Dolores Esteban Reyes Huerta
Expediente 1167/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1167/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Dolores Esteban Reyes Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de once de noviembre, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, sin necesidad de ulterior proveído, dentro de los treinta días siguientes y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de autos se advierte que en el presente asunto no obran documentos aportados por las partes, de los catalogados como originales y no originales. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de once de noviembre, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, sin necesidad de ulterior proveído, dentro de los treinta días siguientes y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de autos se advierte que en el presente asunto no obran documentos aportados por las partes, de los catalogados como originales y no originales. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado.***
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, remite copia certificada de la notificación realizada al quejoso Dolores Esteban Reyes Huerta, del auto de fecha diez de octubre de dos mil veintidós, mismo que obra dentro del expediente laboral C.D.T. 954/2011-1; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fue expedida por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sin que haya necesidad de dar vista a las partes dada la determinación que se emitirá a continuación: ACTUALIZACIÓN DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Del contenido de las constancias aquí recibidas, se advierte que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Antecedentes. En fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Distrito en el Estado de Tlaxcala, Adrián Crespo Lugo, en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa Dolores Esteban Reyes Huerta, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, que hizo consistir, conforme al análisis integral de la demanda de amparo, en el siguiente: La omisión o abstención por parte de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de dictar el acuerdo relativo a las pruebas ofrecidas en el incidente de liquidación del laudo y la falta de notificación del mismo, dentro del expediente C.D.T. 954/2011-1. Sentado lo anterior, a juicio de la suscrita, se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, porque la autoridad lo deroga o lo revoca, o porque por cualquier otra circunstancia se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CL/1997, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora bien, para considerar actualizada la causa de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes requisitos: 1. Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: a. Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional que deje insubsistente en forma permanente el que es materia del juicio de amparo; b. Una situación que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; o c. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que en su caso llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, porque la parte quejosa señaló como acto reclamado y violatorio de sus derechos fundamentales, la omisión o abstención por parte de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de dictar el acuerdo relativo a las pruebas ofrecidas en el incidente de liquidación del laudo, dentro del expediente C.D.T. 954/2011-1, así como la falta de notificación del acuerdo que se dicte. Por lo que hace al siguiente elemento necesario para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita en la hipótesis identificada con la letra "b" del punto 2, consistente en que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, un acto de autoridad que restituya al quejoso en sus derechos fundamentales violados y que constituye el acto reclamado. Lo anterior es así, ya que de las constancias que adjuntó el Presidente y Representante Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistentes en copia certificada del acuerdo de fecha diez de octubre de dos mil veintidós, en el que se proveyó sobre las pruebas aportadas en el incidente de liquidación del laudo, dictado dentro del expediente laboral C.D.T. 954/2011-1; así como la cédula de notificación a la parte quejosa de dicho proveído en fecha ocho de noviembre del año en cita; ello hace patente que el acto reclamado cesó en sus efectos, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, dado el sentido del presente auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, remite copia certificada de la notificación realizada al quejoso Dolores Esteban Reyes Huerta, del auto de fecha diez de octubre de dos mil veintidós, mismo que obra dentro del expediente laboral C.D.T. 954/2011-1; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fue expedida por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sin que haya necesidad de dar vista a las partes dada la determinación que se emitirá a continuación: ACTUALIZACIÓN DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Del contenido de las constancias aquí recibidas, se advierte que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Antecedentes. En fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Distrito en el Estado de Tlaxcala, Adrián Crespo Lugo, en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa Dolores Esteban Reyes Huerta, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, que hizo consistir, conforme al análisis integral de la demanda de amparo, en el siguiente: La omisión o abstención por parte de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de dictar el acuerdo relativo a las pruebas ofrecidas en el incidente de liquidación del laudo y la falta de notificación del mismo, dentro del expediente C.D.T. 954/2011-1. Sentado lo anterior, a juicio de la suscrita, se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, porque la autoridad lo deroga o lo revoca, o porque por cualquier otra circunstancia se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CL/1997, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora bien, para considerar actualizada la causa de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes requisitos: 1. Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: a. Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional que deje insubsistente en forma permanente el que es materia del juicio de amparo; b. Una situación que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; o c. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que en su caso llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, porque la parte quejosa señaló como acto reclamado y violatorio de sus derechos fundamentales, la omisión o abstención por parte de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de dictar el acuerdo relativo a las pruebas ofrecidas en el incidente de liquidación del laudo, dentro del expediente C.D.T. 954/2011-1, así como la falta de notificación del acuerdo que se dicte. Por lo que hace al siguiente elemento necesario para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita en la hipótesis identificada con la letra "b" del punto 2, consistente en que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, un acto de autoridad que restituya al quejoso en sus derechos fundamentales violados y que constituye el acto reclamado. Lo anterior es así, ya que de las constancias que adjuntó el Presidente y Representante Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistentes en copia certificada del acuerdo de fecha diez de octubre de dos mil veintidós, en el que se proveyó sobre las pruebas aportadas en el incidente de liquidación del laudo, dictado dentro del expediente laboral C.D.T. 954/2011-1; así como la cédula de notificación a la parte quejosa de dicho proveído en fecha ocho de noviembre del año en cita; ello hace patente que el acto reclamado cesó en sus efectos, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, dado el sentido del presente auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado.***
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