Dirección del Centro Penitenciario Estatal El Llano, Aguascalientes

Expediente 106/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
106/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Dirección del Centro Penitenciario Estatal El Llano, Aguascalientes

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diez de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y envíese al archivo. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso en términos del proveído de diez de febrero de dos mil veintidós: Vista la demanda de amparo que promueve Marco Antonio Limón Magaña, quien se ostenta como Encargado de la Dirección del Centro Penitenciario Estatal El Llano, en Aguascalientes; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el consecutivo 106/2022-VII. ... de la documentación que se acompaña, se advierte que Marco Antonio Limón Magaña demuestra el carácter con el que se ostenta, de conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la ley de la materia. Documentales a las que se otorga pleno valor demostrativo, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del precepto 2. -DESECHAMIENTO- Ahora bien, el análisis de la demanda de amparo conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina su desechamiento, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. . El acto reclamado no puede ser analizado en esta instancia constitucional, toda vez que la autoridad quejosa no tiene legitimación para promover el presente juicio de amparo. Ciertamente, este juzgador advierte oficiosamente que en el presente asunto se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 7, ambos de la Ley de Amparo; preceptos que por su orden en la ley, establecen: . De los preceptos legales antes expuestos, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por las personas morales oficiales en defensa de sus intereses patrimoniales cuando se encuentren desprovistas de imperio, es decir, como un simple particular, o cuando ocurran en defensa de bienes del dominio privado, esto es, las personas morales oficiales sólo pueden acudir al juicio de amparo cuando han sido parte en un procedimiento jurisdiccional, originado por su actuación como particular y el resultado de dicho proceso ha sido adverso a sus intereses patrimoniales. Lo anterior, toda vez que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos y sólo puede promoverse por la parte a quien el acto o la ley que se reclama le ocasione un agravio personal y directo. . Es así, pues el hecho de que el acto reclamado haya sido dictado por una autoridad jurisdiccional y el Encargado de la Dirección del Centro Penitenciario Estatal El Llano, en Aguascalientes, sea el encargado de ejecutarlo, aunado a que la circunstancia de que el acto señalado como reclamado en el juicio de amparo no haya favorecido la pretensión de subsistencia de la orden de traslado emitida por el propio Centro Penitenciario Estatal; lo anterior, no legitima a la autoridad penitenciaria para ocurrir a defender en la vía constitucional un acto relacionado con sus funciones, especialmente regladas por la normativa de la materia, aun y cuando alegue que la determinación de las autoridades responsables, no se encuentra fundada y motivada correctamente. Siendo entonces que lo así argumentado, no es razón suficiente para acreditar su legitimación para promover tal instancia constitucional, dado que no por ese hecho pierde su calidad de autoridad para adquirir la de particular, pues en el asunto de origen se reclaman actos emitidos con imperio. Además, se insiste, el acto aquí reclamado consiste en las resoluciones que califican de ilegal la orden de traslado de Jesús Manuel Reyes Flores y/o Edgar Eduardo Álvarez Carranza, al Centro Federal de Readaptación Social 12 CPS, Ocampo, Guanajuato, por poner en riesgo la seguridad de dicho Centro Penitenciario, lo cual constituye una cuestión jurisdiccional que decide sobre la regularidad legal de un acto emitido por la autoridad penitenciaria en la órbita de sus potestades legalmente dispuestas y regladas, que no afecta el patrimonio de la inconforme. Se considera lo anterior, porque la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover el juicio de amparo, únicamente tiene cabida cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones vinculados a sus "intereses particulares", lo cual, lo coloca en un plano fáctico-jurídico de igualdad con los particulares con los que se relaciona, precisamente, para esos fines patrimoniales, provocando con ello que se encuentre en aptitud de "poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles", como lo es el referido medio de control constitucional. En esa tesitura, siempre que las personas morales oficiales actúen en su verdadero carácter de autoridad se encontrarán excluidas de la posibilidad de interponer el juicio de amparo, con entera independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer, pues tal medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre entes estatales, sino para la eficaz protección de los derechos humanos de los particulares ante los actos de autoridad. Lo que implica que las relaciones jurídicas en las que se encuentra la persona moral oficial con el particular, de forma alguna se ubican en un plano de igualdad, pues, precisamente, el fin del juicio de donde emana lo reclamado, es determinar la validez o nulidad de tales actuaciones. Asimismo, el Encargado de la Dirección del Centro Penitenciario Estatal El Llano, en Aguascalientes que acude al juicio de amparo no cuenta con interés jurídico, porque no demuestra ser titular de un derecho público subjetivo, ni que tenga afectación real y actual a su esfera jurídica en forma directa, pues por mandato constitucional el órgano que representa es el encargado de ejecutar las órdenes del Juez de Ejecución de Penas y, por regla general, no está legitimado para promover el juicio de amparo, ni tampoco acredita que se encuentre en el supuesto que prevé el artículo séptimo de la Ley de Amparo, esto es, cuando una norma general, acto u omisión de autoridad afecten a dicha institución en su patrimonio, siempre que se trate de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Situación que no acontece en pues el acto reclamado no vulnera su patrimonio; motivo por el cual, la parte promovente carece de legitimación para promover el presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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