Dolores Monserrat Santana Carrillo

Expediente 3671/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
3671/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Dolores Monserrat Santana Carrillo

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el comunicado suscrito por la delegada de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual anexa copia certificada del acuse de recibo relativo al oficio DGA/0276/2018 del cual se advierte que se solicitó una ampliación de la partida presupuestal "3944" bajo el rubro de "Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente" para cubrir con la obligación exigida en la sentencia de amparo; ahora bien, de dicha documental se desprende además que la secretaría oficiante bajo ese rubro cuenta con una partida de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100, moneda nacional), mientras que el monto al cual asciende la cantidad que debe pagar con motivo de la concesión de amparo dentro de esta litis constitucional es por la cifra de $317,782.80 (trescientos diecisiete mil setecientos ochenta y dos pesos 80/100, moneda nacional). En consecuencia, requiérase al Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en concordancia con el diverso tercero transitorio, para que en el término de tres días siguientes al en que sea notificado del presente proveído, informe si existe algún impedimento legal o material para cubrir la cantidad que debe pagar con motivo de la concesión de amparo, es decir, por el monto $317,782.80 (trescientos diecisiete mil setecientos ochenta y dos pesos 80/100, moneda nacional), pues según se desprende de la documental remitida por la oficiante, en la partida presupuestal "3944" por concepto de "Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente" esa partida sí cuenta con capital suficiente para cubrir con la referida obligación; por tanto, de no existir impedimento alguno, deberá acreditar las gestiones que se encuentra realizando para cumplir con la sentencia de amparo; en el entendido de que de no expresar una justificación jurídica y razonable, no quedará exento de que se hagan efectivos los apercibimientos que se decreten en su contra, al obstaculizar el cumplimiento de las sentencias de amparo, que son de orden público, según dispone el artículo 193 constitucional. Entonces, se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo anterior en los términos que se precisaron, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace del conocimiento de la autoridad oficiante que el comunicado por el cual dé respuesta a este mandato judicial federal, deberá contener la leyenda "SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TÉRMINO". Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria America Alejandra Diaz Cassián, que certifica que la presente actuación, la promoción y anexos que aquí se proveen coinciden en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/AADC/kygm

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera el recurso de queja que prevé la fracción I, inciso e), del artículo 97 del ordenamiento legal invocado, contra la resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (fojas 796 a 808), en la que se resolvió el incidente de liquidación respectivo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales. Una vez expresado lo anterior, requiérase a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Jalisco y Titular de la Dirección de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Coordinación General de Administración y Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de tres días siguientes al en que queden legalmente notificados del presente proveído, den cumplimiento a la resolución correspondiente al incidente de liquidación emitida el veinticuatro de enero de este año (fojas 796 a 808). Lo cual, deberán acreditar con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentran realizando para tal fin. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se impondrá a la desobediente una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Finalmente, se tiene por recibido el oficio que suscribe José Ramón Gutiérrez Ramos; en su carácter de delegado de las autoridades señaladas como responsables dependientes de la Fiscalía General del Estado de Jalisco; a través del cual solicita la aclaración de la interlocutoria de veinticuatro de enero de este año, en lo relativo "a la cuantificación del pago de veinte días por cada año de servicio laborado" por las razones que indica. Al respecto, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad a lo peticionado toda vez que lo pretendido no es susceptible de realizarlo mediante la aclaración de sentencia, ya que ésta únicamente procede con la finalidad de hacer comprensibles conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los obscuros, así como subsanar omisiones y corregir errores o defectos; sin embargo, en caso de acceder a su solicitud implicaría modificar las consideraciones que sustentan la aludida resolución dado que la cuantificación determinada sufriría una alteración sustantiva, lo cual como se indicó no es susceptible de ser modificado a través de la aclaración. Lo anterior encuentra apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, último párrafo de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia P./J. 94/97, consultable en la página 6, Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo. No obstante, se precisa que esa cantidad basada en veintisiete años, también considera los dos años restantes transcurridos hasta el momento de la resolución del incidente de liquidación de sentencia, por virtud de que deben calcularse hasta la fecha de liquidación, al igual que las remuneraciones de las que se vio privado por el acto declarado inconstitucional, ya que al igual que estas el quejoso tampoco pudo continuar con su servicio ordinario en razón de esa determinación viciada de inconstitucionalidad; como se estableció en el considerando tercero de la resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (fojas 796 a 808). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y la promoción que se provee, coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/DANH/cjta

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito que signa José Juan Soltero Meza, apoderado de la parte quejosa, y atento a su contenido, se le tiene designando como autorizados de su parte a Edgar Gerardo Huizar López y a José Armando Milanes Delfin, quienes estarán con las limitaciones a que alude el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Ileana Cruz López. Doy fe. LAPT/ICL/abn

  4. Principal

    Razón de aviso.- De conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso "C" de la Ley de Amparo vigente, y advirtiéndose que el quejoso no atendió el aviso que el Actuario Judicial de este Tribunal dejó en su domicilio; consecuentemente, por medio de lista se notifica la resolución dictada el doce de enero de dos mil dieciocho, que dice:."Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio que remite el delegado de la responsable Director de lo Jurídico de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado en autos, informando que no procede el pago de diversas prestaciones al quejoso; por tanto, solicita se aperture el incidente innominado respectivo. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito que signa Guillermo Martínez Aguilar, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en torno al desacuerdo de las cantidades precisadas por la responsable. Ahora bien, ya que existen discrepancias entre las cantidades que el autorizado del quejoso y la responsable refieren se deben liquidar al accionante constitucional; de conformidad con los 66 y 67 de la Ley de Amparo, se ordena dar trámite al incidente de liquidación a fin de establecer la cantidad que debe ser cubierta al quejoso con motivo de la separación de su cargo como Policía Vial adscrito a la Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco. Así, en términos de lo previsto por el citado artículo 67 de la ley de la materia, se otorga a las partes un término de tres días a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del trámite del incidente que nos ocupa y alleguen los medios de convicción que estimen convenientes para la resolución de la incidencia que se tramita. Tiene sustento a lo anterior, la tesis 2a. LXIV/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, de Julio de 2000, página 166, la cual dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO SU CUMPLIMIENTO REQUIERE EL PAGO DE UNA CANTIDAD CUYO MONTO NO FUE DETERMINADO EN ELLAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ABRIR UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PARA CUANTIFICARLO. Hay casos en que para el cumplimiento del fallo constitucional se tiene que pagar al accionante del amparo una cantidad cuyo monto no se determinó en la sentencia respectiva, como acontece, entre otros casos, cuando el peticionario del juicio de garantías deba ser indemnizado por la afectación que sufrió el predio de su propiedad en virtud del acto reclamado; cuando el Tribunal Fiscal de la Federación ordena incrementar la pensión jubilatoria del quejoso; cuando se declara inconstitucional una ley tributaria y, como consecuencia de ello, se ordena a la autoridad responsable devolver los pagos realizados por la contribución respectiva, durante el lapso que estuvo en vigor la ley reclamada, y cuando en acatamiento de la protección constitucional se deba reinstalar al servidor público en su empleo y pagarle las percepciones que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo separado de él. En estos casos puede suceder que exista controversia sobre el monto que debe pagarse al accionante del amparo y que el Juez de Distrito carezca de elementos para determinar con certeza, cuál es el correcto. En tales circunstancias, dicho juzgador, ciñéndose a los lineamientos señalados por los artículos 358 al 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2o., debe abrir un incidente de liquidación, en el que las partes interesadas estén en aptitud de probar sus pretensiones respecto al monto de las cantidades que se deban pagar al quejoso en acatamiento del fallo protector y, una vez que se desahoguen las pruebas ofrecidas por aquéllas y además aleguen lo que a sus intereses convenga, el Juez precitado debe dictar la resolución correspondiente, en la que determine la cantidad líquida que se deba entregar al quejoso, para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo".

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