Dolores Montaño Loustanau de García

Expediente 2120/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2120/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
10/03/2016

Partes del expediente

  • Dolores Montaño Loustanau de García
  • Juez Primero En Materia Civil Y Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de marzo de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 2120/2015-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de enero de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer punto resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración; asimismo, el original del cuaderno incidental, es susceptible de destrucción en virtud de que se negó la suspensión definitiva. Por otra parte, toda vez que el Juez Primero en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos del I al V; en esas condiciones, remítase a las autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando de la manera más atenta se sirva acusar de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del cuatro de febrero del dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, cuatro de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de garantías 2120/2015-III B, de los que se advierte que por auto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se ordenó formar el cuaderno provisional con motivo del escrito presentado por Rafael Álvarez Pacheco mediante el cual comparece al presente juicio de garantías con el carácter de apoderado legal de la parte tercera interesada BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por medio del cual señala domicilio procesal y autoriza a diversas personas, para oír y recibir notificaciones. En atención a su contenido, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al juicio de garantías en que se actúa y por reconocida la personalidad con la que se ostenta en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Jardín Juárez número 7, despacho 24 edificio Bella Vista, colonia Centro de esta ciudad y, como autorizados para los mismos efectos a las personas propuestas en su escrito de cuenta. En ese sentido, no obstante que por auto de tres de febrero actual, se ordenó notificar por lista a la citada parte la sentencia emitida el veintinueve de enero actual, se instruye al Actuario de la adscripción a fin de que notifique la resolución de referencia a la parte tercera interesada en el domicilio antes señalado, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de febrero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por medio del cual remite copia certificada del auto de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, del cual se desprende que ordenó girar oficio al Subdirector Jurídico de los Servicios de Salud Morelos, para que en auxilio de sus labores programe una cita para el actor se presente con un especialista en materia de trabajo o traumatología y pueda realizarse la valoración del actor para que desahogue la prueba pericial. En mérito de lo anterior, requiérase a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de cinco días, siguientes a las que reciban el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo remita copia certificada del acuse de recibo del oficio dirigido al Subdirector Jurídico de los Servicios de Salud Morelos. Apercibido que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 237 de la ley de la materia, con relación con el diverso artículo 259. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de febrero de dos mil dieciséis. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, a la parte tercera interesada BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2120/2015-III, promovido por Dolores Montaño Loustanau de García, por derecho propio, contra actos del Juez Primero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el once de noviembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día por este juzgado, Dolores Montaño Loustanau de García, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Primero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de doce siguiente, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y la tercera interesada. Luego, por auto de catorce de diciembre pasado se fijaron las nueve horas con veintitrés minutos del ocho de enero de dos mil dieciséis, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Precisa el Alto Tribunal, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado consiste en: La falta de resolución del incidente de nulidad de actuaciones promovido por la quejosa el quince de octubre de dos mil quince, en el juicio especial hipotecario 43/2010. TERCERO. Certeza del(los) acto(s). Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el juez responsable al rendir el informe justificado (foja 26). CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer alguna, ni este juzgador advierte su existencia. QUINTO. Estudio del(los) concepto(s) de violación. Procede el análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, mismos que no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, circunstancia que no la deja en estado de indefensión, en tanto no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución. Es aplicable esta tesis: Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 164618 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Pag. 830 Jurisprudencia(Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Aun cuando la quejosa solicita la aplicación de la suplencia de la queja, el examen de los conceptos de violación se hará conforme al principio de estricto derecho que aplica para la materia civil, pues no se actualiza ninguno de los supuestos que el artículo 79 de la Ley de Amparo, prevé para la aplicación de dicha institución jurídica, por estas razones: La materia de este juicio no es agraria, penal ni laboral. No se está ante el análisis de un acto fundado en normas generales declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. No se advierte que haya habido contra la quejosa una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar sus derechos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. No hay evidencia de que la quejosa se encuentre en una situación de vulnerabilidad (pobreza o marginación) que la coloque en franca desventaja social para su defensa en el juicio. No es menor o incapaz ni se trata de un caso que afecte el orden y desarrollo de la familia. Los conceptos de violación plasmados tanto en la demanda como en el escrito de dieciséis de diciembre de dos mil quince, convergen en que, a juicio de la quejosa, la responsable viola su derecho a recibir justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, al transgredir lo dispuesto por el artículo 93 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos y abstenerse de resolver tomando como base la promoción del incidente de falsedad de firma planteado por su contraparte BBVA Bancomer. A decir de la quejosa, la trasgresión emana del hecho de que el aludido artículo 93, impone a la autoridad fallar el incidente de nulidad de actuaciones dentro de los tres días siguientes al fenecimiento de la vista que por el plazo de tres días se otorga a la contraparte del promovente de la incidencia ante su admisión; pero en el particular, ha transcurrido ese plazo sin que dicte resolución, sin que el envío del expediente original a la notaría para efectos de escrituración y la interposición del diverso incidente de falsedad de firma planteado por BBVA Bancomer, sean motivo para no resolver. Los conceptos de violación son inoperantes. Del examen del anexo IV del juicio especial hipotecario 43/2010, que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta que el quince de octubre de dos mil quince, la quejosa interpuso incidente de nulidad de actuaciones. Luego, por auto de diecinueve de octubre, el juez admitió el incidente y ordenó dar vista a las "partes interesadas" en el proceso por el plazo de tres días. Así, el veintisiete de octubre de dos mil quince, el apoderado legal de BBVA Bancomer desahogó la vista ad cautelam, bajo el argumento que había promovido diverso incidente de falsedad de la firma plasmada el incidente de nulidad de actuaciones. Dicha promoción se registró con folio 2747. Después, por escrito presentado el seis de noviembre de dos mil quince, con registro 2871, la quejosa solicitó que el incidente pasara a resolución. A esa petición recayó el auto de nueve de noviembre de dos mil quince. A través de éste, la autoridad se reservó proveer lo conducente bajo el argumento de que los autos originales del expediente de origen habían sido remitidos a la Notaría Pública Dos de Cuernavaca, Morelos, por oficio 2411 de veintidós de octubre de dos mil quince. El acuerdo de nueve de noviembre fue notificado a las partes el doce de noviembre pasado a través del boletín judicial 6604. Luego, mediante dos acuerdos de veintitrés de noviembre de dos mil quince, el juez acordó las promociones 2747 y 2871. Respecto de la 2747, tuvo a BBVA Bancomer desahogando la vista de diecinueve de octubre pasado y se reservó acordar sobre las manifestaciones de su representante para el momento procesal oportuno. Por cuanto a la 2871, indicó a la quejosa que se estuviera al acuerdo de la misma fecha, recaído al escrito 2747. Ahora bien, el acto reclamado debe analizarse, por regla general, conforme a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra forma la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Dicha regla está contenida en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Así, resulta que la falta de resolución reclamada por la quejosa, tiene como sustento el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil quince, que recayó a la promoción 2871, por la que aquélla solicitó la resolución del incidente. Cierto, a través de ese auto el juez se reservó proveer sobre la petición de la quejosa de dirimir el incidente de nulidad de actuaciones, aduciendo la falta temporal de los autos originales del expediente por su remisión a la notaría. Luego, los conceptos de violación formulados por la quejosa son inoperantes, por una parte, porque no controvierten el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil quince, antes, se enfocan en demostrar la infracción al artículo 93 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más que por sí solas sean suficientes para regir el sentido del acto y el tribunal de amparo no puede abordar el estudio oficioso de la(s) consideración(es) no impugnada(s) por no operar la suplencia de la queja, ello trae como consecuencia que esa(s) consideración(es) permanezca(n) intocada(s) y continúe(n) rigiendo el sentido de dicho acto; de manera que los conceptos serán inoperantes. Sobre la inoperancia de los conceptos de violación, se invocan estas tesis: Tesis: 173 Apéndice de 1995 Sexta Época 394129 1 de 0 Tercera Sala Tomo VI, Parte SCJN Pag. 116 Jurisprudencia(Común) CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable. Tesis: VII.1o.C. J/1 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010639 1 de 34 Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h Ubicada en publicación semanal REITERACIÓN(Jurisprudencia (Común)) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, REITERA LA MISMA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE LA LEGISLACIÓN ABROGADA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, en su texto vigente, se advierte que reitera la misma técnica de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que la ley anterior, conforme a la cual, dicho examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, excepto en aquellos casos en que procede suplir la queja deficiente, previstos por el artículo 79 de ese ordenamiento. En consecuencia, los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que el tribunal de amparo no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto; de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. Como también ocurre cuando éstos sí controvierten las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, pero dadas las circunstancias particulares del caso, existe un impedimento técnico que imposibilita su examen, como sucede, por ejemplo, cuando se relacionan con un aspecto sobre el que ya existe cosa juzgada, a virtud de un juicio de amparo anterior; introducen cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante la autoridad responsable en la litis del juicio natural o bien en el recurso que originó la emisión del acto reclamado; o se basan en postulados no verídicos; entre otros supuestos, que deberán atenderse caso por caso. Entonces, aun si se hallaran fundados los conceptos de violación, la falta de resolución reclamada seguiría sustentada por el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil quince, no controvertido, sin que se entienda impugnado por el hecho de que la quejosa haya aludido a él en el tercer concepto de violación, ya que no dio razones para considerarlo inconstitucional, por lo que ni aún opera la "causa de pedir". Por otra parte, los conceptos también son inoperantes porque combaten que la autoridad funda su abstención de resolver el incidente de nulidad de actuaciones en el planteamiento del incidente de falsedad de firma hecho valer por BBVA Bancomer, lo cual es una premisa falsa porque a la luz del incidente que nos ocupa (anexo IV), la autoridad no funda su abstención en la promoción del incidente de falsedad de firma; de ahí que resulta ocioso emprender su estudio, pues al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz. Sobre la ineficacia de emprender un estudio construido a partir de una premisa falsa, se invocan estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001825 1 de 1 Segunda Sala Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3 Pag. 1326 Jurisprudencia(Común) AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Tesis: XVII.1o.C.T. J/5 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008226 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 14, Enero de 2015, Tomo II Pag. 1605 Jurisprudencia(Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes. Así las cosas, ante lo inoperante de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Dolores Montaño Loustanau de García, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

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