Dirse Daniela Sanchez Beltran

Expediente 830/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
830/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Dirse Daniela Sanchez Beltran

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo de cinco días para recurrir el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió para la quejosa del cuatro al diez de octubre del año en curso, sin que se haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de control electrónico de este Juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se hace notar que las constancias que obran en el expediente físico del presente expediente, se encuentran integradas en la versión electrónica del mismo. Hágase del conocimiento de las partes que el presente asunto, es susceptible de destrucción, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. OA

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo de cinco días para recurrir el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió para la quejosa del cuatro al diez de octubre del año en curso, sin que se haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de control electrónico de este Juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se hace notar que las constancias que obran en el expediente físico del presente expediente, se encuentran integradas en la versión electrónica del mismo. Hágase del conocimiento de las partes que el presente asunto, es susceptible de destrucción, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. OA"

  3. Principal

    VISTA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ***, QUE SE OSTENTA COMO DEFENSOR DE LA QUEJOSA, CONTRA ACTOS DE LA "DIRECTORA DEL CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"; FÓRMESE EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTE JUZGADO, CON EL NÚMERO 830/2023-VI. PRIMERAMENTE, ES MENESTER PRECISAR QUE DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SE ADVIERTE QUE EL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO SE HACE CONSISTIR EN: LA ORDEN DE TRASLADADO DEL CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL "SANTA MARTHA ACATITLA" O RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR DE ESTA CIUDAD A UNO DIVERSO Y SU EJECUCIÓN. EN ESE TENOR, A EFECTO DE PROVEER LO CONDUCENTE SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO, RESULTA PERTINENTE ESTABLECER QUE, EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, DISPONE: "ARTÍCULO 113. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EXAMINARÁ EL ESCRITO DE DEMANDA Y SI EXISTIERA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA LA DESECHARÁ DE PLANO." CONFORME AL PRECEPTO TRANSCRITO, LA SUSCRITA SE ENCUENTRA FACULTADA A DESECHAR DE PLANO UNA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO ENCUENTRE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. POR OTRA PARTE, CABE PRECISAR QUE DE ACUERDO AL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, EDITORIAL ESPASA, VIGÉSIMA PRIMERA EDICIÓN, TOMO II, PÁGINA 1309, POR MANIFIESTO DEBE ENTENDERSE LO QUE SE ADVIERTE EN FORMA PATENTE, NOTORIA Y ABSOLUTAMENTE CLARA; Y POR INDUDABLE, QUE SE TIENE LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE ALGUNA IDEA O HECHO, ESTO ES, QUE NO PUEDE PONERSE EN DUDA POR LO CLARO, SEGURO Y EVIDENTE QUE ES, O SEA, NI AUN CUANDO SE ADMITIERA LA DEMANDA FUERA POSIBLE DESVIRTUAR CON PROBANZAS LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DESDE EL AUTO DE DESECHAMIENTO. ASÍ, CON APOYO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 112 Y 113 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA ORDEN DE TRASLADO DE LA QUEJOSA DEL CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL "SANTA MARTHA ACATITLA" O RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR DE ESTA CIUDAD A UNO DIVERSO Y SU EJECUCIÓN. LO ANTERIOR, PORQUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, YA QUE LA PARTE QUEJOSA NO AGOTÓ EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, MISMO QUE ESTABLECE: "ARTÍCULO 61. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE: [.] XX. CONTRA ACTOS DE AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, QUE DEBAN SER REVISADOS DE OFICIO, CONFORME A LAS LEYES QUE LOS RIJAN, O PROCEDA CONTRA ELLOS ALGÚN JUICIO, RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDAN SER MODIFICADOS, REVOCADOS O NULIFICADOS, SIEMPRE QUE CONFORME A LAS MISMAS LEYES SE SUSPENDAN LOS EFECTOS DE DICHOS ACTOS DE OFICIO O MEDIANTE LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO, RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL QUE HAGA VALER EL QUEJOSO, CON LOS MISMOS ALCANCES QUE LOS QUE PREVÉ ESTA LEY Y SIN EXIGIR MAYORES REQUISITOS QUE LOS QUE LA MISMA CONSIGNA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, NI PLAZO MAYOR QUE EL QUE ESTABLECE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL ACTO EN SÍ MISMO CONSIDERADO SEA O NO SUSCEPTIBLE DE SER SUSPENDIDO DE ACUERDO CON ESTA LEY. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTAR TALES RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA, SI EL ACTO RECLAMADO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN, CUANDO SÓLO SE ALEGUEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN O CUANDO EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA SE ENCUENTRE PREVISTO EN UN REGLAMENTO SIN QUE LA LEY APLICABLE CONTEMPLE SU EXISTENCIA. SI EN EL INFORME JUSTIFICADO LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO, OPERARÁ LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CONTENIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR;" COMO SE OBSERVA, PREVIO AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, SE DEBEN AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA QUE LA LEY DEL ACTO PREVEA, POR VIRTUD DE LOS CUALES PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO, PUES DE NO SER ASÍ, EL AMPARO INDIRECTO SERÁ IMPROCEDENTE, EN RAZÓN DE QUE EL JUICIO BIINSTANCIAL CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA EXTRAORDINARIO. PARA ENTENDER LA DECISIÓN A LA QUE SE ARRIBA, ES MENESTER ENFATIZAR QUE CON LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL OCHO, SE INTRODUJO EL MODELO PENITENCIARIO CON CARACTERÍSTICAS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y DE JUDICIALIZACIÓN, POR LO QUE, CONFORME CON EL NUEVO SISTEMA, SE ASIGNÓ AL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE ADMINISTRAR LAS PRISIONES Y SE CONFIRIÓ A LAS AUTORIDADES JUDICIALES EL RÉGIMEN DE REINSERCIÓN SOCIAL Y JUDICIALIZACIÓN DE MODIFICACIÓN Y DURACIÓN DE LAS PENAS; EN CONSECUENCIA, EL PODER JUDICIAL ES EL ENCARGADO DE VIGILAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA PENA DICTADA, DE MANERA QUE TODOS LOS EVENTOS DE TRASCENDENCIA JURÍDICA QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, QUEDEN BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL EN MATERIA PENAL. EN EFECTO, EL CONJUNTO DE ESAS REFORMAS, PUSO DE MANIFIESTO QUE NO SERÍA POSIBLE TRANSFORMAR EL SISTEMA PENITENCIARIO DEL PAÍS, SI LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS CONTINUABA BAJO EL CONTROL ABSOLUTO DEL PODER EJECUTIVO, POR LO QUE SE ADUJO QUE PARA LOGRAR ESA TRANSFORMACIÓN, ERA NECESARIO REESTRUCTURAR EL SISTEMA, CIRCUNSCRIBIENDO ÚNICAMENTE LA FACULTAD DE ADMINISTRAR LAS PRISIONES AL PODER EJECUTIVO, Y CONFIRIENDO AL PODER JUDICIAL LA POTESTAD DE EJECUTAR LO JUZGADO, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE LA FIGURA DE LOS "JUECES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS". REFORMA CONSTITUCIONAL QUE TENÍA DIVERSAS FINALIDADES, ENTRE OTRAS, EVITAR EL ROMPIMIENTO DE UNA SECUENCIA DERIVADA DE LA PROPIA SENTENCIA, POR LO QUE DEBÍA SER EL PODER JUDICIAL EL QUE DEBÍA VIGILAR QUE LA PENA SE CUMPLIERA ESTRICTAMENTE, EN LA FORMA COMO SE PRONUNCIÓ EN LA EJECUTORIA; TERMINAR CON LA DISCRECIONALIDAD DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN TORNO A LA EJECUCIÓN DE DICHAS SANCIONES; Y QUE EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS FUERA UNA DE LAS BASES SOBRE LAS QUE SE DEBÍA ORGANIZAR EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, JUNTO CON EL TRABAJO, LA CAPACITACIÓN PARA EL MISMO, LA EDUCACIÓN, LA SALUD Y EL DEPORTE. ENTONCES, CORRESPONDÍA A LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN MATERIA PENAL, EN ESPECIAL A LOS JUECES DE EJECUCIÓN, TANTO EN EL ÁMBITO FEDERAL COMO LOCAL, ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS Y CONTROLAR LAS DIVERSAS SITUACIONES QUE SE PODÍAN PRODUCIR DENTRO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS, ASÍ COMO LAS DECISIONES QUE SOBRE DICHA EJECUCIÓN PODÍA ADOPTAR LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA, VELANDO SIEMPRE PORQUE LOS DERECHOS HUMANOS SE GARANTICEN Y EFECTIVICEN. RESPECTO DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO, YA SEA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE PENAS O EN LA MEDIDA DE PRISIÓN PREVENTIVA, DEBE ATENDERSE A LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. LUEGO, ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONTEMPLA LOS SIGUIENTES TIPOS DE TRASLADOS: A) VOLUNTARIOS; B) INVOLUNTARIOS; Y, C) URGENTES. LOS PRIMEROS, SE ACTUALIZAN CUANDO EXISTE EL INTERÉS DE LA PERSONA RECLUIDA -CON LA ASISTENCIA DE UN DEFENSOR- DE SER TRASLADADO A UN CENTRO DE RECLUSIÓN DIVERSO, SIEMPRE QUE EXISTA UN ACUERDO ENTRE LA ENTIDAD DE ORIGEN Y LA ENTIDAD DE DESTINO, O EN SU CASO, ENTRE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE Y LA FEDERACIÓN; EN ESE SENTIDO, LA PETICIÓN LA RESOLVERÁ LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, QUIEN VERIFICARA QUE SE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES PARA SU AUTORIZACIÓN. LOS TRASLADOS INVOLUNTARIOS, SON INSTAURADOS PREVIAMENTE POR LA AUTORIDAD PENITENCIARIA ANTE UN JUEZ DE EJECUCIÓN O DE CONTROL, SEGÚN SEA EL CASO, CON EL FIN DE QUE EN AUDIENCIA PÚBLICA SE DECIDA SOBRE LA LEGALIDAD DEL TRASLADO. EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL QUE SE EMITA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN. FINALMENTE, EL TRASLADO URGENTE O EXCEPCIONAL, SE EMITE POR MEDIO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO SE TRATE DE LOS CASOS ESPECÍFICAMENTE SEÑALADOS EN LA LEY, SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA. EN EL CASO, COMO YA SE DIJO, LA QUEJOSA RECLAMÓ LA ORDEN DE TRASLADADO DEL CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL "SANTA MARTHA ACATITLA" O RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR DE ESTA CIUDAD A UNO DIVERSO Y SU EJECUCIÓN, ATRIBUIDOS A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SEÑALADA COMO RESPONSABLE. CONGRUENTE CON ESA INFORMACIÓN, ES DABLE INFERIR QUE SE TRATA DE UN TRASLADO DE TIPO URGENTE O EXCEPCIONAL, QUE ES REGULADO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, QUE ESTABLECE: "ARTÍCULO 52. EXCEPCIÓN AL TRASLADO VOLUNTARIO LA AUTORIDAD PENITENCIARIA, COMO CASO DE EXCEPCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50, PODRÁ ORDENAR Y EJECUTAR EL TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ÚNICO REQUISITO DE NOTIFICAR AL JUEZ COMPETENTE DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES DE REALIZADO EL TRASLADO, EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: I. EN CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD; II. EN CASOS DE RIESGO OBJETIVO PARA LA INTEGRIDAD Y LA SALUD DE LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, Y III. EN CASO DE QUE SE PONGA EN RIESGO LA SEGURIDAD O GOBERNABILIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO. EN TODOS LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS TRASLADOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EL JUEZ TENDRÁ UN PLAZO DE CUARENTA Y OCHO HORAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN PARA CALIFICAR LA LEGALIDAD DE LA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA DE TRASLADO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL SE PODRÁ INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN ESTA LEY. EN CASO QUE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL NO SE PRONUNCIE RESPECTO DE LA LEGALIDAD DEL ACTO, LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD PODRÁ INTERPONER UNA CONTROVERSIA JUDICIAL CONTRA LA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA" ASÍ, SE ADVIERTE QUE EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ESTABLECE QUE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA TIENE FACULTAD PARA ORDENAR Y EJECUTAR EL TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA, BAJO LA FIGURA DE TRASLADO URGENTE O EXCEPCIONAL, CUANDO SE TRATE DE CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, ESTÉ EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y LA SALUD DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD O ESTÉ EN RIESGO LA SEGURIDAD O GOBERNABILIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO. SUPUESTOS EN QUE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DEBERÁ NOTIFICAR A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS POSTERIORES AL TRASLADO, PARA QUE EN UN PLAZO DE CUARENTA Y OCHO HORAS, RESUELVA SOBRE LA LEGALIDAD DE LA MEDIDA. ES DECIR, RESERVA EL CONTROL JURISDICCIONAL PARA UN MOMENTO POSTERIOR A QUE ES EJECUTADO UN TRASLADO. ASIMISMO, SE OBSERVA QUE RESPECTO DE ESA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA, PROCEDEN DOS MEDIOS DE DEFENSA LEGAL CON LOS QUE PUEDE SER COMBATIDA; EL RECURSO DE APELACIÓN Y LA CONTROVERSIA JUDICIAL; CUYA PROCEDENCIA, DEPENDE DEL ACTUAR DEL JUEZ DE CONTROL O DE EJECUCIÓN, YA QUE UNA VEZ QUE ESA AUTORIDAD HA SIDO NOTIFICADA DE LA ORDEN DE TRASLADO URGENTE O EXCEPCIONAL, CUENTA CON CUARENTA Y OCHO HORAS PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN EN LA QUE CALIFICARÁ LA LEGALIDAD DE LA ORDEN DE TRASLADO, Y CONTRA DICHA RESOLUCIÓN ES PROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN. EN CAMBIO, SI LA AUTORIDAD JUDICIAL ES OMISA EN PRONUNCIASE SOBRE LA LEGALIDAD DE LA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA QUE ORDENA EL TRASLADO DENTRO DEL TÉRMINO FIJADO, SE ACTUALIZARÁ LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL. EN ESE ORDEN DE IDEAS, QUEDA DE MANIFIESTO QUE CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO URGENTE O EXCEPCIONAL, QUE SE RECLAMA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA, ES PROCEDENTE LA CONTROVERSIA JUDICIAL, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 117, FRACCIÓN III Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PORQUE ESE MEDIO DE DEFENSA LEGAL, TIENE LA POTENCIALIDAD DE CONFIRMAR, MODIFICAR O REVOCAR LA REFERIDA ORDEN DE TRASLADO. AL IGUAL, LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EN EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN VII, PREVÉ QUE EL RECURSO DE APELACIÓN ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES QUE SE PRONUNCIEN RESPECTO DE LOS TRASLADOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, DE MANERA QUE EN CASO DE ESTAR INCONFORMES CON EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN CON LA QUE CULMINA EL PROCEDIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL, TALES PERSONAS CUENTAN CON UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN ORDINARIO, CON EL OBJETO DE QUE UN TRIBUNAL DE ALZADA REVISE LA LEGALIDAD DE DICHA RESOLUCIÓN, A FIN DE QUE PUEDA SER CONFIRMADA, MODIFICADA O REVOCADA. NUMERALES 117, FRACCIÓN III Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 132, FRACCIÓN VII, ANTES CITADOS, QUE DISPONEN: "ARTÍCULO 117. CONTROVERSIAS SOBRE CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, EL PLAN DE ACTIVIDADES Y CUESTIONES RELACIONADAS CON AMBAS LOS SUJETOS LEGITIMADOS POR ESTA LEY PARA INTERPONER PETICIONES ADMINISTRATIVAS TAMBIÉN TENDRÁN ACCIÓN JUDICIAL ANTE EL JUEZ DE CONTROL O DE EJECUCIÓN SEGÚN CORRESPONDA, CON EL OBJETO DE RESOLVER LAS CONTROVERSIAS SOBRE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: [.] III. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN MATERIA DE TRASLADOS. ESTA ACCIÓN PODRÁ EJERCITARSE EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN DE TRASLADO, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA MISMA, O DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A SU EJECUCIÓN, CUANDO LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD NO HUBIESE SIDO NOTIFICADA PREVIAMENTE, Y POR CUANTO HACE A LA FRACCIÓN III, LOS TRASLADOS POR RAZONES URGENTES, RELACIONADOS CON LA INTEGRIDAD FÍSICA O LA SALUD DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD O BIEN, POR CUESTIONES DE SEGURIDAD DEL CENTRO, NO REQUERIRÁN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL JUEZ DE EJECUCIÓN, SIN PERJUICIO DE QUE DICHA DETERMINACIÓN PUEDA SER RECURRIDA Y EN SU CASO, CONFIRMADA O REVOCADA. [.] ARTÍCULO 132. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN EL RECURSO DE APELACIÓN PROCEDERÁ EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES QUE SE PRONUNCIEN SOBRE: [.] VII. TRASLADOS; [.]" SIN QUE EN EL CASO, SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE ESTABLE LA FRACCIÓN XX, DEL ARTÍCULO 61, DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE LA PARTE QUEJOSA PUEDA INSTAR A ESTA VÍA CONSTITUCIONAL, SIN NECESIDAD DE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL (DE NO HABER AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN LA LEY) O EL RECURSO DE APELACIÓN (DE EXISTIR AUTORIZACIÓN JUDICIAL), SEGÚN SEA EL CASO, PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO. CUESTIÓN QUE SE AFIRMA, DADO QUE EL ARTÍCULO 122 LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ESTÁ INSERTO EN EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO V, DENOMINADO "PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL", Y SEÑALA QUE LA CONTROVERSIA JUDICIAL, DEBERÁ FORMULARSE POR ESCRITO Y PRESENTARSE ANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN, PRECISANDO EL NOMBRE DEL PROMOVENTE, DATOS DE LOCALIZACIÓN, EL RELATO DE SU INCONFORMIDAD, LOS MEDIOS DE PRUEBA EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL ACTO, CUANDO SE CONSIDERE QUE SE TRATA DE CASO URGENTE, Y LA FIRMA O HUELLA DIGITAL. DE IGUAL FORMA, PRESCRIBE QUE EL JUEZ DE CONTROL O DE EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA PRETENSIÓN, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ORDENARÁ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO SI LO CONSIDERA PERTINENTE, ASÍ COMO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES PARA RESOLVER EL CONFLICTO. Y EL SEGUNDO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 124 DE LA PROPIA LEY DE EJECUCIÓN, QUE REGULA LA SUSTANCIACIÓN DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL, PRECISA QUE EN CASO DE TRATARSE DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DE VIOLACIÓN A DERECHOS QUE CONSTITUYAN UN CASO URGENTE QUE, DE NO ATENDERSE DE INMEDIATO, QUEDARÁ SIN MATERIA LA ACCIÓN O EL RECURSO JURISDICCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL O DE EJECUCIÓN, DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE, DECRETARÁ DE INMEDIATO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO, HASTA EN TANTO SE RESUELVE EN DEFINITIVA. DE MANERA QUE LO ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CUMPLE CON LAS PREVISIONES ESTABLECIDAS EN EL CITADO ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO, PUES TIENE EL ALCANCE DE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA QUE ORDENA EL TRASLADO URGENTE O EXCEPCIONAL; MEDIDA QUE PUEDE SOLICITARSE POR LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD, O BIEN, DECRETARLA DE OFICIO EL JUEZ DE CONTROL O DE EJECUCIÓN. INCLUSO, ESTABLECE QUE CUANDO SE TRATE DE VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE CONSTITUYAN UN CASO URGENTE, COMO OCURRE CUANDO SE TRATA DE UNA RESTRICCIÓN ADICIONAL A LA LIBERTAD DE LOS INTERNOS DE ALGÚN CENTRO PENITENCIARIO, LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, TIENE EL DEBER DE ATENDER DE INMEDIATO ESA AFECTACIÓN Y DECRETAR LA SUSPENSIÓN DE LA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA, PUES DE NO HACERLO ASÍ, PODRÍA DEJAR SIN MATERIA EL MEDIO DE DEFENSA LEGAL INTENTADO. DEL MISMO MODO, LA SUSPENSIÓN QUE SE OTORGA EN LA TRAMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL, SE AJUSTA A LO PRESCRITO EN LA LEY DE AMPARO, PORQUE ACTUALIZA UN DEBER PARA LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, CONSISTENTE EN EVITAR QUE EL MEDIO DE DEFENSA LEGAL QUEDE SIN MATERIA, EN DETRIMENTO DEL ANUNCIADO DERECHO FUNDAMENTAL, OBJETIVO QUE LA PROPIA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL BUSCA CUMPLIR, AL PRESCRIBIR QUE LA SUSPENSIÓN DECRETADA EN ESTOS CASOS, TENDRÁ EFECTO HASTA QUE SE RESUELVA EN DEFINITIVA. ADEMÁS, EL TRASLADO URGENTE O EXCEPCIONAL, ORDENADO Y EJECUTADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL; PORQUE CONFORME AL MODELO ACTUAL DE JUDICIALIZACIÓN Y RÉGIMEN DE PENAS, ESA MEDIDA YA NO CONSTITUYE UN ACTO QUE AFECTE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO, PUES SE CUENTA CON UNA REGULACIÓN ESPECIAL EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, QUE PRECISA LAS ESPECIFICAS HIPÓTESIS EN LAS QUE DE MANERA EXCEPCIONAL, SE FACULTA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA QUE EMITA Y EJECUTE EL TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, BAJO REQUISITOS ESPECÍFICOS, PUES SE ESTABLECEN PLAZOS PRECISOS (NOTIFICACIÓN DEL TRASLADO A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES A LA EJECUCIÓN Y CUARENTA Y OCHO HORAS PARA CALIFICAR LA LEGALIDAD DE LA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA), CON EL FIN DE QUE LA CORRESPONDIENTE AUTORIDAD JUDICIAL REALICE CON POSTERIORIDAD A LA MATERIALIZACIÓN DEL TRASLADO, SU CONTROL DE LEGALIDAD. LO QUE LLEVA A CONCLUIR QUE LA ORDEN DE TRASLADO URGENTE O EXCEPCIONAL, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES SE ERIGE EN UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, Y AL RESPECTO, EXISTE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CON EL CUAL LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE AL EFECTO SE DICTE PUEDE SER COMBATIDA. POR ENDE, LA ORDEN DE TRASLADO URGENTE O EXCEPCIONAL, NO PUEDE CARECER DE FUNDAMENTACIÓN; NO IMPLIQUE UNA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN Y EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA NO SE ENCUENTRE PREVISTO EN UN REGLAMENTO, SINO QUE LO CONTEMPLE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. POR LO QUE, AL NO TENER EL CARÁCTER DE DEFINITIVO EL ACTO QUE POR ESTA VÍA CONSTITUCIONAL SE COMBATE, PRESUPUESTO ESENCIAL PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO NO ENCUADRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS EXCEPCIÓN PARA NO ENCONTRARSE OBLIGADA LA PARTE QUEJOSA A PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS QUE PREVÉ LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN DE PENAS CON UN TRASLADO; ES INCONCUSO QUE ESTE RESULTA IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. POR CONSIGUIENTE, AL ACTUALIZARSE DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CITADA, CON FUNDAMENTO EN EL 113 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA QUE NOS OCUPA. EN LA INTELIGENCIA, DE QUE SE ARRIBA A LA ANTERIOR DETERMINACIÓN, CON BASE A LOS FUNDAMENTOS ESTABLECIDOS EN EL RECURSO DE QUEJA 36/2020, RESUELTO POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO EMITIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 879/2019 DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO. MÁXIME, QUE COMO YA SE DIJO, EL ARTÍCULO 122 LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SEÑALA QUE LA CONTROVERSIA JUDICIAL, DEBERÁ FORMULARSE POR ESCRITO Y PRESENTARSE ANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN, PRECISANDO EL NOMBRE DEL PROMOVENTE, DATOS DE LOCALIZACIÓN, EL RELATO DE SU INCONFORMIDAD, LOS MEDIOS DE PRUEBA EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL ACTO, CUANDO SE CONSIDERE QUE SE TRATA DE CASO URGENTE; DE IGUAL FORMA, PRESCRIBE QUE EL JUEZ DE CONTROL O DE EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA PRETENSIÓN, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ORDENARÁ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO SI LO CONSIDERA PERTINENTE, ASÍ COMO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES PARA RESOLVER EL CONFLICTO. Y, QUE EL SEGUNDO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 124 DE LA PROPIA LEY DE EJECUCIÓN, QUE REGULA LA SUSTANCIACIÓN DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL, PRECISA QUE EN CASO DE TRATARSE DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DE VIOLACIÓN A DERECHOS QUE CONSTITUYAN UN CASO URGENTE QUE, DE NO ATENDERSE DE INMEDIATO, QUEDARÁ SIN MATERIA LA ACCIÓN O EL RECURSO JURISDICCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL O DE EJECUCIÓN, DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE, DECRETARÁ DE INMEDIATO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO, HASTA EN TANTO SE RESUELVE EN DEFINITIVA. POR LO QUE, NO SE DEJA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN A LA PARTE QUEJOSA CON LA ANTERIOR DECISIÓN, AL PODER SUSPENDER EL ACTO QUE CONSIDERA PONDRÍA SOMETERLO A CUESTIONES HUMILLANTES Y DE MALOS TRATOS QUE AFECTARÍAN SU PSIQUE, LA AUTORIDAD JUDICIAL A LA QUE SE PROMUEVA LA CONTROVERSIA JUDICIAL ALUDIDA. SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA, EN QUE SEÑALA EN SU DEMANDA. TÉNGANSE POR AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, A LA PERSONA SEÑALADA EN LA DEMANDA, TODA VEZ QUE DE CONFORMIDAD CON EL CITADO ARÁBIGO 12, SE DEBERÁ ACREDITAR QUE LA MISMA SE ENCUENTRAN LEGALMENTE AUTORIZADA PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO O ABOGADAS, Y PROPORCIONAR A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN RESPECTIVA, A FIN DE QUE ESTE JUZGADO VERIFIQUE SI SE SATISFACE TAL REQUISITO. POR ÚLTIMO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, SE FACULTA AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES A REALIZAR LAS NOTIFICACIONES PERSONALES QUE SURJAN EN ESTE JUICIO DE AMPARO; ASÍ COMO PARA FIRMAR LOS OFICIOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE ASUNTO.

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