Dominga Marina Espinosa Clemente

Expediente 1304/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1304/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • Dominga Marina Espinosa Clemente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1304/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa ******************** promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 1-15). SEGUNDO. Mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se señaló fecha para la audiencia constitucional, se giró oficio al Instituto Federal de la Defensoría Pública, del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en Veracruz, Veracruz a fin de que se designara un representante para la parte quejosa y se ordenó emplazar a la tercero interesada Verónica Cheyenne Meza Espinosa y a la menor de identidad reservada con clave numérica 125/2021 (fojas 16-21) misma que fue emplazada el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno (foja 48). Asimismo, se hace constar que la tercero interesada no compareció a juicio. Por proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Encargado del Despacho de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Veracruz, Veracruz designando como Asesor Jurídico Federal a Manuel Alejandro Navarro Alanís como representante de la parte quejosa y como aceptado el cargo conferido (fojas 33-37). Mediante acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo efectivo apercibimiento decretado en proveído de veinte de diciembre del año en cita, por lo que se tuvo por inexistente a la autoridad 2. Policía Preventiva Local, en Veracruz, Veracruz (foja 46). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 52-55) y el emplazamiento de la parte tercero interesada (foja 48) se llevó a cabo la audiencia constitucional (foja 163) quedando el expediente en estado de resolución, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracciones I, y XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, ya que se trata de actos dictados dentro de una carpeta de investigación, susceptibles de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales del gobernado tales como la libertad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) pues se actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio es: Las medidas de protección decretadas a favor de la víctima la menor de identidad reservada con clave numérica 125/2021 el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictadas en la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F2/3646/2021, del índice de la Fiscalía Segunda Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con residencia en Veracruz, Veracruz, en donde se decretó, como medidas: la vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido, protección policial de la víctima u ofendido y Auxilio inmediato por Integrantes de la Instituciones policiales al domicilio donde se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo (fojas 87-88) las cuales fueron notificadas a la quejosa el siete de diciembre de dos mil veintiuno (foja 111). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. La Fiscal Segunda Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con residencia en Veracruz, Veracruz, negó los actos reclamados (fojas 52-55). Sin embargo, basta imponerse de la lectura del informe rendido por la autoridad responsable, para advertir que aceptó que el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en los autos de la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F2/3646/2021 dictó las medidas de protección señaladas en el artículo 137 fracción V, VI, VII y VIII en relación con el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, a efecto de que se preste vigilancia policiaca debida a través de rondines de manera permanente y continua en el domicilio que ésta habitado por la adolescente con clave numérica 125/2021. Máxime que dicha responsable remitió copias de las medidas de protección aludidas, así como de la carpeta de investigación de que se trata (fojas 87-88, 80-141); documentales con valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que la negativa de la autoridad responsable quedó desvirtuada. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. Motivo de improcedencia advertido de oficio A consideración del suscrito juzgador, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues como enseguida se demostrará. MARCO NORMATIVO Para sostener lo anterior es preciso establecer que en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" (.) De acuerdo con el precepto en cita, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, que tiene como objeto reparar las violaciones a derechos fundamentales cometidas mediante un determinado acto de autoridad, generadas sobre la esfera jurídica del particular que acuda al mismo, para solicitar que se le restituya en el pleno goce de las prerrogativas que le hayan sido violadas. Respecto a lo anterior, se tiene que el legislador ha establecido y la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País ha interpretado diversos requisitos para la procedencia del juicio de amparo, cuya condicionante de tal procedencia está sujeta a que el fallo protector, en caso de ser emitido, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo derivadas del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya inconstitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió (en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional) jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental que estimó violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable: 1). Mediante comparecencia de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, Verónica Cheyenne Meza Espinosa (parte tercera interesada) formuló denuncia contra ******************** por hechos que estimó constitutivos de delito cometidos en agravio de la adolescente con clave numérica 125/2021 (foja 86). 2). Con motivo de ello, en la misma fecha, Fiscal Segunda Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con residencia en Veracruz, Veracruz, radicó la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F2/3646/2021 y ordenó las investigaciones respectivas para el esclarecimiento de los hechos (fojas 82-83). 3). El cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dicha fiscal decretó medidas de protección a favor de la víctima, esto es, de la menor de identidad resguardada identificada con el número 125/2021 consistentes en: la vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido, protección policial de la víctima u ofendido y Auxilio inmediato por Integrantes de la Instituciones policiales al domicilio donde se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo, con vigencia de sesenta días (fojas 87-88) Dicha determinación constituye el acto reclamado en este asunto. 4). Dichas medidas fueron notificadas el cinco de noviembre de dos mil veintiuno a la tercero interesada Verónica Cheyenne Meza Espinosa (foja 88). 5). Oficio número 355/2021 dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, Boca del Río, Veracruz de fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno, a fin de que designe personal a su cargo a efecto de que se preste la vigilancia debida a través de recorridos de forma continua al lugar y/o domicilio donde se encuentre la menor con identidad reservada como adolescente con clave numérica 125/2021 (foja 97). 5). Dichas medidas fueron notificadas el siete de diciembre de dos mil veintiuno a la quejosa ********************, haciéndole de su conocimiento que a partir de esa fecha tendrían una vigencia de sesenta días (foja 111). 6). Entrevista de doce de noviembre de dos mil veintiuno, de la menor con identidad reservada como adolescente con clave numérica 125/2021 (foja 103). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hizo consistir como actos reclamados las medidas de protección decretadas a favor de la víctima la menor de identidad reservada con clave numérica 125/2021 el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictadas en la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F2/3646/2021, del índice de la Fiscalía Segunda Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con residencia en Veracruz, Veracruz, en donde se decretó, como medidas: la vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido, protección policial de la víctima u ofendido y Auxilio inmediato por Integrantes de la Instituciones policiales al domicilio donde se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo, las cuales la autoridad responsable determinó que su vigencia sería por sesenta días (fojas 87-88) mismos que empezaron a contar a partir del siete de diciembre de dos mil veintiuno fecha en que le fue notificada a la investigada ******************** aquí quejosa (foja 111) tal y como se aprecia de la documental aportada la autoridad responsable en su informe con justificación misma que fue valorada en párrafos que anteceden. Hecho, que tiene como consecuencia jurídica que el objeto o materia del presente juicio de amparo ha dejado de existir, ya que lo aquí reclama la parte quejosa correspondía a las medidas de protección decretadas el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F2/3646/2021, mismas que han dejado de surtir sus efectos ya que aquellas tenían una vigencia de sesenta días naturales, a partir del siete de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que le fueron notificadas a la quejosa ********************, ello si se toma en cuenta que la demanda de amparo se presentó el trece de diciembre de dos mil veintiuno, pues en esa data la quejosa ya había sido notificada de dichas medidas, lo que pone de manifiesto que a la fecha ya transcurrieron los sesenta días naturales de su vigencia, por lo que se evidencia que aun existiendo el acto reclamado no existe materia sobre la cual deba pronunciarse este juzgado federal al dictar la sentencia correspondiente, y por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo. En tales condiciones, queda plenamente demostrado que en el sumario en que se actúa, con la circunstancia anterior se actualiza la causal de sobreseimiento apuntada líneas arriba, pues el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material, situación con la cual, se torna imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estima transgredido. Expuesto lo anterior, es evidente que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el acto reclamado ha dejado de tener efectos, pues a la presente fecha ya transcurrieron los sesenta días naturales de la vigencia de las medidas de protección reclamadas por la quejosa, lo que tiene como consecuencia, que no exista materia de pronunciamiento de fondo. En virtud a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." No obsta que la anterior jurisprudencia fue integrada conforme a la ley de amparo anterior, pues la misma continúa vigente y aplicable, en tanto que no se opone a la nueva de Ley de Amparo, conforme lo establece su artículo Sexto Transitorio del decreto que la expidió, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. CONCLUSIÓN En las anteriores condiciones, por los razonamientos expuestos con antelación, al haber cesado los efectos del acto reclamado, el juicio de amparo es improcedente, en términos de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, se decreta el sobreseimiento en el juicio con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por la impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXII, 63, fracción V, 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo ******************** promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando último de la presente resolución.Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de cuenta signado por ******************** ********************autorizada de la parte quejosa, y dado que el escrito cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene por formuladas sus manifestaciones en vía de ALEGATOS, sin perjuicio de hacer relación de éstos, en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como prueba documental que anexó al escrito de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Notifíquese en términos de ley.

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