Dolores Velasco Laureano
Expediente 732/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Dolores Velasco Laureano
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil veinte. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución dictada con fecha seis de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite las constancias relativas a la demanda de garantías promovida por - por propio derecho, contra actos del Ciudadano Magistrado de la Cuarta Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y otra autoridad, con residencia en esta ciudad; Acúsese recibo de estilo correspondiente y hágase del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, que con esta fecha éste órgano jurisdiccional de control constitucional, se avoca al conocimiento de la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos con fundamento en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número l-732/2020-D. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado:IV.-. la sentencia definitiva de fecha catorce de septiembre del año dos mil veinte, emitida en el toca de apelación número -, dictada con motivo del recurso de apelación que interpuse en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho de marzo del presente año, que resolvió el juicio sumario civil número -, que sobre división y partición de cosa común promovió la tercero interesada frente a la suscrita, así como el cumplimiento que se pretende dar a la sentencia dictada por la referida responsable. " Se precisa que la quejosa reclama la sentencia definitiva de fecha catorce de septiembre del año en curso dentro del toca de apelación - del índice de la Cuarta Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, que confirmó la sentencia definitiva de fecha dieciocho de marzo del mismo año, dentro del juicio sumario civil número- del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, que sobre división y partición de cosa común promovió -, en contra de la aquí quejosa -, así como el posible cumplimiento de la misma; ahora, de los antecedentes expresados por la ocursante en su escrito de demanda, se desprende que en la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de origen, se declaró la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, por lo que no se estudió la acción ejercitada, decretándose la nulidad de todo lo actuado dentro del mismo a partir del auto de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, por lo que, la aquí promovente recurrió dicha resolución mediante el recurso de apelación referido, a la cual le toco conocer a la Sala responsable, la cual declaró que los agravios expresados en el recurso de apelación de referencia son inoperantes, o en su caso infundados, y, por lo tanto, inconducentes para modificar o revocar la resolución recurrida, lo que originó que confirmara tal determinación. El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: [.]V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Numerales que establecen como actos de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación o derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es no afectan la vida, la libertad, la propiedad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la jurisprudencia número 189, definió a los actos de imposible reparación, como aquéllos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. De esta forma, debe precisarse que, contra la resolución de segunda instancia que confirma la sentencia de primer grado que ordena reponer el procedimiento del juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto que pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía de amparo indirecto, si satisface el atributo de ser un acto de imposible reparación, y esto no ocurre sino cuando se colman las condiciones siguientes: a) que el quejoso sea quien haya obtenido sentencia favorable a sus intereses en primera instancia y, por tanto, esté conforme con ella; y b) que por virtud de la resolución de alzada quede insubsistente aquel fallo para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo. En el caso concreto, la resolución que constituye el acto reclamado no produce consecuencias que sean de imposible reparación pues no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, sino únicamente genera meras afectaciones a derechos procesales, esto es así dado que, en el presente asunto se advierte que la resolución recurrida de fecha catorce de septiembre pasado, confirmó la sentencia recurrida, en la que se decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve dentro del juicio sumario civil sobre división de cosa común número - no afecta derechos sustantivos de la aquí quejosa dado que en la resolución confirmada en apelación se determinó que no se estimó integrada debidamente la relación jurídico procesal ante la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, y por tanto, no se estudió el fondo del asunto, ante estas situaciones resulta claro establecer que en ningún momento ha obtenido sentencia favorable, menos aún, estuvo conforme con la misma, y tampoco se advierte que con motivo de la determinación en el sentido de que se deja sin efecto todo lo actuado hasta el auto de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, se le deje en estado de indefensión, dado que incluso se dejó subsistente el emplazamiento ya realizado y la constancia y contestación de la demanda en el juicio de origen, sin que haya motivo que evidencie que resultaría imposible desahogar nuevamente las pruebas aportadas en autos por las partes, lo que hace evidente la improcedencia del juicio de garantías. Lo anterior encuentra sustento en la Tesis: 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registrada bajo el número 179548, Jurisprudencia (Civil), consultable en el Tomo XXI, Enero de 2005, página 199, misma que tiene el rubro y texto que sigue: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento". De igual forma apoya la anterior determinación la Tesis: III.1º.T.Aux.3 K., de los Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registrada bajo el número 163746, Tesis Aislada (Común), consultable en el Tomo XXXII, Septiembre 2010, página 1379, misma que tiene el rubro y texto que sigue: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE REVOCA LA DEL JUICIO NATURAL Y ORDENA AQUELLA ACTUACIÓN PARA LLAMAR A JUICIO A DIVERSOS LITISCONSORTES PASIVOS, SI EL QUEJOSO OBTUVO RESOLUCIÓN DESFAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 106/2004). De la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 199, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", se obtiene que la sentencia de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, sólo es impugnable en amparo indirecto si satisface el atributo de ser un acto de imposible reparación, y esto no ocurre sino cuando se colman las condiciones siguientes: a) que el quejoso sea quien haya obtenido sentencia favorable a sus intereses en primera instancia y, por tanto, esté conforme con ella; y b) que por virtud de la resolución de alzada quede insubsistente aquel fallo para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo. Lo anterior se explica porque la reposición de un procedimiento jurisdiccional, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en los litigantes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la sentencia de segunda instancia que la ordena, sino que se necesita una situación concreta, capaz de cambiar el sentido de la sentencia que llegue a dictarse en relación con la revocada, como por ejemplo, la anulación del desahogo de pruebas que, para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran nuevamente, ya sea por el fallecimiento de testigos o por la destrucción de documentos, o debido a nuevos requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados al actor para que cumpla con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Por ende, es improcedente el juicio de garantías biInstancial promovido contra la sentencia del recurso de apelación que revoca la del juicio natural y ordena reponer el procedimiento para llamar a juicio a diversos litisconsortes pasivos, si el quejoso obtuvo resolución desfavorable en primera instancia y, por ende, es inaplicable la indicada jurisprudencia, aun cuando se argumente retardo en la impartición de justicia, atento a la tesis 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 593 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del indicado medio de difusión y Época, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V interpretado a contrario sensu, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la ley de la materia. Máxime que, en el caso particular no nos encontramos en ninguno de los supuestos a que hacen referencia los criterios jurisprudenciales referidos, es decir, el acto aquí reclamado, no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa imposibles de reparar. Sumado a lo anterior, cabe precisar que en el caso concreto, la demanda de amparo no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, de conformidad con el último párrafo del artículo 3 del citado ordenamiento legal ni del artículo 22 Constitucional. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con los artículo 6 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos?22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional,?se exhorta?a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente,?transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL,?e.firma?u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.? Asimismo, ?se invita? a las partes para que?propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020.??? De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Por lo tanto, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal al promovente del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Finalmente se tiene a la parte quejosa por señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, ya que como se desprende de la constancia secretarial de cuenta, se encontró registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, no así las de -, ni -, quiénes se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones dentro del presente asunto.
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