Directora del Centro Penitenciario de Reinserción Social Barrientos

Expediente 78/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
78/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Directora del Centro Penitenciario de Reinserción Social Barrientos
  • Miriam Crisanto Solano

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de junio de dos mil veintidós. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el oficio suscrito por el Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, mediante el cual solicita se informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo. En atención a su solicitud, se hace del conocimiento que mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal, se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito a lo anterior, mediante diverso de dieciséis de marzo siguiente, se recibió el oficio del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, mediante el cual informo que se avocó al conocimiento del sumario de mérito mismo que radicó con el número 125/2021-III-B; por ende, en la misma fecha se ordenó el archivo del presente asunto como concluido. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar el oficio 10030 del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez; a través del cual acusa recibo del original del presente expediente y comunica que aceptó la competencia declinada.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, primero de marzo de dos mil veintiuno. Informe suspensión de plano Vista la cuenta que antecede, con sustento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, a través del cual rinde informe de suspensión plano; en ese orden, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito queda enterado del cumplimiento a la medida cautelar. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Radicación de demanda Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra el acto y autoridades responsables, que enseguida se precisan: Acto reclamado ? La orden de traslado de la quejosa del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a cualquier otro centro de reclusión y su ejecución. Autoridad responsable 1) Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 2) Director de Prevención y Reinserción Social del Estado de México. 3) Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 4) Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 5) Jefe de Seguridad del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Radicación del asunto Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 78/2021 y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Suspensión de plano Por otra parte, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J 58/2016 (10a.)1, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA"; se suspende de plano y oficio la orden de traslado a otro centro penitenciario, para que cese de inmediato y no se lleve a cabo, según lo establecido en el numeral 161 ibídem. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. La suspensión concedida no surtirá efectos respecto si el acto reclamado procede de autoridades diversas a las señaladas 1 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013066, visible a foja 865, libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. como responsables o si el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo en el que se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugnan. Informe sobre la suspensión de plano Se previene a dichas autoridades para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que haya dado cumplimiento a ésta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. La suspensión aquí otorgada meramente con base en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, podrá ser inobservada por las autoridades penitenciarias, ante el desconocimiento que tiene este órgano de los pormenores de la orden de traslado reclamada; si previo a la presente determinación está acreditado, fundada y motivadamente, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que el traslado tiene origen en: 1. Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte del quejoso; 2. Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales de los inculpados y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; 3. Riesgo objetivo de la salud o la integridad del recluso quejoso; 4. Peligro para el interno; 5. Seguridad del propio quejoso; 6. Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, 7. Tratándose de Delincuencia Organizada y por medidas especiales de seguridad. En ese orden, la suspensión concedida no surtirá efectos si la orden ya se ejecutó con antelación a la presentación de la demanda de cuenta. Carece de competencia legal por razón de territorio Ahora, el suscrito de oficio advierte que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, porque el acto reclamado es competencia del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno. Se explica. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción VII y la Ley de Amparo, en el precepto 37, textualmente prevén lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en turno. Lo anterior, conforme lo dispone el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte toral siguiente: "II. SEGUNDO CIRCUITO: [.] Los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los siguientes municipios: . Tlalnepantla de Baz. [.]" (Énfasis añadido) Lo anterior es así, ya que el acto reclamado consistente en la orden de traslado de la quejosa del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a cualquier otro centro de reclusión, de ahí que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se está ejecutando el acto reclamado, según antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narró la quejosa. Tal determinación se toma, en atención a que de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa se encuentra recluida dentro del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en otras palabras dicho acto se está ejecutando en la persona de la quejosa, quien a su vez está privada de la libertad en dicho centro penitenciario, por tanto, como quedó reseñado párrafos arriba, este órgano jurisdiccional no tiene jurisdicción. Además que el traslado, no se ha ejecutado, por tal motivo, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde la quejosa se encuentre recluida, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar el traslado y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, dado que los actos que combate la quejosa, se están ejecutando en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho Juzgado de Distrito. Pues, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En este tenor, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos. Por tanto, sin resolver acerca de la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase el escrito de demanda al Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente; lo anterior por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. Domicilio Con apoyo en el artículo 26 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, cuando las notificaciones deban ser personales. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otra parte, se toma nota del correo electrónico y número de teléfono que se proporcionan para efecto de tener comunicación respecto al presente juicio de amparo. Autorizados Con relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando cuenten con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Se ordenan anotaciones y formar cuaderno de antecedentes Háganse las anotaciones respectivas y fórmese con copia de la demanda de amparo y de esta determinación y las constancias respectivas, el cuaderno de antecedentes. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Transparencia Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados

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