Dolores Elena de la Cruz Urgell

Expediente 343/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
343/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Dolores Elena de la Cruz Urgell

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    :. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término de quince días otorgado mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós para que la quejosa manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la valoración del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que ejerciera ese derecho procesal. Por tanto, con apoyo en los artículos 196 y 202 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa consintiendo el auto de referencia, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria en comento. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. Por otra parte, se destaca que en el presente expediente por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo; por tanto, es susceptible su depuración dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b), del aludido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    :.Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil veintidós, en la se CONCEDIÓ el amparo para los efectos precisados; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, de las constancias que obran en autos se desprende que mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio J.56/SAMP/377/2022, de doce de mayo de dos mil veintidós, remitido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidenta, a través del cual remitió fotocopia certificada del 1] auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós y 2] constancias de notificaciones a la parte quejosa y demandados, dictado en autos del expediente laboral 381/2021, de su consecutivo, de las cuales se reservó proveer lo conducente hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia amparadora, lo cual ya aconteció. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, póngase a la vista de la parte quejosa por el plazo de tres días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, las constancias remitidas por la autoridad responsable con las que pretende acreditar el cumplimiento al fallo protector para que, en caso de estimarlo conveniente y dentro del término concedido, manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que para el supuesto de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obren en este expediente. Sustenta lo anterior, por no contravenir a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia de datos de identificación, rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  3. Principal

    :.Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la promoción de cuenta remitida por la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidenta, con sede en Cancún, mediante la cual, remite fotocopia certificada del 1] auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós y constancias de notificaciones a la parte quejosa y demandados, dictado en autos del expediente laboral 381/2021, de su consecutivo. Ahora, toda vez que a la fecha se encuentra transcurriendo el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que, en dado caso, alguna de las partes recurra la sentencia dictada por este órgano de control de constitucionalidad, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto haya fenecido dicho término.

  4. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 343/2022-III del índice de este juzgado, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, actuando con Diana Alejandra Ángel Zárate secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos; asimismo, da cuenta con la promoción con número de registro 7143, por medio de la cual la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, por conducto de su presidenta, rinde informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración para resolver el presente juicio. Finalmente, téngase por hecha la relación de autos para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa ofreció como prueba la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana; asimismo, la parte quejosa y la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, aportaron pruebas documentales; a lo que el Juez provee: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, por lo que se ordena cerrar el período probatorio de esta audiencia. Por su parte, se desecha la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa, debido a que la existencia de los actos que pretende demostrar, se encuentran corroborados con el informe rendido por la autoridad responsable y la documental que adjuntó; de ahí que resulte innecesario su desahogo. Luego, se ordena cerrar el período probatorio de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no realizaron manifestaciones a manera de alegatos; luego, el Juez provee: se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 343/2022-III, promovido por Dolores Elena de la Cruz Urgell, por conducto de su apoderado Rodrigo Taboada Jiménez, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno en seis siguiente a este juzgado de distrito, Dolores Elena de la Cruz Urgell, por conducto de su apoderado Rodrigo Taboada Jiménez, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, por considerarlos violatorios del artículo 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: La denegación de justicia por parte de la autoridad responsable, los que se hacen consistir en: 1.- Por el exceso de los plazos que marca la propia ley federal del trabajo para llevarse a cabo y dar cumplimiento a los términos contemplados en la ley de materia para el juicio de origen, con el objetivo de celebrarse exitosamente todas y cada una de las audiencias que rigen el procedimiento ordinario laboral. 2.- Por la obstrucción de justicia, mal cumplimiento y aplicación de las disposiciones normativas contempladas en la propia ley federal del trabajo al asignar en el juicio de origen fechas exageradamente lejanas para llevarse a cabo la audiencia de conciliación demanda y excepciones. 3.- La inexacta aplicación de llevar el juicio en los términos y plazos señalados por la ley federal del Trabajo." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda el seis de abril de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, por auto de siete siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 343/2022-III, se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de un tribunal en materia del trabajo que carecen de ejecución material y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en: a) La omisión de verificar que se lleve a cabo el emplazamiento de los demandados al juicio laboral 381/2021 de su índice. b) El acuerdo emitido en audiencia de catorce de marzo de dos mil veintidós en el juicio natural, en el que se señalaron las once horas del ocho de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidenta, al rendir su informe justificado conviene en la existencia de los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) del considerando tercero que se le reclaman. En todo caso, la existencia de los actos reclamados se corrobora con la copia certificada de la audiencia celebrada el catorce de marzo de dos mil veintidós, en el juicio laboral natural, la cual cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se obtiene que, en esa fecha, se difirió la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones al no obrar el emplazamiento a juicio de los demandados; asimismo, se difirió para las once horas del ocho de julio de dos mil veintidós. Luego, son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable. QUINTO. Causas de improcedencia. Este órgano de control constitucional estima que el presente juicio es procedente, al no haber invocado las partes alguna causa de improcedencia ni advertirse de oficio que se actualice alguna. Por lo tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por la que no se surte alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no se tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "No. Registro: 205800 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." No pasa desapercibido para quien aquí resuelve, el contenido de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de datos de localización, rubro y texto siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin embargo, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama una abierta dilación al procedimiento y la total paralización del mismo en contravención al artículo 17 constitucional, el amparo resulta procedente en los términos señalados en la parte final de la citada jurisprudencia. En consecuencia, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en la demanda de amparo. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresa como concepto de violación el que se encuentra contenido en su escrito inicial de demanda, que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto respecto a la omisión de verificar que se lleve a cabo el emplazamiento de los demandados al juicio de origen. El concepto de violación esgrimido por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal, aunque suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, por ser parte trabajadora en el sumario natural. En el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia, se precisó que la parte quejosa reclama en esta vía constitucional, la omisión de la junta responsable de verificar que se lleve a cabo el emplazamiento de los demandados en el juicio laboral 381/2021 de su índice, acto que si bien corresponde realizar materialmente al actuario de su adscripción, lo cierto es que la propia junta responsable tiene el imperativo de velar por la mayor economía, concentración y sencillez de los asuntos que ante ella se ventilan; por otra, del actuario de su adscripción la omisión de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada. Al respecto, la parte quejosa aduce que se transgrede en su perjuicio el derecho fundamental de acceso a una administración de justicia pronta y expedita, toda vez que se inobservó lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, infringiendo lo establecido en el artículo 17 constitucional, afirmación que se corrobora pues se advierte que hasta la fecha no se ha efectuado las notificaciones en los plazos que prevé la norma aplicable. Es fundado el concepto de violación, pues de conformidad con lo preceptuado por el artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y expedita; así, las notificaciones que se ordenen practicar personalmente en un juicio de naturaleza laboral debe hacerse dentro de los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora, los artículos 685, párrafo primero y 750 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, establecen lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (...)" "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." De los preceptos transcritos se advierte que el proceso laboral deberá ser público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio, se iniciará a instancia de parte y las juntas deberán procurar la economía, sencillez y concentración del proceso. Asimismo, las notificaciones, citaciones y emplazamientos de las partes deben realizarse dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se ordene salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario. En ese sentido, de las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, así como de la copia certificada de la audiencia de catorce de marzo de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de origen, previamente valorada, se obtiene que dicha audiencia se difirió para las once horas del ocho de julio de dos mil veintidós, pues no se ha emplazado a los demandados. Por tanto, si en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que se encontraba señalada para el catorce de marzo de dos mil veintidós, se difirió en razón de no haber comparecido los demandados por no encontrarse notificados, sin que a la presente fecha se haya demostrado que se realizó el llamamiento a juicio de los demandados; por tanto, es evidente que ha transcurrido en exceso el término de cinco días que establece el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo para realizar el emplazamiento correspondiente, pues de la propia audiencia se obtiene que el catorce de febrero de dos mil veintidós, se ordenó su emplazamiento en el domicilio señalado por la parte actora natural por promoción de tres de enero de dos mil veintidós. Tal situación contraviene lo establecido en los artículos 685 y 750 de la Ley Federal de Trabajo, pues al menos desde el catorce de febrero de dos mil veintidós -que según la documental referida fue el auto en que se encomendó tal labor al actuario adscrito- no ha sido realizado el emplazamiento a juicio de la parte demandada; lo cual ocasionó el diferimiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en esa fecha, por lo que se concluye que dicha abstención impide que la parte enjuiciada tenga conocimiento de la radicación del juicio laboral y con ello se verifique dicha audiencia. Lo anterior constituye un retraso injustificado del procedimiento laboral, contraviniendo así el artículo 17 constitucional que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues la omisión de la junta responsable de verificar que el actuario de su adscripción efectuara dentro de término el emplazamiento de los demandados al juicio natural, impide la debida continuación de dicho juicio, y aun cuando se siguiera con la secuela procesal, la transgresión al derecho fundamental no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. En tales condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Dolores Elena de la Cruz Urgell, por conducto de su apoderado Rodrigo Taboada Jiménez, en contra de la omisión reclamada a la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en la omisión de verificar la realización del emplazamiento de los demandados al juicio de origen. Estudio del fondo del asunto respecto al señalamiento de fecha lejana para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando tercero de esta sentencia, debe decirse que el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. Ahora, como se adelantó, en el considerando tercero, inciso b), de esta resolución, se precisó que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, el acuerdo emitido en audiencia de catorce de marzo de dos mil veintidós en el expediente 381/2021 de su consecutivo, en el que se señalaron las once horas del ocho de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Al respecto, la parte quejosa aduce que se transgrede en su perjuicio el derecho fundamental de acceso a una administración de justicia pronta y expedita, toda vez que la junta responsable inobservó lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, ya que la nueva fecha que señaló para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones se encuentra fuera de los plazos establecidos por el ordenamiento en cita, infringiendo lo establecido en el artículo 17 constitucional. Lo así hecho valer resulta fundado, pues en términos del artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, pues la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones debe hacerse dentro de los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora, los artículos 685, primer párrafo, 873, primer párrafo, 874 y 875, de la Ley Federal del Trabajo, establecen lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.)" "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley." "Artículo 874. La falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. Las partes que comparecieren a la audiencia, quedarán notificadas de la nueva fecha para su celebración, a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les notificará por boletín o en estrados de la Junta; y las que no fueren notificadas se les hará personalmente." "Artículo 875. La audiencia a que se refiere el artículo 873 constará de dos etapas: a) De conciliación; b) De demanda y excepciones; La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que concurran a la misma; las que estén ausentes podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre que la Junta no haya tomado el acuerdo de las peticiones formuladas en la etapa correspondiente." De la interpretación sistemática de los preceptos legales antes transcritos, en la parte que aquí interesa, se advierte que el proceso laboral deberá ser público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio, se iniciará a instancia de parte y las juntas deberán procurar la economía, sencillez y concentración del proceso. Asimismo, una vez recibida la demanda la Junta en el término de veinticuatro horas dictará un acuerdo en el cual se debe señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual debe efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a los que se recibió la demanda y dicho proveído debe notificarse de manera personal a las partes con diez días de anticipación a la celebración de dicha audiencia. Por otra parte, la falta de notificación a las partes de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, obliga a la junta a señalar de oficio nueva fecha y hora para que tenga verificativo, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. En ese sentido, quedarán notificadas de la nueva fecha para su celebración las partes que comparecieron a ella, las que fueron notificadas y no concurrieron, se les notificará por boletín o en estrados de la Junta, mientras que las que no fueren notificadas se les realizara de manera personal. Asimismo, por mayoría de razón se estima aplicable el plazo de quince días hábiles previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo para señalamiento de la nueva fecha de la audiencia bifásica. Ahora, la junta responsable convino en la existente del acto que se le atribuye, consistente en el acuerdo emitido en audiencia de catorce de marzo de dos mil veintidós, en el expediente 381/2021 de su consecutivo y para demostrarlo remitió copia certificada de la referida audiencia -previamente valorada- de la que se obtiene que en la misma se señalaron las once horas del ocho de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. De lo expuesto, se colige que la junta responsable inobservó lo establecido en los preceptos legales antes citados, ya que resulta evidente la nueva fecha señalada para la celebración de la audiencia bifásica excede el tiempo establecido en la ley para su continuación (quince días), sin que la junta responsable haya motivado la razón que justifique la tardanza acusada por la parte quejosa; por ende, esas actuaciones contravienen lo previsto en los artículos 685, primer párrafo, 873, primer párrafo, 874 y 875, de la Ley Federal del Trabajo y constituye una abierta dilación del procedimiento laboral que afecta el derecho humano previsto en el artículo 17 constitucional. Dicha violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con la forma de actuar de la junta -al señalar fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones- se impide la debida continuación de dicho juicio, y aun cuando se siguiera con la secuela procesal, la transgresión al derecho fundamental no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. En tales condiciones, también se concede a la quejosa Dolores Elena de la Cruz Urgell, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, consistente en el acuerdo emitido en audiencia de catorce de marzo de dos mil veintidós, en el expediente 381/2021 de su consecutivo, en el que se señalaron las once horas del ocho de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. En términos del artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se establece que el amparo y la protección de la Justicia Federal concedido es para que la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, realice lo siguiente: 1) Dicte un acuerdo en el que deje sin efectos la fecha señalada en audiencia de catorce de marzo de la presente anualidad, en autos del juicio laboral 381/2021 de su consecutivo y en su lugar: a) Señale nueva fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del plazo de quince días hábiles previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo; y b) Ordene de nueva cuenta al actuario de su adscripción el emplazamiento a juicio de la parte demandada dentro del plazo previsto para tal fin en la ley de la materia. 2) Verifique que el Actuario de su adscripción, emplace a los demandados al juicio laboral 381/2021 y les notifique dicho acuerdo, siguiendo las formalidades de Ley Federal del Trabajo y en los plazos establecidos en ésta. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Dolores Elena de la Cruz Urgell, por conducto de su apoderado Rodrigo Taboada Jiménez, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, precisados en el considerando tercero, en los términos expuestos en el séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. El amparo concedido a Dolores Elena de la Cruz Urgell, por conducto de su apoderado Rodrigo Taboada Jiménez, es para que la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, realicen lo siguiente: 1) Dicte un acuerdo en el que deje sin efectos la fecha señalada en audiencia de catorce de marzo de la presente anualidad, en autos del juicio laboral 381/2021 de su consecutivo y en su lugar: a) Señale nueva fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del plazo de quince días hábiles previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo; y b) Ordene de nueva cuenta al actuario de su adscripción el emplazamiento a juicio de la parte demandada dentro del plazo previsto para tal fin en la ley de la materia. 2) Verifique que el Actuario de su adscripción, emplace a los demandados al juicio laboral 381/2021 y les notifique dicho acuerdo, siguiendo las formalidades de Ley Federal del Trabajo y en los plazos establecidos en ésta. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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