Dl Veracruz Asociados

Expediente 683/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
683/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Dl Veracruz Asociados
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito Al Juzgado Tercero de Distrito En Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo dictado el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por lo que con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicha resolución ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. 13/10/23 19:10:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3b.8e René Antonio Sorcia Galván 2 Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, puesto que se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 7.5 y punto 3 del artículo 8.1.2, ambos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el 13/10/23 19:10:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3b.8e René Antonio Sorcia Galván 3 dieciséis de junio de dos mil veintidós. Así, al estar totalmente concluido el presente juicio, y ya que obran en autos documentos originales presentados por la parte promovente con el escrito de demanda, se ordena su devolución y se requiere a dicha parte para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir de la legal notificación de este proveído comparezca para la devolución de los citados documentos, previo desglose de autos; con el apercibimiento que en caso de no recogerlos, seguirán la suerte del presente expediente. Ahora, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19 hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto del año en curso, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, si se presenta a recoger los documentos indicados durante el periodo de contingencia, para la entrega del mismo, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", 13/10/23 19:10:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3b.8e René Antonio Sorcia Galván 4 para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Insértese el presente acuerdo en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, vía electrónica a la Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a las autoridades señaladas como responsables.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se tuvo por desechada la demanda de protección de derechos fundamentales y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro. Finalmente, al estar totalmente concluido el presente juicio, y ya que obran en autos documentos originales presentados por la parte promovente con el escrito de demanda, se ordena su devolución y se requiere a dicha parte para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir de la legal notificación de este proveído comparezca para la devolución de los citados documentos, previo desglose de autos; con el apercibimiento que en caso de no recogerlos, seguirán la suerte del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General. Ahora, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19 hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositi sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, si se presenta a recoger los documentos indicados durante el periodo de contingencia, para la entrega del mismo, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B: "...Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se tuvo por desechada la demanda de protección de derechos fundamentales y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro. Finalmente, al estar totalmente concluido el presente juicio, y ya que obran en autos documentos originales presentados por la parte promovente con el escrito de demanda, se ordena su devolución y se requiere a dicha parte para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir de la legal notificación de este proveído comparezca para la devolución de los citados documentos, previo desglose de autos; con el apercibimiento que en caso de no recogerlos, seguirán la suerte del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General. Ahora, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19 hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositi sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, si se presenta a recoger los documentos indicados durante el periodo de contingencia, para la entrega del mismo, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta promovida por el licenciado Miguel Ávila Parra, quien se ostenta como apoderado para pleitos y cobranzas de la persona moral "DL Veracruz Asociados", personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial que al efecto exhibe; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 683/2021-III que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Entonces, de la revisión de la demanda de amparo, se advierte que los actos que la parte promovente reclama los hace consistir en: La orden de restricción al libre acceso, tanto vehicular como peatonal, a las instalaciones del fraccionamiento de "Dream Lagoons", emitida en contra de todos los miembros de la asociación a la que representa, denominada "DL Veracruz y Asociados"; así como su ejecución. ESTUDIO DE PROCEDENCIA En atención a lo anterior, se reitera que el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Por tanto, en relación al acto reclamado por la parte quejosa, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5, fracción II, y 107, los dos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Articulo 5. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede. I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (.)" De los preceptos transcritos, se pone de relieve que el artículo 61, en su fracción XXIII, hace referencia a aquellas causales de improcedencia que resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por su parte, del diverso numeral 5o, fracción II, se tiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de una autoridad, que será -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emita en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Lo anterior se obtiene del criterio plasmado en la tesis XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, visible en la página 118, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por el contrario, cuando el actuar de un particular derive de un plano de igualdad, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Por su parte, el numeral 107 en mención, establece las hipótesis de procedencia de los actos que pueden ser sujetos de análisis en el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito, derivadas de los actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos fundamentales. En el caso, el acto que se analiza se hace consistir en la orden de restricción al libre acceso, tanto vehicular como peatonal, a las instalaciones del fraccionamiento de "Dream Lagoons", emitida en contra de todos los miembros de la asociación a la que representa, denominada "DL Veracruz y Asociados". Determinación que el quejoso atribuye a la Asociación de Propietarios de "Dream Lagoons" Asociación Civil y cuya ejecución imputa a la empresa Multisistemas de Seguridad Industrial. De lo anterior, se tiene que los actos en mención no provienen de autoridades para efectos del juicio de amparo, ni de algún juicio, procedimiento o diverso acto de autoridad, porque lo reprochado deriva de una relación entre sujetos en un mismo plano, por tanto, resulta inimpugnable a través de la presente instancia constitucional. Se afirma lo expuesto, toda vez que del contenido del citado numeral 5o, fracción II, de la legislación de la materia, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, la que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sin embargo, en el caso, dado lo expuesto por la quejosa en la demanda, es claro que el acto destacado deriva de una relación en la que todos los sujetos se encuentran en un plano de igualdad. Luego entonces, como los actos que provengan de dichos particulares, carecen de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva, se ubican en una relación de mera coordinación, en torno a la cual no concurren los elementos que surgen en las relaciones de supra a subordinación; supuesto en el cual las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso del afectado, lo que en la especie no acontece. Así, el hecho de que el referido ente haya sido señalado como responsable, no lo hace perder su naturaleza de asociación civil de índole particular, lo que con mayor razón sucede en relación a la empresa de seguridad señalada como autoridad ejecutora. En apoyo de lo anterior, se cita la tesis aislada número III.4o.C.10 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1828, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, que señala: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." De igual forma, resulta aplicable la tesis aislada número XVI.1o.A.22 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, divulgada en la página 1943, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, que establece: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." En ese sentido, si el acto reclamado en estudio no deriva de la actuación de una autoridad, no puede estar sujeto al análisis constitucional. Tiene aplicación, a contrario sensu, la antes referida tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 118, del Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Igual consideración establece el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en la tesis XIX.1o.A.C.9 A, consultable en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Pág. 2633, con registro digital 2012462, de rubro y contenido: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LAS ASOCIACIONES CIVILES DE COLONOS NO TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO SE LES ATRIBUYEN ACTOS RELACIONADOS CON EL FIN COMÚN PARA EL QUE FUERON CREADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). De los artículos 1996 a 2014 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, que regulan las asociaciones civiles en esa entidad, se advierte que éstas no pueden considerarse como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando se les imputan actos relacionados con el fin común para el que fueron creadas, por ejemplo, impedir el acceso de trabajadores al domicilio de uno de los colonos que a su vez es asociado. Esto es así, pues ese proceder no necesariamente equivale al de una autoridad, ni afecta derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, máxime que dicha conducta no está determinada en una norma general sino, acaso, en el pacto constitutivo de la asociación civil y su reglamento; de ahí que la actividad indicada no encuadra en el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y, consecuentemente, si se le atribuye la calidad de autoridad responsable a una de las asociaciones referidas, procede sobreseer en el juicio, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1o., fracción I y 5o., fracción II, del último ordenamiento citado." En tales condiciones, al no encuadrar los actos reclamados en ninguno de los estipulados a los que hace referencia el capítulo de procedencia del amparo indirecto, es dable concluir que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia, establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5o, fracción II, y 107, los dos últimos aplicados a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, en virtud que el acto impugnado no puede ser considerado de autoridad por lo que la vía de amparo en su contra es improcedente. Por lo tanto, procede desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta, quedando expedito el derecho de la promovente para atacar los actos que reclama por la vía y forma que considere convenientes, con excepción de la instancia constitucional, por lo expuesto en párrafos que anteceden. Todo lo anterior es con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde el inicio, del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Es aplicable al presente asunto la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, y por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a la licenciada Ana Yasmín García Paredes, por así haberlo solicitado la parte quejosa. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde puedan ser localizados, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte promovente y háganse las anotaciones correspondientes.

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