Dolores Margarita Vargas Resendiz
Expediente 59/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 59/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Dolores Margarita Vargas Resendiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense para que obre como correspondan el escrito signado por la Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por medio del cual solicita copia del auto de siete de junio de dos mil diecinueve. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, envíense las copias que solicita. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad responsable remite copia certificada del cheque que libró para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, e informa que está a disposición de la parte quejosa. En atención a lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días comparezca ante la autoridad exactora a fin de realizar los trámites necesarios para recibir el título de crédito respectivo. De igual forma, se requiere a la tesorería municipal responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que entregue el cheque respectivo, remita copia certificada de las constancias con que lo acredite. Lo anterior en el entendido de que subsiste el apercibimiento realizado en proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a María Concepción Cárdenas Fuan, Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, para que en el plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe a la autoridad responsable, que de incumplir con la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. De igual forma, con fundamento en el artículo 194 de la ley de la materia, se requiere a José Fernando Aguilar Palma, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable referida, para que la obligue a cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que deberá hacer uso de todos los medios a su alcance incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer para conseguir el cumplimiento, lo que deberá acreditar ante este juzgado de Distrito en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, pues de lo contrario incurrirá en las mismas responsabilidades y se hará acreedora a las sanciones con que se apercibió a la autoridad contra cuyos actos se concedió la protección de la justicia federal. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 59/2019, promovido por Dolores Margarita Vargas Resendiz; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que exhibió la quejosa; las documentales que remitió la Tesorera del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, ofrecidas por la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos; medios probatorios que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda. Luego, sin más pruebas que desahogar, el Juez declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; tampoco el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó intervención ministerial. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede dictar la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver el amparo indirecto 59/2019; y, RESULTANDO 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito de demanda de amparo presentada el catorce de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y remitida el día siguiente hábil a este Juzgado Primero, Dolores Margarita Vargas Resendiz, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos. 2. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos. 3. Secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 4. Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad del Estado Libre y Soberano de Morelos. 5. Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Morelos. 6. Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos. ACTOS RECLAMADOS: ".A) DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE RECLAMAN: 1) La discusión, aprobación, promulgación, publicación y expedición del decreto número 587 de fecha 13 de abril de 1999, que adiciona la sección segunda y los artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4014 de fecha 7 de Marzo de 1999, para quedar redactados de la manera siguiente:- - - "ARTÍCULO 119.- Es objeto del impuesto adicional la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la a Ley de Ingresos del Municipio. ARTÍCULO 120.- Son sujetos del impuesto adicional quienes tengan a su cargo, directa o solidariamente, los pagos a que se refiere el Artículo anterior. ARTÍCULO 121.- Es base del impuesto los pagos por concepto de impuestos y derechos previstos en la Ley de Ingresos del Municipio. ARTÍCULO 122.- La tasa general del impuesto será del 25% sobre la base que señala el Artículo 121 y su aplicación se hará según lo dispone el Artículo 123 de esta Ley. ARTÍCULO 123.-El impuesto adicional referido a: a).- Impuesto de traslado de dominio, así como de los derechos sobre fraccionamientos se aplicará como sigue: 15% para apoyo a la educación. 5% Pro-Universidad, 5% para fondo de fomento a la industrialización. b).- Los demás impuestos y derechos. 25% General para el Municipio. ARTÍCULO 124.- El entero del impuesto se hará en el momento en que se realicen los pagos objeto del gravamen. ARTÍCULO 125.- Este impuesto no será objeto de reducción, su aplicación se hará sobre la base del crédito principal. B) DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS, SE RECLAMAN: 1) La promulgación y orden de publicación del decreto número 587 de fecha 13 de abril de 1999, que adiciona la sección segunda y los artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4014 de fecha 16 de Enero de 1999. C) DEL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, SE RECLAMAN: 1) El refrendo del decreto número 587 de fecha 13 de abril de 1999, que adiciona la sección segunda y los artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4014 de fecha 16 de Enero de 1999. D) DEL DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DEL ESTADO DE MORELOS, SE RECLAMAN: 1) La publicación del decreto número 587 de fecha 13 de abril de 1999, que adiciona la sección segunda y los artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4014 de fecha 16 de Enero de 1999. E) DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA LO SIGUIENTE: 1.- La Recaudación de la cantidad de $30,170.00 (TREINTA MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.) que corresponden al impuesto adicional, relativo al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, retenido por Hugo Salgado Castañeda, Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, con motivo del acto jurídico de compraventa con el señor CARLOS FABRE Y LESTRADE, en su carácter de Vendedor del inmueble de referencia, protocolizado mediante escritura pública número 316,361 de fecha 20 de Diciembre del dos mil dieciocho, según factura número 195,149 pagada con fecha 31 de Diciembre del año 2018, que se anexan a la presente demanda. F) NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL ESTADO. 1.- La retención de la cantidad de $30,170.00 (TREINTA MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.) que corresponden al impuesto adicional, relativo al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, de la escritura pública número 316,361 de fecha 20 de Diciembre del dos mil dieciocho, según factura número 195,149 pagada con fecha 31 de Diciembre del año 2018, que se anexan a la presente demanda." Actos que estimó violatorio del derecho fundamental reconocido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. Por auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, no se tuvo con el carácter de autoridades responsables al Secretario General de Gobierno del Estado y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, toda vez que no se advirtió de la demanda que la quejosa haya reclamado vicios propios en el refrendo o la publicación de la norma reclamada, en términos de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo. Tampoco se tuvo como autoridad al Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, en virtud de que su actuación no implica la aplicación o ejecución de la ley reclamada, como tampoco la modificación de una situación jurídica determinada o la afectación de la esfera legal del gobernado, ya que no trata de imponer disposiciones normativas ni actúa motu proprio, sino en acatamiento de la ley combatida, la cual en este caso, ejecutan las autoridades exactoras del Estado. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de amparo de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 59/2019, misma que mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite y se mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede, previo diferimiento; y CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia administrativa llevado a cabo por autoridades que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: 1). Los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la liquidación -cálculo- que hizo el Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, reflejado en la escritura pública 316,361 (trescientos dieciséis mil trescientos sesenta y uno), de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, con relación a la retención y pago enterado por concepto del impuesto adicional Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, reflejado en el comprobante fiscal digital con folio 399290, serie 00001000000306850881, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, el ocho de enero de dos mil diecinueve. 2). La aplicación y ejecución de dichas normas; sin embargo, tal impugnación no se hace por vicios propios. III. Acto reclamado inexistente. En cuanto al cobro del Impuesto adicional Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, en razón de la aplicación de las normas generales reclamadas, lo cual se le atribuye a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, debe tenerse dicho acto como inexistente, independientemente de lo que haya manifestado al rendir su informe justificado, pues las normas reclamadas se impugnan en razón del acto de aplicación y que es la liquidación -cálculo- que hizo el notario público del impuesto referido. Y esa liquidación -cálculo- sólo puede ser tomada en consideración como acto de aplicación de las normas impugnadas, pero no como actos de autoridad imputable a ese ente público, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad y, por ende, ni la liquidación ni el entero de las contribuciones conducen a tener por ciertos los actos que se le atribuye al ente municipal, sino que sólo pueden ser tomados en consideración como actos de aplicación de la ley a partir del cual empieza a correr el plazo para promover el juicio de amparo. Tales consideraciones son similares a las de la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". Además, de la lectura de la escritura pública señalada como acto de aplicación, se desprende que la liquidación del Impuesto adicional Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, fue realizada por el aludido notario en acatamiento a los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, lo que como se dijo, sólo puede ser considerado como acto de aplicación de la citada legislación mas no como un acto de autoridad; y, por ende, no es cierto el acto reclamado en los términos señalados por la quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de dicho acto y autoridad. IV. Actos reclamados existentes. Se tiene la certeza de la existencia de las normas generales reclamadas a las autoridades legislativas señaladas como responsables, pues independientemente de lo que manifestaron al rendir su informe justificado, las leyes no son objeto de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De igual forma es cierto el acto de aplicación de las normas reclamadas, pues obra en autos copia de la escritura pública 316,361 (trescientos dieciséis mil trescientos sesenta y uno), de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, tirada por el Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, en donde se advierte la liquidación -cálculo- que hizo con relación al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y el Impuesto Adicional, esto es, $30,170.00 (treinta mil ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional). Lo que se adminicula con la retención y pago por dicho concepto, reflejado en el comprobante fiscal digital con folio 399290, serie 00001000000306850881, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, el ocho de enero de dos mil diecinueve, a nombre de la quejosa y respecto del inmueble objeto de la escritura pública de referencia, la que adquiere validez porque contienen la cadena original que incluye datos de verificación y sello digital en términos del artículo 29 de Código Fiscal Federal; por tanto, se le otorga valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, de dichos documentos se colige la retención y liquidación del impuesto adicional por la cantidad de $30,170.00 (treinta mil ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional), derivado de la aplicación de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, reclamado en esta vía constitucional. V. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues la quejosa se ostentó sabedora de las normas generales reclamadas desde el momento en que el fedatario realizó el cálculo reflejado en la escritura pública 316,361 (trescientos dieciséis mil trescientos sesenta y uno), esto es, el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, tal como lo refiere en su demanda de amparo; así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho al catorce de enero de dos mil diecinueve, descontándose el veintidós, veintitrés, veinticinco, veintinueve y treinta de diciembre, uno, cinco, seis, doce y trece de enero, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo fue recibida el catorce de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es claro que se presentó dentro del plazo con que contaba para ello. VI. Procedencia del juicio de amparo. El Congreso del Estado de Morelos, aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con la con la fracción V del numeral 63, del citado ordenamiento legal; referente a la falta de interés jurídico, por no estar acreditado el primer acto de aplicación de las normas generales reclamadas -artículos 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, relativos al impuesto adicional municipal-. Lo anterior es infundado, porque de autos se advierte que sí existe ese primer acto de aplicación de las normas generales reclamadas, relativos al Impuesto Adicional relacionado al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, en función de su primer acto de aplicación, consistente en la liquidación -cálculo- que hizo el Notario Público Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, reflejado en la escritura pública 316,361 (trescientos dieciséis mil trescientos sesenta y uno), de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, donde en aplicación a las normas impugnadas, concluyó que con base en el monto del bien inmueble, con un valor según avalúo de $6´034,000.00 (seis millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), impuesto tasa 2%, que da la cantidad de $120,680.00 (cinto veinte mil seiscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), más veinticinco por ciento (25%) de impuesto adicional, arroja la cantidad de $30,170.00 (treinta mil ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional), siendo el total a pagar por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles e impuesto adicional la cantidad de $150,850.00 (ciento cincuenta mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). Y ello se robustece con el comprobante fiscal digital con folio 399290, serie 00001000000306850881, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, el ocho de enero de dos mil diecinueve, a nombre de la quejosa y respecto del inmueble objeto de la escritura pública de referencia, en la que consta el pago de $120,680.00 (cinto veinte mil seiscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles así como la cantidad de $30,170.00 (treinta mil ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional), por el adicional de ese impuesto, arrojando un total de $150,850.00 (ciento cincuenta mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), con lo que se acredita su interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, de ahí que no se actualice la causal de improcedencia invocada. No se inadvierte que el Congreso del Estado de Morelos refiere además en su informe justificado cuestiones relativas al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles; sin embargo, la quejosa únicamente señaló como acto reclamado los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la liquidación -cálculo- que hizo el Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, reflejado en la escritura pública 316,361 (trescientos dieciséis mil trescientos sesenta y uno), de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, con relación a la retención y pago enterado por concepto del impuesto adicional, esto es, no se reclaman los artículos del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. Asimismo, por lo que ve a que la quejosa en su demanda de amparo reclamó la inconstitucionalidad de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, pues no fue refrendado por el entonces Secretario de Hacienda, no le asiste razón al Congreso responsable, pues ello fue reclamado al Secretario de Gobierno, pero el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, no se tuvo con el carácter de autoridad responsable ya que no se advirtió de la demanda que la quejosa haya reclamado vicios propios en el refrendo, tal como lo dispone la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo. Por su parte, el Gobernador del Estado de Morelos, hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 108 fracción III de la Ley de Amparo, puesto que el acto que se atribuye no se le reclama por vicios propios, sino como parte del proceso de formación de la ley. Lo que resulta infundado, en virtud que de conformidad con el último de los numerales citados, la parte quejosa debe señalar en su demanda las autoridades responsables y tratándose de la impugnación de normas generales deberá precisar los órganos a los que la ley encomiende su promulgación, por lo que en términos del artículo 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Morelos, corresponde al Gobernador de la entidad la promulgación de las Leyes y Decretos del Congreso del Estado; por tanto, el Gobernador de la entidad sí tiene el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, ya que es el encargado de la promulgación de la norma. Y, como las partes en esta instancia constitucional no hacen valer más causas de improcedencia, ni este juzgado las advierte de oficio, tal y como lo marca el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a estudiar el fondo del asunto; aunado a que el presente juicio de amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, dado que, como ya se vio, se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación. VII. Análisis de constitucionalidad de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Es fundado el concepto de violación formulado por la quejosa y, en consecuencia debe concederse el amparo solicitado para los efectos que más adelante se precisarán. En esencia, la quejosa sostiene que los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, vulneran el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, Constitucional, porque la contribución que prevén no atiende a la capacidad contributiva del sujeto, al disponer que el objeto del impuesto adicional es la realización de pagos de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio -pago de otra contribución-. En efecto, es fundado dicho motivo de disenso porque en el caso existe tesis de jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 119 a 125 del ordenamiento reclamado ya reformados, por vulnerar el principio de proporcionalidad: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los preceptos citados, al establecer un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos municipales en la mencionada entidad federativa, ya sea en su carácter de responsables directos o solidarios, violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, ya que no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, como operan las "sobretasas" u otras contribuciones adicionales -cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica-, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos de contribuciones municipales efectuados por los causantes, por lo que su hecho imponible se materializa al momento de cumplir con esa obligación tributaria. Por consiguiente, el aludido gravamen adicional no participa de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio, pues no se circunscribe a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino que tiene por objeto gravar todos los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate del Estado de Morelos, por lo que es inconcuso que dicho actuar no refleja la capacidad contributiva de los causantes." Ciertamente, en términos de la jurisprudencia recién mencionada en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó la inconstitucionalidad de las leyes que establecen como presupuesto objetivo de un impuesto otro impuesto o un derecho. Lo anterior al determinar que las leyes en las que se establecen impuestos y éstos que tienen como objeto gravar los pagos de otros impuestos y derechos, violan el principio de proporcionalidad tributaria, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo previsto y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Así, la anterior Jurisprudencia es considerada temática y de aplicación obligatoria para este órgano jurisdiccional, en principio porque se emitió una regla general teniendo como parámetro de control la Constitución Federal, ordenamiento constitucional que tiene como ámbito de aplicación todo el territorio de la República Mexicana, pero además, porque los preceptos sometidos a control constitucional, establecen el mismo supuesto contenido en los artículos 119 a 125 de la Ley de Hacienda Municipal, reclamados, esto es el impuesto sobre otro impuesto o derecho municipal, es decir, aunque las normas generales declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de mérito fueron reformadas parcialmente, el vicio de inconstitucionalidad quedó subsistente, pues tienen como presupuesto objetivo de un impuesto el cobro de otro impuesto o un derecho, particularmente en su primer párrafo donde establece que es objeto del impuesto adicional la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto hace a los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. VIII. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del amparo consiste en: 1). Que se desincorpore de la quejosa Dolores Margarita Vargas Resendiz, la obligación tributaria prevista en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; esto es, para que no se le apliquen las normas declaradas inconstitucionales durante el lapso de su vigencia. 2). Como consecuencia de lo anterior, se le devuelva a la quejosa Dolores Margarita Vargas Resendiz, exclusivamente la cantidad que justifique haber enterado en aplicación de la contribución referida -impuesto adicional-, por la Tesorería Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, pues la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también sus actos de aplicación. En la inteligencia de que por lo que se refiere a esta parte de la concesión de amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de esta sentencia están obligadas a realizar, en el ámbito de su competencia, los actos necesarios para ello, de conformidad a lo que establece el artículo 197 de la Ley de Amparo. Finalmente cabe precisar que las cantidades referidas en este considerando, en términos de los artículos 46 y 48 del Código Fiscal del Estado de Morelos, en su caso, deberán devolverse debidamente actualizadas hasta el momento en que este fallo cause ejecutoria, y con los intereses que se generen desde este último momento procesal y hasta que se realice el pago respectivo o se le ponga a disposición de la quejosa. En sustento a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, se citan las jurisprudencias 2a./J. 188/2004 y 2a./J. 13/2008, ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido." "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." En este punto, es necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular con efectos generales la norma inconstitucional, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo, por lo cual, el Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Morelos, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, sino únicamente los actos de aplicación dirigidos a la parte quejosa y que en concreto, corresponde a la Tesorería Municipal de Emiliano Zapata, Morelos. IX. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Dolores Margarita Vargas Resendiz, contra el acto reclamado a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, en términos del considerando III de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Dolores Margarita Vargas Resendiz, por las razones, fundamentos y efectos expuestos en los considerandos VII y VIII de esta resolución. TERCERO. Por las razones señaladas en el considerando último de esta sentencia, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE. Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
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