Dolores Ortega Hernandez
Expediente 1950/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1950/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/11/2022
Partes del expediente
- Dolores Ortega Hernandez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Autoridad informa. Agréguese a los autos el correo electrónico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en autos; sin embargo, no se advierte la información solicitada respecto de la cuenta bancaria ..., del Banco Banorte registrada a nombre de ..., a fin de constatar si se encuentra bloqueada o embargada y, de ser el caso, el motivo. Lo anterior es así, pues de las constancias que adjunta al oficio de cuenta respecto de los informes rendidos por diversas instituciones bancarias, se evidencia que corresponden a las morales Industrias Cobitel, sociedad anónima de capital variable, y El Filar, sociedad anónima de capital variable, no así a la quejosa ... En ese sentido, requiérase a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si la cuenta bancaria ..., del Banco Banorte registrada a nombre de ..., actualmente se encuentra bloqueada o embargada y, de ser el caso, precise con claridad el motivo. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo señalado para tal efecto, se le impondrá una multa de 50 a 1000 veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad que podrá rendir su informe a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del sistema de interconexión, o en su defecto, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, siempre que el archivo que se envíe cuente con firma electrónica; lo anterior, acorde con el principio de impulso tecnológico que se prevé en el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, y el diverso Acuerdo General 12/2022 que regula la integración y trámite de expediente electrónico Finalmente, no pasa por inadvertida la manifestación de la autoridad respecto a que adjunta al oficio de cuenta información con carácter de confidencial, al respecto se provee lo siguiente. Es necesario tener presente que el artículo 97, fracción III, inciso a), de la Ley de Instituciones de Crédito, prevé que quien reciba información reservada o confidencial será responsable administrativa y penalmente, en términos de la legislación aplicable, por la difusión a terceros de esa información. En ese contexto, de la revisión del régimen constitucional y legal vigente sobre el derecho de acceso a la información establecido en el artículo 6 de la Constitución Federal, se advierte que los particulares tienen acceso a la información bajo el principio de máxima publicidad, el cual solo podrá reservarse en los términos que establezcan las leyes por razones de interés público y seguridad nacional, así como por tratarse de información relacionada con la vida privada de las personas y sus datos personales. Para el ejercicio de ese derecho, la propia Constitución Federal previó la existencia de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, en términos de lo establecido en la ley. Sin embargo, al resolver la contradicción de tesis 121/2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en atención a la obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de dar vista a las partes con los informes justificados que rindan las autoridades establecida en el artículo 117 de la Ley de Amparo, cuando se remita información clasificada -reservada o confidencial- en dichos informes y exista razón fundada para que alguna o todas las partes del juicio la conozcan, previo análisis que de ella se haga, los jueces constitucionales podrán permitir el acceso total o parcial bajo su más estricta responsabilidad. Lo anterior, a fin de que las partes puedan exponer sus pretensiones y hacer valer en juicio lo que a su derecho e interés convenga, siempre y cuando el órgano jurisdiccional considere que para efectos del juicio de amparo dicha información clasificada puede darse a conocer en atención a la debida defensa de las partes. Sin embargo, dado que la información remitida por la autoridad oficiante no corresponde a la quejosa, no es posible autorizar a las partes la consulta de la información que, en su momento, exhiba la institución bancaria responsable en torno a la investigación que desarrolla, pues ello podría poner en riesgo la secrecía y el éxito de la propia investigación. En efecto, si bien el derecho de acceso a la información pública se rige conforme al principio de máxima publicidad, en el caso se actualiza el régimen de excepción, ya que el artículo 97, fracción III, inciso a), de la Ley de Instituciones de Crédito, prevé que quien reciba información reservada o confidencial será responsable administrativa y penalmente, en términos de la legislación aplicable, por la difusión a terceros de esa información. Por lo tanto, no se autorizará la consulta a las partes, de las constancias remitidas y, por lo tanto, deberá permanecer en sobre cerrado y bajo resguardado en este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y vía electrónica a la tercera interesada y por correo electrónico a la autoridad comunicacionAA@cnbv.gob.mx.
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