Dirce Ariadna Morales Agama
Expediente 1293/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1293/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Dirce Ariadna Morales Agama
Actuaciones
- Principal
Del estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede hecha por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, no se interpuso recurso de queja contra el proveído de veintisiete de diciembre del dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo origen de este juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, atendiendo al sentido del acuerdo emitido en este juicio, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de destrucción. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Dirce Ariadna Morales Agama, por propio derecho, contra actos del Secretario de Educación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales, contenidos en los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1293/2018/I-B. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado: El oficio de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, donde se ordena el traslado de su plaza de maestra. Precisado lo anterior, conviene señalar que de acuerdo con los artículos 1° fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se establece como una defensa del particular contra actos de autoridades, y por éstos debe entenderse la actuación de funcionarios o empleados de organismos estatales o descentralizados que impone (unilateralmente) obligaciones a los particulares, con motivo de funciones oficiales y con base en la ley, modifica las obligaciones existentes o limita los derechos, cuando se actúa con imperio propio de las funciones de derecho público. Así, para quien esto provee, en modo alguno el acto aquí reclamado puede ser considerado como de aquéllos que hagan procedente la acción constitucional, si se considera que el juicio de amparo indirecto tiene por objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos del gobernado, y toda vez, que la aquí promovente insta el presente juicio, contra actos derivados del oficio de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, donde se ordena el traslado de su plaza de maestra, de ninguna manera se advierte que se configure el supuesto fundamental para la procedencia del presente juicio de amparo (que lo es precisamente la vulneración a la esfera jurídica de sus derechos humanos por el poder público), pues en el caso particular, sólo se afectan derechos que pudieran corresponder al ámbito laboral, esto es, derivan de la relación de trabajo entre la impetrante de garantías y la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. Para sostener lo anterior debe precisarse el término "autoridad" para efectos del amparo, para lo cual, resulta útil el criterio por contradicción de tesis, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de Jurisprudencia 2a./J.164/2011, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." La jurisprudencia señalada pone de manifiesto, que el Máximo Tribunal del País ha considerado que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos unilaterales a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se colige, que autoridad es aquel ente del Estado que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Ahora, el juicio de amparo procede en contra de actos de autoridad, no así de particulares salvo la excepción prevista en el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, cuando a los particulares se les debe considerar autoridad responsable para efectos del juicio constitucional toda vez que éstos en ocasiones emiten actos unilaterales investidos de facultades provenientes de una norma general que pueden trastocar la esfera jurídica de los gobernados. Por consiguiente, aun cuando en algunas ocasiones el Estado puede obrar como autoridad y en otras como persona de derecho privado, no debe confundirse que en uno y otro caso, los actos positivos, negativos u omisivos que se le atribuyen, puedan reclamarse en el juicio de amparo, pues en el primer supuesto, obra como autoridad haciendo uso de los atributos propios de su soberanía encargado de velar por el bien común por medio de órdenes imperativas cuya observancia es obligatoria, mientras en el segundo, actúa al igual que los individuos particulares y ejecuta actos que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares. Consecuentemente, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, de supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad ante la ley, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el referente principal sería el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. En razón de lo hasta ahora expuesto, se concluye que el juicio de amparo surge con motivo de relaciones de supra a subordinación, es decir por diferencias entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social y que se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad. En ese orden de ideas, para saber si nos encontramos frente a un acto de autoridad, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario determinar si la relación jurídica de la que deriva el acto se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entre el órgano de autoridad del Estado -o particular que se ubique en una situación equivalente-, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se imponga de manera unilateral a través de un acto que cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, atentando contra sus derechos fundamentales. Por tanto, si el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos para que el juicio de amparo sea procedente; sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de un particular, o de una persona oficial respecto de sus intereses patrimoniales, lo que en el caso no acontece pues la posición de la hoy quejosa frente a la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, no es la de un gobernado sino de empleada ya que el acto combatido no deriva del ejercicio público que la ley le confiere a esa dependencia, sino de una situación de derecho que tiene que ver estrictamente con su condición de patrón (relación de coordinación) por tanto, si la violación de derechos fundamentales no produce contra un gobernado ni se trata de la afectación de los intereses patrimoniales de una persona oficial, entonces el juicio de garantías que se intenta es improcedente. Aunado a lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, no se desprende que, para emitir el oficio reclamado, se haya aplicado alguna normatividad administrativa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.6o.T. J/28 (10a.), publicada en la página 1956, del Tomo III, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación abril de 2016, libro 29, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En consecuencia, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, y por el artículo 113 todos de la Ley de Amparo, pues como ya quedó establecido, en este momento procesal se tiene la certeza de la naturaleza de la autoridad señalada como responsable. Lo anterior tiene apoyo además en la jurisprudencia número III.5o.A. J/6 (10a.), publicada en la página 2505, del Tomo IV, libro 35, octubre de 2016, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE". Así como en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Similar criterio adoptó el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver la queja 10/2017 de su índice. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y como autorizados de su parte en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Hernández Rangel y Helios Nath Villegas Contreras, toda vez que tienen cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se corrobora con las constancias de los registros correspondientes. NOTIFICACIONES. Se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se notifique a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada; máxime que en la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/Acuerdo/ acuerd_ini.asp? HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe...
- Principal
...Notifíquese personalmente a la parte promovente...
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