Dolores María González Pelayo
Expediente 3710/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3710/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/04/2019
Partes del expediente
- Dolores María González Pelayo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de veintisiete de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Presidente de la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, al cual acompañó copia certificada del proyecto de resolución en forma de laudo dictado el veintiuno de febrero de la presente anualidad en el juicio laboral 452/2017/11-E. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable, sin que hasta el momento haya realizado manifestación alguna. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la sentencia de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, haciéndose consistir en que la autoridad responsable de inmediato dictara el proyecto de resolución y lo eleve a la categoría de laudo definitivo dentro del juicio laboral de origen. Mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 22), causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que en ese mismo proveído se requirió a la responsable a fin de que diera cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, de las constancias certificadas allegadas, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve se dictó el proyecto de resolución en forma de laudo, mismo que se elevó a categoría de laudo el veintidós de febrero del año en curso dentro del expediente laboral de origen. En consecuencia, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de doce de febrero del año en curso, compareció la quejosa a efecto de recibir el cheque número mencionado expedido a su favor. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de junio de dos mil quince, haciéndose consistir en lo siguiente: "(.) SE CONCEDE el amparo solicitado, para el efecto de que las autoridades responsables, a través de la dependencia correspondiente, indemnicen a la parte quejosa en cantidad líquida respecto de aquellos conceptos a que tenía derecho por el puesto que desempeñaba al momento en que se dio la terminación jurídica en comento". Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que en ese mismo proveído se requirió a las autoridades responsables a fin de que dieran cumplimiento al fallo protector. En atención a lo anterior, por interlocutorias de diez de marzo de dos mil dieciséis y veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se cuantificaron las cantidades a pagar por las autoridades responsables a la aquí quejosa, resultando en las sumas respectivamente, cantidades a las cuales se les debían realizar los descuentos que por ley les corresponden. Ahora bien, de las constancias originales allegadas por las responsables, mismas que fueron devueltas previo cotejo y compulsa que obran en este sumario, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que el once de enero de dos mil dieciocho la quejosa recibió el cheque número referido, valioso por la cantidad descrita, en tanto que el once de febrero pasado, recibió el diverso numerario con número de folio, mismo que ascendía a la suma de, cantidades que corresponden a las autorizadas en las interlocutoria mencionadas en líneas precedentes y a las que se les hicieron las deducciones que por ley corresponden. En consecuencia, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones que realiza el autorizado en amplios términos de la parte quejosa en su escrito con número de registro 3129, en el cual sostiene que debe tenerse por parcialmente cumplida la ejecutoria de amparo y requerirse de nueva cuenta por su cumplimiento. Ello, puesto que sus argumentos los hace valer en el sentido de que la autoridad responsable se excede en el monto de las retenciones que debieron haber sido autorizadas en la interlocutoria de veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Sin embargo, dicho argumento resulta ineficaz, ya que este Juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado a fin de examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, pues en caso de que resulte defectuoso, no se deja en estado de indefensión a la impetrante del amparo, ya que en relación a las retenciones por el impuesto sobre la renta, tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y corresponderá a la autoridad fiscal su revisión. Lo anterior, toda vez que para efectos de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal, sirven de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "LAUDO. PARA TENERLO POR CUMPLIDO ES INNECESARIO QUE EL PATRÓN EXHIBA LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS CONCEPTOS MATERIA DE LA CONDENA O EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DEDUCCIÓN RELATIVA, PUES BASTA CON QUE EN EL RECIBO DE LIQUIDACIÓN EXPRESE LAS CANTIDADES SOBRE LAS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN. Conforme a los artículos 109, 110, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, salvo los casos de excepción, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto de referencia a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos a los que resulten condenados en el laudo con motivo de la terminación de la relación laboral. En ese sentido, una vez que se ha determinado en el laudo el importe líquido de la condena y el patrón al exhibir su cuantificación manifieste haber retenido el impuesto correspondiente, para que la autoridad laboral tenga posibilidad de vigilar el cumplimiento del laudo, bastará con que aquél exhiba el recibo de liquidación en el que pueda observarse con claridad el desglose y coincidencia de los conceptos y cantidades a las que resultó condenado en el laudo, así como las cantidades retenidas por concepto del impuesto, sin necesidad de que la autoridad laboral proceda a examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, pues en caso de que resulte defectuoso, no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y corresponderá a la autoridad fiscal su revisión, consecuentemente no es requisito indispensable para efecto de tener por cumplido el laudo que el patrón exhiba el documento en el que acredite la deducción del impuesto para justificar el monto de las prestaciones que debió pagar al trabajador, o la constancia de que enteró la cantidad que retuvo al trabajador como impuesto del producto del trabajo". (Contradicción de tesis 119/2007-SS, Época: Novena Época, Registro: 171728, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 136/2007, Página: 543) "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. OBLIGACIÓN DEL PATRÓN DE RETENERLO, CUANDO LAS PERSONAS SUJETAS A UNA RELACIÓN LABORAL, OBTIENEN PRESTACIONES DERIVADAS DE LA MISMA. De conformidad con los artículos 77, fracción X, 79 y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año de 1991, quienes hagan pagos por conceptos de prima de antigüedad, retiro, indemnizaciones y otros, deben, en principio, retener el tributo respectivo; esta regla general admite dos casos de excepción, la primera se da cuando la cantidad recibida no excede de noventa veces el salario mínimo; la segunda, cuando el empleado sólo ha percibido un sueldo mínimo general correspondiente a su área geográfica; por tanto, si dichos preceptos legales no exceptúan de cubrir el impuesto sobre la renta a las personas que han estado sujetas a una relación laboral, y obtienen prestaciones derivadas de una condena impuesta por un órgano jurisdiccional, es obvio que el patrón debe retener el tributo relativo, sin importar si existe separación justificada o injustificada, pues el hecho de que el pago deba hacerse por determinación judicial, como consecuencia de un despido o un no sometimiento al arbitraje, no priva a dicho pago de su carácter indemnizatorio, cuya base impositiva deriva de la obligación establecida en los artículos 31, fracción IV y 73, fracción VII de la Constitución Federal". (Contradicción de tesis 2/92, Época: Octava Época, Registro: 915393, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Laboral, Tesis: 256, Página: 207) De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Visto el escrito signado por la parte quejosa como suscriptores del convenio respectivo (cumplimiento sustituto de ejecutoria de amparo) por el que interponen recurso de queja y expresan agravios en contra del auto de uno de febrero del año en curso; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA en contra del auto pronunciado por este Juzgado de Distrito. Ahora bien, como lo establece el artículo 101 de la ley de la materia, se ordena notificar a las demás partes del presente recurso de queja, para que dentro del término de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a quien resuelva la materia de la queja; una vez transcurrido el término a las partes, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, el original y copia del escrito del recurso, las constancias señaladas por las partes, así como las que estime pertinentes este Juzgado y ríndase el informe sobre la materia para la substanciación del recurso que se hace valer. Sin que haya lugar a proceder conforme a lo dispuesto por el numeral 102 de la Ley de Amparo, toda vez que al encontrarse el presente asunto en la etapa de ejecución de sentencia, el mismo no es susceptible de ser suspendido, dado que el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo, constituye una cuestión de orden público que debe realizarse sumaria y eficientemente, siendo responsabilidad indelegable de la autoridad de amparo su impulso y conclusión. De ahí que su vigilancia no es susceptible de suspenderse.
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