Diosleydi Murillo Cruz
Expediente 338/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 338/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras
- Diosleydi Murillo Cruz
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de diez de abril de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 2.3 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
1. Archivo de asunto. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que con esta fecha se remitió al archivo el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión; además, en el cuaderno del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos de la fracción XVIII, del artículo 3° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del citado Acuerdo General, archívese este asunto como concluido. 1.1. Valoración. Toda vez que el asunto se negó la suspensión definitiva, quien esto provee considera que el original del presente incidente de suspensión de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del original del este incidente de suspensión. 1.3 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
El día de hoy queda debidamente notificada la parte quejosa medio de lista de acuerdos del auto de diez de abril del año en curso, lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal.
- Principal
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a siete de abril de dos mil veintitrés.1. Demanda. Visto el escrito de demanda presentado por **************** en favor de **********************, contra actos de la Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 2. Registro. El expediente se registra con el número progresivo 338/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. 3. Autoridad responsable. La autoridad responsable es la Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. Constituye un hecho notorio que es la autoridad encargada de las cuestiones migratorias en la localidad. 4. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 126 y 160 de dicha legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN. A fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de libertad personal, dignidad e integridad física del migrante quejoso, se adoptan como medidas urgentes que debe cumplir la autoridad migratoria, las siguientes: 4.1 Deportación. La autoridad responsable no podrá deportar a **************************** a su país de origen, hasta en tanto reciba notificación de la conclusión definitiva de este juicio. La suspensión concedida no constituye un obstáculo para que pueda retornar a su nación de origen, en caso de ser voluntad expresa de la parte quejosa (retorno migratorio voluntario). 4.2 Libertad inmediata. La persona migrante deberá quedar en inmediata libertad, puesto que de la manifestación bajo protesta de decir verdad del promovente, se advierte que el plazo previsto en el artículo 68 de la Ley de Migración ya transcurrió. En consecuencia, no existe fundamento legal para otorgar mayores plazos a la autoridad responsable, ya que de prolongar la detención o alojamiento, se convierte en arbitraria y violatoria del derecho humano a la libertad personal reconocido como de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14, 16 y 21), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7). 4.3 Eficacia de la medida cautelar. Esta suspensión de plano debe tener el efecto de poner en inmediata libertad al migrante quejoso para que conforme al artículo 160 de la Ley de Amparo, quede a disposición del Juzgado de Distrito por cuanto hace a la libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo correspondiente. La autoridad migratoria podrá imponer las medidas de seguridad previstas legalmente para continuar con el procedimiento migratorio, sin impedir el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, así como en la normativa convencional, como lo establece el artículo 66 de la Ley de Migración. 4.4 Asistencia al migrante. En observancia de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución General de la República, el derecho de entrar y viajar por el territorio mexicano está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa donde se regulen limitaciones a esos derechos que impongan las leyes sobre inmigración. Por consiguiente, la autoridad migratoria deberá cumplir, sin excusa, con el otorgamiento de los derechos de asistencia al migrante identificados en los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración. 4.5 Apercibimiento de vista a la Fiscalía General de la República. La autoridad responsable que viole este mandato judicial será sujeta a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo. 5. Informe sobre cumplimiento de la suspensión de plano. En el plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, la autoridad responsable deberá informar si el promovente se encuentra alojado en la estación migratoria en esta ciudad, o bien, ante el actuario judicial que notifique este acuerdo, deberá señalar con claridad el lugar preciso en donde se encuentre bajo resguardo o alojamiento de cualquier autoridad mexicana. 5.1 Apercibimiento. De no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 5.2 Ingreso del Actuario Judicial a la estación migratoria. Se hace del conocimiento a la autoridad responsable que está obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o expresar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. 5.3 Uso de la fuerza pública. El incumplimiento a lo anterior constituirá una obstaculización a la justicia federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles o militares de los tres niveles. 6. Localización del migrante. Se comisiona al Actuario Judicial, para que se constituya de inmediato en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, a fin de localizar al quejoso ***********************************. Una vez localizado, el fedatario judicial, en términos del Protocolo para juzgar casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, deberá llevar a cabo las actuaciones siguientes: 6.1 Migrante vulnerable. Dar cuenta y razonar que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen actos que coloquen en una situación de vulnerabilidad al promovente. 6.2 Estado del migrante. Dar cuenta y razonar el estado físico del quejoso al momento en que se desahogue la diligencia y preguntar sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas, maltrato físico o psicológico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual deberá realizar la certificación conducente y utilizar algún medio electrónico en donde puedan quedar registradas las presuntas lesiones. 6.3 Ratificación de demanda. Deberá requerir al migrante para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos su notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. 6.4 Denominación de autoridad. El Actuario Judicial está autorizado en caso de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta, proceda en el acto a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 7. Prácticas actuariales. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Domicilio y Autorizado para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, de esta ciudad. Es autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales.
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