Directora General del Sistema Estatal de Telesecundaria

Expediente 271/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
271/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • Directora General del Sistema Estatal de Telesecundaria

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la determinación de ocho de febrero del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por la directora General del Sistema Estatal de Telesecundaria en Durango, contra actos del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. II. Archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. IV. Devuelve constancias. Toda vez que resulta innecesaria la conservación del original del expediente TLB/268/2021, del índice del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, devuélvase dicho sumario a la mencionada autoridad, haciendo constar en el acuse respectivo la recepción de dichas constancias. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese la pieza postal 3422111120416 que devuelve la Administradora de Correos en esta ciudad, que contiene el oficio número 2874 dirigido al Instituto de Salud Para el Bienestar, por la razón que expone al reverso: "MALA DENOMINACIÓN"; en esas condiciones, reexpídase a la denominación correcta "Comisión Nacional de Protección en Salud" el citado oficio al mismo domicilio para el efecto de que dicha autoridad quede debidamente notificada Notifíquese.

  3. Principal

    CITATORIO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 I. Se recibe promoción. Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, mediante el que remite testimonio de la resolución en que se declara incompetente para conocer de la demanda promovida por la ********************, contra actos del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango. II. Radicación. Anótese en el libro de gobierno y regístrese bajo el expediente 271/2023. III. Acuse y tomo de prueba. Acúsese recibo de los anexos que se acompañan, entre ellos original del escrito inicial y del expediente ********************con el cual fórmese tomo de prueba. IV. Desechamiento. Luego, del análisis de la demanda se advierte que es improcedente y debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En principio, la suscrita Juzgadora Federal advierte la actualización del motivo de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu. De los preceptos mencionados, se advierte que la procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra limitada a ciertas cuestiones como lo son actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido éste. De manera que tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a los quejosos y que hayan trascendido al resultado de la resolución. De manera que si se combaten actos intermedios en la etapa de ejecución, se actualiza dicha hipótesis de inviabilidad. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la diligencia de requerimiento de pago realizada el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en cumplimiento al proveído del cuatro de ese mes y año, emitido a fin de obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen. Sin embargo dicho acto se debe de considerar como dictado en ejecución de sentencia, ya que es una diligencia que en forma directa e inmediata se practicó para ejecutarla. De tal manera que en su contra no procede el amparo indirecto, por tratarse de un acto que no es la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por otra parte, también se advierte que se concreta la causa de inviabilidad prevista en la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento referido. La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto de la materia del reclamo constitucional, que trae como consecuencia que termine la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, deja de tener vida jurídica. Entonces, si el acto que se considera violatorio se extingue; o bien, por una circunstancia posterior desaparecen las consecuencias que genera, a nada práctico conduce analizarlo, porque ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación a la petición realizada ante la responsable mediante el oficio ********************. Sin embargo, dentro de las constancias relativas al juicio de origen, se advierte que mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós se dio contestación a dicha promoción. En esas condiciones, es claro que han cesado los efectos del acto combatido, en atención a responsable destruyó los efectos de la materia de reclamo constitucional, ya que se contestó la petición formulada, no dejándose huella en su esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, actualizándose la improcedencia en cuestión. Consecuentemente al existir motivos manifiestos e indudables de improcedencia, procede desechar de plano la demanda. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica y autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que refiere. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente.

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