Dirección de Jueces Cívicos En León, Guanajuato

Expediente 585/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 22 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
585/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
22/05/2022

Partes del expediente

  • Dirección de Jueces Cívicos En León, Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    León, Guanajuato, a veintidós de mayo de dos mil veintidós. I. Expediente y registro. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), fórmese expediente físico, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 585/2022-V. II. Parte quejosa. Luis Enrique Hernández Ramírez, en favor de la directa quejosa Claudia Eréndira Rodríguez Sánchez. III. Autoridades responsables. Dirección de Jueces Cívicos de esta ciudad y otras autoridades. IV. Actos reclamados. La privación de la libertad fuera de procedimiento, derivada de un arresto administrativo, incomunicación y tormento de los que es objeto la directa quejosa. V. Se decreta suspensión de plano y se requiere a la directa quejosa. Se tiene a Luis Enrique Hernández Ramírez, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en favor de la directa quejosa Claudia Eréndira Rodríguez Sánchez, contra actos del Juez Cívico en turno adscrito a la Central de Policía (CEPOL) Norte, de esta ciudad Con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados consistentes en: la privación de la libertad fuera de procedimiento, derivada de un arresto administrativo, así como la incomunicación y tormento de los que aduce el promovente es objeto la directa quejosa Claudia Eréndira Rodríguez Sánchez, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, para el efecto de que de manera inmediata cesen dichos actos sobre la persona de nombre Claudia Eréndira Rodríguez Sánchez. En la inteligencia de que si la privación de la libertad que se atribuye a las autoridades administrativas, tiene como origen la comisión flagrante de algún delito, la referida quejosa deberá ser inmediatamente remitida al agente del Ministerio Público que corresponda; en caso contrario, de haber sido privada de la libertad la directa quejosa, sin motivo aparente, deberá ser dejada inmediatamente en libertad, lo que deberán informar en el término de veinticuatro horas, precisando la fecha y hora exacta en que fue privada de su libertad, así como la data y hora en que fue puesta en libertad o a disposición del Ministerio Público, de ser el caso. En su caso, si la detención reclamada proviene de mandamiento de algún agente del Ministerio Público, la directa quejosa podrá ser retenida hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que fue puesta a su disposición, plazo en el que deberá ponerse a disposición de la autoridad judicial, u ordenar su libertad, según proceda. En la hipótesis de que la detención no sea ordenada por autoridad judicial ni se trate de flagrancia o urgencia, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata de la directa quejosa, sin perjuicio de la integración de la investigación correspondiente. Por otra parte, se requiere a las autoridades señaladas como responsables informen a este juzgado ante qué autoridad quedó a disposición la quejosa, lo anterior para estar en aptitud de, en su caso, llamarla a juicio como autoridad responsable. Asimismo, en el supuesto de que la detención provenga de un mandato de autoridad judicial, las autoridades responsables deberán poner a la preindicada quejosa a disposición del Juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad, en la inteligencia de que la contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal, ello de conformidad con el artículo 16, tercer párrafo, constitucional. Por lo que se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que de inmediato informen sobre el cumplimiento dado a la presente determinación, apercibidas que de no hacerlo podrán incurrir en el delito establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Luego, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que la directa quejosa se encuentra detenida en la delegación Norte de la policía municipal de esta ciudad; en tal virtud, se comisiona al actuario judicial adscrito a que se constituya en el lugar señalado, para los siguientes efectos: 1) Proceda a la localización de la directa quejosa. 2) Una vez localizada, la haga comparecer ante su presencia, le notifique el presente proveído y la requiera para que en el acto de dicha notificación o por escrito, dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentada, con fundamento en el numeral 15 de la ley reglamentaria, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. 3) También se ordena al actuario de la adscripción que cuestione a la directa quejosa si se encuentra incomunicada o si está en una situación que la ponga en riesgo de ser privada de la vida, que afecte su integridad física, o sujeta a alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, consistentes en tormentos, mutilación, marca, azotes, palos o tormentos de cualquier especie. 4) Además, deberá dar fe de las condiciones físicas en las que se encuentra la quejosa, así como de la estancia en la que permanece detenida. 5) Debiendo cuestionar a la directa quejosa si se le ha obligado, bajo tortura física o psicológica, a firmar algún documento hasta el momento en que se efectuó la ratificación. Por otra parte, en aras de efectivizar la función de este órgano de control constitucional, se requiere a las autoridades responsables para que presten al actuario judicial de este juzgado todas las facilidades de información sobre la situación jurídica de la quejosa, la ubicación de su lugar de detención y den libre acceso personal al mismo, a fin de entrevistarse con la impetrante en forma confidencial y segura. Del mismo modo, se hace saber a las autoridades responsables que en ningún caso podrán obstaculizar o impedir el cumplimiento de la presente determinación, ni bajo el supuesto de existir incorrección en la denominación de las mismas. Destacándose que en el informe que se rindan con motivo de la presente suspensión de plano, las responsables deberán especificar la denominación actual y correcta que ostentan. En caso de que la directa quejosa no se encuentre en el lugar que refiere el promovente del amparo, o en su defecto, no exista como éste lo asevera, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional que se constituya en: Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Delegación de la Fiscalía General de la República, en esta ciudad. Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Dirección General de la Policía Municipal. En el Hospital General Regional de la ciudad. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad. En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de esta ciudad. En el Hospital Psiquiátrico "San Pedro del Monte", con sede en esta ciudad. Lo anterior, a fin de que localice a la directa impetrante y lleve a cabo la diligencia encomendada con antelación. Del mismo modo, se le hace saber a las autoridades responsables que en ningún caso podrán obstaculizar o impedir el cumplimiento de la presente determinación, ni bajo el supuesto de existir incorrección en la denominación de las mismas. Dese la intervención que legalmente corresponda al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. VI. Precisión en torno a la suspensión de plano que se concede. Si el acto reclamado deriva de una infracción de tránsito por conducir en estado de ebriedad, desde este momento se le hace la precisión de que los efectos de la medida cautelar decretada de ninguna manera la liberará de forma definitiva de la sanción que le haya sido decretada con motivo de la violación a las leyes de tránsito (arresto); pues en el supuesto de que al resolverse el juicio en lo principal se sobreseyere, o bien, se negare la protección de la Justicia Federal, las autoridades administrativas responsables estarán en aptitud de llamar a la quejosa infractora para que cumpla con las horas faltantes del arresto impuesto a guisa de sanción. Para lo cual, ordénese al actuario judicial para que, al momento de la diligencia de ratificación de la demanda de amparo, requiera a la quejosa para que en dicho acto proporcione su domicilio particular actual y correcto, bajo protesta de conducirse con verdad; debiendo dejar constancia de esta circunstancia en el acta que al efecto levante. VII. Exhortación e información a la directa quejosa. Si el acto reclamado deriva de una infracción de tránsito por conducir en estado de ebriedad (detenida cuando iba conduciendo), o bien, tener su origen en el operativo denominado alcoholímetro, el cual consiste en la instalación de diversos puntos de control de alcohol en aliento desplegados en determinados sectores de la ciudad; constituye un hecho notorio que estos mecanismos de vigilancia tienen como propósito evitar accidentes en perjuicio del propio conductor y de terceros, que pudieran ocasionar daños materiales, lesiones y, en el peor de los casos, la pérdida de vidas humanas; pues estos programas permiten detectar y sancionar a las personas que conduzcan con algún nivel de alcohol que les impida conducir adecuadamente; lo que implica que se trate de una medida eficaz de prevención y combate al abuso del alcohol para evitar la proliferación de accidentes y muertes por ese motivo. En ese sentido, se ordena al actuario judicial, para que al momento en que levante la razón actuarial con motivo de la ratificación de la demanda por parte de la impetrante, deje constancia de haberle hecho la exhortación -para efectos de generar conciencia- siguiente: "Por orden directa de la Jueza Tercera de Distrito en León, Guanajuato, le hago saber que por ninguna razón usted puede volver a poner en peligro a la sociedad conduciendo bajo el influjo del alcohol y otras sustancias que le impidan reaccionar eficazmente en el manejo de un vehículo automotor. En razón de ello, le conmino para que adecúe su comportamiento al momento de conducir vehículos de motor, con pleno respeto a las leyes de tránsito (no haciéndolo en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas), así como a los derechos y libertades de los conductores de otros automóviles o transeúntes, de manera que se abstenga de realizar conductas que pongan en riesgo la vida, la salud o los bienes de terceros. Asimismo, se le hace saber los delitos que puede llegar a incurrir al manejar un automotor bajo el influjo de bebidas embriagantes, los cuales se encuentra previstos en el Código Penal para el Estado de Guanajuato: Artículo 154.- El homicidio culposo cometido por quien conduzca un vehículo bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas se sancionará con dos a ocho años de prisión, veinte a ochenta días multa y suspensión para conducir vehículos de motor por igual término. Si solamente resultaren lesiones, a la pena de prisión fijada por el juez o el tribunal conforme al artículo 14, se agregará hasta una quinta parte y suspensión para conducir vehículos de motor por igual término. Artículo 154-a.- El homicidio y las lesiones culposos cometidos por quien esté prestando servicio público o remunerado de transporte de personas o cosas, se sancionará con la punibilidad establecida en el artículo anterior. Si el activo hubiese obrado además bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas la punibilidad para el homicidio será de cuatro a once años de prisión. Si en este caso, únicamente resultaron lesiones, se aumentará un tercio de la pena de prisión prevista en el artículo 14 de este Código. Artículo 155.- El homicidio y las lesiones culposos no serán punibles cuando el sujeto pasivo sea cónyuge, concubinario o concubina, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano o pariente por afinidad hasta el segundo grado, adoptante o adoptado del activo. Cuando el pasivo sea pariente colateral hasta el cuarto grado o esté unido con estrecha amistad con el activo, sólo se perseguirá por querella. El homicidio y las lesiones culposos serán punibles cuando el activo hubiese obrado bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o abandone injustificadamente a la víctima. Artículo 210.- A quien cause daño a cosa ajena o propia en perjuicio de tercero, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de diez a cincuenta días multa. Cuando el delito se ejecute por quienes conduzcan vehículos que estén prestando un servicio público o remunerado de transporte de personas o cosas o que se encuentren bajo el influjo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias semejantes, se aplicará una punibilidad de dos a seis años de prisión." Asimismo, hágase de su conocimiento que la medida cautelar aquí decretada, no exonerará del pago del servicio de grúa que en su caso se haya utilizado para el traslado del vehículo a un depósito público o privado concesionado, así como tampoco de los gastos generados durante la estancia del vehículo en el depósito vehicular respectivo, en caso de que éste haya sido retenido para garantizar el arresto impuesto en términos del artículo 142 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato. VIII. Obligaciones de la autoridad responsable una vez puesta en libertad a la quejosa. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone la obligación a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Por ello, se ordena al juez cívico responsable que, una vez puesta en libertad la quejosa, si llegare a advertir que alguno de sus derechos humanos corre peligro (por el grado extremo de alcoholemia que llegare a presentar, por ejemplo), deberá adoptar las medidas que considere necesarias a efecto de que los derechos de aquél estén debidamente salvaguardados. Además, deberá certificar que la quejosa no será quien conduzca el vehículo de motor en el que se retire de las instalaciones de la autoridad. En el entendido de que esta suspensión no tiene el alcance de que el vehículo de motor que conducía la quejosa le sea devuelto, puesto que sería tanto como volver a poner en peligro la integridad personal de la quejosa, así como a la coletividad, al permitirle la circulación en el inconveniente estado en que se encuentra, lo cual atenta contra el interés social cuya salvaguarda debe vigilar el juez de amparo, en términos del artículo 128 de la ley de la materia. IX. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, sin que haya lugar a tener a Luis Enrique Hernández Ramírez, como autorizado en términos amplios de la parte quejosa, toda vez que el mismo figura como promovente en el presente asunto; por otro lado, se le tiene señalando como autorizado en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la ley de la materia, a la diversa persona que menciona, por así haberlo solicitado. X. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. XI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XII. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de las partes que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, indíquese a las partes que si están en algún supuesto legal por el cual requieran comparecer a la audiencia constitucional en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha fijadas. XIII. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Por otra parte, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). XIV. Instrucción para practicar notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Finalmente, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.

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