Domingo Alberto Ramírez Calvillo
Expediente 1856/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1856/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Domingo Alberto Ramírez Calvillo
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, a través del cual, remite copia certificada del acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, constancias que obran en el juicio laboral 01/43/13-JE3. Con lo anterior, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ****, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de nueve de octubre del año en curso, en consecuencia, este Juzgado Federal provee al respecto: Desechamiento de la demanda. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Fiscal Regional de Cuautla, Estado de Morelos y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional la desecha, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XX, de la ley en consulta, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Dicho numeral dispone, que el juicio de amparo, es improcedente en contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales la ley prevea algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados, nulificados o analizados. En el caso, el peticionario de amparo señala como acto reclamado la omisión de acordar favorablemente la devolución de la factura de su vehículo, ello en la carpeta de investigación CT-UCD-A/2075/2014. Ahora bien, el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, establece literalmente lo siguiente: "Artículo 226. Control judicial. Las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de otras omisiones durante la investigación, en los casos en que no esté satisfecha la reparación del daño, podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el juez de control. En este caso, el juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en caso de que la resolución impugnada sea la de no ejercicio de la acción penal, al imputado y a su defensor. En caso de incomparecencia a la audiencia por parte de la víctima, el ofendido o sus representantes legales, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación y confirmará la decisión de archivo temporal, abstenerse de investigar o no ejercicio de la acción penal. El juez podrá dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación y continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que la ley establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior.". Énfasis añadido. Del artículo transcrito se colige que, contra las decisiones del Ministerio Público sobre las omisiones durante la investigación de los delitos, así como en contra de las decisiones o determinaciones de archivo temporal, de abstención de investigación y de no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el juez de control y contra la resolución de ese recurso de queja procede el de apelación a que se refiere el artículo 413, fracción I, del código citado. Por ello, si el legislador estableció una doble instancia jurisdiccional para controvertir las omisiones durante la investigación de los delitos, así como en contra de las decisiones o determinaciones de archivo temporal, de abstención de investigación y de no ejercicio de la acción penal, es inconcuso que la víctima u ofendido debe interponer el recurso de queja y en su caso, el de apelación, y contra la resolución que se emita en esta última, podrá promover el juicio de amparo indirecto, ya que, en el caso, no opera algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Por tanto, la presente demanda de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que previamente al ejercicio de la acción constitucional, se debió agotar el recurso de queja y de ser el caso que la resolución no le favoreciera el diverso de apelación, mediante los cuales, el acuerdo dictado en la carpeta de investigación número CT-UCD-A/2075/2014, mediante el cual decretó la negativa de hacerle entrega de la factura de su vehículo, el promovente de amparo pudiese ser restituido en el goce del derecho fundamental que considerara violado. Por consiguiente, se desprende que el juicio de amparo es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetarse el principio de definitividad, el juicio de amparo será improcedente. Lo anterior sin soslayar que en términos de la fracción VII del artículo 107 de la ley de la materia, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como en contra de las decisiones o determinaciones de archivo temporal, de abstención de investigación y de no ejercicio de la acción penal, conforme al artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, pues dicha norma de procedencia del juicio de amparo, no dispensa la aplicación del principio de definitividad, en caso de que la impugnación en sede judicial sea biinstancial, por lo que, de ser así, debe agotarse la vía jurisdiccional, toda vez que no existe motivo alguno que justifique que el juicio de amparo indirecto suplante a los recursos de queja y de apelación establecidos en la legislación ordinaria del Estado de Morelos. Resulta aplicable al caso que nos ocupa la Jurisprudencia PC.XVIII. J/8 P (10a.), publicada en la página 1006 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 14, Enero de 2015, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ FACULTADO PARA RESOLVER SOBRE SU NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO, DEBE INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 413, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS (NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 118/2010(*), estableció que la víctima u ofendido del delito debe impugnar las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado y que contra la resolución que se emita al respecto, procede el juicio de amparo, conforme al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dicho órgano no se pronunció en cuanto a la aplicabilidad del principio de definitividad respecto de la resolución emitida por el Juez facultado dentro del sistema acusatorio, sino del derecho de la víctima u ofendido de reclamar, en la vía constitucional, la determinación de no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Ahora bien, el recurso de queja previsto en el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, constituye un medio de impugnación en sede judicial de las decisiones del Ministerio Público que pueden afectar los derechos de las víctimas u ofendidos, esto es, fuera del ámbito administrativo en el que se desenvuelve dicha representación social; y contra la resolución de ese recurso de queja procede el de apelación a que se refiere el artículo 413, fracción I, del código citado, por tratarse de una resolución que pone fin al procedimiento de investigación o que hace imposible su prosecución, esto es, a la primera de las etapas del procedimiento penal. Por ello, si el legislador estableció una doble instancia jurisdiccional para controvertir el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, es inconcuso que la víctima u ofendido debe interponer el recurso de queja y luego el de apelación, y contra la resolución que se emita en esta última, podrá promover el juicio de amparo indirecto, ya que, en el caso, no opera algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Lo anterior sin soslayar que en términos de la fracción VII del artículo 114 de la Ley de Amparo aplicable y abrogada, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, conforme al artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, pues dicha norma de procedencia del juicio constitucional perdió su vigencia, y aun cuando sea aplicada por analogía al texto constitucional vigente, no dispensa la aplicación del principio de definitividad, en caso de que la impugnación en sede judicial sea biinstancial, por lo que, de ser así, debe agotarse la vía jurisdiccional, toda vez que no existe motivo alguno que justifique que el juicio de amparo indirecto suplante al recurso de apelación establecido en la legislación ordinaria, de manera que sólo contra la resolución que decida en definitiva el control judicial del no ejercicio de la acción penal procederá el juicio de amparo indirecto. PLENO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO. De igual manera, tiene aplicación al caso, la tesis I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Debe precisarse, que la jurisprudencia citada en el párrafo inmediato anterior resulta aplicable al presente asunto, en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril siguiente, según el Artículo Sexto Transitorio de dicha Ley, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En consecuencia, en el caso queda actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XX, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del arábigo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **, contra actos del Fiscal Regional de Cuautla, Estado de Morelos, de quien reclama el acuerdo dictado en la carpeta de investigación número CT-UCD-A/2075/2014, mediante el cual decretó la negativa de hacerle entrega de la factura de su vehículo. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1856/2015-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Prevención. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones II y III, en relación con el numeral 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: PRIMERO.- La parte quejosa deberá informar con que calidad se ostenta dentro de la carpeta de investigación CT-UCD-A/2075/2014, toda vez que es omisa en señalar dicha circunstancia. SEGUNDO.- Para que efectos solicita la suspensión del acto reclamado, en virtud de que el que reclama es de naturaleza negativa. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad judicial, tal como lo establece la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." (Énfasis añadido) CUARTO.- Deberá exhibir seis copias de su escrito aclaratorio, las cuales son para distribuirse de la siguiente manera: a) Una para las autoridades señaladas como responsables; b) Una para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; y, c) Dos para el incidente de suspensión. Tiene aplicación al caso por analogía, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Página 79, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el numeral 114, párrafo segundo, de la Ley de la Materia, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 26, fracción III, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en lugar visible de este juzgado por así solicitarlo. Tiene aplicación al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página un mil sesenta y siete, cuyo rubro establece: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica. Notifíquese personalmente.
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