Dolores Viñas Arrona

Expediente 830/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
830/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Dolores Viñas Arrona

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el cinco de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en su oportunidad envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d), del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, por haberse desechado la demanda de amparo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del citado Acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Con la demanda de amparo de cuenta con la que *** solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 830/2021-III. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. Ahora, de la interpretación integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en los siguientes: El acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, emitido en el en el expediente *** del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en el cual se ordenó la cancelación de la pensión alimenticia que se encontraba recibiendo la quejosa, y Como consecuencia de ello, los proveídos de diecinueve de abril y siete de julio, ambos del año en curso, dictados en el propio expediente y, el diverso de siete de julio de la presente anualidad, emitido en el exhorto ***, relativos a la notificación del acuerdo citado en el párrafo anterior. Precisado lo anterior, el suscrito considera que con relación a los actos reclamados en este juicio de derechos fundamentales, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Inicialmente es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta directriz de procedencia del juicio biinstancial se desprende del contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente, lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Del contenido de la disposición legal transcrita se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. En ese sentido, se tiene que el acto reclamado por la quejosa consistente en el acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, emitido en el en el expediente *** del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en el cual se ordenó la cancelación de la pensión alimenticia que se encontraba recibiendo, se trata meramente de un decreto judicial, no de resolución que ponga fin al juicio o de imposible reparación, ya que en atención a la naturaleza de dicho proveído reclamado en esta vía constitucional, se evidencia la circunstancia de que la promovente, antes de acudir a este juicio constitucional, debió agotar, tal como lo prevé la ley de la materia, el medio de defensa que al efecto le otorga para combatir los actos de autoridad, que en este caso, en específico es el recurso de apelación, previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 593, que a la letra reza: "Artículo 593.- El recurso de apelación es un medio de impugnación de las resoluciones judiciales, que tiene por objeto que el Superior revoque o modifique la resolución del inferior, atendiendo a los agravios expresados por el apelante." En efecto, de la interpretación sistemática del citado numeral, se advierte que las resoluciones judiciales, que tiene por objeto que el Superior revoque o modifique la resolución del inferior, atendiendo a los agravios expresados por el apelante, son impugnables mediante el diverso de apelación; por ello, si en el particular, la amparista reclama el acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, emitido en el en el expediente *** del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en el cual se ordenó la cancelación de la pensión alimenticia que se encontraba recibiendo la quejosa, es inconcuso que ante dicha inconformidad el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo prevé un medio de defensa legal susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto de molestia de que se queja el inconforme, siendo en el caso el recurso de apelación previsto en el numeral precitado, y que la promovente se encuentra obligada a ocurrir ante la potestad común y promover el referido recurso para así agotar el medio ordinario de defensa, como parte que es del juicio natural; y al no hacerlo, es incuestionable que la demanda de amparo resulta improcedente. Conviene precisar que para que se surta la referida causa de improcedencia es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: Que el acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial o del trabajo; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En esa tesitura, con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, pues en el caso concreto, se colige que la quejosa disponía del recurso de apelación como medio de defensa por el cual era factible revocar, modificar y nulificar, las determinaciones dictadas por la autoridad responsable, ya que se trata de un auto que constituye un acto de autoridad en tanto que afecta en forma unilateral la esfera jurídica del particular y debió agotarlo previamente a esta vía constitucional; de ahí que, al no impugnarlo ordinariamente, se acredita de manera fehaciente la causal de improcedencia del presente juicio de amparo. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el principio de definitividad establece que previo al juicio de amparo indirecto deben agotarse contra el acto reclamado los medios de defensa ordinarios que establece la ley, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio, esto es, promover el juicio constitucional cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad, pues podría suceder que simplemente por formulismo se interpusiera el recurso aun en una hipótesis en que resultara improcedente, para tener por cumplido el recurso de definitividad que en caso se ha analizado. Asimismo, se precisa que de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "d", de la ley en la materia, el principio de definitividad únicamente encuentra excepción en los casos siguientes: Cuando sean actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento, y Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza civil y no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a), b) y d); y en segundo término, como se advierte de la demanda de amparo, el aquí quejoso es parte demandada en la controversia de origen, lo cual excluye la hipótesis a que se contrae el inciso c). Por todo lo anterior, contra el proveídos de seis de abril de dos mil veintiuno, emitido en el en el expediente *** del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en el cual se ordenó la cancelación de la pensión alimenticia que se encontraba recibiendo la quejosa, materia de los actos reclamados en el presente juicio de derechos fundamentales, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, antes de acudir al juicio de amparo. No pasa desapercibido que la parte quejosa también reclama los proveídos de diecinueve de abril y siete de julio, ambos del año en curso, dictados en el propio expediente y, el diverso de siete de julio de la presente anualidad, emitido en el exhorto ***, relativos a la notificación del acuerdo citado en el párrafo anterior. Sin embargo, no resulta hacer mayor análisis respecto de la procedencia del juicio de amparo por esos actos, toda vez que se encuentran subjúdice a la determinación que, en su caso, emita el tribunal de segunda instancia, con motivo del recurso de apelación que, si así lo estima conveniente, interponga la aquí quejosa. En esas condiciones, se acredita de manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo de tres días hábiles a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

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