Dolores Lucrecia Gutierrez Melendez
Expediente 1107/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1107/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Dolores Lucrecia Gutierrez Melendez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de diciembre de dos mil veintidós.********************Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de diez de noviembre del presente año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************por tanto, se declara que el mismo causa estado.********************Ahora bien, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto totalmente concluido.********************En consecuencia, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente físico, por lo que procede a valorar jurídicamente este juicio de amparo, por tanto, hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en el capítulo 8, apartado 8.1.2, numeral 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo y no tiene relevancia documental.********************Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Notifíquese.*********************************
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Dolores Lucrecia Gutiérrez Meléndez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esa ciudad. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de juicios de amparo electrónico con el consecutivo 1107/2022-V. Ahora bien, a efecto de acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se considera necesario indicar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar aquélla, para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Sin embargo, para el desechamiento de plano bajo esa hipótesis de una demanda, es necesario que la causa de improcedencia sea manifiesta, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la sola lectura del escrito correspondiente; además, que sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de que se trate sea operante en el caso concreto. En ese sentido, luego del análisis del contenido integral del escrito de demanda de amparo, este Órgano de Control Constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" La anterior disposición plantea la improcedencia del juicio de amparo por la existencia de otro anteriormente promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades, por el propio acto reclamado y dichos actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Para que se actualice la causa de litispendencia a que se refiere la fracción en cita, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: a) Que la ley o acto se reclame en dos juicios de amparo; b) Que uno de esos juicios ya tenga resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De la lectura del dispositivo legal trascrito y de la demanda de garantías, esta potestad federal advierte la actualización de la causal de improcedencia en comento, razón por la cual, se ordena traer a la vista el expediente 74/2020-II, de este propio índice. Lo anterior en tanto que la existencia del citado juicio de amparo constituye un hecho notorio para quien resuelve en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia publicada en la página 295, del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en enero de 1997, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". En el caso concreto, de la demanda del juicio de amparo 74/2020, del índice administrativo de este Órgano Jurisdiccional, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que entre aquél y la demanda de amparo que dio origen a este juicio de garantías, existe identidad entre la parte quejosa (Dolores Lucrecia Gutiérrez Meléndez) y la autoridad responsable (Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esa ciudad.) En efecto, la amparista reclama de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, la omisión para sustanciar el procedimiento del juicio laboral radicado bajo el expediente 3/08/4931 dentro de los términos previstos por la Ley Federal de Trabajo, al no desahogar las pruebas ofrecidas por la demandada y admitidas desde el ocho de julio de dos mil diez. Por lo que, la promovente en ambos reclama la omisión de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, para sustanciar el procedimiento del juicio laboral radicado bajo el expediente 3/08/4931 dentro de los términos previstos por la Ley Federal de Trabajo, al no desahogar las pruebas ofrecidas por la demandada y admitidas desde el ocho de julio de dos mil diez. Asimismo, del referido juicio 74/2020 se advierte que a la fecha se encuentra ejecutoriada la sentencia y por ende se ordenó el archivo del citado juicio de amparo. De lo anterior queda de manifiesto que se está en presencia de la figura jurídica conocida en la doctrina como litispendencia, en tanto que, previo a la presentación de la demanda ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, existía un diverso juicio de amparo, promovido por la misma parte quejosa respecto de la misma autoridad y por el mismo acto reclamado. Al respecto es aplicable la tesis XIX.2o.12 K, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 312, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en enero de 1996, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Asimismo, es aplicable la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Consecuentemente, ante la identidad de la quejosa, actos reclamados y autoridad responsable en aquél y en este juicio, es de concluirse que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, por ende con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de mérito, en razón de que como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley en cita. Apoya a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, editada en la página 226, Tomo XII, julio de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Sin que pase desapercibido para este juzgador, la citada jurisprudencia 172833, Tomo XXV, de la Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS."; sin embargo, de lo acordado en párrafos que anteceden, no tiene aplicación, debido a que, los actos que viene combatiendo no son subsecuentes a los del diverso juicio de amparo 74/2020 del índice de este Órgano Federal, ya que son los mismos. Por otra parte, se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias, incluso certificadas, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En el entendido de que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Con fundamento en lo previsto en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurado que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la amparista para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Plutarco Elías Calles 1289, local 110, planta alta, Plaza Comercial Los Nogales, colonia Los Nogales, en esta localidad fronteriza; y como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la misma ley a la licenciada Nora Coronado López, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales así como únicamente en términos restringidos a Jorge Antonio Sánchez Torres, por no contar con dicho requisito. Finalmente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que la secretaria deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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