Dolores Olivo Ramírez

Expediente 1021/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1021/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2019

Partes del expediente

  • Dolores Olivo Ramírez
  • Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

  1. Principal

    TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN CHILPANCINGO, GUERRERO, MEDIANTE EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO EL AUTO DE VEINTITRÉS DE LOS ACTUALES, DEL QUE SE ADVIERTE QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA ASUMIÓ LA COMPETENCIA Y ADMITIÓ LA DEMANDA DE AMPARO .CONTRA ACTOS DEL JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. POR LO ANTERIOR, AL NO HABER NADA MÁS POR CUMPLIMENTAR, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio B-25385/2018, por el que se le remitió por incompetencia el juicio de amparo de donde deriva el cuaderno de antecedentes en el que se actúa, promovido por ********, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Asimismo, se desprende del auto inserto en el oficio que se provee, que el trece diciembre de dos mil dieciocho, el tribunal de alzada registró la demanda de amparo como amparo directo civil 782/2018, y previo a determinar lo procedente ordenó remitir su original al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, a efecto de que cumpla con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Amparo. En relación con lo informado, este órgano de control constitucional queda enterado y en espera de que comunique la aceptación de la competencia planteada. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Dolores Olivo Ramírez, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 1021/2018, y fórmese expediente. Incompetencia. Ahora bien, con fundamento en los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 47 y 170, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, acorde a los razonamientos que se expresan a continuación: Las fracciones III, inciso a) y V, inciso a), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. [.] V. El Amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de las competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. [.] A su vez, el inciso a), fracción I, del artículo 37, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictados por juntas o tribunales laborales federales o locales;(.)". En tanto que los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional (.)" Específicamente el último precepto inserto dispone, en lo conducente, que cuando se promueva juicio de amparo contra una resolución que ponga fin a un juicio, entendiéndose por ésta, la que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, se tramitará en la vía directa y es competente para conocer de él un Tribunal Colegiado de Circuito; siempre que contra dicha resolución no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada. En ese orden de ideas, la parte promovente reclama el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 993/2017-2, relativo al divorcio incausado, promovido por la aquí quejosa en contra de Erik Dorantes Reyes, en el que decreta la caducidad y da por terminada la instancia sin sentencia ordenado el archivo del juicio como definitivamente concluido. Por ende, es claro que el acto reclamado no puede ser analizado por este órgano de control constitucional, pues deviene evidente que se trata de una resolución que pone fin al juicio; por tanto, se estima que de su estudio corresponde conocer a un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil. En consecuencia, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Dolores Olivo Ramírez, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad y, que tal competencia se actualiza a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en Chilpancingo. Por tanto, remítase mediante atento oficio la presente demanda y sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, para que ésta a su vez la remita al órgano que corresponda, solicitándole a dicho tribunal de alzada, informe si acepta la competencia planteada y en su caso acuse el recibo correspondiente. Fórmese cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de amparo, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gerardo Morales Diego y Yarha Emilse Vargas Vargas; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Fernando Vázquez Calvario, dado que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este tribunal, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberá hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese personalmente. Lo proveyó Carlos Alberto Larumbe Ramírez, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de la licencia académica de la titular de este órgano jurisdiccional; autorizada mediante oficio SECJ/STB/1217/2018, de dos de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; asistido de José María Pliego Moreno, secretario que da fe.

  4. Principal

    CITATORIO. EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE:Acapulco, Guerrero; cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Dolores Olivo Ramírez, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 1021/2018, y fórmese expediente. Incompetencia. Ahora bien, con fundamento en los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 47 y 170, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, acorde a los razonamientos que se expresan a continuación: Las fracciones III, inciso a) y V, inciso a), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. [.] V. El Amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de las competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. [.] A su vez, el inciso a), fracción I, del artículo 37, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictados por juntas o tribunales laborales federales o locales;(.)". En tanto que los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional (.)" Específicamente el último precepto inserto dispone, en lo conducente, que cuando se promueva juicio de amparo contra una resolución que ponga fin a un juicio, entendiéndose por ésta, la que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, se tramitará en la vía directa y es competente para conocer de él un Tribunal Colegiado de Circuito; siempre que contra dicha resolución no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada. En ese orden de ideas, la parte promovente reclama el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 993/2017-2, relativo al divorcio incausado, promovido por la aquí quejosa en contra de Erik Dorantes Reyes, en el que decreta la caducidad y da por terminada la instancia sin sentencia ordenado el archivo del juicio como definitivamente concluido. Por ende, es claro que el acto reclamado no puede ser analizado por este órgano de control constitucional, pues deviene evidente que se trata de una resolución que pone fin al juicio; por tanto, se estima que de su estudio corresponde conocer a un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil. En consecuencia, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Dolores Olivo Ramírez, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad y, que tal competencia se actualiza a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en Chilpancingo. Por tanto, remítase mediante atento oficio la presente demanda y sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, para que ésta a su vez la remita al órgano que corresponda, solicitándole a dicho tribunal de alzada, informe si acepta la competencia planteada y en su caso acuse el recibo correspondiente. Fórmese cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de amparo, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gerardo Morales Diego y Yarha Emilse Vargas Vargas; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Fernando Vázquez Calvario, dado que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este tribunal, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberá hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese personalmente. +++ ... NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,273 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano