Dolores Sandra Luz Peres Miranda

Expediente 849/2017 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
849/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
28/06/2017

Partes del expediente

  • Dolores Sandra Luz Peres Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; EN CONSECUENCIA, CONSERVESE EL ESCRITO DE DEMANDA Y LA SENTENCIA, CON EXCEPCION DE LAS RESTANTES ACTUACIONES.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL SE DECLARO INCOMPETENTE, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. FINALMENTE, REMITASE POR INCOMPETENCIA, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, REQUIERASE AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO, INFORME LA RADICACIÓN DE DICHO ASUNTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y LA CERTIFICACION DE CUENTA DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO CONCEDIDO A LAS PARTES POR PROVEIDO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, SOBRE EL CUMPLIMIENTO QUE DICE DAR LA AUTORIDAD RESPONSABLE A LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, TRANSCURRIO DEL DOS AL QUINCE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO; EN CONSECUENCIA, DESE CUENTA AL PLENO DE ESTE ORGANO COLEGIADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE FECHA QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: ... Pachuca de Soto, Hidalgo, ocho de junio de dos mil diecisiete. Visto el oficio 1565/2017, de la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, con el que remite cuaderno de amparo el cual contiene: escrito de presentación, demanda de garantías promovida por la quejosa Dolores Sandra Luz Peres Miranda, también conocida como Dolores Pérez Miranda, proveído de dieciséis de mayo del año en curso, constancia de emplazamiento y certificación; oficio 1564/2017, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado; copia de escrito de presentación con demanda de garantías; cuaderno de apelación y expediente 210/2013; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que la solicitante del amparo Dolores Sandra Luz Peres Miranda, también conocida como Dolores Pérez Miranda, señaló como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: "La C. (sic) Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo (.)".- "IV.- ACTO RECLAMADO: Lo es la sentencia interlocutoria relativa al incidente de falsedad de documento dictada con fecha 12 de abril del 2017 dentro del juicio ordinario mercantil promovido por la suscrita y en contra del ahora tercero interesado bajo el expediente número 210/2013 acumulado al Juicio Ejecutivo Mercantil celebrado entre las mismas partes a través de mis endosatarias, ante la misma autoridad responsable; tomando en consideración también como acto reclamado las violaciones procesales que se denotan en el curso de ambos juicios y que más adelante haré valer". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que Lina Pochotl Guzmán y Nelida Franco García, endosatarias en procuración de la hoy quejosa, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa demandaron a Andrés Gildardo Ocadiz Ibarra, diversas prestaciones. Seguido el juicio por sus respectivos trámites, el hoy tercero interesado Andrés Gildardo Ocadiz Ibarra, planteó incidente de falsedad de documento. En consecuencia, el doce de abril de dos mil diecisiete, la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, emitió la resolución interlocutoria respectiva. Inconforme con dicho fallo, la parte quejosa promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170 de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de doce de abril de dos mil diecisiete, dictada por la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el expediente 210/2013 de su índice; en consecuencia, dicho fallo no es de los que pone fin al juicio, y menos una sentencia que tenga el carácter de definitiva. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tienen como domicilio y autorizado para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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