Dolores Sánchez Lucero

Expediente 1954/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 80 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1954/2022
Año
2022
Actuaciones
80
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Dolores Sánchez Lucero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 80.

  1. Incidental

    Vistos, para resolver el incidente modificación y/o revocación de la suspensión definitiva promovido por Mario Aurelio Colin Hinojosa, apoderado de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso Denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y en representación del Director General y del Directos Jurídico de FONATUR, autoridad señalada como responsable, en autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1954/2022-III, promovido por Dolores Sánchez Lucero contra actos del Titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y otras autoridades; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se radicó el incidente de suspensión derivado de la demanda de amparo promovida por Dolores Sánchez Lucero contra actos del Titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y otras autoridades; mismo acuerdo en el que se concedió la suspensión provisional para el efecto que las autoridades responsables se abstengan de realizar actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad o posesión del inmueble que por esta vía defiende la quejosa, identificado como el lote No. 58, predio Camino del Sol, municipio Solidaridad, Estado de Quintana Roo, expediente catastral 108004000021058-, folio registral 40880; lo cual desde luego implica que no se obstruya el acceso a la parcela, y que se suspenda cualquier obra o trabajo que se esté realizando dentro del inmueble propiedad de la quejosa. Segundo. Previos los trámites legales correspondientes, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental relativa, en la que por una parte se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados de las responsables, y por otra, se concedió dicha medida de suspensión, únicamente respecto de los actos de naturaleza positiva que reclama para el efecto que las autoridades responsables se abstengan de realizar actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad o posesión del inmueble que por esta vía defiende la quejosa, identificado como el lote No. 58, predio Camino del Sol, municipio Solidaridad, Estado de Quintana Roo, expediente catastral 108004000021058-, folio registral 40880; lo cual, implica que no se obstruya el acceso a la parcela y que se suspenda cualquier obra o trabajo que se esté realizando dentro del inmueble propiedad de la quejosa. Tercero. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a Mario Aurelio Colin Hinojosa, apoderado de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso Denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y en representación del Director General y del Directos Jurídico de FONATUR autoridades responsables en los presentes autos, interponiendo incidente de modificación o revocación de la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en el presente incidente de suspensión, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental relativa, la cual, previos diferimientos se llevó a cabo en los términos que constan en el acta levantada al efecto. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de modificación y/o revocación de la suspensión definitiva, acorde a lo establecido en los artículos 107, fracción XVII, Constitucional, 35, 37, 67 y 154 de la Ley de Amparo. Segundo. Planteamiento de la autoridad señalada como responsable nombrada, para modificar y/o revocar la suspensión definitiva. Mario Aurelio Colin Hinojosa, apoderado de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso Denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y en representación del Director General y del Directos Jurídico de FONATUR, autoridades señaladas como responsables, en su escrito de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, solicitó la revocación o modificación de la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, puesto que a su consideración aconteció un hecho superveniente que permite su revocación, dado que aduce modifica sustancialmente los alcances de la medida decretada, que hizo consistir en que la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), mediante escrito de cinco de diciembre de dos mil veintidós, hizo del conocimiento de este Juzgado diversos hechos y causales de improcedencia relacionados con este asunto, puntualizando que respecto del inmueble que defiende la quejosa existe declaratoria de utilidad pública y decreto expropiatorio así como que en el procedimiento de expropiación se ha dado oportunidad y plena participación a la quejosa. Qué en el decreto emitido por el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley General de Bienes Nacionales, se expropio una superficie total de 1,093,118.93 m² (un millón noventa y tres mil ciento dieciocho punto noventa y tres metros cuadrados) de propiedad privada, en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, Estado de Quintana Roo, a favor de la Federación, para la construcción del tramo cinco, norte y sur del Proyecto Tren Maya. Que del contenido del decreto expropiatorio (artículo primero), se advierte entre los predios objeto del mismo, el lote ubicado en el polígono PC5N-011ª, con una superficie de 84,752.39. Que en el expediente de expropiación, existen constancias que demuestran que la hoy quejosa tiene plena certeza jurídica que tanto en la declaratoria de causa de utilidad pública como en el decreto expropiatorio consecuente, se encuentra contemplado el inmueble que defiende (lote 58, predio Camino al Sol, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo). Asimismo, que en el artículo Tercero del decreto que hace referencia, quedó establecido que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cubrirá el monto de la indemnización, que en términos de la ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, por lo que, dicha dependencia Federal mediante oficio UAJ.00859.2022, de 10 de agosto de 2022, notificado a la quejosa el 19 de ese mismo mes y año, le hizo del conocimiento el contenido del decreto expropiatorio, así como el dictamen voluntario del predio que defiende, expedido por el Instituto de Administración de Bienes Nacionales. Que la quejosa no ha podido acreditar debidamente ser legítima propietaria del inmueble, habida cuenta que con posterioridad al 17 de abril de 2013, fecha en la que lo adquirió , celebró el 3 de mayo de esa misma anualidad, un contrato de promesa de compra venta del mismo inmueble, con tercera persona, de quién posteriormente el 2020, demandó en la vía ordinaria civil la rescisión de dicho contrato en el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia Judicial del Distrito de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, estando en trámite ese proceso, circunstancia por la cual aduce se encuentra en disputa la legítima propiedad del inmueble. Que por tanto, con dichos elementos de prueba se demuestra que la hoy quejosa consintió la afectación por la indicada causa de utilidad pública mediante el pago de una indemnización, así como que no ha demostrado que aún conserva la propiedad del inmueble que se comprometió contractualmente a trasferir a tercera persona, encontrándose el derecho de propiedad en disputa en un juicio ordinario civil, por lo que aduce se materializan las causales de improcedencia que refiere. Y que por existir un hecho superveniente que apunta la pertinencia de que se realice un nuevo ejercicio de ponderación, entre el interés público y el privado, se determine la revocación de la medida cautelar decretada y se niegue la suspensión definitiva hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva. Tercero. Oportunidad del incidente de modificación y/o revocación de la suspensión definitiva. El presente incidente de modificación y/o revocación de la suspensión definitiva dictada en estos autos incidentales, se considera promovido de manera oportuna, pues en el presente caso, aun no se ha emitido sentencia ejecutoria en el juicio principal de donde derivan los presentes autos incidentales. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 31/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001, página 236, Novena Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguientes: "SUSPENSIÓN POR HECHO SUPERVENIENTE. LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE AMPARO PROCEDE TANTO EN LA PROVISIONAL COMO EN LA DEFINITIVA. Es verdad que el artículo 140 de la Ley de Amparo, al establecer que: "Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, el Juez de Distrito puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.", presenta, entre otras, la inquietud de no precisar expresamente qué tipo de suspensión es la que puede ser modificada o revocada por un hecho superveniente, es decir, si se trata de la suspensión provisional o de la suspensión definitiva. Sin embargo, no menos cierto es que al señalar dicho numeral que la revocación o modificación puede solicitarse en cualquier momento mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada, el cual abarca todo el procedimiento del juicio desde la presentación de la demanda de garantías y hasta antes de que sea declarada firme la sentencia ejecutoriada, resulta claro que la citada modificación o revocación por hechos supervenientes procede tanto en la suspensión provisional (siempre que no se haya resuelto la definitiva) como en la definitiva, por estar inmersas ambas dentro del lapso que establece el citado artículo 140. Opinar lo contrario, ya sea considerando que sólo procede dicha revocación o modificación respecto de una u otra, no haría posible alcanzar íntegramente la finalidad que persigue la figura de la suspensión que es la de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación al quejoso o, en su caso, el de los terceros perjudicados." Cuarto. Estudio de los motivos expuestos para revocar o modificar la suspensión definitiva. El numeral 154 de la Ley de Amparo, establece que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva, podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión. En el caso, el apoderado de la autoridad incidentista refiere esencialmente que la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), mediante escrito de cinco de diciembre de dos mil veintidós, hizo del conocimiento de este Juzgado diversos hechos y causales de improcedencia relacionados con este asunto, puntualizando que respecto del inmueble que defiende la quejosa existe declaratoria de utilidad pública y decreto expropiatorio así como que en el procedimiento de expropiación se ha dado oportunidad y plena participación a la quejosa. Y que adicionalmente a ello la aquí quejosa no ha acreditado contar con la propiedad del predio que por esta vía defiende, dado que dicha propiedad se encuentra en litigio ante el Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia Judicial del Distrito de Solidaridad, Estado de Quintana Roo. Ahora bien, a efecto de analizar las manifestaciones expuestas por la autoridad que instó este incidente, para pretender que se revoque o en su defecto se modifique la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa y se niegue ésta, en virtud que sustenta su petición en un hecho que estima superveniente, resulta necesario pronunciarse sobre la naturaleza de éste. El invocado artículo 154 de la Ley de amparo, establece lo siguiente: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión." Debe precisarse que el hecho superveniente que es susceptible de revocar o modificar la resolución relativa a la suspensión, ya sea provisional o definitiva, ha sido interpretado por el Máximo Tribunal del país, como aquel que ocurre con posterioridad al dictado de la resolución y, por excepción, con anterioridad, pero que sea desconocido por el Juez y altere los hechos que al efecto se hubieren analizado en dicha etapa, y resulte ser de tal magnitud que provoque la modificación o revocación de la suspensión, aunado a que debe tener relación directa con el caso concreto y los sucesos que generaron el juicio de amparo. Al respecto es aplicable en la parte conducente, la jurisprudencia 2a./J. 159/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1190 del Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, en la cual se dice "JURISPRUDENCIA. SU EMISIÓN Y PUBLICACIÓN NO CONSTITUYEN UN HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE MODIFICAR O REVOCAR EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN QUE RESUELVA SOBRE LA SUSPENSIÓN. La resolución de una solicitud en materia de suspensión se lleva a cabo en dos momentos: 1. Al analizar los hechos o acontecimientos circunscritos al caso concreto relacionado con las partes, actos, lugares y situaciones que los rodean, esto es, los elementos fácticos derivados del propio expediente relativo al juicio constitucional; y, 2. Al valorar la aplicabilidad del derecho al contrastar si los hechos cumplen con los requisitos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo señalan al efecto, así como la jurisprudencia aplicable al caso emitida para interpretar las leyes respectivas. No obstante lo anterior, dicha medida cautelar puede modificarse o revocarse por hechos supervenientes, los cuales se refieren a los acontecimientos posteriores al dictado de la resolución y, por excepción, con anterioridad, pero que sean desconocidos por el Juez y alteren a los que al efecto se hubieren analizado en dicha etapa, y resulten ser de tal magnitud que provocaran la modificación o revocación de la suspensión, los cuales deben tener relación directa con el caso concreto y los sucesos que generaron el juicio de amparo. Por tanto, al ser la jurisprudencia una interpretación de la ley, esto es, un criterio de aplicación obligatoria de los órganos jurisdiccionales facultados para ello y relacionado con el análisis del derecho que lleva a cabo el Juez, su emisión y publicación no constituyen un hecho superveniente en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, para efectos de modificar o revocar la resolución dictada con motivo de la suspensión." A partir de la premisa de lo que es un hecho superveniente, como exige la norma prevista en el artículo 154 de la ley de la materia, para modificar o revocar la medida suspensional, se analiza que en la especie, la autoridad incidentista solicita por conducto de su apoderado, se revoque la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa y ésta sea negada a la parte impetrante del amparo, con base en un hecho que aduce tiene la connotación de ser superveniente. En el caso en particular, la resolución sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados se dictó el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós y, en ésta, se negó en parte la suspensión definitiva respecto de algunos actos reclamados y, por otra parte se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados para el único efecto de que las autoridades responsables se abstengan de realizar actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad o posesión del inmueble que por esta vía defiende la quejosa, identificado como el lote No. 58, predio Camino del Sol, municipio Solidaridad, Estado de Quintana Roo, expediente catastral 108004000021058-, folio registral 40880; lo cual, desde luego, implica que no se obstruya el acceso a la parcela y que se suspenda cualquier obra o trabajo que se esté realizando dentro del inmueble propiedad de la quejosa. Asimismo, respecto a la concesión de la suspensión de referencia, se precisó que la misma surtiría efectos siempre y cuando no exista un decreto expropiatorio en el que se incluya el área que ocupa el predio que la parte quejosa defiende, que además la medida cautelar se constriñe a ese inmueble y que no se advertía controversia alguna frente a un tercero respecto de la titularidad en la propiedad o posesión del predio, por lo que no se fijó garantía como requisito de efectividad para que surtiera efectos la medida cautelar. Luego, para demostrar que es procedente la revocación o modificación de la suspensión definitiva concedida, en su caso, resulta necesario que la autoridad responsable incidentista demuestre la actualización de un hecho que hubiera acontecido con posterioridad o de manera coetánea al momento en que se resolvió sobre la suspensión definitiva o, que éste hubiese acontecido con anterioridad, pero que sea desconocido y altere a los que al efecto se hubieren analizado en la resolución y, que resulte ser de tal magnitud que provoque la modificación o revocación de la suspensión, mismo que además debe tener relación directa con el caso concreto y los sucesos que generaron el juicio de amparo; a efecto de considerarse como un hecho superveniente. Sobre esa premisa, la autoridad incidentista señala como hecho superveniente suficiente para la revocación de la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, que la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), mediante escrito de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en el expediente principal, lo cual se cita como hecho notorio, hizo del conocimiento de este Juzgado diversos hechos y causales de improcedencia relacionados con este asunto, puntualizando que respecto del inmueble que defiende la quejosa existe declaratoria de utilidad pública y decreto expropiatorio, así como que en el procedimiento de expropiación se ha dado oportunidad y plena participación a la quejosa. Y que adicionalmente a ello la aquí quejosa no ha acreditado contar con la propiedad del predio que por esta vía defiende, dado que dicha propiedad se encuentra en litigio ante el Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia Judicial del Distrito de Solidaridad, Estado de Quintana Roo. Con base en todo lo antes reseñado, resulta posible establecer que los hechos planteados por la nombrada responsable, se tratan de hechos supervenientes, como se verá a continuación, toda vez que si bien, tuvieron verificativo o acontecieron con anterioridad a la emisión de la resolución relativa a la suspensión definitiva de los actos reclamados, pues ésta se dictó el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós y la declaratoria de utilidad, así como el decreto expropiatorio fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de agosto de dos mil veintidós, por primera ocasión y el dos de agosto de esa misma anualidad, por segunda ocasión. De lo que resulta evidente, que si bien no se trata de un acontecimiento posterior, son actos que no fueron tomados en consideración al momento de resolverse sobre la suspensión definitiva y que tienen como efecto modificar la suspensión definitiva concedida. Con base en lo antes reseñado, resulta posible establecer que el hecho planteado por la nombrada responsable, sí se trata de un hecho superveniente, como se verá a continuación. Como lo refirió la autoridad responsable en el incidente que se analiza, mediante oficio de cinco de diciembre de dos mil veintidós, presentado en el expediente principal del cual deriva este cuaderno incidental, lo cual se cita como hecho notorio, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), hizo del conocimiento de este Juzgado diversos hechos y causales de improcedencia relacionados con este asunto, puntualizando que respecto del inmueble que defiende la quejosa existe declaratoria de utilidad pública y decreto expropiatorio. Lo cual se corrobora con el propio decreto expropiatorio que fuera exhibido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y que además, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable en lo conducente, el criterio que sostenido en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable al caso, la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." Y de lo cual se advierte, que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil veintidós, se emitió la declaratoria de causa de utilidad pública relativa a 1,383,122.91 metros cuadrados de propiedad privada, ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum, en el Estado de Quintana Roo, que serán destinados para la construcción de obras para la infraestructura pública relacionada con el Proyecto Tren Maya. Y dentro de la descripción de los predios de dicha declaratoria, del Municipio de Solidaridad, se advierte contemplado el polígono PC5N-011a, con una afectación de 84,752.39 metros cuadrados. Y mediante resolución de veintiséis de julio de dos mil veintidós, dictada en el expediente de expropiación SEDATU.1S.13.I110.UAJ.003.2022, se confirmó la causa de utilidad pública establecida en la "DECLARATORIA de causa de utilidad pública relativa a 1 383 122.91 metros cuadrados de propiedad privada, ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum, en el Estado de Quintana Roo, que serán destinados para la construcción de obras para la infraestructura pública relacionada con el Proyecto Tren Maya, describiendo entre ellos el inmueble relativo al Municipio de Solidaridad, polígono PC5N-011a, con una afectación de 84,752.39 metros cuadrados, y de los cuales señala será necesaria decretar su expropiación en términos del artículo 4º de la Ley de Expropiación. Posteriormente, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de agosto de dos mil veintidós, por el que se expropia una superficie total de 1,093,118,93 metros cuadrados, de propiedad privada ubicados en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, en el Estado de Quintana Roo, a favor de la Federación para la construcción del tramo 5, subtramo norte y sur, del Proyecto Tren Maya; en el que, se describen los inmuebles de propiedad privada expropiados, entre ellos el ubicado en el Municipio de Solidaridad, polígono PC5N-011a, con una afectación de 84,752.39 metros cuadrados. De todo lo cual, se advierte que el predio que por esta vía defiende la parte quejosa, esto es: lote 58, predio Camino del Sol, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, folio 40880, Solidaridad, Polígono PCSN-011a, afectación 84,752.39 metros cuadrados, si se encuentra descrito en los decretos de utilidad pública y de expropiación respectivos, ya que como se relacionó en párrafos que anteceden, se hace referencia al inmueble perteneciente al Municipio de Solidaridad, polígono PC5N-011a, con una afectación de 84,752.39 metros cuadrados. Por tanto, se acredita la existencia de la declaratoria de utilidad publica y expropiación sobre el predio que por esta vía defiende la parte quejosa, por tanto, debe concluirse que la suspensión de los actos reclamados en el presente asunto, no opera, dado que los actos reclamados inciden en la ejecución del decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de agosto de dos mil veintidós, por el que se expropia una superficie total de 1,093,118,93 metros cuadrados, de propiedad privada ubicados en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, en el Estado de Quintana Roo, a favor de la Federación para la construcción del tramo 5, subtramo norte y sur, del Proyecto Tren Maya. Por tanto, al estar frente a actos reclamados relacionados con la ejecución de una expropiación, de conformidad con el artículo 93 de la Ley Agraria, para una causa de utilidad pública (construcción del tramo 5, subtramo norte y sur, del Proyecto Tren Maya), el perjuicio que se pudiese ocasionar en su caso a la propietaria del predio aquí quejosa, con la negativa del otorgamiento de la suspensión sería menor al beneficio que la colectividad obtendría, prevaleciendo así el interés colectivo sobre dicho predio. De ahí que, como se adelantó, en el caso resulta fundado el incidente de modificación o revocación a la suspensión definitiva promovida en autos y por tanto, se revoca la parte conducente de la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en la que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados solicitada por la parte quejosa. Y en su lugar se niega la suspensión solicitada respecto de los actos reclamados consistentes en el despojo, privación de los derechos de propiedad y ocupación ilegal del predio que por esta vía se defiende, dado que como se refirió en párrafos que anteceden, dichos actos derivan de la ejecución del decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de agosto de dos mil veintidós, por el que se expropia una superficie total de 1,093,118,93 metros cuadrados, de propiedad privada ubicados en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, en el Estado de Quintana Roo, a favor de la Federación para la construcción del tramo 5, subtramo norte y sur, del Proyecto Tren Maya. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis I.7º.A.106 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 191764, que se comparte, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN MATERIA AGRARIA. TRATÁNDOSE DE EXPROPIACIONES DE TERRENOS EJIDALES POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA, DEBE NEGARSE LA MEDIDA CAUTELAR. Conforme al artículo 233 de la Ley de Amparo procede la suspensión de oficio que se decreta de plano en el auto admisorio de la demanda, cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su sustracción del régimen jurídico ejidal. Por su parte, el artículo 93 de la Ley Agraria, en forma enunciativa, enumera las causas de utilidad pública, en virtud de las cuales los bienes ejidales y comunales pueden ser expropiados. De lo hasta aquí expuesto, se obtiene que en caso de que el predio expropiado vaya a ser destinado para la realización de alguno de los fines descritos en el último precepto legal invocado, es de concluirse que el posible perjuicio que se pudiera ocasionar al núcleo agrario con la negativa del otorgamiento de la medida suspensional sería menor al beneficio que la colectividad obtendría; por tanto, al prevalecer el interés colectivo sobre el del ejido, debe negarse la medida suspensional." Sin que pase desapercibido para quien resuelve, que en los decretos de utilidad pública y de expropiación a que se hace referencia en la presente resolución, no se señalen los datos relativos al folio y cuenta catastral, del predio materia de la controversia en el presente asunto, dado que, con los datos contemplados en dichos decretos es posible identificar la identidad del predio que por esta vía defiende la quejosa, pues se hace referencia al inmueble perteneciente al Municipio de Solidaridad, polígono PC5N-011a, con una afectación de 84,752.39 metros cuadrados, con lo que se advierte refiere a los mismos datos aportados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y en las constancias que integran el presente asunto. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se declara fundado, el incidente de modificación a la suspensión definitiva, promovido por el apoderado de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso Denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y en representación del Director General y del Directos Jurídico de FONATUR, autoridad señalada como responsable, respecto de la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictada en estos autos incidentales. Segundo. Se revoca la parte conducente de la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en la que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados solicitada por la parte quejosa y en su lugar: Tercero. Se niega la suspensión solicitada respecto de los actos reclamados consistentes en el despojo, privación de los derechos de propiedad y ocupación ilegal del predio que por esta vía se defiende, dado que como se refirió en párrafos que anteceden, dichos actos derivan de la ejecución del decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de agosto de dos mil veintidós, en términos de lo sustentado en la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tienen por recibidos los escritos remitidos vía electrónica por Daniel Abreu Saucedo, apoderado de Nacional Financiero, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso Denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), y en representación del Director Jurídico de Fonatur, autoridades responsables en el presente asunto, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones y solicita se emita la resolución que en derecho corresponda respecto al incidente de modificación y revocación a la suspensión definitiva en el presente incidente de suspensión. Por tanto, atento a lo solicitado por el ocursante, indíquese que una vez que las labores de este juzgado lo permitan, se procederá al dictado de la resolución correspondiente, la cual será notificada a las partes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez Juez, Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por la Directora de Amparos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en representación del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, autoridad responsable en el presente juicio de amparo, mediante el cual en relación al requerimiento que se le realizó en proveído de once de julio del año en curso, remite la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado, mismo que se ordena agregar a este expediente y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez Juez, Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que el Titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano autoridad señalada como responsables, aún no ha remitido las constancias que se le solicitó mediante acuerdo de once de julio del año en curso ni obra en autos el acuse de recibo del oficio 22883/2023 con el que se les solicitó los mismos, por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan para su celebración las once horas del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que mediante proveído de diecinueve de junio del año en curso, se tuvo recibido el oficio del delegado de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso Denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y en representación del Director General y del Director Jurídico de FONATUR autoridades responsables en el presente juicio de amparo, por el que en cumplimiento al requerimiento que se realizó en proveído de doce de junio del año en curso, remitió en archivo electrónico el original del oficio AFTM/AZH/1006/2023, de dos de junio de dos mil veintitrés, documento que bajo protesta de decir verdad manifestó que es copia íntegra e inalterable del impreso que obra en poder de su representada, sin embargo de la lectura del mismo, se advierte que éste fue dirigido a la Titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, por ser la autoridad competente para resolver la solicitud realizada por la directa quejosa en el presente asunto, con su escrito de treinta de mayo del año en curso; en virtud de lo anterior, a fin de estar en aptitud de resolver con pleno conocimiento el presente asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, por medio del oficio que se gire requiérase de nueva cuenta a la Titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, autoridad responsable en el presente asunto, para que dentro del término de tres días que al efecto se le concede, remita copia certificada del escrito suscrito por la directa quejosa de fecha treinta de mayo del año en curso, del oficio FTMA/AZH/1006/20263 de dos de junio del año en curso y en su caso la respuesta correspondiente al escrito antes mencionado. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 237 fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

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