Dolores Cruz Pérez y Otros.
Expediente 227/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Dolores Cruz Pérez y Otros.
- Mario Reyes Díaz y Otros.
- Dolores Cruz Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En atención a la cuenta, se declara que la determinación referida ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido.
- Principal
Intégrese el escrito firmado por los quejosos Dolores Cruz Pérez y Mario Reyes Díaz, visto su contenido téngaseles desahogando la prevención de treinta de marzo del año en curso, dado que precisan cual es el acto reclamado: Las omisiones en la investigación de la carpeta de investigación ***. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De acuerdo con la interpretación del Alto Tribunal, manifiesto e indudable son categorías de alta certidumbre, pero ello también implica que son conceptos cuya convicción emana de la inconformidad, lo cual es acorde con la esencia misma del sistema de justicia, el cual se basa en la experiencia y el conflicto, emergiendo como un sistema de comunicaciones, cuyas conclusiones son opiniones altamente probables, pero no absolutas. De conformidad con los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se invoca oficiosamente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad previamente a la interposición del presente juicio de derechos fundamentales. El precepto y fracción en cita establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consistente en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Ese principio tiene su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario que procede contra actos definitivos, por lo que la parte agraviada debe acudir a las instancias comunes que puedan generar la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección constitucional. En el caso, los quejosos en su calidad de víctimas reclaman diversas omisiones de Martha Esther González Díaz, agente del Ministerio Público responsable en la investigación de la carpeta de investigación CI-FPC/74/UI-4 S/D/00014/06-2016. Omisiones que deben ser controvertidas ante el juez de control, a través del medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, señaló que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone un recurso innominado contra ciertas determinaciones del Ministerio Público (abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de criterios de oportunidad y no ejercicio de la acción penal), el cual debe interpretarse funcional y extensivamente con los artículos 16, párrafo decimocuarto, 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 109, fracción XXI, del código adjetivo, relativo al derecho de las víctimas a impugnar las omisiones y determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones. De esa interpretación, la Primera Sala concluyó que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas y salvaguarde los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Lo anterior, obedece a que la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio tiene como finalidad, entre otras, que los asuntos sean resueltos de forma expedita y en breve término, lo cual se satisface dentro de una audiencia con la asistencia de las partes, en la que los justiciables observan directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de forma inmediata, lo que genera que el juicio de amparo se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse solo como caso excepcional. Situación que representa un mayor beneficio para la parte quejosa ya que la autoridad judicial debe emitir sus fallos dentro de los plazos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son reducidos en comparación con el trámite y substanciación de un juicio de amparo. Entonces, previo a instar el juicio de amparo, era obligación de la parte quejosa agotar el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No es obstáculo que la quejosa señale que se encuentra en una situación especial por lo que no debe agotar el principio de definitividad, pues en el caso como se precisó en la presente determinación estaba obligada a agotar el medio de impugnación multicitado contra los actos reclamados y en caso de no ser favorable a sus intereses accionar el juicio de amparo indirecto. De ahí que ante la existencia de un medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que implica un mecanismo diseñado para abatir las omisiones en que pudo incurrir la autoridad ministerial responsable en la investigación y determinación de la carpeta de investigación, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de conformidad con el numeral 113, ambos de la Ley de Amparo. Respecto a las manifestaciones de la parte quejosa por cuanto hace al presente juicio, se tienen por hechas, no obstante, dado que en el caso de actualiza la causa de improcedencia antes invocada, conforme a lo expuesto en la presente determinación se deberá a estar a lo acordado en párrafos precedentes. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio procesal.
- Principal
***Citatorio para la asesora jurídica de la parte quejosa. Intégrese el escrito firmado por los quejosos Dolores Cruz Pérez y Mario Reyes Díaz, visto su contenido téngaseles desahogando la prevención de treinta de marzo del año en curso, dado que precisan cual es el acto reclamado: Las omisiones en la investigación de la carpeta de investigación ***. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De acuerdo con la interpretación del Alto Tribunal, manifiesto e indudable son categorías de alta certidumbre, pero ello también implica que son conceptos cuya convicción emana de la inconformidad, lo cual es acorde con la esencia misma del sistema de justicia, el cual se basa en la experiencia y el conflicto, emergiendo como un sistema de comunicaciones, cuyas conclusiones son opiniones altamente probables, pero no absolutas. De conformidad con los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se invoca oficiosamente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad previamente a la interposición del presente juicio de derechos fundamentales. El precepto y fracción en cita establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consistente en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Ese principio tiene su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario que procede contra actos definitivos, por lo que la parte agraviada debe acudir a las instancias comunes que puedan generar la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección constitucional. En el caso, los quejosos en su calidad de víctimas reclaman diversas omisiones de Martha Esther González Díaz, agente del Ministerio Público responsable en la investigación de la carpeta de investigación CI-FPC/74/UI-4 S/D/00014/06-2016. Omisiones que deben ser controvertidas ante el juez de control, a través del medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, señaló que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone un recurso innominado contra ciertas determinaciones del Ministerio Público (abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de criterios de oportunidad y no ejercicio de la acción penal), el cual debe interpretarse funcional y extensivamente con los artículos 16, párrafo decimocuarto, 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 109, fracción XXI, del código adjetivo, relativo al derecho de las víctimas a impugnar las omisiones y determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones. De esa interpretación, la Primera Sala concluyó que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas y salvaguarde los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Lo anterior, obedece a que la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio tiene como finalidad, entre otras, que los asuntos sean resueltos de forma expedita y en breve término, lo cual se satisface dentro de una audiencia con la asistencia de las partes, en la que los justiciables observan directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de forma inmediata, lo que genera que el juicio de amparo se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse solo como caso excepcional. Situación que representa un mayor beneficio para la parte quejosa ya que la autoridad judicial debe emitir sus fallos dentro de los plazos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son reducidos en comparación con el trámite y substanciación de un juicio de amparo. Entonces, previo a instar el juicio de amparo, era obligación de la parte quejosa agotar el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No es obstáculo que la quejosa señale que se encuentra en una situación especial por lo que no debe agotar el principio de definitividad, pues en el caso como se precisó en la presente determinación estaba obligada a agotar el medio de impugnación multicitado contra los actos reclamados y en caso de no ser favorable a sus intereses accionar el juicio de amparo indirecto. De ahí que ante la existencia de un medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que implica un mecanismo diseñado para abatir las omisiones en que pudo incurrir la autoridad ministerial responsable en la investigación y determinación de la carpeta de investigación, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de conformidad con el numeral 113, ambos de la Ley de Amparo. Respecto a las manifestaciones de la parte quejosa por cuanto hace al presente juicio, se tienen por hechas, no obstante, dado que en el caso de actualiza la causa de improcedencia antes invocada, conforme a lo expuesto en la presente determinación se deberá a estar a lo acordado en párrafos precedentes. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio procesal. ***
- Principal
*** AVISO quejosos Dolores Cruz Pérez y Mario Reyes Díaz *** Intégrese el escrito firmado por los quejosos Dolores Cruz Pérez y Mario Reyes Díaz, visto su contenido téngaseles desahogando la prevención de treinta de marzo del año en curso, dado que precisan cual es el acto reclamado: Las omisiones en la investigación de la carpeta de investigación ***. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De acuerdo con la interpretación del Alto Tribunal, manifiesto e indudable son categorías de alta certidumbre, pero ello también implica que son conceptos cuya convicción emana de la inconformidad, lo cual es acorde con la esencia misma del sistema de justicia, el cual se basa en la experiencia y el conflicto, emergiendo como un sistema de comunicaciones, cuyas conclusiones son opiniones altamente probables, pero no absolutas. De conformidad con los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se invoca oficiosamente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad previamente a la interposición del presente juicio de derechos fundamentales. El precepto y fracción en cita establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consistente en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Ese principio tiene su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario que procede contra actos definitivos, por lo que la parte agraviada debe acudir a las instancias comunes que puedan generar la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección constitucional. En el caso, los quejosos en su calidad de víctimas reclaman diversas omisiones de Martha Esther González Díaz, agente del Ministerio Público responsable en la investigación de la carpeta de investigación CI-FPC/74/UI-4 S/D/00014/06-2016. Omisiones que deben ser controvertidas ante el juez de control, a través del medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, señaló que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone un recurso innominado contra ciertas determinaciones del Ministerio Público (abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de criterios de oportunidad y no ejercicio de la acción penal), el cual debe interpretarse funcional y extensivamente con los artículos 16, párrafo decimocuarto, 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 109, fracción XXI, del código adjetivo, relativo al derecho de las víctimas a impugnar las omisiones y determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones. De esa interpretación, la Primera Sala concluyó que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas y salvaguarde los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Lo anterior, obedece a que la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio tiene como finalidad, entre otras, que los asuntos sean resueltos de forma expedita y en breve término, lo cual se satisface dentro de una audiencia con la asistencia de las partes, en la que los justiciables observan directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de forma inmediata, lo que genera que el juicio de amparo se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse solo como caso excepcional. Situación que representa un mayor beneficio para la parte quejosa ya que la autoridad judicial debe emitir sus fallos dentro de los plazos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son reducidos en comparación con el trámite y substanciación de un juicio de amparo. Entonces, previo a instar el juicio de amparo, era obligación de la parte quejosa agotar el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No es obstáculo que la quejosa señale que se encuentra en una situación especial por lo que no debe agotar el principio de definitividad, pues en el caso como se precisó en la presente determinación estaba obligada a agotar el medio de impugnación multicitado contra los actos reclamados y en caso de no ser favorable a sus intereses accionar el juicio de amparo indirecto. De ahí que ante la existencia de un medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que implica un mecanismo diseñado para abatir las omisiones en que pudo incurrir la autoridad ministerial responsable en la investigación y determinación de la carpeta de investigación, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de conformidad con el numeral 113, ambos de la Ley de Amparo. Respecto a las manifestaciones de la parte quejosa por cuanto hace al presente juicio, se tienen por hechas, no obstante, dado que en el caso de actualiza la causa de improcedencia antes invocada, conforme a lo expuesto en la presente determinación se deberá a estar a lo acordado en párrafos precedentes. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio procesal.
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