Dolores León Carrizosa

Expediente 813/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
813/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Dolores León Carrizosa

Actuaciones

  1. Principal

    III. El Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remite testimonio de la resolución emitida en el conflicto competencial ****, cuyos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Existe conflicto competencial. SEGUNDO. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto presentado por ****, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por los razonamientos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria." Archívese este asunto como concluido.

  2. Principal

    III.- Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual, informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por este Juzgado de Distrito y el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, para conocer del presente asunto, el cual registró con el número ********************; por tanto, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes y estese a la espera de que la Superioridad resuelva lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    III.- Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, mediante el cual, informa el proveído emitido en el juicio de amparo ********************, por el que, no aceptó la competencia planteada por este juzgador para conocer del presente asunto******************** por tanto, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes********************asimismo, acúsese recibo. En efecto, el homólogo federal no aceptó la competencia planteada, pues considera que el órgano competente para conocer del presente asunto es este Juzgado Federal Por tanto, se insiste que se carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo. Entonces, con apoyo en los previsto por el artículo 37 fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el juicio de amparo ******************** al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del conflicto competencial. En el entendido que se remite el juicio de amparo de mérito, toda vez que en aquel obra la demanda de amparo original, así como las determinaciones por las que este Juzgado de Distrito se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************** y por la que el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, no aceptó la competencia planteada. Se solicita a la Superioridad de manera respetuosa el acuse de recibo correspondiente y, comuníquese al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, la presente determinación para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    III. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por +++, contra actos del Presidente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 813/2023-III. +++. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión de trece de octubre de dos mil veintidós, presentada en la Oficina de Atención al Derechohabiente Nezahualcóyotl. INCOMPETENCIA Una vez analizado el escrito inicial de demanda y los anexos que se acompañan a ella, este órgano jurisdiccional, declara carecer de competencia para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las consideraciones siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo, se obtienen las reglas básicas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la peculiaridad para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado deba tener ejecución en más de un Distrito, haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente aquel ante el que se haya presentado la demanda de amparo; y, c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, el órgano jurisdiccional debe tener presente la naturaleza del acto reclamado -si requiere ejecución material o carece de ésta-, así como sus características fundamentales -acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado-, para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que, de manera más objetiva y razonable, puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. A propósito de ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 70/2011 -el seis de abril de dos mil once, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito-, sustentó que la expresión "ejecución material" debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo, o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En este sentido, debe destacarse la forma en que se dividen los actos, lo que se hace con orientación en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 343/2019. Precedente en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos. 2. Negativos, y éstos a su vez en:  Actos negativos simples;  Actos negativos con efectos positivos;  Actos negativos prohibitivos; 3. Omisivos o abstenciones. De los anteriores, importa destacar los actos omisivos o abstenciones, que son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. Ahora, para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, se trae a contexto lo resuelto por la Primera Sala en el amparo en revisión 1241/1997, en el que puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión 978/2007, la misma Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones. En esa línea, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. Expuesto lo anterior, ahora se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa, es: la omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión de trece de octubre de dos mil veintidós, presentada en la Oficina de Atención al Derechohabiente Nezahualcóyotl. En esas condiciones, debe tenerse presente el contenido de los artículos 3, 11 y 18 del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que disponen lo siguiente: "Artículo 3.- El Comité de Pensiones tendrá por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, previstas en la ley, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. Artículo 11.- El Comité de Pensiones tendrá las siguientes funciones y atribuciones: I. Analizar y dictaminar las solicitudes de pensión o del estímulo por permanencia; (.). Artículo 18.- Los dictámenes o resoluciones que emita el Comité de Pensiones serán entregados o estarán a disposición del solicitante en las unidades receptoras donde se inició el trámite de pensión o de estímulo por permanencia, con la finalidad de que sean notificados del resultado." De las normas transcritas se obtiene que la resolución que determina la procedencia de una pensión, es emitida por el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mientras que la obligación de tenerlas a disposición del interesado, o bien, entregarlas, queda a cargo de las unidades receptoras en donde se haya iniciado el trámite de pensión, esto, con la finalidad de ser notificadas. Consecuentemente, la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber legal de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a los derechos de seguridad social. Violación que subsistirá, hasta en tanto se lleve a cabo la notificación de la resolución que se emita. De ahí que se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, dado que la autoridad está obligada a resolver la solicitud de pensión del quejoso, implicando con ello, un actuar que tendrá alcances materiales en la situación particular del solicitante. Por tanto, es de concluir que en el caso, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, por lo que sí tiene ejecución material. Sobre esa consideración, este órgano jurisdiccional estima que quien debe conocer del presente asunto es el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en turno, pues es en su jurisdicción es en donde los efectos positivos de la omisión señalada a las autoridades responsables, tendrán efectos. La jurisdicción territorial del juzgado de referencia, se obtiene del Punto Cuarto, fracción II, del "ACUERDO GENERAL 3/2013 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE APELACIÓN Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO.". Lo anterior, porque de las constancias que acompañaron la demanda de amparo, se observa que la solicitud de pensión se tramitó en la Oficina de Atención al Derechohabiente Nezahualcóyotl, por lo que, en términos del artículo 18 del Manual antes transcrito, es dicha unidad quien tendrá a disposición para efectos de su notificación, el dictamen o resolución que debe emitir el Comité de Pensiones del referido instituto de seguridad social. Por tanto, tomando en consideración la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo requiera ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, es evidente que, quien debe conocer de la demanda que nos ocupa, es el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en turno. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, por lo que se ordena remitir este expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en turno; solicitándole de la manera más atenta se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia declinada. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno físico y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO En virtud de que el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional y boletín; lo cual no es técnicamente posible, ya que este órgano de control constitucional no realiza la publicación de un documento con esas características; por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les practicarán mediante lista de acuerdos que se fije en lugar visible de este Juzgado de Distrito. Resulta aplicable a lo que precede, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, tomo VIII, diciembre de 1998, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." AUTORIZADOS En atención a la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos amplios del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hugo Núñez Núñez y, en términos restringidos de dicho numeral a la persona restante, limitación que subsiste hasta en tanto registre su cédula profesional para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo cual se deberá comunicar mediante nueva promoción. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Se permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se informa que las partes deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,762 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano