Dolores Y/O Dolores José Pérez Conde

Expediente 1290/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1290/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Dolores Y/O Dolores José Pérez Conde

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, trece de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, ********************. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ******************** por conducto de quien se ostenta como su defensor particular ******************** contra los actos del JUEZ TERCERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número ********************. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ahora bien, ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte ******************** reclaman del JUEZ TERCERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, la determinación de diez de octubre del año en curso, dictada en el proceso ********************, mediante la cual niega la devolución de las cantidades exhibidas en la diligencia de veintinueve y treinta y uno de octubre de dos mil trece, a fin de que los quejosos gozaran de la libertad bajo caución. Conforme a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen: Efectivamente, opera lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del precepto legal transcrito con anterioridad se observan las siguientes reglas a fin de que se actualice el supuesto de improcedencia del juicio de amparo, a saber: I) que en contra del acto reclamado proceda un recurso que pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; II) que dicho medio de defensa se prevea dentro del procedimiento y conforme a la ley que rige el acto reclamado y; III) si la procedencia del recurso o medio de defensa se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente, el quejoso tiene la facultad de agotar dicho medio o acudir directamente al juicio de amparo. Ciertamente, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a interponer juicio de amparo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos con anterioridad, que en esencia, se relacionan cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, órdenes de aprehensión, reaprehensión o providencias precautorias, personas extrañas a juicio y auto de vinculación a proceso. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos jurisdiccionales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del tribunal de legalidad, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de garantías, agoten los medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa comparece en esta instancia a impugnar el auto de diez de octubre del año en curso, dictada en el proceso ********************, en la que niega la devolución de las cantidades exhibidas en la diligencia de veintinueve y treinta y uno de octubre de dos mil trece, a fin de que los quejosos gozaran de la libertad bajo caución, atribuido al JUEZ TERCERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. Determinación en la cual la autoridad responsable argumentó, según manifiesta la parte quejosa, lo siguiente: ".Toda vez que se interpuso Juicio de Amparo Directo, motivo por el cual remitieron los autos originales al Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de ahí que esta autoridad se encuentra impedida para acordar lo solicitado, una vez que esta autoridad cuente con los autos originales se acordará lo procedente.". Con relación a dicho acto, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, ya que contra dicha determinación procede el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, a efecto de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Efectivamente, el artículo 267, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, prevé que el recurso de revocación tiene por objeto que el Juez confirme, revoque o modifique la resolución combatida y procede contra las resoluciones por las cuales no proceda apelación, y dispone que procede el recurso de revocación contra los autos de primera y segunda instancia (en la cual se le denomina reposición), con excepción de los que conforme a este Código admitan el recurso de apelación en su contra. En tanto que, el numeral 273 establece que procede el recurso de apelación, en los supuestos siguientes: "Artículo 273 Son apelables salvo disposición legal en contrario: I. Las sentencias de primera instancia; II. Los autos de falta de elementos para procesar; III. Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; IV. Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; V. Los autos que resuelvan algún incidente no especificado; VI. El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional; VIII. Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y IX. Las demás resoluciones que señale la Ley". De lo transcrito se obtienen las determinaciones que son apelables, por lo que, en contra de los no contemplados en tal precepto procede el recurso de revocación, el que, además, debe de agotarse previo al juicio de amparo. En ese tenor, contra la determinación en la que el juez señalado como responsable negó la devolución de las cantidades exhibidas, según indican los quejosos, en las diligencias de veintinueve y treinta y uno de octubre de dos mil trece, a fin de que gozaran de la libertad bajo caución (que contemplan los montos por concepto de libertad personal, posible multa y reparación del daño), procede el recurso de revocación, el cual debió agotarse, dado que en su contra no procede el recurso de apelación ni operan los casos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En primer lugar, porque no se actualiza la hipótesis de excepción consistente en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, ya que de la naturaleza del mismo, no se desprende que se materialice alguno de los supuestos aludidos. En segundo término, tampoco opera la excepción consistente en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, toda vez que de la demanda se advierte que la misma es de naturaleza civil y no penal. Asimismo, no se actualiza la causa de excepción al principio de definitividad consistente en que se trata de una persona extraña al procedimiento, ya que de lo manifestado por la parte quejosa, se advierte que son parte en el juicio de origen; aunado a que no se requiere realizar una interpretación adicional, pues el recurso de apelación no procede contra el auto que se controvierte, lo que abre la posibilidad de recurrirlo en revocación. Por ende, la parte quejosa estaba obligada a interponer el recurso de revocación previsto por el artículo 267, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, y procede contra las resoluciones por las cuales no proceda apelación, a efecto de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En esa tesitura, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley invocada. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los mencionados quejosos, sin perjuicio de que lo substituyan posteriormente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizados a los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Así mismo, de manera restringida a ********************, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley. COMUNICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELÉFONOS No ha lugar a tener como medios de comunicación el correo electrónico personal y/o teléfono que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido en el párrafo siguiente, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. SE DENIEGA AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Tampoco ha lugar a acordar favorablemente su solicitud de toma de fotografías y otros medios electrónicos en virtud de que el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO exhorta a las partes, para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, y así solicitar el acceso al expediente electrónico, lo que les permitirá consultar y descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el mismo. EXHORTO A LAS PARTES Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifieste expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante RAMIRO RAMÍREZ Y ESCOBEDO, Secretario que autoriza y da fe.May Puebla, Puebla, ********************. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ******************** por conducto de quien se ostenta como su defensor particular ******************** contra los actos del JUEZ TERCERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número ********************. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ahora bien, ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte ******************** reclaman del JUEZ TERCERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, la determinación de diez de octubre del año en curso, dictada en el proceso ********************, mediante la cual niega la devolución de las cantidades exhibidas en la diligencia de veintinueve y treinta y uno de octubre de dos mil trece, a fin de que los quejosos gozaran de la libertad bajo caución. Conforme a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen: Efectivamente, opera lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del precepto legal transcrito con anterioridad se observan las siguientes reglas a fin de que se actualice el supuesto de improcedencia del juicio de amparo, a saber: I) que en contra del acto reclamado proceda un recurso que pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; II) que dicho medio de defensa se prevea dentro del procedimiento y conforme a la ley que rige el acto reclamado y; III) si la procedencia del recurso o medio de defensa se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente, el quejoso tiene la facultad de agotar dicho medio o acudir directamente al juicio de amparo. Ciertamente, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a interponer juicio de amparo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos con anterioridad, que en esencia, se relacionan cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, órdenes de aprehensión, reaprehensión o providencias precautorias, personas extrañas a juicio y auto de vinculación a proceso. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos jurisdiccionales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del tribunal de legalidad, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de garantías, agoten los medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa comparece en esta instancia a impugnar el auto de diez de octubre del año en curso, dictada en el proceso ********************, en la que niega la devolución de las cantidades exhibidas en la diligencia de veintinueve y treinta y uno de octubre de dos mil trece, a fin de que los quejosos gozaran de la libertad bajo caución, atribuido al JUEZ TERCERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. Determinación en la cual la autoridad responsable argumentó, según manifiesta la parte quejosa, lo siguiente: ".Toda vez que se interpuso Juicio de Amparo Directo, motivo por el cual remitieron los autos originales al Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de ahí que esta autoridad se encuentra impedida para acordar lo solicitado, una vez que esta autoridad cuente con los autos originales se acordará lo procedente.". Con relación a dicho acto, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, ya que contra dicha determinación procede el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, a efecto de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Efectivamente, el artículo 267, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, prevé que el recurso de revocación tiene por objeto que el Juez confirme, revoque o modifique la resolución combatida y procede contra las resoluciones por las cuales no proceda apelación, y dispone que procede el recurso de revocación contra los autos de primera y segunda instancia (en la cual se le denomina reposición), con excepción de los que conforme a este Código admitan el recurso de apelación en su contra. En tanto que, el numeral 273 establece que procede el recurso de apelación, en los supuestos siguientes: "Artículo 273 Son apelables salvo disposición legal en contrario: I. Las sentencias de primera instancia; II. Los autos de falta de elementos para procesar; III. Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; IV. Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; V. Los autos que resuelvan algún incidente no especificado; VI. El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional; VIII. Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y IX. Las demás resoluciones que señale la Ley". De lo transcrito se obtienen las determinaciones que son apelables, por lo que, en contra de los no contemplados en tal precepto procede el recurso de revocación, el que, además, debe de agotarse previo al juicio de amparo. En ese tenor, contra la determinación en la que el juez señalado como responsable negó la devolución de las cantidades exhibidas, según indican los quejosos, en las diligencias de veintinueve y treinta y uno de octubre de dos mil trece, a fin de que gozaran de la libertad bajo caución (que contemplan los montos por concepto de libertad personal, posible multa y reparación del daño), procede el recurso de revocación, el cual debió agotarse, dado que en su contra no procede el recurso de apelación ni operan los casos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En primer lugar, porque no se actualiza la hipótesis de excepción consistente en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, ya que de la naturaleza del mismo, no se desprende que se materialice alguno de los supuestos aludidos. En segundo término, tampoco opera la excepción consistente en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, toda vez que de la demanda se advierte que la misma es de naturaleza civil y no penal. Asimismo, no se actualiza la causa de excepción al principio de definitividad consistente en que se trata de una persona extraña al procedimiento, ya que de lo manifestado por la parte quejosa, se advierte que son parte en el juicio de origen; aunado a que no se requiere realizar una interpretación adicional, pues el recurso de apelación no procede contra el auto que se controvierte, lo que abre la posibilidad de recurrirlo en revocación. Por ende, la parte quejosa estaba obligada a interponer el recurso de revocación previsto por el artículo 267, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, y procede contra las resoluciones por las cuales no proceda apelación, a efecto de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En esa tesitura, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley invocada. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los mencionados quejosos, sin perjuicio de que lo substituyan posteriormente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizados a los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Así mismo, de manera restringida a ********************, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley. COMUNICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELÉFONOS No ha lugar a tener como medios de comunicación el correo electrónico personal y/o teléfono que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido en el párrafo siguiente, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. SE DENIEGA AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Tampoco ha lugar a acordar favorablemente su solicitud de toma de fotografías y otros medios electrónicos en virtud de que el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO exhorta a las partes, para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, y así solicitar el acceso al expediente electrónico, lo que les permitirá consultar y descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el mismo. EXHORTO A LAS PARTES Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifieste expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

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