe contener precisa las exigencias para su dictado se deben cumplir, según establece: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". De la transcripción que antecede se aprecia que los requisitos que deben colmarse para que la autoridad judicial libre la orden de aprehensión son los siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial; Que esté precedida por denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; Que el ilícito sea sancionado con pena privativa de libertad; y, Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Se advierta necesidad de cautela. A su vez, los dispositivos 141, fracción III, y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." Primer requisito. En la especie se considera que se encuentra colmado, porque de la consulta del disco versátil digital que exhibió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, se advierte que la orden de captura fue emitida por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerce sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica. Segundo requisito. Se encuentra satisfecho relativo a que la orden de aprehensión esté precedida por una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Cierto, de la consulta del disco digital se advierte que existe la denuncia de ******************** y de ********************, quienes al enterarse del robo de la motocicleta propiedad del primero de los nombrados, acudieron ante la Representación Social a presentar su respectiva denuncia. Tercer requisito. Se encuentra cumplido, consistente en que el ilícito respecto del cual la Agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión sea sancionado con pena privativa de libertad, toda vez que en el caso, se trata del hecho que la ley señala como el delito de robo específico. Ilícito que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 357, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Dicho precepto es del tenor literal siguiente: "Artículo 357. Al que sin derecho y sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, se apodere: I.- De un vehículo de motor, se le aplicara de nueve a dieciséis años de prisión y multa de quinientos a mil quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Se entiende por vehículo de motor, para los efectos de este artículo, las motocicletas, los automóviles, camionetas, camiones, tractocamiones de cualquier tipo, maquinaria pesada y autobuses. (.)" Cuarto requisito. Es oportuno destacar que para que se actualice el hecho que la ley señala como el delito de robo específico, se requiere de los elementos siguientes: Que exista una acción de apoderamiento y que esta recaiga en un vehículo de motor. Que se realice sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. Para tener por configurados tales elementos, el resolutor de origen tomó en consideración los datos de prueba siguientes: La denuncia de ********************, de veintitrés de abril de dos mil veintidós. La denuncia de ********************, de seos de junio de dos mil veintidós. Entrevista al testigo ********************, realizada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Inspección ocular en el lugar de los hechos, realizada por un Agente Estatal de Investigaciones, el veintiuno de mayo de dos mil veintidós, en compañía de ********************. Inspección ocular en el lugar de los hechos, realizada por un Agente Estatal de Investigaciones, en compañía del testigo ********************. Documental consistente en el alta de reporte de robo, solicitado por el Agente del Ministerio Público a la Encargada del Sistema de Vehículos Robados y Recuperados de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Informe rendido por un Agente Estatal de Investigaciones, relativo a los vehículos robados en el Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, del mes de enero a junio de dos mil veintidós. Informe policial de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, emitido por un Agente Estatal de Investigaciones, relativo a la identidad de los imputados. Los datos de prueba que anteceden, el suscrito considera que fueron correctamente valorados por el Juez de Control en términos de lo dispuesto por los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se justifica lo anterior, toda vez que respecto de la denuncia de ********************, el Juez responsable le concedió alcance y valor probatorio, ya que indicó que acudía a denunciar los hechos cometidos en su agravio y en perjuicio de su hermano ********************, pues le fue robada la motocicleta marca ********************, modelo ********************, año ********************, color rojo, con número de motor ********************, con número de serie ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Oaxaca; refiere que aproximadamente a las tres horas del veintitrés de abril de dos mil veintidós, dejó estacionada la motocicleta sobre la calle ******************** número ********************, colonia ********************, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Que siendo aproximadamente las seis horas con cuarenta y cinco minutos del día en comento, escuchó unos golpes en el domicilio donde se quedó a dormir, acudió al llamado y vio que era su amigo ********************, con quien se había quedado de ver para ir a la localidad de Santa Catarina Roatina a desayunar; al salir a ver a su amigo, lo vio alterado y nervioso, éste le dijo que habían robado su moto en su presencia, que se trataba de dos personas, uno de ellos el aquí quejoso de nombre ********************, a quien conoce porque el testigo trabaja en una refaccionaria de piezas de motocicletas y el nombrado tiene un taller mecánico, donde ha ido a dejar piezas. Relató que su amigo le contó que cuando se dio cuenta que ********************, uno de los imputados estaba sobre la motocicleta robada, ********************le dijo que esa moto no era suya; que ********************se bajó de la motocicleta en la que arribaron al lugar, se acercó a la moto del testigo, le quitó las llaves y lo amenazó con un cuchillo que se sacó de la cintura, diciéndole que no se metiera, sino iba a salir bailando; que al mismo tiempo, ******************** sacó una pistola y le dijo que si no se largaba de ahí, se quedaría muerto, por lo que el testigo corrió en dirección a un puente. Respecto de la denuncia antes relatada, el Juez de Control indicó que hace referencia a que él era la persona que manejaba la motocicleta, que la identificaba y dio sus características físicas, señalando el lugar donde la dejó estacionada y que llegó una persona que identifica como ********************, al domicilio donde se había quedado a dormir, sito en calle ******************** número ********************, colonia ********************, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, quien le informó que se habían robado la motocicleta propiedad de su hermano ********************. Por cuanto hace a la denuncia de ********************, realizada ante la Representación Social el seis de junio de dos mil veintidós, el Juez de la causa también le concedió valor probatorio, Ello porque refirió que el veintidós de abril de dos mil veintidós, su hermano ******************** le pidió prestada su motocicleta, ya que iba a salir con su novia y al día siguiente iría a dar un paseo con sus amigos; pero que el veintitrés del mes y año en cita, aproximadamente a las once o doce del día, su hermano le comentó que se habían robado su motocicleta y que habían sido dos personas del sexo masculino; que buscó su factura y le dijo ******************** que presentara una denuncia de lo sucedido. Como se adelantó, a dicha denuncia se le concedió valor probatorio, al tomar en cuenta el Juez responsable que toda persona que conoce de un hecho probablemente constitutivo de delito tiene la obligación de rendir información ante el Ministerio Público a efecto de que se esclarezca y más si se trata de propietario del vehículo; además, porque relató cómo tuvo conocimiento de la noticia de estos hechos y que fue su hermano ******************** quien le informó del robo y que fue ******************** quien se dio cuenta de quiénes lo habían hecho. A la entrevista del testigo ********************Giovanni Juárez Hernández, realizada por un Agente Estatal de Investigaciones, también se le concedió valor probatorio pleno, porque el Juez de la causa consideró que el nombrado hizo una narrativa de los hechos que pudo apreciar de forma directa, por sí mismo, al momento de señalar la hora, fecha y lugar en donde se encontraba, las personas que pudo apreciar estaban arriba de las motocicletas, cómo prendieron la que sabía era de su amigo ********************, loa amagos que recibió de esas personas y la forma en la que le comunicó a su amigo del tobo de la moto. Lo anterior, porque indicó que tiene una amistad con ********************, a quien conoce de aproximadamente hace diez años, que trabaja en un local donde venden refacciones para motocicletas; que el veintitrés de abril de dos mil veintidós, había quedado de ir con el nombrado y ******************** para ir a la localidad de Santa Catarina Roatina a desayunar, quedándose de ver en la casa de una amiga de ********************, donde pasó éste la noche, aproximadamente a las siete de la mañana, ubicada en calle ********************, colonia ********************, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Relató que eran aproximadamente las seis treinta horas del sábado en comento cuando iba circulando a la altura de un puente que se ubica como cincuenta metros antes de llegar a la casa de la amiga de ********************, observando a dos personas arriba de dos motos, pensando que eran sus amigos ******************** y ********************, pero cuando se les emparejó y apagó su motocicleta, vio que la persona que estaba arriba de la motocicleta de su amigo ********************, tenía un desarmador en la mano, con lo que había encendido ésta. Luego, se dio cuenta que se trataba de una persona que conoce como ******************** Gómez Pacheco, quien estaba sobre la motocicleta de su amigo ********************, quien estaba acompañado de otro hombre a quien conoce como ********************; indicó que los conoce porque derivado de su trabajo en el local donde venden refacciones de motocicletas, en ocasiones ha llevado piezas al taller mecánico denominado "********************", que sabe que tienen mala fama porque se dedican a robar motocicletas. Continuó relatando que al ver a ******************** arriba de la motocicleta de su amigo ********************, le dijo "deja esa moto, no es tuya", lo que provocó que ******************** se bajara de la motocicleta en la que estaba, le quitó al testigo las llaves de su vehículo y sacó un cuchillo, diciéndole "tú no te metas carnal, si no tú vas a salir bailando"; indicó que por los nervios de ver el cuchillo, ya no dijo nada, que después de eso, ******************** sacó una pistola y le dijo "si tú no te largas de aquí, vas a quedar muerto", por lo anterior entró en pánico y corrió en dirección a un puente, donde lo alcanzaron los imputados y ******************** le dijo "si dices algo, vamos a ir por ti, porque te conocemos". Cuando perdió de vista a los imputados, regresó al lugar donde había dejado estacionada su motocicleta, no pudo seguirlos porque ********************le había quitado las llaves de ésta; por ello, comenzó a golpear el portón de la casa de la amiga de ********************, gritándole que saliera, que aproximadamente cinco minutos después, salió su amigo y pudo contarle lo que había sucedido. Respecto a la inspección e informe de actividades en la calle ********************, colonia ********************, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, de fecha veintiuno de mayo de dos mil veintidós, practicada por un Agente Estatal de Investigaciones, en compañía del denunciante ********************, conforme a lo establecido en los artículos 132, fracción VII y 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le concedió valor probatorio, atendiendo a las placas fotográficas recabadas, que permitieron establecer el lugar en donde el nombrado dejó estacionado la motocicleta robada. También se le concedió valor probatorio a la inspección realizada en compañía del testigo ********************, quien refirió haber observado que en la calle ******************** número ********************, colonia ********************, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, habían dos personas arriba de dos motocicletas, sitio donde apreció los hechos ocurridos. Ahora, a la documental consistente en el acta de robo solicitada por el Agente del Ministerio Público encargada del Sistema de Vehículos Robados y Recuperados de la Fiscalía General del Estado, respecto de la motocicleta marca ********************, modelo ********************, año ********************, color rojo, con número de motor ********************, con número de serie ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Oaxaca; solicitud a la se dio respuesta en el sentido que se dio de alta el reporte de robo y quedó inscrito en el Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados de la Fiscalía General del Estado, de igual forma se le concedió valor probatorio. Luego, por no justificar en relación a que hecho se incorporaba el dato de prueba consistente en el informe rendido por el Agente Estatal de Investigaciones relativo a los reportes de robo de vehículos en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en los meses de enero a mayo de dos mil veintidós, no se le concedió valor probatorio alguno. Tampoco se le concedió valor probatorio al informe policial de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, realizado con la finalidad de establecer la identidad de los imputados ******************** y otro; ello porque ya existe el señalamiento directo y categórico del testigo ******************** para identificarlos. Con base en estos datos de prueba, se coincide con el Juez de control en el sentido de que de su valoración individual y conjunta, hasta ese momento procesal, se justifica lo siguiente: "1. Que la víctima ******************** es propietaria de una motocicleta marca ********************, modelo ********************, año ********************, color rojo, con número de motor ********************, con número de serie ******************** y con placas de circulación ******************** del Estado de Oaxaca. 2. Que el 23 de abril del año 2022 cuando eran aproximadamente las cero tres horas el denunciante ******************** dejó estacionada la motocicleta ya referida motocicleta y que el propietario de la motocicleta es su hermano ********************, precisamente frente a un portón de color verde ubicado en la calle ********************, número ********************, colonia ******************** de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 3. Que siendo aproximadamente las cero seis treinta horas de la fecha antes referida cuando el testigo ******************** iba llegando al domicilio ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ******************** de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y que al emparejarse precisamente a donde se encontraba la motocicleta de su amigo ******************** se encontraban los imputados ******************** y ******************** Gómez Pacheco, y el que se encontraba montado en la motocicleta de su amigo ******************** y el imputado ******************** Gómez Pacheco que ese estaba en la otra moto, y que se encontraba arriba de la moto que traía y pudo apreciar que el imputado ******************** ya había encendido la moto de su amigo con un desarmador grande, fue que ******************** le refirió al imputado ******************** Gómez Pacheco "deja esa moto que no es tuya", fue que ********************Alonso se baja de la motocicleta y se acerca a ******************** y le quita las llaves de su moto, quien a su vez saca de su cintura un cuchillo y con su mano derecha amenaza a ********************, y quien le manifestó "tú no te metas carnal si no tú vas a salir bailando", fue que al ver que le sacó el cuchillo se puso nervioso y ya no dijo nada, al mismo tiempo el imputado ******************** Gómez Pacheco quien se encontraba en la motocicleta de su amigo entre su cintura saca un arma de fuego y este le dice "si no te largas de aquí vas a quedar muerto", fue que ******************** entró en pánico y salió corriendo con dirección al puente donde se quedó parado sobre el puente y los imputados al pasar frente al testigo se detuvo y ******************** le dijo "si dices algo vamos a ir por ti porque te conocemos", y se fueron del lugar con la motocicleta de ********************." Es decir, el suscrito considera que con dichos datos de prueba se configuran los elementos que integran el hecho que la ley señala como el ilícito de robo específico, previsto por el artículo 357 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Por lo que respecta al primer elemento que es la que exista acción de apoderamiento y que esta recaiga en un vehículo de motor, el Juez responsable lo acreditó con las declaraciones y denuncias de ******************** y ********************, concatenadas y relacionadas con la entrevista realizada al testigo ********************, así como las inspecciones oculares realizadas en el lugar de intervención de veintiuno y veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Precisó que ******************** es el propietario de la motocicleta en cuestión (lo que acreditó con la carta factura expedida a su favor), lo que se relacionó con la denuncia de ********************, quien indicó haber tenido en sus manos la motocicleta por habérsela pedido a su hermano para salir con su novia, el veintidós de abril de dos mil veintidós, estacionándola afuera del domicilio ubicado en calle ******************** número ********************, colonia ********************, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar en donde se llevó a cabo el apoderamiento del vehículo por parte de los imputados ******************** y ******************** Gómez Pacheco, el veintitrés siguiente, aproximadamente a las seis horas con treinta minutos, lo que fue presenciado por el testigo ********************. Por lo que respecta al segundo elemento, consistente en que se realice sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella, el Juzgador de origen indicó que se encontraba colmado con la declaración de ********************, quien señaló ser el propietario de la multicitada motocicleta, siendo quien conforme a la lay, la persona que puede disponer de la misma, al justificar su propiedad con una carta factura expedida a su favor; vehículo respecto del cual, sin derecho y sin consentimiento se apoderaron los imputados, quienes incluso encendieron la motocicleta con un desarmador y para evitar que el testigo interfiriera, lo amenazaron con un arma de fuego y un cuchillo. En diverso orden, en relación a la probable responsabilidad del aquí quejoso ********************Alonso Pacheco, se encuentra justificada hasta ese momento procesal, con la entrevista realizada al testigo ********************, quien identificó plenamente al nombrado, manifestando que lo conoce porque el testigo trabaja en un local de venta de refacciones para motocicletas y el imputado en un taller mecánico, donde en ocasiones ha ido a entregar piezas; asimismo, lo identifico una de las dos personas que llegaron al domicilio ubicado en calle ******************** número ********************, colonia ********************, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para llevarse la motocicleta que su amigo ******************** había dejado estacionada en ese lugar. Lo que se concatena con la denuncia de ********************, quien señaló que dejó estacionada la motocicleta en el lugar entes referido, aproximadamente a las tres horas, domicilio donde vive su novia y donde se quedó a dormir. También se relacionó la inspección ocular, realizada por un Agente Estatal de Investigaciones, con la asistencia del denunciante ******************** y del testigo ********************, con lo que se estableció la existencia del domicilio en comento, la ubicación de dónde ******************** dejó estacionada la motocicleta y del sitio en el que ********************quedó de verse con sus amigos, acreditando haber llegado al lugar cuando los imputados se estaban apoderando del vehículo. En ese tenor, la Juez responsable precisó que los datos de prueba relacionados resultan suficientes para hasta este momento procesal, que existe la probabilidad de que ******************** haya sido la persona que cometió el delito analizado y que esa intervención la realizó en forma conjunta con el diverso imputado, en términos de la fracción III, del artículo 11 del Código Penal del Estado de Oaxaca. Que la forma en la que se realizó el ilícito fue con dolo, como lo prevé el artículo 8°, fracción I, del invocado código, ya que tenía conocimiento que no era su motocicleta y que apoderarse de un vehículo que no es de su propiedad constituye un delito y aun así concretizó dicha conducta. Lo que se estima correcto, pues al respecto, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/93, visible en la página trescientos cuarenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación VI, segunda parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, expresa: "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías." Quinto requisito. Ahora bien, respecto de la necesidad de cautela, el Juez de control responsable, en el dictado del mandamiento de captura, advirtió su necesidad, atendiendo a lo establecido en el artículo 168, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales; tomando en cuenta que el numeral 357 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, establece una pena para el delito de robo específico que va de 9 a 16 años de prisión, por lo que de citarse al aquí quejoso, es probable que no se presente ante el Juzgado de Control. De igual manera, el Juez responsable indicó que existe un riesgo para el testigo, conforme a lo establecido en el precepto 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello porque cuando el testigo ******************** presenció la forma en la cual los imputados se apoderaron de la motocicleta, fue amagado primero con un cuchillo y después con un arma de fuego; diciéndole ********************que no se metiera o iba a salir bailando y ******************** que si no se largaba se iba a quedar muerto. De ahí que existe un riesgo para el mencionado testigo, de que se cometa algún acto en su contra o incluso en contra de la víctima. En las relatadas consideraciones, se estima correcto el razonamiento relacionado con la necesidad de dictar la orden de aprehensión, pues es muy probable que el quejoso no se someta al procedimiento debido a la pena que pudiera imponérsele en caso de resultar culpable; además de que en el caso no se advierte, conforme a la ley del acto ninguna salida alterna o anticipada de terminación del proceso que pudiera beneficiarles; y, en caso de sentencia condenatoria, no podría concedérsele algún beneficio preliberacional como el de sustitución de la pena o la condena condicional; por lo que, como se dijo, es necesaria la medida dictada por el juez responsable. Por ello, es que se considera que hasta este momento, existen datos de prueba (valorados de forma individual y en su conjunto) que justifican que probablemente ********************Alonso Pascual participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de robo específico, ilícito previsto y sancionado por el numeral 357, fracción I del Código Penal del Estado de Oaxaca. Esto es, que existe la probabilidad de que ********************, haya perpetrado el ilícito en estudio, ya que se estableció que en compañía del diverso imputado, aproximadamente a las seis horas con treinta minutos del veintitrés de abril de dos mil veintidós, se constituyó en el domicilio ubicado en calle ******************** número ********************, colonia ********************, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y se apoderó sin derecho y sin consentimiento de la motocicleta identificada en las líneas que anteceden, propiedad de ********************. Resta destacar que para el libramiento de la orden de aprehensión la ley solo exige datos o indicios y no pruebas plenas para acreditar la probable responsabilidad del incoado en la comisión del ilícito que se le atribuye. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. LVII/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 514, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PARA SU LIBRAMIENTO NO ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA PLENA EL CUERPO DEL DELITO. De la interpretación auténtica del segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1999, se desprende que para el libramiento de la orden de aprehensión no se requiere que se encuentre acreditado plenamente el cuerpo del delito. Ciertamente, del proceso legislativo que dio origen a la redacción actual del referido artículo, se advierte que la intención del Poder Reformador fue buscar el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las facultades de la autoridad para perseguir y castigar delitos y, en consecuencia, flexibilizar los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público a través del ejercicio de la acción penal, cuestión que se hizo patente, en principio, en la Cámara de Senadores (Cámara de Origen), que puntualizó que debía dejarse para el proceso y la sentencia definitiva la acreditación plena del hecho delictivo, por lo que se consideró que para librar una orden de aprehensión se requería que existieran datos que acreditaran el cuerpo del delito, posición que fue compartida por la Cámara de Diputados (Cámara Revisora), que aludió a las dificultades del Ministerio Público para integrar la averiguación previa y el Juez para librar la orden de aprehensión, refiriéndose a la redacción anterior de dicho dispositivo constitucional. Ahora bien, conviene destacar que el hecho de que el Ministerio Público y el Juez no deban acreditar plenamente el cuerpo del delito, en los términos precisados, no significa que puedan actuar a su libre arbitrio en cada una de esas etapas procedimentales, puesto que tienen la insoslayable obligación de observar los restantes requisitos exigidos para ello, además de respetar todas las garantías que consagra la Carta Magna, a las cuales deben ceñir su actuación las autoridades en la emisión de dichos actos, por lo que el hecho de que se hayan flexibilizado los requisitos de referencia, no implica su desconocimiento por las autoridades que procuran o administran justicia." Por todo lo anterior, se concluye que la orden de captura reclamada cumple con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitucional, ya que la autoridad responsable citó los fundamentos legales aplicables al caso concreto y los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían medios de convicción que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de robo específico. Es por lo antes expuesto que deviene infundado el concepto de violación en el cual el quejoso indica que la orden de aprehensión reclamada no reúne los requisitos mínimos para su dictado, pues como se abordó en las líneas que anteceden, ésta se ajusta a los parámetros Constitucionales, ya que contrario a lo que asevera, no se violaron las formalidades esenciales del procedimiento. Asimismo, resulta infundado el motivo de disenso en el que expone que no se configura el delito que se le imputa, pues como se evidenció, con los datos de prueba analizados por la Juez responsable se acreditaron los hechos señalados por la representación social. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a ********************. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, en razón de que no se le reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia del diverso pronunciado por la Juez de control. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por los motivos expuestos en el apartado X del presente fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se desprende que mediante escrito recibido el catorce de diciembre de dos mil veintidós ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, el quejoso **************, solicitó la consulta del expediente electrónico con el usuario "********************" así como la notificación electrónica con el referido usuario. En consecuencia, como lo solicitó, se autoriza el uso del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, bajo el referido usuario ********************, por lo que, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el alta correspondiente. Finalmente, se ordena realizar la práctica de las notificaciones personales subsecuentes vía electrónica. NOTIFÍQUESE.
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