Dolores Armida Sánchez García
Expediente 372/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje
- Dolores Armida Sánchez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 372/2021-I, promovido por la quejosa Dolores Armida Sánchez García, por conducto de su apoderado legal Vicente Hernández García, contra actos del Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito, el catorce de mayo de dos mil veintiuno, la quejosa Dolores Armida Sánchez García, por conducto de su apoderado legal Vicente Hernández García, promovió juicio de amparo, contra los actos de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en ésta ciudad, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México y Actuario adscrito a la Secretaría General de Peritajes y Exhortos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad de México, a quienes reclamó lo siguiente: "4.-ACTOS RECLAMADOS: La omisión por parte de las autoridades responsables de sustanciar en los términos que expresamente señala la Ley Federal del Trabajo, el juicio laboral promovido por mi representante entre otros, la del desahogo de pruebas tales como la pericial medica ofertada y admitida en términos de Ley, sin que hasta la fecha de la presentación de esta demanda se haya procedido al perfeccionamiento de la misma, pues la autoridad señalada en el numeral 3.1. ha sido omisa en nombrar perito a mi representado, y las señaladas en los numerales 3.2. y 3.3., han sido omisas en remitir las listas de peritos, y enviar al médico para la elaboración del dictamen solicitado, causando un perjuicio a mi representado la omisión de la sustanciación del juicio en términos de ley, siendo obligación de la responsable el cumplir con los términos señalados en los artículos 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo de la Ley Federal del Trabajo." (sic) En los antecedentes precisa que el acto reclamado es omisión o falta de desahogo de pruebas. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señala como derecho violado el contenido de los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 372/2021-I-A; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un acto en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que el quejoso reclama de la autoridad responsable: "La omisión por parte de las autoridades responsables de sustanciar en los términos que expresamente señala la Ley Federal del Trabajo, el juicio laboral promovido por mi representante entre otros, la del desahogo de pruebas tales como la pericial medica ofertada y admitida en términos de Ley, sin que hasta la fecha de la presentación de esta demanda se haya procedido al perfeccionamiento de la misma, pues la autoridad señalada en el numeral 3.1. ha sido omisa en nombrar perito a mi representado, y las señaladas en los numerales 3.2. y 3.3., han sido omisas en remitir las listas de peritos, y enviar al médico para la elaboración del dictamen solicitado, causando un perjuicio a mi representado la omisión de la sustanciación del juicio en términos de ley, siendo obligación de la responsable el cumplir con los términos señalados en los artículos 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo." Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en ésta ciudad, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México y Actuario adscrito a la Secretaría General de Peritajes y Exhortos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad de México, al rendir sus correspondientes informes con justificación negaron el acto reclamado. En principio, informa la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en ésta ciudad, que la parte quejosa no ofreció en los autos del juicio natural, el desahogo de la prueba pericial médica, remitiendo al efecto, copia certificada del acta de audiencia de admisión y desahogo de pruebas de fecha cinco de octubre de dos mil veinte, actuación de la que se advierte que la parte quejosa, solamente ofreció como medio probatorios, la prueba confesional a cargo de la persona física que acredite estar facultada por la parte demandada Administración Soriana, Sociedad Anónima, señalándose para su desahogo las nueve horas con treinta minutos del día veinte de enero de dos mil veintiuno, así como la confesional a cargo de la persona física que acredite tener facultades para absolver posiciones a nombre de la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, fijándose para su desahogo las diez horas del día veinte de enero del dos mil veintiuno, asimismo, ofreció la prueba consistente en el informe que deberán rendir el Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenándose girar los oficios respectivos para que las autoridades rindieran lo peticionado por la parte actora, aquí quejosa, de igual forma ofreció la documental que fue identificada con el número V, por la autoridad responsable, la cual se admitió y agregó a los autos, y finalmente, ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales fueron aceptadas en los términos ofrecidos por la parte actora, ahora quejosa. De lo que se advierte que no ofreció la prueba pericial médica de la que se duele en el capítulo de actos reclamados. Por otro lado, las autoridades responsables, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México y Actuario adscrito a la Secretaría General de Peritajes y Exhortos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad de México, con sede en la Ciudad de México, negaron los actos que se les atribuye, pues al efecto, remitieron en forma adjunta a sus informes justificados, la primera de ellas, el oficio 070/2021, de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias, mediante el cual, se informó que revisados los registros con que cuenta esa Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias, no se desprende que exista solicitud alguna de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco, de esta Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante la que se solicitó que fuera designado un perito médico a la actora, aquí quejosa, exhibiendo de igual forma, en copia certificada, la consulta descrita, de la que se puede advertir que no existe petición de la designación de un perito médico solicitado por la referida amparista. Documentales que se anexaron a sus informes justificados, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Al respecto, la parte agraviada no controvirtió la información de tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Es aplicable al anterior razonamiento, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Lo anterior es así, ya que la parte quejosa no ofreció ni se designó por las autoridades responsables, perito en materia médica en el juicio laboral de origen, por lo que resulta obvio que al no ofrecer pruebas en contrario a la negativa de las autoridades responsables, resulta improcedente el juicio de amparo en el que se actúa. En tal razón, se determina que al actualizarse la negativa invocada por las autoridades responsables, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, en relación al acto reclamado en estudio en el presente considerando, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Dolores Armida Sánchez García, por conducto de su apoderado legal Vicente Hernández García, en términos del considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el informe justificado que remitieron las autoridades responsables, Actuario adscrito a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias y la Presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de México, no fue rendido con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas, el suscrito Juez, con fundamento en el precepto en mención, ordena de oficio, el diferimiento de la audiencia constitucional que habría de celebrarse en esta fecha, y para que tenga verificativo la misma, se señalan las QUINCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXVI/98, consultable en la página 409, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 1998, Novena Época y que textualmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89". NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la localidad, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, por medio del cual se le tiene rindiendo su informe con justificación, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior, al momento de celebrarse la audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica en su informe. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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